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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL OFICIO NÚMERO SFP/0001-A/2005 DE 2 DE OCTUBRE DE 2006, SUSCRITO POR EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTA QUE NO ES PROCEDENTE JURÍDICAMENTE QUE EL GOBIERNO ESTATAL ASUMA EL PAGO DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL SOLICITA EL MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, NO VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN VIRTUD DE QUE NO CONTIENE DETERMINACIÓN ALGUNA QUE LIMITE O ATENTE CONTRA LA LIBRE HACIENDA MUNICIPAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL OFICIO NÚMERO SFP/0001-A/2005 DE 2 DE OCTUBRE DE 2006, SUSCRITO POR EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTA QUE NO ES PROCEDENTE JURÍDICAMENTE QUE EL GOBIERNO ESTATAL ASUMA EL PAGO DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL SOLICITA EL MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, NO VIOLA POR OMISIÓN LOS DEBERES DERIVADOS DEL "ACUERDO POR EL QUE LOS CONTRIBUYENTES QUE, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS Y DE LAS LEYES DE INGRESOS PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS DE 1997 A 2006, INCLUSIVE ESTÉN OBLIGADOS A PAGAR LAS CONTRIBUCIONES Y SUS ACCESORIOS GENERADOS DURANTE LOS CITADOS EJERCICIOS, GOZARÁN DE UN SUBSIDIO PARCIAL QUE NO SERÁ INFERIOR AL 50% O EN SU CASO CON CARGO TOTALMENTE AL PRESUPUESTO DEL ESTADO, SIEMPRE QUE SUS ACTIVIDADES SE DESARROLLEN EN LAS INDUSTRIAS TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN, Y CUMPLAN CON LOS REQUISITOS QUE ESTA RESOLUCIÓN DETERMINA", PUBLICADO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 1997 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 142/2006. · Registro digital (IUS): 20380
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, MORELOS.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, , Pág. 2294.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 142/2006. MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, MORELOS.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinte de junio de dos mil siete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el tres de noviembre de dos mil seis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pedro Valdovinos Portillo, en su carácter de síndico procurador municipal del Ayuntamiento de Yecapixtla, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben:

"II. Nombre y domicilio de los demandados: El Estado Libre y Soberano de Morelos, concretamente contra el Gobernador Constitucional, el secretario de Finanzas y Planeación, el secretario de Hacienda y subsecretario de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos ... . IV. Actos reclamados: 1. Al Estado Libre y Soberano de Morelos, concretamente al C. Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, se le reclama el acto de autoridad consistente en la falta de cumplimiento a lo que se obligó según lo contenido en el ‘Acuerdo por el que los contribuyentes que, en términos de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y de las Leyes de Ingresos para los ejercicios fiscales de los años 1997 a 2006, inclusive, estén obligados a pagar las contribuciones y sus accesorios generados durante los citados ejercicios, gozarán de un subsidio parcial que no será inferior al 50% o en su caso con cargo totalmente al presupuesto del Estado, siempre que sus actividades se desarrollen en las industrias textil y de la confección, y cumplan con los requisitos que esta resolución determina’, mismo que le fue remitido al director del Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ órgano del Gobierno del Estado de Morelos, para su publicación el día 24 de septiembre de 1997, 6a. Época, número 3879 (anexo 4). Dicho acto que se combate viola entre otros artículos (sic) 14, 16, 115, fracción IV, 128 y 134 de la Constitución Federal, en relación a los artículos 1o., 24, 26, fracción IV y 39 del Código Fiscal para el Estado Libre y Soberano de Morelos; 26 y 27 de la de Ingresos Municipal de Yecapixtla, Morelos para el ejercicio 2006. 2. Al Estado Libre y Soberano de Morelos, concretamente a los CC. Secretario de Finanzas y Planeación, secretario de Hacienda y subsecretario de Ingresos, se les reclama el acto de autoridad, en particular al secretario de Finanzas y Planeación, consistente en la determinación de negativa al cumplimiento del acuerdo de fecha 24 de septiembre de 1997, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ órgano del Gobierno del Estado de Morelos; 6a. Época, número 3879, mediante oficio de fecha 2 de octubre de 2006, mediante oficio número SFP/0001-A/2006 (sic) mediante el cual manifiesta que no es procedente jurídicamente que el Gobierno del Estado de Morelos, asuma el pago de la cantidad que se adeuda al Municipio de Yecapixtla, Morelos, mediante el cual dice que el acuerdo de fecha 24 de septiembre de 1997, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ órgano del Gobierno del Estado de Morelos; 6a. Época, número 3879, fue emitido cuando la regularización administrativa, fiscal y económica de la propiedad inmobiliaria recaía en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en virtud de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, misma que contemplaba contribuciones como el impuesto predial, el cual fue derogado de dicha ley para ser adicionado a la Ley General de hacienda municipal del Estado de Morelos, en virtud del Decreto Número 587, del 17 de noviembre de 1999, publicado en el Periódico Oficial número 4014, del que se desprende en su artículo tercero transitorio que ‘se derogan todas las disposiciones que se opongan al acuerdo en mérito’, en consecuencia, el acuerdo por el que se otorga un subsidio fiscal a empresas textiles y de la confección, publicado el 24 de septiembre de 1197 (sic), quedó derogado por el artículo transitorio en comento (anexo 5), por violar lo dispuesto por el artículo 115 constitucional en su fracción IV, inciso a). 3. Al Estado Libre y Soberano de Morelos, concretamente al Poder Ejecutivo Estatal, se le reclama el acto de autoridad, consistente en la falta de cumplimiento a lo encomendado en el artículo 115 de la Constitución Federal, en el sentido de respetar la libre hacienda municipal."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso, los siguientes:

"VI. Antecedentes. El Gobierno del Estado de Morelos, otorgó ‘Acuerdo por el que los contribuyentes que, en términos de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y de las Leyes de Ingresos para los Ejercicios Fiscales de los años 1997 a 2006, inclusive, estén obligados a pagar las contribuciones y sus accesorios generados durante los citados ejercicios, gozarán de un subsidio parcial que no será inferior al 50% o en su caso con cargo totalmente al presupuesto del Estado, siempre que sus actividades se desarrollen en las industrias textil y de la confección y cumplan con los requisitos que esta resolución determina’, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, órgano del Gobierno del Estado de Morelos, para su publicación el día 24 de septiembre de 1997, 6a. Época, número 3879. Con fecha 29 de septiembre del año de 1997, el C.P. Rafael Jiménez Pimentel, subsecretario de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, envió al C. Randall Hanson, representante legal de Burlington Yecapixtla, S.A. de C.V., contestación a la petición del subsidio mencionada por el 90% en los impuestos y derechos señalados en el artículo primero del dicho acuerdo (impuesto predial) con vigencia a partir de 1997 y hasta el año 2006. VII. Hechos. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los hechos que me constan, constituyen los antecedentes de los actos reclamados y cuya invalidez se reclaman: 1. La empresa Burlington, S.A de C.V. (sic) ha cumplido hasta la fecha con el pago del 10% del impuesto predial a que está obligado según el subsidio otorgado por el Gobierno del Estado de Morelos como lo acredito con las copias de los pagos correspondientes. 2. Con fecha 11 de septiembre de 2006, el Ayuntamiento Constitucional de Yecapixtla, Morelos, requirió del Gobierno del Estado de Morelos, el pago de la cantidad de $37’086,346.00 (son: treinta y siete millones ochenta y seis mil trescientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago del subsidio otorgado a la empresa Burlington, S.A. de C.V. 3. El secretario de Finanzas y Plantación (sic), mediante oficio de fecha 2 de octubre de 2006, determinó la negativa al cumplimiento del acuerdo de fecha 24 de septiembre de 1997, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ órgano del Gobierno del Estado de Morelos, 6a. Época, número 3879, mediante el cual manifiesta que no es procedente jurídicamente que el Gobierno del Estado de Morelos asuma el pago de la cantidad que se adeuda al Municipio de Yecapixtla, Morelos, el cual dice que el acuerdo de fecha 24 de septiembre de 1997, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ órgano del Gobierno del Estado de Morelos, 6a. Época, número 3879, fue emitido cuando la regularización administrativa, fiscal y económica de la propiedad inmobiliaria recaía en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en virtud de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, misma que contemplaba contribuciones como el impuesto predial, el cual fue derogado de dicha ley para ser adicionado a la Ley General de hacienda municipal del Estado de Morelos, en virtud del Decreto Número 587, del 17 de noviembre de 1999, publicado en el Periódico Oficial número 4014, del que se desprende en su artículo tercero transitorio que ‘se derogan todas las disposiciones que se opongan al acuerdo en mérito’, en consecuencia, el acuerdo por el que se otorga un subsidio fiscal a empresas textiles y de la confección publicado el 24 de septiembre de 1197 (sic), quedó derogado por el artículo transitorio en comento (anexo 5)."

TERCERO. La parte actora estima que los actos impugnados violan los artículos 14, 16 y 115, fracción IV, de la Constitución General de la República; y, al respecto, expuso los conceptos de invalidez que enseguida se transcriben:

"VIII. Conceptos de invalidez. Primer concepto de invalidez: Violan lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, inciso a), constitucional, puesto que violan de manera notoria la libre hacienda municipal al alegar que los impuestos sobre propiedad inmobiliaria pertenecían al Estado hasta día (sic) 17 del mes de noviembre de 1999, la cual pasó al Municipio. Las autoridades demandadas con sus actos violan los preceptos constitucionales señalados, en virtud de que: La octava modificación del artículo 115 constitucional es la realizada en 1983, con la que se reforma y se adicionan cinco fracciones. En la primera de ellas se establecen reglas para la desaparición de los Poderes Municipales y su nueva integración; se extiende, además, el funcionamiento del principio de representación proporcional en la elección de los Ayuntamientos para todos los Municipios. La fracción III faculta a los Municipios para administrar algunos servicios públicos básicos, para realizar convenios con la Federación y los Estados con el fin de prestar un servicio antes de competencia estatal o federal. La fracción V, por su parte, plantea la posibilidad de los Municipios para participar en todo el proceso de urbanización. Asimismo, la adición de las fracciones fijó -en materia hacendaria-, la libertad del Municipio para administrar sus recursos, que se conformaban exclusivamente por las aportaciones determinadas por las Legislaturas Estatales. Las reformas al 115 facultaron también a los Municipios para recaudar contribuciones por propiedad de inmuebles, los ingresos obtenidos por la prestación de servicios públicos, además de las aportaciones federales. Tal como establece el artículo 115 de la Constitución, el impuesto inmobiliario pertenece a los Municipios desde 1993 (sic), y no como alega la autoridad demandada desde 1999, fecha que fija de manera unilateral y contraria a la Constitución, con el objeto de evadir la obligación contraída al respecto del subsidio otorgado a la empresa Burlington S.A. de C.V. (sic). Por lo anteriormente expuesto, se desprende que el acto de la autoridad ejecutiva del Estado de Morelos, constituyó una violación por omisión de los deberes derivados del acuerdo de fecha 24 de septiembre de 1997 y, en concreto, del artículo 115, fracción IV, inciso a), constitucional. IX. Segundo concepto de invalidez: Violación del derecho del Municipio de Yecapixtla, Morelos, de ejercer sus facultades de libre administración hacendaria y gobierno, y en concreto en lo relativo al reconocimiento de las contribuciones inmobiliarias, artículos 62 y 68, de su ley orgánica municipal. Al negar al Municipio por simple apreciación personal la libre administración de la hacienda municipal al constituir el impuesto inmobiliario. El (sic) artículo 115, fracción IV, de reformas constitucionales en materia de las facultades municipales. El artículo 115 constitucional federal en su párrafo primero, fracción II, párrafos primero y segundo, fracción III, inciso i), establece que: ‘Artículo 115.’ (se transcribe). X. Tercer concepto de invalidez: Violación de la obligación que tiene el Poder Ejecutivo Estatal de guardar y hacer guardar la Constitución Política, ya que el artículo tercero transitorio de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, en sus reformas de fecha 17 de noviembre de 1999, dice que ‘se derogan todas las disposiciones que se opongan al acuerdo en mérito’. Se le reclama al Estado de Morelos, concretamente al Poder Ejecutivo Estatal, el acto de autoridad consistente en la falta de cumplimiento a lo citado en el acuerdo de subsidio otorgado a la empresa Burlington, S.A. de C.V. (sic). El carácter de las normas derogatorias es obligatoria en relación con la aplicación de otras disposiciones, y éstas no se dirigen a los particulares regulados por el cuerpo normativo a que corresponden las normas derogatorias. Aun cuando los derechos y las obligaciones previstos en la norma derogada dejan de ser exigibles, dado que se establece la prohibición de su aplicación, las normas derogatorias no se dirigen a los particulares, sino a las autoridades. Se podría decir que el carácter de los artículos transitorios y de las normas derogatorias es la prohibición de aplicar las normas expedidas en tanto no se cumpla la fecha o condición que establece o bien, de dejar de aplicar las normas derogadas respectivamente. Si en principio el carácter de estas normas es la prohibición, entonces para poder hacer una excepción a la aplicación de las disposiciones derogatorias en los artículos transitorios, es indispensable que se establezca una autorización expresa cuyo contenido sería la facultad para aplicar temporalmente las normas derogadas en relación con los casos y en los términos especificados en los artículos transitorios. Así, la permisión más que operar como una derogación parcial de la regla general, actúa como una excepción temporal a lo previsto en el artículo transitorio que prevé la derogación, más si la aplicación de los artículos transitorios o derogatorios de leyes locales pretenden derogar preceptos constitucionales."

CUARTO. Por acuerdo de seis de noviembre de dos mil seis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 142/2006; y, por razón de turno, se designó al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, para que actuara como instructor.

Mediante acuerdo de siete de noviembre del mismo año, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, reconociendo la personalidad del promovente; asimismo, tuvo como demandado únicamente al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, y no al secretario de Finanzas y Planeación, al secretario de Hacienda, ni al subsecretario de Ingresos de esa entidad; en consecuencia, ordenó emplazar a la autoridad demandada para que diera contestación a la demanda dentro del plazo de treinta días hábiles; dar vista al procurador general de la República para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestara lo que a su representación correspondiera y formar por cuerda separada el cuaderno de suspensión.

QUINTO. Por oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el nueve de enero de dos mil siete, el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda; al respecto adujo, en síntesis, lo siguiente:

1. Que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto tomando en cuenta los actos cuya invalidez se solicita, con base en los cuales tendría que concluirse que lo que el Municipio actor pretende es que a través de la controversia constitucional se haga exigible al Gobierno del Estado de Morelos el pago de un crédito fiscal, lo que es improcedente, ya que para ello se debe acudir a un procedimiento administrativo, es decir, la parte actora formula una reclamación pecuniaria y en ese sentido, es otra la instancia jurisdiccional a la que debe acudir, sin que el medio lo sea la controversia constitucional, lo que implica que sí se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley de la materia, pues no se agotó la vía legal prevista para la solución del conflicto.

2. Que en el supuesto de que se estimara que existe violación al artículo 115 constitucional, tal violación tendría que derivar del "Acuerdo por el que los contribuyentes que, en los términos de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y de las Leyes de Ingresos para los ejercicios fiscales de los años de 1997 a 2006, inclusive estén obligados a pagar las contribuciones y sus accesorios generados durante los citados ejercicios, gozarán de un subsidio parcial que no será menor al 50% o en su caso totalmente con cargo al presupuesto del Estado, siempre que sus actividades se desarrollen en las industrias textil y de la confección, y cumplan con los requisitos que esta resolución determina", lo que significa que a la fecha de presentación de la demanda ha transcurrido en exceso el término para impugnar ese acto, según lo dispuesto en el artículo 19, fracción VII, en relación con el diverso 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional, que prevé que en casos de normas generales, como lo es el acuerdo referido, el plazo para interponer la demanda es de treinta días contados a partir del día siguiente de la fecha de su publicación o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, debiendo considerar como tal, el oficio que refiere el actor de fecha veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete, por el que se da respuesta a la petición de subsidio formulada por la empresa Burlington Yecapixtla, Sociedad Anónima de Capital Variable, de donde es dable concluir que la presentación de la demanda de controversia constitucional fue extemporánea.

3. Que también se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la ley de la materia, ya que a la fecha han cesado los efectos de los actos materia de la controversia, pues de considerarse que se reclama el "Acuerdo por el que los contribuyentes que, en los términos de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y de las Leyes de Ingresos para los ejercicios fiscales de los años de 1997 a 2006, inclusive estén obligados a pagar las contribuciones y sus accesorios generados durante los citados ejercicios, gozarán de un subsidio parcial que no será menor al 50% o en su caso totalmente con cargo al presupuesto del Estado, siempre que sus actividades se desarrollen en las industrias textil y de la confección, y cumplan con los requisitos que esta resolución determina", el mismo ya perdió su eficacia, porque fue abrogado el diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, a través del decreto por el que se reformó la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y se adicionó la Ley General de Hacienda Municipal de la misma entidad.

4. Por lo que hace a los conceptos de invalidez la autoridad demandada argumenta que el Poder Ejecutivo del Estado en ningún momento ha violado el principio de libre hacienda municipal, en virtud de que el "Acuerdo por el que los contribuyentes que, en los términos de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y de las Leyes de Ingresos para los ejercicios fiscales de los años de 1997 a 2006, inclusive estén obligados a pagar las contribuciones y sus accesorios generados durante los citados ejercicios, gozarán de un subsidio parcial que no será menor al 50% o en su caso totalmente con cargo al presupuesto del Estado, siempre que sus actividades se desarrollen en las industrias textil y de la confección, y cumplan con los requisitos que esta resolución determina", de veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y siete, no contiene disposición alguna que obligue al Ejecutivo a realizar alguna conducta o acción relacionada con el Municipio actor y que en el supuesto de que efectivamente se hubiese incurrido en alguna omisión, el Municipio actor omite señalar en qué consiste la supuesta falta de cumplimiento.

5. Que tampoco asiste la razón al Municipio actor en relación con el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 115 constitucional, porque la autoridad no ha realizado acción alguna que impida el libre ejercicio de las facultades que esa disposición constitucional prevé en beneficio de los Municipios, por lo que es claro que no se han realizado actos tendentes a desconocer o limitar la libre administración que sobre las contribuciones inmobiliarias le corresponden al Municipio actor, lo que se corrobora del Decreto Número quinientos ochenta y siete, publicado en el Periódico Oficial del Estado del diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, por medio del cual se derogó de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y se adicionaron a la Ley General de hacienda municipal, diversas disposiciones relativas al impuesto predial, de donde se desprende que a partir de esa fecha los Municipios del Estado tienen la facultad de cobrar o recaudar directamente y en forma total, las contribuciones derivadas de la propiedad inmobiliaria, facultad cuyo ejercicio se encuentra libre para los Municipios y demuestra que el Poder Ejecutivo no ha pretendido obstaculizar su ejercicio.

6. También argumenta que la disposición de carácter derogatoria contenida en el artículo tercero del Decreto de diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, tiene como finalidad transferir a los Municipios la facultad de recaudar y administrar las contribuciones que en el mismo se mencionan, por lo que se trata de normas que tienden al exacto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 115 constitucional, pues a través del precepto que derogó disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, se dejaron sin efecto diversos preceptos que contravienen el libre ejercicio de las atribuciones que corresponden a los Ayuntamientos; agrega, que tampoco es acertada la afirmación de la parte actora en el sentido de que el Estado de Morelos dejó de cumplir lo dispuesto en el acuerdo de subsidio publicado el veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y siete, ya que durante su vigencia las autoridades del Poder Ejecutivo lo cumplieron en sus términos, además de que dicho acuerdo no preveía deberes u obligaciones a cargo del Poder Ejecutivo relativas al Municipio actor; por ello, aduce, los argumentos planteados por la parte actora son infundados, pues la autoridad demandada ha cumplido lo ordenado en el artículo 115 constitucional.

7. Que el oficio número SFP/0001-A/2005, de dos de octubre de dos mil seis, se encuentra debidamente fundado y motivado y de éste se desprende que el acuerdo que otorga subsidios de fecha veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y siete, se emitió cuando la recaudación y administración de las contribuciones en materia inmobiliaria estaba a cargo del Poder Ejecutivo del Estado y que a partir del año dos mil esa administración corresponde al Municipio actor.

SEXTO. Mediante oficio número PGR/200/2007, recibido el veintiséis de febrero de dos mil siete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República formuló su opinión, en la que manifestó en síntesis, lo siguiente:

1. En relación con las causales de improcedencia manifiesta que éstas son infundadas; que esto es así, en primer término, porque la parte actora no estaba obligada a agotar algún medio legal para la solución del conflicto planteado, previamente a la promoción de la controversia constitucional, es decir, contrariamente a lo que aduce el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos la parte actora no debía instrumentar el procedimiento administrativo de ejecución previsto en el Código Fiscal para el Estado de Morelos, pues en el caso, a través de la controversia constitucional no se exige el pago de un crédito fiscal, sino que se plantea la violación a diversas disposiciones constitucionales del orden federal, de donde es claro que el procedimiento previsto en el código mencionado, no es la vía idónea para demandar lo planteado en la controversia constitucional y, en consecuencia, no se actualiza el supuesto previsto en la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria del artículo 105 Constitucional.

2. Que lo mismo ocurre con la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19, en relación con el diverso 21, fracción II, ambos de la ley de la materia, en virtud de que en la controversia constitucional no se impugna el acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado de veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y siete, sino la negativa al cumplimiento del referido acuerdo contenido en el oficio SFP/0001-A/2006, de dos de octubre de dos mil seis y, respecto de ese acto, la controversia constitucional se presentó dentro del plazo previsto en el artículo 21, fracción I, de la ley de la materia; por ello, no puede calificarse como extemporánea la presentación de la controversia constitucional, pues el cálculo del plazo que prevé la ley no se puede contar a partir de la publicación del acuerdo referido, ya que no es acto impugnado en la controversia.

3. Como consecuencia de lo anterior, tampoco se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la ley reglamentaria del artículo 105 Constitucional, toda vez que no han cesado los efectos del acto impugnado, ya que en la demanda de controversia se impugnó el oficio SFP/0001-A/2006 de dos de octubre de dos mil seis, pero no se impugna el acuerdo de veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y siete, de ahí que el hecho de que éste se encuentre derogado, no significa que hayan cesado los efectos del acto impugnado, pues reitera, éste no lo constituye el acuerdo referido.

4. Por lo que hace a lo argumentado en los conceptos de invalidez, considera que éstos son infundados, en virtud de que el Poder Ejecutivo del Estado no ha desconocido el derecho de la parte actora de percibir y administrar los recursos provenientes del impuesto predial; para arribar a esa conclusión elabora una descripción de la forma en que en el Estado de Morelos se integraron a la hacienda municipal los recursos derivados de la propiedad inmobiliaria, entre ellos el impuesto predial, de donde destaca que en el año de mil novecientos noventa y nueve, se adicionó la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, para prever la facultad de los Municipios para hacerse cargo de las funciones relacionadas con el cobro y administración del impuesto predial, derogándose todas las disposiciones que se opusieran al decreto que reformó esa ley, lo que implicó la derogación de todas aquellas normas que concedían atribuciones al Poder Ejecutivo para administrar y recaudar los recursos provenientes del impuesto predial, por lo que el Ayuntamiento actor a partir del año dos mil percibe de manera directa los ingresos provenientes por ese concepto, lo que se corrobora además de la lectura a la Ley de Ingresos para esa entidad federativa correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil.

5. Que de la lectura al oficio impugnado se desprende que el Gobierno del Estado de Morelos en ningún momento desconoce el derecho del Municipio actor para percibir los recursos provenientes de la propiedad inmobiliaria en los años de mil novecientos ochenta y tres a mil novecientos noventa y nueve y que las razones expresadas en el oficio no representan privación alguna del derecho que tiene el Ayuntamiento actor a la administración de esos recursos, toda vez que en el oficio únicamente se manifiesta que durante el periodo referido, la regularización administrativa, fiscal y económica de la propiedad inmobiliaria recaía en el Poder Ejecutivo Estatal y que a partir del Decreto por el que se adicionó la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, publicado el diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, se derogaron las disposiciones que le daban competencia a dicho poder para hacerse cargo de las actividades relacionadas con la recaudación del impuesto predial; además, precisa, que ya se ha hecho la transferencia de la documentación necesaria para que el propio Ayuntamiento actor asumiera esa función, y que en ese tenor el oficio impugnado no violenta el régimen de libre administración hacendaria tutelado en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, puesto que no impone obligación alguna al Municipio respecto del destino que deberá darse a los recursos provenientes de la propiedad inmobiliaria, por lo que no existe afectación al libre manejo de su patrimonio.

6. Agrega, que durante los ejercicios fiscales anteriores al correspondiente al año dos mil, el Municipio de Yecapixtla, Morelos, percibía los ingresos derivados de la propiedad inmobiliaria de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado y con los convenios suscritos con el Gobierno del Estado, es decir, el Poder Ejecutivo Local se encargaba del cobro de las citadas contribuciones y luego las entregaba al Ayuntamiento descontando los gastos causados por su administración; y que posteriormente, en virtud de la reforma a la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, realizada el diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, el Ayuntamiento de Yecapixtla solicitó al Gobierno del Estado la transferencia de los archivos necesarios para la administración de los ingresos derivados de la propiedad inmobiliaria y el tres de enero de dos mil, se levantó el acta de entrega-recepción, en la que se hizo constar la transmisión de las tarjetas y expedientes necesarios para que el nivel de gobierno municipal se hiciera cargo de las funciones relacionadas con el cobro del impuesto predial.

7. Por otra parte, manifiesta que los conceptos de invalidez son infundados, porque si bien es cierto que el acuerdo que otorga subsidios, publicado el veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y siete, otorgaba un subsidio con cargo al presupuesto de la entidad a las personas que desarrollaran actividades en las industrias textil y de la confección, ta

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20380-f7bbf100/controversia-constitucional-el-oficio-numero-sfp-0001-a-2005 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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