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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN ELLA, AL SURTIRSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, CUANDO LA NORMA GENERAL IMPUGNADA HA DEJADO DE PRODUCIR SUS EFECTOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 86/2003. · Registro digital (IUS): 18161
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE JUÁREZ, ESTADO DE CHIHUAHUA.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Junio de 2004, , Pág. 1169.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 86/2003. MUNICIPIO DE JUÁREZ, ESTADO DE CHIHUAHUA.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintisiete de febrero de dos mil cuatro.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el dieciocho de marzo de dos mil tres en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jesús Alfredo Delgado Muñoz, quien se ostentó con el carácter de Presidente Constitucional del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, promovió controversia constitucional en representación de éste, en la que demandó la invalidez del acto que más adelante se menciona, emitido por la autoridad que a continuación se señala:

"Entidad, poder y órgano demandado y su domicilio. Lo es el H. Congreso del Estado de Chihuahua, a través de su Sexagésima Legislatura, en su primer periodo ordinario de sesiones, dentro del segundo año de ejercicio constitucional, con domicilio en la calle Aldama No. 901, colonia Centro, en el edificio denominado Palacio de Gobierno en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Norma general o acto cuya invalidez se demanda, así como en su caso el medio oficial en que se hubieran publicado. El artículo primero, fracción VI, del Decreto 546/02 I P.O. de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del Estado de Chihuahua, de fecha 12 de diciembre de 2002, que establece lo relativo a las participaciones que corresponden al Municipio de Juárez como parte de la Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal 2003, y el cual fue publicado por bando del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua número 103 del 25 de diciembre del 2002; señalando como su primer acto de aplicación, la liquidación de participaciones correspondientes al mes de enero del 2003 realizada por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Chihuahua, con fecha 12 de febrero del año en curso, a través de abono a la cuenta bancaria que se especificará más adelante."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

"1. En el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua de fecha 22 de diciembre de 1990 se publicó el Decreto 337/90 II P.O. de la Quincuagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del Estado de Chihuahua por el cual fueron reformados, entre otros, las artículos 315 y 316 del Código Fiscal para el Estado de Chihuahua, cuya redacción continúa vigente y señala: ‘Artículo 315. Las participaciones a los Municipios del Estado se integrarán de la siguiente forma: I. 20% (veinte por ciento) sobre la participación federal al Estado, por concepto del Fondo General de Participaciones, así como las que se deriven del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. La participación total a que se refiere esta fracción, así como la referente al Fondo de Fomento Municipal se distribuirá entre los Municipios, de conformidad con los estudios económicos que al efecto se elaboren, pudiendo atenderse, entre otros, a los siguientes elementos; número de habitantes, importe de su presupuesto de egresos, gasto público municipal por habitante y número de localidades en su jurisdicción. II. 20% (veinte por ciento) sobre el ingreso del Estado, por concepto de impuestos estatales no destinados a un fin específico. La participación total a que se refiere esta fracción, se distribuirá entre los Municipios de la siguiente manera: A) El 50% de dicho fondo, en proporción directa a la población de cada Municipio. B) El 50% restante, de acuerdo a los factores de incremento en la recaudación del impuesto predial que se determine anualmente.’. ‘Artículo 316. Como resultado de los procedimientos de distribución de las participaciones, a que se refiere el artículo anterior, anualmente fijará el Congreso del Estado, en la Ley de Ingresos para los Municipios, los porcentajes de participación sobre el producto total que les corresponda.’. 2. En su sesión de 13 de diciembre de 1990, la Quincuagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del Estado de Chihuahua aprobó el decreto mencionado en el punto anterior, previo dictamen de las Comisiones Unidas de Patrimonio y Hacienda expuesto por el C. Diputado Diógenes Bustamante Vela, quien dijo ser el propósito de la reforma, el de: ‘reconsiderar los criterios de distribución que sirven para aplicar el Fondo de Participaciones a los Municipios del Estado’ ya que: ‘... los coeficientes actuales para el cálculo de los factores de participación de cada Municipio, se basan en las cifras de población del censo de 1980 proyectadas a 1984. Con la actualización de las cifras de población del último Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, efectivamente se observa una serie de distorsiones significativas en el comportamiento de los factores de distribución ...’. Por lo cual el dictamen contempló corregir las ‘distorsiones’ aludidas ‘con el propósito de lograr una más justa y equitativa distribución’ mediante un ‘mecanismo con carácter preliminar’ para establecer los factores correspondientes a 1991, consistente en: a) Garantizar que cada Municipio recibiera por lo menos una cantidad similar a la de 1990 más un 20% de manera que ‘los efectos del cambio no impacten negativamente en las proyecciones de ingresos de los Municipios’. De esa manera se distribuiría ‘aproximadamente el 84% del fondo global’ de las participaciones federales calculadas para dicho año. b) El restante 16% se distribuirá entre los Municipios ‘en relación directa al número de localidades de su jurisdicción’. Además consideraron: ‘... necesario extraer del Código Fiscal del Estado de Chihuahua las tablas de distribución y dejar sólo los criterios conforme a los cuales se habrán de fijar éstas en el capítulo relativo precisamente a las participaciones. Esto trae consigo otorgar mayor versatilidad para su fijación, y por eso se remite a la Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de Chihuahua condicionándola a la temporalidad de la misma y protegiendo en cierta medida el Código Fiscal, ya que en caso contrario anualmente se tendría que estar derogando para ajustarlas a la realidad del momento y por la aplicación de los factores y las variables que la determinación de los porcentajes de distribución intrínsecamente llevan consigo y se ponderan año con año en el sistema propuesto.’. 3. En la misma sesión de 13 de diciembre de 1990, la Quincuagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del Estado de Chihuahua aprobó otro decreto con el número 338/90 II P.O. conteniendo la Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de Chihuahua y de igual manera que el anterior, fue previamente expuesto el dictamen de las Comisiones Unidas de Patrimonio y Hacienda en voz del mismo C. Diputado Diógenes Bustamante Vela, quien manifestó como pretensión del proyecto la de: ‘... actualizar los mecanismos de distribución que se conforman a la fecha, incorporando los datos de población, derivados de los resultados preliminares del censo levantado en el presente año, buscando en ello un mayor equilibrio financiero, sobre todo en aquellos Municipios que enfrentan serios problemas económicos.’. Asimismo, manifestó que: ‘en el proyecto que se pone a su consideración, se contemplan los porcentajes de participación que corresponden a los Municipios por los ingresos provenientes de diversos fondos federales y de impuestos estatales’. Además de que: ‘... la modalidad de incluir dentro del articulado de la Ley de Ingresos para los Municipios las tablas conforme a las cuales se fijará para el próximo ejercicio la distribución de las participaciones, ha sido con el propósito de acatar en toda su dimensión, la iniciativa planteada por la Comisión de Fortalecimiento Municipal de reformar diversos artículos del Código Fiscal, lo cual ha sido ya aprobado por esta asamblea, dando más versatilidad a la realización de los estudios económicos que año con año se deben efectuar para su integración, y evitar de esta forma una constante modificación al Código Fiscal, toda vez que las tarifas mencionadas estarán sujetas a la anualidad natural de la ley que en este momento se somete a su consideración.’. La fracción V del artículo primero del decreto aprobado en esa ocasión estableció lo siguiente: V. Participaciones: ‘Las que correspondan a los Municipios de conformidad con las leyes federales y locales que las establezcan y que resulten de aplicar los procedimientos de distribución a que se refieren los artículos 314 y 315 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, que integran el Fondo Global de Participaciones Federales y el Fondo Adicional con las Participaciones sobre Impuestos Estatales.’. Relacionando a continuación los ‘porcentajes de participación sobre el producto total, para el presente año’ (1991) de cada uno de los Municipios del Estado, entre los cuales se incluyeron los de:

Ver tabla 1

"Con respecto a estos porcentajes el artículo segundo aclaró lo siguiente: ‘Para el ejercicio fiscal de 1991, la participación que se concede a los Municipios sobre el ingreso del Estado, por concepto de impuestos estatales, se distribuirá en un 100% (cien por ciento) en relación directa a la población de cada Municipio. La aplicación del factor de incremento en la recaudación del impuesto predial, se considerará a partir del ejercicio fiscal para 1992.’. 4. En el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua de fecha 25 de diciembre de 1991 se publicó el Decreto 616/91 III P.O. de la Quincuagésima Sexta H. Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua: ‘Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de Chihuahua’ para el ejercicio fiscal de 1992, misma que de igual manera a la anterior relacionó los ‘porcentajes de participación sobre el producto total para el presente año’ (1992) de cada uno de los Municipios del Estado entre los cuales se incluyeron los de:

Ver tabla 2

"Con respecto a los del año anterior, estos porcentajes resultaron iguales en el caso del llamado fondo global (participaciones federales) y modificados en el caso del llamado fondo adicional (participaciones estatales) lo cual obedeció a la aplicación del factor de incremento en la recaudación del impuesto predial, mismo que había quedado en suspenso el año anterior. 5. Anualmente, desde 1993, las Leyes de Ingresos tanto para el Municipio de Juárez como para el resto de los Municipios del Estado han sido aprobadas por el Congreso del Estado con porcentajes idénticos a los establecidos para 1991 y 1992, tal como sucede en el caso de la norma impugnada: VI. Participaciones: ‘Las que correspondan al Municipio de conformidad con las leyes federales y locales que las establezcan y resulten de aplicar los procedimientos de distribución a que se refiere en los artículos 314 y 315 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, que integran el Fondo Global de Participaciones sobre Impuestos Estatales, siendo los porcentajes de participación sobre el producto total, para el año 2003, los siguientes:

Ver tabla 3

"‘De conformidad con el artículo 317 del Código Fiscal del Estado, las participaciones derivadas del fondo adicional se destinarán en un 100% (cien por ciento) a programas de obra pública. En condiciones de excepción plenamente justificadas ante la Comisión de Gasto y Financiamiento, podrán destinarse a otros fines.’. 6. Con fecha 12 de febrero del año en curso, la Tesorería Municipal recibió mediante transferencia bancaria en la cuenta No. 4012430799 del Banco Internacional, S.A. (Grupo Financiero Bital), la cantidad de: $45'466,085.19 (cuarenta y cinco millones cuatrocientos sesenta y seis mil ochenta y cinco pesos diecinueve centavos moneda nacional), amparada con el documento titulado ‘Liquidación de las participaciones al Municipio de 36 Juárez, correspondientes al mes de enero de 2003’ suscrito por el CP. José Cuitláhuac Rosas Audelo, director de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Chihuahua. Misma liquidación que muestra, como base de sus cálculos, los porcentajes de participación determinados en el artículo primero, fracción VI, del decreto 546/02 I P.O. en cuestión. 7. Con fecha 13 de marzo del año en curso se celebró la sesión del Ayuntamiento del Municipio de Juárez No. 22, en la cual se aprobó un punto de acuerdo, disponiendo que esta autoridad interpusiera demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de las diversas normas generales y actos de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Chihuahua relativos a las participaciones federales que tiene derecho a percibir el Municipio de Juárez y que pudieran ser violatorios de lo dispuesto por el artículo 115 constitucional."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:

"Primero. El artículo primero, fracción VI, del Decreto 547/02 I P.O. de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del Estado de Chihuahua que establece lo relativo a las participaciones que corresponden al Municipio de Juárez como parte de la Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal 2003, incumple con lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé como parte de la hacienda municipal: ‘b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.’. Lo anterior porque se limita a señalar un porcentaje de participación y en ningún momento determina las bases, montos o plazos a que se refiere el postulado en comento, no existiendo ninguna otra disposición de carácter general anual aprobada por el Congreso del Estado que prevea su puntual cumplimiento. Segundo. La norma impugnada fue aprobada por el Congreso del Estado en detrimento de la disposición constitucional al haberse limitado al mantener vigente la redacción incluida en estos ordenamientos anuales desde que se originó en aquellos correspondientes a los ejercicios fiscales de 1991 y 1992. Por ello, el porcentaje de participación que establece no constituye una determinación o cálculo específico para su vigencia durante el ejercicio fiscal que rige, ni toma como base condiciones o variables de carácter anual, sino simplemente representa una prórroga no justificada que llega ya a su duodécimo año. Lo anterior, a pesar de contravenir claramente la interpretación que del texto constitucional hizo la Quincuagésima Sexta Legislatura al probar los dictámenes de los Decretos 337 y 338/90 II P.O., donde quedó manifiesta la temporalidad y carácter anual de estos porcentajes, así como la obligación de ponderar año con año los factores y variables que los debieran determinar, tal como lo estableció en el artículo 316 del Código Fiscal del Estado. Tercero. Contraviene también la disposición constitucional la norma impugnada porque tiene como antecedente directo la inobservancia del artículo 315 del Código Fiscal del Estado que ordena la distribución de las participaciones de conformidad con estudios económicos elaborados considerando la evolución de indicadores municipales tales como: ‘número de habitantes, importe de su presupuesto de egresos, gasto público municipal por habitante y número de localidades en su jurisdicción’. Dichos estudios no fueron realizados previamente a la aprobación de la norma impugnada, como tampoco fueron hechos en los años anteriores, aun a pesar de la vigencia de la reforma al Código Fiscal desde 1993. Esta omisión reiterada ha evitado la actualización de los porcentajes de participación con el consecuente rezago de los mismos en perjuicio de los Municipios con una mayor dinámica socioeconómica. Al análisis del comportamiento de los indicadores previstos en la última década cobra especial relevancia en el caso del Municipio de Juárez en comparación con el resto de los Municipios del Estado tal como se expone a continuación: a) Número de habitantes: Cuando el Congreso del Estado realizó la última revisión a los porcentajes de participación, el Municipio de Juárez contaba oficialmente con el 32.7% de la población estatal, una década después concentraba ya el 40%.

Ver tabla 4

"b) Importe de su presupuesto de egresos. La evolución en los últimos diez años de la proporción del gasto público del Municipio de Juárez con respecto al total del gasto de los Municipios en el Estado presenta una tendencia de disminución considerable ya que de haber presentado más del 45% en 1990, para el 2000 representaba únicamente un 30% en marcado contraste con el aumento en su población revisado en el punto anterior.

Ver tabla 5

"Ante lo afirmado pudiera argumentarse una aparente ineficiencia en la recaudación municipal, sin embargo no hay tal, ya que por el contrario, el Municipio de Juárez ha hecho en los últimos años un esfuerzo extraordinario de recaudación de ingresos propios al llegar a constituir estos más del 50% de su ingreso total. Esto lo coloca como el Municipio que menos depende de las participaciones y, por tanto, el de mayor autonomía financiera en el Estado.

Ver tabla 6

"Esta obtención de ingresos propios es la que ha venido permitiendo a la hacienda municipal afrontar el reto de la prestación de obras y servicios públicos a su creciente población, logrando mitigar la disminución paulatina sufrida en la asignación proporcional de participaciones que se explica en el siguiente punto. c) Gasto público municipal por habitante. En consecuencia con el punto anterior, el gasto per-cápita del Municipio de Juárez que en 1990 se encontraba por encima del promedio estatal, cayó paulatinamente por debajo del mismo, al grado de contar en el año 2000 con un 23% menos de recursos por habitante ($985.45) en comparación del promedio de los Municipios del Estado ($1,278.25).

Ver tabla 7

"Esta situación obedece directamente al decremento relativo en la asignación de participaciones federales por el Congreso del Estado, cuya proporción por habitante en el 2000 llegó a su nivel más bajo ($198.85); un 46% menor al promedio estatal ($363.46).

Ver tabla 8

"d) Número de localidades en su jurisdicción. Tal como se refirió en los antecedentes, al momento de fijar los porcentajes de participación para 1991, el Congreso del Estado conservó con una ponderación del 84% la base anterior de distribución y como innovación agregó al cálculo este indicador con una ponderación del 16%. La aplicación de este mecanismo provocó una reducción inicial en el porcentaje correspondiente al Municipio de Juárez, ya que el número de sus localidades ni siquiera representaba el 1% del total estatal. Sin embargo, y a pesar de tener una desventaja comparativa por ser un Municipio mono-urbano, Juárez llegó a contar en el 2000 con el 1.46% del total de localidades a nivel estatal.

Ver tabla 9

"Si al menos esta variable hubiera sido considerada por la legislatura cuando se actualizaron las cifras oficiales, aun con la misma ponderación del 16%, podría haber representado un incremento para el Municipio de Juárez, aunque mínimo, en su factor de participación calculado de la siguiente manera:

Ver tabla 10

"Lo anterior significa que la legislatura no solamente omitió la aplicación de la reforma del artículo 315 del Código Fiscal en cuanto a los diversos elementos o indicadores a considerar para actualizar anualmente los porcentajes de participación, sino que tampoco aplicó al menos las consideraciones de 1990 en las dos oportunidades en que se presentó la coyuntura de contar con resultados oficiales de los censos de población, motivo de la reconsideración inicial. En conclusión, no existe justificación alguna que sustente la prórroga indefinida que la legislatura ha mantenido a pesar de la considerable variación en las condiciones sociodemográficas y económicas de los Municipios del Estado en la última década. Esto no sólo en perjuicio del Municipio de Juárez sino de otros que pudieran encontrarse en situación similar y que afrontan día a día con recursos decrecientes las demandas de sus habitantes. El breve análisis económico presentado demuestra pues con cifras concretas la manifiesta inequidad en la distribución de las participaciones federales hacia los Municipios de Chihuahua como consecuencia de la violación de la Legislatura Estatal a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuarto. El acto por el cual la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Chihuahua realiza la ‘Liquidación de las participaciones’ y su comunicación al Municipio de Juárez con fecha 12 de febrero del año en curso, es el primero del que se tiene conocimiento por medio del cual se le da aplicación al artículo primero, fracción VI, del Decreto 546/02 I P.O. de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del Estado de Chihuahua, toda vez que es evidente que tal liquidación correspondiente al primer mes del año 2003, se realizó conforme al decreto impugnado y, en consecuencia, también es violatorio del artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que incumple con la previa determinación de manera anual por la Legislatura del Estado de sus ‘bases, montos y plazos’."

CUARTO. El precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora estima violado es el 115, fracción IV, inciso b).

QUINTO. Por acuerdo de veinte de marzo de dos mil tres, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 27/2003 y la turnó al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia para que actuara como instructor del procedimiento, además de que al mencionado Ministro se le turnó la diversa controversia constitucional 26/2003, promovida por el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, por existir conexidad entre ambos expedientes.

SEXTO. Mediante proveído de veintisiete de marzo de dos mil tres dictado en el expediente de la controversia constitucional 26/2003, el Ministro instructor solicitó al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenará lo procedente a efecto de que se fusionara la controversia constitucional 27/2003 con la diversa 26/2003, por existir conexidad entre ambas, formándose únicamente la controversia constitucional 26/2003, para el efecto de que se tramitara y resolviera en una sola sentencia.

SÉPTIMO. Mediante proveído de veintisiete de marzo de dos mil tres, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, y ordenó emplazarlas para que formularan sus respectivas contestaciones, asimismo, ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

OCTAVO. Por acuerdo de dieciocho de junio de dos mil tres, el Ministro instructor ordenó que se agregara al expediente copia certificada del proveído de ocho de abril del mismo año, mediante el cual el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por interpuesto el recurso de reclamación promovido por el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en contra de los proveídos de veintisiete de marzo de dos mil tres, dictados en la controversia constitucional 26/2003, al que le correspondió el número 108/2003-PL.

Asimismo, en el citado proveído, el Ministro instructor ordenó diferir la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, debido a que aún se encontraba pendiente de resolución el recurso de reclamación señalado en el párrafo precedente, por lo que se reservó señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia de ley, hasta en tanto se resolviera el recurso de mérito.

NOVENO. Mediante auto de veinticinco de septiembre de dos mil tres, el Ministro instructor ordenó agregar al expediente de la controversia constitucional 26/2003, copia certificada de la resolución dictada el ocho de julio del citado año por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de reclamación 108/2003-PL, mediante el cual se resolvió que se devolvieran los autos al Ministro instructor para que acordara, por separado, lo relativo a los oficios de demanda que originalmente dieron lugar a la formación de las controversias constitucionales 26/2003 y 27/2003, asignándose al segundo expediente un nuevo número de orden, de conformidad con el registro que para el efecto lleva la Unidad de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad.

DÉCIMO. De conformidad con lo anterior, en diverso proveído de veinticinco de septiembre de dos mil tres, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 86/2003 y ordenó remitirla al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia para que actuara como instructor del procedimiento, debido a que al mencionado Ministro se le turnó la diversa controversia constitucional 26/2003, promovida por el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, y existe conexidad entre ambos expedientes.

DÉCIMO PRIMERO. Mediante diverso auto de veinticinco de septiembre de dos mil tres, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Chihuahua y ordenó emplazarlas para que formularan sus respectivas contestaciones, así como dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

DÉCIMO SEGUNDO. En atención al sentido del fallo, resulta innecesario hacer alusión a los argumentos vertidos en las contestaciones a la demanda, así como a la opinión del procurador general de la República.

DÉCIMO TERCERO. Agotado en sus términos el trámite respectivo, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

DÉCIMO CUARTO. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo 5/2001, aprobado por el Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que se plantea un conflicto entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua y el Municipio de Juárez de la misma entidad en la que se hace innecesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal, debido al sentido de la presente resolución.

SEGUNDO. Resulta innecesario aludir a la oportunidad y a la legitimación, toda vez que esta Segunda Sala advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, toda vez que han cesado los efectos cuya invalidez se demandan en la controversia constitucional.

En efecto, el citado numeral señala:

"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"...

"V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia."

La parte actora en su demanda impugna lo siguiente:

El artículo primero, fracción VI, del Decreto 546/02 I P.O., de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, de fecha doce de diciembre de dos mil dos, que establece lo relativo a las participaciones que corresponden al Municipio de Juárez como parte de la Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal dos mil tres.

De la lectura integral del acuerdo impugnado que se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua el día veinticinco de diciembre de dos mil dos (fojas 20 a 28 del expediente), se advierte que en el referido artículo se prevé lo relativo a las participaciones que corresponden al Municipio de Juárez como parte de la Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal dos mil tres, en el cual se prevé lo siguiente:

"Decreto: Decreto No. 546/02 I P.O. La Sexagésima H. Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su primer periodo ordinario de sesiones, dentro del segundo año de ejercicio constitucional. Decreta: Ley de Ingresos del Municipio de Juárez para el ejercicio fiscal de 2003. Artículo primero. Para que el Municipio de Juárez Chihuahua, pueda cubrir los gastos previstos en su presupuesto de egresos, durante el ejercicio fiscal, comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2003, percibirá los ingresos ordinarios y extraordinarios siguientes: ... VI. Participaciones. Las que correspondan al Municipio de conformidad con las leyes federales y locales que las establezcan y resulten de aplicar los procedimientos de distribución a que se refiere en los artículos 314 y 315 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, que integran el Fondo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18161-eeab106f/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-ella-al-surtirse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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