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Modo: Corpus Pro

PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. LA ENTREGA QUE DE ÉSTAS SE REALIZA FUERA DEL PLAZO DE CINCO DÍAS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, ORIGINA EL PAGO DE INTERESES POR LOS DÍAS QUE EXCEDIERON DICHO LAPSO.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 26/2003. · Registro digital (IUS): 18289
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE JUÁREZ, ESTADO DE CHIHUAHUA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de 2004, , Pág. 1156.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 26/2003. MUNICIPIO DE JUÁREZ, ESTADO DE CHIHUAHUA.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al ocho de junio de dos mil cuatro.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el dieciocho de marzo de dos mil tres, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jesús Alfredo Delgado Muñoz, quien se ostentó como presidente del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, promovió controversia constitucional en representación de éste, en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se mencionan, emitidos por la autoridad que a continuación se señala:

"Entidad, poder y órgano demandado y su domicilio. Lo es la Secretaría de Finanzas y Administración, dependencia del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, con domicilio en la calle Aldama No. 901, zona centro, en el edificio denominado Palacio de Gobierno en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. ... Norma general o acto cuya invalidez se demanda, así como en su caso, medio oficial en que se hubieran publicado. El acuerdo de fecha seis de febrero de 2003 del C.P. Jesús Miguel Sapién Ponce, secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Chihuahua por el cual ‘da a conocer el calendario de entrega, por ciento y monto estimados, que recibirá cada Municipio de la entidad del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, por el ejercicio fiscal de 2003’, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua número doce del día ocho de febrero del año en curso; señalando como primer acto de aplicación, la liquidación de participaciones correspondiente al mes de enero de 2003 realizada por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Chihuahua, con fecha 12 de febrero del año en curso, a través de abono a la cuenta bancaria que se especificará más adelante."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

"1. En el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua número 103 del 25 de diciembre del 2002 se publicó el Decreto 546/02 I PO de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del Estado de Chihuahua de fecha 12 de diciembre del 2002: ‘Ley de Ingresos del Municipio de Juárez para el ejercicio fiscal de 2003’, cuyo artículo primero, fracción VI, establece: ‘VI. Participaciones. Las que correspondan al Municipio de conformidad con las leyes federales y locales que las establezcan y resulten de aplicar los procedimientos de distribución a que se refieren los artículos 314 y 315 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, que integran el Fondo Global de Participaciones sobre impuestos estatales, siendo los porcentajes de participación sobre el producto total, para el año de 2003, los siguientes: Fondo Global Anual 21.86. Fondo Adicional Anual 27.83. De conformidad con el artículo 317 del Código Fiscal del Estado, las participaciones derivadas del fondo adicional se destinarán en un 100% (cien por ciento) a programas de obra pública. En condiciones de excepción plenamente justificadas ante la Comisión de Gasto y Financiamiento, podrán destinarse a otros fines.’. 2. El viernes 31 de enero del año en curso fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el ‘Acuerdo por el que se da a conocer calendario (sic) de entrega, porcentaje y monto estimados, que recibirá cada entidad federativa del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, por el ejercicio fiscal 2003’ de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuyo artículo segundo establece: Segundo. Conforme a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y su Reglamento, se da a conocer el calendario de entrega de las participaciones correspondientes al Fondo General de Participaciones y al Fondo de Fomento Municipal para el ejercicio fiscal de 2003:

Ver calendario 1

"Siendo suscrito por el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens Carstens en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público con fundamento en el artículo 105 del reglamento interior de esa secretaría, con fecha 28 de enero de 2003. Lo anterior guarda relación con el cumplimiento de lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal vigente: ‘La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la obligación de publicar en el Diario Oficial de la Federación el calendario de entrega, porcentaje y monto estimados, que recibirá cada entidad federativa del Fondo General y del Fondo de Fomento Municipal, para cada ejercicio fiscal a más tardar el 31 de enero del ejercicio de que se trate.’. 3. En el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua número 12 del día ocho de febrero del año en curso fue publicado el acuerdo de fecha seis de febrero del 2003 del C.P. Jesús Miguel Sapién Ponce, secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Chihuahua por el cual ‘da a conocer el calendario de entrega, por ciento y monto estimados, que recibirá cada Municipio de la entidad del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, por el ejercicio fiscal de 2003’, conteniendo el siguiente:

Ver calendario 2

"Lo anterior aparentemente guarda relación con el cumplimiento de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal vigente: ‘Las participaciones serán cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de deducciones, salvo lo dispuesto en el artículo 9o. de esta ley. Los gobiernos de las entidades, quince días después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publique en el Diario Oficial de la Federación el calendario de entrega, porcentaje y monto, estimados a que está obligada conforme al penúltimo párrafo del artículo 3o. de esta ley, deberán publicar en el Periódico Oficial de la entidad los mismos datos antes referidos, de las participaciones estimadas que entregarán a los Municipios o demarcaciones territoriales, derivadas de las participaciones que las entidades reciban y de las que tengan obligación de participar a sus Municipios o demarcaciones territoriales. También deberán publicar trimestralmente el importe de las participaciones entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación la lista de las entidades que incumplan con esta disposición.’. 4. Con fecha 12 de febrero del año en curso, la Tesorería Municipal recibió mediante transferencia bancaria en la cuenta No. 4012430799 del Banco Internacional, S.A. (Grupo Financiero Bital), la cantidad de $45,455,065.19 (cuarenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil sesenta y cinco pesos 19 centavos moneda nacional), amparada con el documento titulado ‘Liquidación de las Participaciones al Municipio de Juárez, correspondientes al mes de enero de 2003’ suscrito por el C.P. José Cuitláhuac Rosas Audelo, director de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Chihuahua. La cantidad mencionada incluyó entre otros conceptos los siguientes:

"A) Fondo General de Participaciones. 19'832,424.54

B) Fondo de Fomento Municipal. 2'954,348.61

"5. Con fecha 13 de marzo del año en curso, se celebró la sesión del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, No. 22, en la cual se aprobó un punto de acuerdo disponiendo que esta autoridad interpusiera demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de las diversas normas generales y actos de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Chihuahua relativos a las participaciones federales que tiene derecho de percibir el Municipio de Juárez y que pudieran ser violatorios de lo dispuesto por el artículo 115 constitucional."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora, son los siguientes:

"Primero. El acuerdo de fecha seis de febrero de 2003 del C.P. Jesús Miguel Sapién Ponce, secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Chihuahua por el cual ‘da a conocer el calendario de entrega, por ciento y monto estimados, que recibirá cada Municipio de la entidad del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, por el ejercicio fiscal de 2003’, incumple con lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé como parte de la hacienda municipal: ‘b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.’. Lo anterior, porque el acuerdo impugnado por esta vía, invade la esfera competencial de la Legislatura del Estado de Chihuahua, al determinar por su propia cuenta los plazos a que se refiere el postulado en comento, rebasando las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua que le señala únicamente las siguientes: ‘Artículo 26. A la Secretaría de Finanzas y Administración corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I. Atender todo lo concerniente a la administración financiera y fiscal y en general, ejercer las atribuciones que le confiere la Constitución Política, el Código Fiscal del Estado, la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público, la Ley de Deuda Pública para el Estado de Chihuahua y sus Municipios y demás ordenamientos; II. Elaborar y presentar al Ejecutivo el proyecto anual de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos; III. Ejercer las atribuciones derivadas de los convenios fiscales que celebre el Gobierno del Estado con el Gobierno Federal o con los Municipios de la entidad; IV. Recaudar los fondos provenientes de la ejecución de la Ley de Ingresos, así como los que por otros conceptos deba percibir el Estado, ejercitando en su caso la facultad económico-coactiva; V. Custodiar y concentrar los fondos y valores del gobierno del Estado; VI. Dirigir la negociación de la deuda pública del Estado, así como llevar el registro y control del endeudamiento estatal y municipal de conformidad con la ley de deuda pública para el Estado de Chihuahua y sus Municipios; VII. Representar el interés del Estado en controversias fiscales y participar en cualquier acto, contrato o convenio que obligue económicamente al Gobierno del Estado; VIII. Autorizar y controlar el ejercicio del presupuesto de egresos y efectuar las erogaciones conforme al mismo; IX. Autorizar la estructura programática del presupuesto de egresos e integrar a éste los programas operativos anuales que hayan sido aprobados, de conformidad con lo dispuesto por esta ley, por la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público y por la Ley de Planeación para el Estado de Chihuahua; X. Llevar la contabilidad de la hacienda pública estatal; XI. Formular por trimestre y anualmente la cuenta general de ingresos y egresos; XII. Establecer medidas de control respecto a los ingresos y egresos de las entidades paraestatales, así como de los patronatos que manejen fondos oficiales, en los términos de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua; XIII. Planear y diseñar integralmente las modificaciones que deban hacerse a la administración pública estatal en lo relativo al establecimiento de las estructuras de organización y de los sistemas de información y operación más adecuados para el logro de los objetivos del gobierno; XIV. Dirigir y vigilar el cumplimiento de las leyes y sus reglamentos con relación a las funciones de ingresos, fiscalización, egresos, contabilidad, recursos humanos, materiales y servicios; así como vigilar la organización y funcionamiento de las direcciones que ejerzan las atribuciones anteriores; XV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen las relaciones entre el Estado y los servidores públicos; XVI. Reclutar y seleccionar en apoyo de las dependencias, al personal de base del Poder Ejecutivo; tramitando dentro del límite de los recursos presupuestales todo lo relativo a nombramientos, promociones, cambios de adscripción, licencias, renuncias y bajas de los servidores públicos; XVII. Mantener actualizado el escalafón y el tabulador de los trabajadores al servicio del Estado y los relativos al personal al servicio de la educación a cargo del Estado, así como programar los estímulos y recompensas; XVIII. Capacitar al personal y llevar los registros del mismo, controlar su asistencia y vacaciones; XIX. Otorgar becas y promover actividades socioculturales y deportivas para los servidores públicos; XX. Formular el inventario y llevar el control de los bienes muebles e inmuebles del Estado; XXI. Celebrar los contratos que tengan por objeto proporcionar locales a las oficinas gubernamentales; XXII. Cuidar de la conservación y el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado y celebrar acuerdos o convenios con las demás dependencias y entidades de la administración pública estatal y paraestatal, para encomendarles esta función; XXIII. Se deroga; XXIV. Se deroga; XXV. Se deroga; XXVI. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y sus reglamentos.’. Además el funcionario subsana oficiosamente la omisión en que incurre el Congreso del Estado de Chihuahua, mismo que no ha legislado hasta la fecha en previsión del puntual cumplimiento de la norma fundamental citada. Segundo. El acuerdo impugnado fue emitido en detrimento de la disposición constitucional, además porque incumple con lo ordenado por el segundo párrafo del artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal vigente: ‘La Federación entregará las participaciones a los Municipios por conducto de los Estados; dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba; el retraso dará lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones; en caso de incumplimiento la Federación hará la entrega directa a los Municipios descontando la participación del monto que corresponda al Estado, previa opinión de la Comisión Permanente de funcionarios fiscales.’. No obstante lo anterior, el calendario que establece el acuerdo impugnado rebasa mes a mes el periodo máximo de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado recibirá las participaciones conforme al calendario dado a conocer por la SHCP, tal como se muestra en los siguientes cuadros comparativos:

Ver cuadros (1)

"Lo anterior significa que el secretario de Finanzas y Administración no sólo rebasa sus atribuciones al expedir el acuerdo impugnado sino que establece el calendario mencionado por encima de lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal, ya que al amparo de su irregular disposición retiene las entregas por lapsos mayores al máximo de cinco días posteriores a su recepción, excediéndose hasta 17 días en el caso del fondo general y hasta 12 en el caso del Fondo de Fomento Municipal. Con esta situación de hecho, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado causa perjuicio de manera sistemática a la hacienda municipal ya que impide que el Municipio cuente oportunamente con el flujo de ingresos para solventar sus compromisos, además de impedirle una óptima planeación financiera en apoyo de una eficiente ejecución de los programas y partidas de su presupuesto de egresos. Además, con esta práctica aberrante, se viola también el artículo 120 de la Constitución Política de la Nación, por la sencilla razón de que al estar obligado el Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua a publicar y hacer cumplir las leyes federales, es claro que al hacer la entrega al Municipio de Juárez, Chihuahua, de las participaciones federales con evidente retraso, falta el titular del Poder Ejecutivo Estatal, a dicho mandato constitucional con perjuicio de mi representado. Tercero. El acto por el cual la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Chihuahua realiza la ‘liquidación de las participaciones’ y su comunicación al Municipio de Juárez con fecha 12 de febrero del año en curso, es el primero del que se tiene conocimiento por medio del cual se le da aplicación al acuerdo impugnado, toda vez que es evidente que tal liquidación correspondiente al primer mes del año 2003, se realizó conforme al calendario establecido y, en consecuencia, también es violatorio del artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que actualiza el supuesto previsto por la Ley de Coordinación Fiscal en el segundo párrafo de su artículo 6o. vigente: ‘La Federación entregará las participaciones a los Municipios por conducto de los Estados, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba; el retraso dará lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones; en caso de incumplimiento la Federación hará la entrega directa a los Municipios descontando la participación del monto que corresponda al Estado, previa opinión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.’. Apoya entonces la invalidez del acuerdo impugnado, el hecho de que la liquidación de participaciones en comento daría lugar al pago de intereses calculados como sigue de acuerdo a la tasa de recargos en los casos de mora del 2.01% mensual que establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fundamento en el artículo 8o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2003, publicada en el Diario Oficial de la Federación número 13 de fecha 20 de enero de 2003:

Ver tabla

"Inclusive, de la tabla de comparaciones se advierte que tampoco se respeta el calendario que emite el órgano demandado, pues la entrega de los fondos se hace con dos días más de retraso al mismo calendario publicado."

CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora estima violados son el 115, fracción IV, inciso b) y 120.

QUINTO. Por acuerdo de veinte de marzo de dos mil tres, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 26/2003 y por razón de turno, designó al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia como instructor del procedimiento.

SEXTO. Mediante proveído de veintisiete de marzo de dos mil tres, el Ministro instructor solicitó al presidente de este Alto Tribunal que ordenara lo procedente a efecto de que se fusionara la presente controversia con la diversa 27/2003, por haber conexidad entre ambas, formándose únicamente la controversia constitucional 26/2003, para el efecto de que se tramitara y resolviera en una sola sentencia.

Por acuerdo de la misma fecha y en atención a la solicitud del Ministro instructor, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la fusión de ambos asuntos, formándose únicamente la presente controversia.

SÉPTIMO. Mediante proveído de veintisiete de marzo de dos mil tres, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua y ordenó emplazarlos para que formularan sus respectivas contestaciones; asimismo, ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

OCTAVO. Por acuerdo de dieciocho de junio de dos mil tres, el Ministro instructor ordenó que se agregara al presente expediente copia certificada del auto de ocho de abril del mismo año, mediante el cual el presidente de esta Suprema Corte tuvo por interpuesto el recurso de reclamación 108/2003-PL, promovido por el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en contra de los proveídos de veintisiete de marzo de dos mil tres, dictados en la presente controversia constitucional.

Asimismo, en el citado proveído, el Ministro instructor ordenó diferir la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en virtud de la interposición del recurso de reclamación señalado en el párrafo precedente y, por tanto, se reservó señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia de ley, hasta en tanto se resolviera el recurso de mérito.

NOVENO. Mediante auto de veinticinco de septiembre de dos mil tres, el Ministro instructor ordenó agregar al expediente copia certificada de la sentencia de ocho de julio del citado año, dictada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en el recurso de reclamación 108/2003-PL, mediante la cual se determinó que se devolvieran los autos al Ministro instructor a fin de que acordara, por separado, lo relativo a los oficios de demanda que originalmente dieron lugar a la formación de las controversias constitucionales 26/2003 y 27/2003, asignándose al segundo expediente un nuevo número de orden, conforme al registro que para tal efecto se lleva en la Unidad de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad.

En el mismo proveído, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo como autoridad demandada al Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y no así a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de esa entidad, toda vez que esta última se encuentra jerárquicamente subordinada a aquél, y ordenó emplazarlo para que formulara su contestación. Asimismo, reconoció el carácter de tercero interesado al Poder Legislativo Estatal, al que determinó correr traslado para que manifestara lo que a su derecho conviniera y, por último, ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

DÉCIMO. El Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en su contestación de demanda manifestó en síntesis:

1. Que la presente controversia constitucional es improcedente al actualizarse las siguientes causas:

a) La prevista en la fracción VIII del artículo 19, en relación con la fracción II del artículo 10, ambos de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que la demanda de controversia se promovió contra actos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Chihuahua, sin que ésta pueda tener el carácter de parte, porque en todo caso se debió demandar al Estado o a algún poder; además de que resulta contrario al texto del artículo 105 de la Constitución Federal, el que el Ministro instructor haya instaurado el presente procedimiento en contra del Poder Ejecutivo, porque es obligación de la parte actora señalar con precisión la entidad, poder u órgano demandado, requisito que no puede ser subsanado por este Alto Tribunal, por lo que, al no cumplirse con lo anterior, debe sobreseerse en el juicio de conformidad con la fracción II del artículo 20, en relación con los diversos 19, fracción VIII, 22, fracción II y 10, fracción II, todos de la ley reglamentaria de la materia.

b) La prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en relación con la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal, toda vez que la emisión del acuerdo impugnado no puede ser materia de la controversia constitucional, en razón de que la impugnación de un acto o una ley a través de esta vía tiene por objeto plantear la posible invasión de esferas competenciales entre dos o más entes de gobierno, y no cualquier tipo de violación constitucional, como es el caso, en que los conceptos de invalidez se fundan en una supuesta transgresión a los artículos 115 y 120 de la Constitución Federal, mas no en una invasión de esferas competenciales.

c) La prevista en la fracción VII del citado artículo 19, toda vez que el acuerdo de seis de febrero de dos mil tres impugnado, fue emitido con base en lo establecido por los artículos 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, 26, fracción I, III y XXVI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y 314 al 316 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, los cuales no fueron combatidos por el Municipio en el momento oportuno y han sido aplicados por la Secretaría de Finanzas en diversas ocasiones, por lo que la controversia es improcedente por derivar de un acto consentido expresa y tácitamente.

d) La prevista en la fracción VI del artículo 19 en cita, en atención a que el Municipio actor no agotó el recurso de revisión previsto en los artículos 1638, 1640 y 1641 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, así como tampoco el recurso previsto en el artículo 109, fracciones XIII y XIV, de la Constitución Política de la entidad, dado que la violación que se hace valer es a normas locales y no a la Constitución Federal.

e) La prevista en la fracción VIII del artículo 19, en relación con la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal y el artículo 20, fracción II, de la propia ley reglamentaria de la materia, ya que no existe violación a ningún precepto constitucional de manera directa o indirecta, sino que únicamente se argumentan cuestiones de legalidad al referirse a un supuesto desfasamiento en las fechas de entrega de participaciones federales.

f) La prevista en la fracción V del citado artículo 19, toda vez que la liquidación de las participaciones es un acto consumado que ha cesado totalmente sus efectos, ya que el anticipo de las participaciones estatales y federales se efectuó el doce de febrero de dos mil tres, e incluso se encuentran liquidadas todas las participaciones, por lo que debe sobreseerse en la controversia constitucional.

2. Que es falso que exista una invasión de esferas por parte del Ejecutivo hacia la legislatura de la entidad, ya que las facultades de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado derivan del artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, que establece que los gobiernos de los Estados deberán publicar el calendario de entrega de los recursos a los Municipios, incluyendo las participaciones, destacando que dicha entrega no se encuentra sujeta al calendario que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino a la entrega real de los recursos, lo cual se efectúa con posterioridad a la expedición de las Leyes de Ingresos.

Que además, la competencia de la Secretaría de Finanzas y Administración para cuantificar el monto y fijar el plazo de entrega de las participaciones, deriva de los artículos 26, fracciones I, III y XXVI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 316 del Código Fiscal, ambos del Estado de Chihuahua.

3. Que es infundado el segundo concepto de invalidez, al estar fundamentado en cuestiones de legalidad, ya que únicamente señala el demandante que el acuerdo impugnado se emitió en contravención al artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, debido a que el plazo para la entrega de las participaciones federales del Estado a los Municipios excede el término de cinco días fijados en el citado precepto; sin embargo, no existe el incumplimiento aducido dado que la entrega de las participaciones debe hacerse cinco días después de que el Estado las reciba en su totalidad, lo que no corresponde a las fechas del calendario publicado por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puesto que la entrega real se realiza de acuerdo a la disponibilidad de los recursos, esto es, el plazo referido debe contarse a partir de que se entregue la totalidad de las participaciones.

4. Que no existe transgresión a lo dispuesto en el inciso b) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal, porque tal precepto deja a los Poderes Locales, en su ámbito de competencia, establecer el periodo en el que se deben cubrir las participaciones; además que de considerarse violado el plazo de cinco días que establece el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, en todo caso el Municipio únicamente tendría derecho al pago de los intereses que el propio artículo señala.

DÉCIMO PRIMERO. El Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, en su carácter de tercero interesado, manifestó lo siguiente:

Que la presente controversia constitucional es improcedente, al haberse promovido fuera del plazo legal, ya que el acuerdo combatido se impugna con motivo del primer acto de aplicación, consistente en la liquidación de las participaciones correspondientes al mes de enero de dos mil tres, lo que no es factible debido a que el plazo para promover controversias a partir del primer acto de aplicación, sólo es aplicable cuando se impugna una ley pero no cuando se trata de actos de autoridad, de conformidad con las fracciones I y II del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia, por lo que el plazo para su impugnación debe computarse a partir del momento en que se publicó el decreto y, por tanto, debe sobreseerse con apoyo en la fracción II del artículo 20, en relación con el 19, fracción VII, ambos de la ley reglamentaria de la materia.

Por otra parte, coincide con todas y cada una de las causas de improcedencia y consideraciones de fondo hechas valer por el Poder Ejecutivo de la entidad.

DÉCIMO SEGUNDO. El procurador general de la República al emitir su opinión, en síntesis manifestó que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que el acto cuya validez se impugna cesó en sus efectos, porque tuvo vigencia sólo durante el año dos mil tres y, en consecuencia, deberá sobreseerse en la controversia constitucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, de la propia ley reglamentaria.

DÉCIMO TERCERO. Agotado en sus términos el trámite respectivo, se ce

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18289-033926a2/participaciones-federales-a-los-municipios-la-entrega-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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