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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, NO ESTÁ FACULTADO PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTRA LA RESOLUCIÓN 115.5.2645 DICTADA EL 17 DE OCTUBRE DE 2005, DENTRO DEL EXPEDIENTE DE INCONFORMIDAD 518/2005, POR EL ENCARGADO PROVISIONAL DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INCONFORMIDADES DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LA QUE EN LA PARTE SUSTANCIAL DECRETÓ LA NULIDAD DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-021/186/PRODEPI/004/2005 A PARTIR DE LA EVALUACIÓN DE OFERTAS, YA QUE DICHO MEDIO DE IMPUGNACIÓN FUE REGULADO PARA LA DEFENSA DE LOS GOBERNADOS CONTRA ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE TIENEN COMPETENCIA PARA RESOLVERLAS AUN RESPECTO DEL FONDO, CUANDO EN ELLAS INTERVENGA UN MUNICIPIO Y NO SUBSISTA PROBLEMA ALGUNO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL (INTERPRETACIÓN DEL ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/2001).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 4/2006. · Registro digital (IUS): 20260
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, ESTADO DE PUEBLA.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Julio de 2007, , Pág. 1984.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 4/2006. MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, ESTADO DE PUEBLA.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dos de junio de dos mil seis.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el dieciocho de enero de dos mil seis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Porfirio Loeza Aguilar en su carácter de presidente municipal del Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Estado de Puebla y presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados y Eliseo Guerrero Pozos, en su carácter de síndico municipal del citado Ayuntamiento promovieron controversia constitucional, demandando la invalidez de los actos que a continuación se señalan, emitidos por las autoridades que se mencionan a continuación:

"II. La entidad, poder u órgano demandado: Señalo con ese carácter a las siguientes: 1. El Poder Ejecutivo Federal, representado a través del presidente de la República, con domicilio oficial bien conocido en la Ciudad de México, Distrito Federal. 2. La Secretaría de la Función Pública como órgano del Poder Ejecutivo Federal a través de los funcionarios que señalo: 2.1. Al subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo Federal. 2.2. El encargado provisional del Despacho de la Dirección General de Inconformidades de la Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo Federal. Todas las autoridades con domicilio oficial en esta Ciudad de México, Distrito Federal, ubicado en avenida de los Insurgentes Sur, número 1735, colonia Guadalupe Inn, delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, México, Distrito Federal."-"IV. La norma general o actos cuya invalidez se demanda: En esta vía controversial se demandan los siguientes actos inválidos: a) Se reclama la invalidez de las actuaciones que en perjuicio de la autonomía municipal, realizan las demandadas, invadiendo la esfera competencial del Municipio que representamos, como se acreditará más adelante. b) Se reclama la invalidez de la resolución número 115.5.2645 (anexo 2), dictada con fecha diecisiete de octubre de dos mil cinco, mediante la cual el Lic. Mario Alberto Massé Alemán, encargado provisional del despacho de la Dirección General de Inconformidades de la Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo Federal, por el que resuelve la inconformidad con número de expediente 518/2005, lo que consideramos inválido en atención a los razonamientos que exponemos en la parte relativa. Reclamo, además, la inconstitucionalidad que nace de la inobservancia y falta de aplicación en perjuicio de nuestra representada de los artículos 14, 16, 115 y 134 de la Constitución General de la República, así como de los diversos 83, 85, 89 y 92 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo por su incorrecta e ilegal aplicación e interpretación. c) Se reclama la invalidez del acuerdo o resolución de fecha siete de diciembre de dos mil cinco (anexo 3), dictado por el subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo Federal, mismo que doy aquí por reproducido en todas y cada una de sus partes, en atención al principio de economía procesal, mismo que establece en su parte sustancial que: ‘Resuelve: desechar por falta de interés jurídico el recurso de revisión promovido por el presidente municipal del honorable Ayuntamiento del Municipio de Tlatlauquitepec, Estado de Puebla y presidente del Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados.’. Lo cual consideramos ilegal y que viene contenido en el oficio número: No. SACN/300/443/2005 derivado del expediente número: RA/94/05, dicho sumario fue formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por el suscrito presidente municipal del honorable Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Estado de Puebla."

SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados en la demanda, son los siguientes:

"1. Con fecha veintitrés de agosto de dos mil cinco, el Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados del Ayuntamiento del Municipio que representamos, emitió la convocatoria para la licitación pública nacional LP-021/186/PRODEPI/001/2005 (anexo 4), relativa a la obra de modernización y ampliación de la carretera alimentadora Jalacinguito-Xonocuautla del Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, dicha convocatoria contiene las bases exigidas por el artículo 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, como lo es la forma en que se debería acreditar la existencia y personalidad jurídica de los licitantes. 2. Que a la convocatoria señalada con anterioridad concurrieron diversas empresas, mismas que no opusieron ninguna objeción, recurso o inconformidad en contra de las bases contenidas en dicha convocatoria para licitación pública nacional. 3. Que el proceso de licitación se llevó a cabo en todas sus etapas sin que ninguno de los que en ellas intervinieron se haya inconformado en contra de la propia convocatoria como ya ha sido señalado o alguna de las etapas como es la ‘junta de aclaraciones’, etapas que se desarrollaron hasta la adjudicación de la obra. 4. Que el día cinco de septiembre de dos mil cinco se llevó a cabo el acto de recepción de proposiciones y apertura de proposiciones técnicas y económicas, en el que se realizó la adjudicación de la obra modernización y ampliación de la carretera alimentadora Jalacinguito-Xonocuautla del Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, no existiendo inconformidad alguna de parte de ninguna de las empresas convocadas que intervinieron en dicho acto tampoco existió observación, requerimiento u objeciones al procedimiento licitatorio de parte del Poder Ejecutivo Federal respecto de dicho procedimiento, en ninguna de las etapas, ni en la emisión de la propia convocatoria o de alguna de las bases en ella contenida. 5. Que en fecha nueve de septiembre de dos mil cinco la convocante Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados del Municipio de Tlatlauquitepec, Estado de Puebla, suscribió contrato con la empresa denominada Pagasa Construcciones, S.A. de C.V., quien de acuerdo a las leyes aplicables y lo establecido en la convocatoria para la licitación pública nacional LP-021/186/PRODEPI/001/2005, relativa a la obra de modernización y ampliación de la carretera alimentadora Jalacinguito-Xonocuautla del Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, fue dicha empresa convocada la que había cumplido con todos y cada uno de los requisitos y condiciones requeridas, por lo que se adjudicó la obra a realizar, firmándose el contrato número 021/186/PRODEPI/004/2005. 6. Que mediante Acuerdo Número 115.5.2323 de fecha veinte de septiembre de dos mil cinco, derivado del expediente número 518/2005 formado por la dirección general de inconformidades, en el que se inició un procedimiento administrativo por la inconformidad del C. Alfredo Fernando Achard Carretero, que dijo ser representante legal de la empresa denominada ACG Global, S.A. de C.V, y de la empresa denominada Constructores Civiles e Industriales, S.A. de C.V., y que se notificó a la convocante el día veintiuno de septiembre de dos mil cinco, mediante comunicación facsimilar, para que rindiera informe circunstanciado de hechos, mismo que se contestó en tiempo y forma legales. 7. Que el suscrito presidente municipal de Tlatlauquitepec, Estado de Puebla contestó los requerimientos de informes, mismos que obran dentro del expediente número 518/2005, formado por la dirección general de inconformidades, por lo que se cumplió en tiempo y forma legal con los pedimentos de la autoridad señalada como demandada. 8. Que mediante la resolución número 115.5.2645 de fecha diecisiete de octubre de dos mil cinco (anexo 2), el licenciado Mario Alberto Massé Alemán, encargado provisional del despacho de la Dirección General de Inconformidades de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, ante la presencia de los licenciados Héctor Gutiérrez Ahumada, director general adjunto de inconformidades ‘B’ y Zeferino Cabrera Álvarez, director de inconformidades ‘B’ ambos de la Dirección General de Inconformidades de la Secretaría de la Función Pública, resolvió la inconformidad con número de expediente 518/2005, en la que en su parte sustancial decreta la ‘nulidad’ a partir de la evaluación de ofertas de la licitación pública nacional LP-021/186/PRODEPI/001/2005, relativa a la obra de modernización y ampliación de la carretera alimentadora Jalacinguito-Xonocuautla del Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, así como de los actos derivados y que se deriven del mismo, para el efecto de que la convocante H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Puebla, reponga los ‘actos irregulares a la normatividad de la materia’; la referida resolución fue notificada a la convocante en fecha ocho de noviembre de dos mil cinco. 9. Que mediante escrito presentado el día veintiuno de noviembre de dos mil cinco, el suscrito presidente municipal del honorable Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Estado de Puebla promoví el recurso de revisión administrativa, en atención a que en la resolución descrita en el punto que antecede del capítulo de antecedentes del presente ocurso, en su punto resolutivo cuarto, a la letra establece lo siguiente: ‘En términos del artículo 88 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la presente resolución puede ser impugnada mediante el recurso de revisión que establece el título sexto, capítulo primero, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.’. Por lo anterior, nuestra representada presentó el recurso de revisión que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en atención a que consideramos que la resolución no estaba apegada a derecho y que causaba perjuicios al patrimonio municipal como se desprende de los agravios expuestos en el recurso de revisión administrativa presentado el veintiuno de noviembre de dos mil cinco. 10. Que el subdirector de área B 2 de la Dirección General de Inconformidades en la Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo Federal emitió un acuerdo de fecha siete de noviembre de dos mil cinco, mismo que establece en su parte sustancial, que requiere al H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Puebla para que en un plazo no mayor de veinticuatro horas, remita las constancias con las cuales se acredite fehacientemente el cumplimiento a la resolución dictada dentro del expediente número 518/2005 de fecha diecisiete de octubre del año en curso, dictado por la dirección general de inconformidades, cabe aclarar que al momento de emitir el acuerdo referido, la autoridad no había dictado ningún acuerdo por el cual haya declarado que la resolución de fecha diecisiete de octubre de dos mil cinco hubiese causado ejecutoria, por lo que como reitero promoví el recurso de revisión administrativa que he señalado con anterioridad. 11. Que en fecha siete de diciembre de dos mil cinco se emitió el acuerdo o resolución del que se reclama la invalidez del acuerdo o resolución (anexo 3), dictado por el subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo Federal, que viene contenido en el oficio número: No. SACN/300/443/2005, derivado del expediente número: RA/94/05, dicho sumario fue formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por el suscrito presidente municipal del honorable Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Estado de Puebla, acto del que demandamos su invalidez y que causa los conceptos de invalidez que expreso en el capítulo correlativo del presente ocurso."

TERCERO. En la demanda se señalaron como violados los artículos 14, 16, 115 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se expresaron como conceptos de invalidez, los siguientes:

"VII. Los conceptos de invalidez. Son los que resultan de los actos cuya invalidez se demandan por la invasión de competencia y en atención a que conculcan en nuestro perjuicio las garantías de seguridad jurídica, de audiencia, de igualdad de las partes e imparcialidad procesal, vulnera la autonomía y patrimonio municipales, los principios de racionalidad del gasto, de asegurar al Estado las mejores condiciones para contratar los servicios y obras públicas que se consagran en los artículos 14, 16, 17, 115 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, traduciéndose en actos absurdos carentes de toda lógica y razón, por consecuencia sin la debida motivación y fundamentación, vulnerando además los principios generales del derecho que dicen: ‘donde la ley no distingue, no hay que distinguir’, así como, la máxima que dice: actus omissa forma legis corruit y el principio de equidad procesal de las partes, con una violación sistemática del procedimiento. Por su inobservancia y falta de aplicación, se violan diversos artículos 83, 85 y 92 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por su inobservancia y falta de aplicación, así como el artículo 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, como paso a demostrar. Primer concepto de invalidez. Es de resaltar en principio que los Municipios, como lo establece la Constitución General de la República, son autónomos en su esfera de competencia, por razón de ese principio de autonomía municipal es que entre otros entes y organismos se crea en el Municipio el Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados, en el caso específico del Municipio de Tlatlauquitepec, Estado de Puebla, existe ese órgano de decisión; en ese sentido, dicho comité emitió convocatoria para la licitación pública nacional LP-021/186/PRODEPI/001/2005 (anexo 4), relativa a la obra de modernización y ampliación de la carretera alimentadora Jalacinguito-Xonocuautla del Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, dicha convocatoria contiene las bases exigidas por el artículo 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, como lo es la forma en que se debería acreditar la existencia y personalidad jurídica de los licitantes, respecto de la cual ninguno de los licitantes promovió recurso alguno, por el que la consideraran violatoria de garantías, o ilegal en todo o en parte; por lo que al no haberlo hecho así, es evidente que la convocatoria pública nacional conforma un acto consentido tácitamente por los que en ella intervinieron como licitantes. Segundo concepto de invalidez. Lo constituye el acuerdo o resolución de fecha siete de diciembre de dos mil cinco, dictado por el subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo Federal, al resolver lo siguiente: ‘Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83 y 89, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3o., apartado A, fracciones II y VII, 7o., fracción XII y 13, fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2005: primero, fracción III, del acuerdo secretarial mediante el cual se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Secretaría de la Función Pública y se establece la subordinación jerárquica de servidores públicos previstos en su reglamento interior publicado en el mismo medio informativo el 31 de agosto de 2005, el suscrito subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad resuelve: desechar por falta de interés jurídico el recurso de revisión promovido por el presidente municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tlatlauquitepec, Estado de Puebla y presidente del Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados:’. De lo transcrito se desprende que el responsable causa agravio a nuestra representada al emitir un acto inválido porque no existe disposición expresa que impida a nuestra representada accionar los medios ordinarios de defensa que la Ley Federal del Procedimiento Administrativo otorga a los interesados promoventes en un procedimiento administrativo como el que hoy nos ocupa, resultando erróneo el criterio de la responsable en el sentido de que el Ayuntamiento que representamos no tenga interés jurídico para promover el recurso de revisión propuesto ya que la propia Ley Federal del Procedimiento Administrativo establece en su título tercero, capítulo segundo, que se denomina de los interesados, en su artículo 19, lo siguiente: ‘Los promoventes con capacidad de ejercicio podrán actuar por sí o por medio de representante o apoderado.’. Asimismo, en la ley mencionada en su artículo 83 señala lo siguiente: ‘Los interesados afectos por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda.’. En las condiciones relatadas se debe destacar que la convocante, tiene el carácter de ‘promovente y afectada’, tal como se desprende de la interpretación que se establece de los artículos 19 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en atención a que nuestra representada cuenta con capacidad de ejercicio y promovió como establece la ley citada, en defensa de su patrimonio, pues no debe dejar de observarse que al haber suscrito un contrato de obra pública está sujeto a las obligaciones derivadas de su clausulado. A mayor abundamiento, la propia responsable, en cumplimiento a las prevenciones que la ley le impone hace del conocimiento de las partes cuáles son los medios de defensa que proceden en contra de su resolución, a efecto de que procedan conforme a su interés jurídico; por ello en la parte conducente del acto reclamado, la propia responsable señala como medio ordinario de defensa el propio recurso de revisión, por lo que es ilegal que ahora diga que dicho medio de defensa no era el procedente, cuando así lo señala la propia autoridad emisora del acto que se reclama. Asimismo, con fecha veintiuno de noviembre se presentó el recurso de revisión que establece el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en contra de la resolución que pone fin al procedimiento, porque tenemos derecho en primer término al recurso que la propia ley establece y en segundo lugar porque también la propia Ley Federal de Procedimiento Administrativo en su artículo 92 establece en su parte conducente lo siguiente: ‘Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses.’. De lo anterior se advierte que la convocante y ahora demandada, en todo caso y reitero una vez que haya causado ejecutoria la resolución, tendría un plazo que obligadamente establece específicamente la ley, para cumplir con el resolutivo, y cuya vigencia a efecto de su cumplimentación es de cuatro meses y no de veinticuatro horas, tres días, cinco días o el plazo que caprichosamente y, por ende, ilegal quiere establecer el señalado como demandado, basándose probablemente en la supletoriedad de la ley, argumento que no obra dentro del acuerdo ahora recurrido y que causa agravio a los ahora actores, por lo que también el acuerdo es ilegal al no fundar ni motivar su actuación. Igualmente, en cuanto a la falta de formalidades exigidas por la ley para la realización de las notificaciones, resultan afectadas de nulidad teniendo aplicación la máxima jurídica que dice: actus omissa forma legis corruit, al no existir en autos los instructivos de notificación en constancias de la misma que permita la ley. Segundo concepto de invalidez. (sic) La resolución combatida me causa agravio en atención a que sin fundar su actuación el encargado provisional del despacho de la Dirección General de Inconformidades de la Secretaría de la Función Pública, resuelve el expediente en que se actúa, siendo evidente su falta de fundamentación y competencia para actuar ya que las autoridades deben ante todo observar estrictamente el principio de legalidad, ya que en el presente asunto el funcionario actuante licenciado Mario Alberto Massé Alemán, para efecto de fundar su actuación señala un artículo del ‘reglamento interior de la secretaría’ (sic), refiriéndose presumiblemente al Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, dicho artículo es el 47, fracción I, punto 2, mismo que me permito transcribir a continuación: ‘Artículo 47. La Dirección General Adjunta Consultiva de Responsabilidades tendrá las siguientes atribuciones: I: Brindar asesoría y apoyo técnico y operativo en materia de responsabilidades a los órganos internos de control e implementar y llevar a cabo pláticas, conferencias, talleres, mesas redondas y cursos, entre los órganos internos de control a efecto de impulsar el intercambio de información y la unificación de criterios entre éstos en materia de responsabilidades, así como apoyar a las diferentes áreas de la dirección general en el desempeño de sus funciones; II. Proponer criterios y lineamientos en materia de responsabilidades, con base en ordenamientos legales aplicables y en concordancia con los objetivos políticos y prioridades de la secretaría; III. Revisar y analizar los pliegos preventivos de responsabilidades que sean enviados a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial por las Administraciones Locales de Recaudación y atender las peticiones que presentan éstas en relación con los créditos fiscales derivados de los pliegos respectivos en los términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así como las relativas a la extinción de responsabilidades de conformidad con el reglamento de dicha ley; y, IV. Las demás que les atribuya expresamente el titular de la secretaría.’. De lo transcrito se observa en primer lugar que no existe en dicho precepto jurídico, ningún punto 2 en la fracción I, en que la responsable trata de fundamentar su actuación, en segundo término dicho precepto tampoco le otorga ninguna facultad para actuar, ni resolver dentro del presente expediente, por lo que dicha actuación no contiene el fundamento legal y las atribuciones de la autoridad para actuar en la manera y términos propuestos. Asimismo, la autoridad resolutora trata de fundamentar su actuación en oficio número SACN/300/052/2005 de fecha 1o. de marzo de 2005; sin embargo, dicho escrito suponiendo que exista, no reviste el carácter de documento de observancia general, puesto que no se encuentra determinado en una ley, condición de eficacia para que su observancia vincule a los gobernados, es por ello que prácticamente la responsable obra sin fundamentación legal. De acuerdo a lo expuesto la autoridad emisora del acto en todo caso es incompetente para resolver y conocer del asunto al que indebidamente se avocó al conocimiento, por lo que se deberá ordenar lo procedente a efecto de no vulnerar el principio de legalidad, en atención a ‘que nadie puede ser molestado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente.’. Asimismo, me causa agravio la resolución impugnada en cuanto dentro del capítulo considerativo del acto de donde emana la presente controversia, en su apartado III que rige los resolutivos que: ‘III. Se determinan fundadas los manifestaciones formuladas por el C. Alfredo Fernando Achard Carretero, representante común de las empresas ACG Global, S.A. de C.V. y Constructores Civiles e Industriales, S.A. de C.V. tendentes a desvirtuar los motivos por los que la convocante en el acto de recepción de proposiciones y apertura de propuestas técnicas y económicas de la licitación pública nacional número LP-021/186/PRODEPI/004/2005 del 5 de septiembre de dos mil cinco, desechó su propuesta técnica, sirviendo de sustento las consideraciones de hecho y de derecho siguientes. Para mejor comprensión del asunto de mérito, resulta necesario transcribir, en lo conducente, los motivos de desechamiento de que fue objeto la propuesta de las empresas ACG Global, S.A. de C.V. y Constructores Civiles e Industriales, S.A. de C.V., hechos valer por la convocante y dados a conocer en el acto del cinco de septiembre del dos mil cinco (fojas 049 a 055), los cuales consistieron en: (se transcriben) ... De la anterior transcripción, se acredita que la convocante realizó una referencia genérica del punto de base con el que pretende sustentar su determinación sin vincularlos en específico con el supuesto motivo de incumplimiento que pretende hacer valer a la ahora inconforme, además de que tampoco señaló precepto normativo alguno, que sustente conforme a derecho su determinación para descalificar la propuesta técnica de la empresa hoy inconforme, lo anterior, aunado al hecho de que tampoco indicó las causas inmediatas o razones particulares que tomó en consideración para desechar su propuesta, lo que conlleva a determinar que no existió la adecuada fundamentación y motivación que debe contener un documento de esa naturaleza. Lo anterior es así, ya que independientemente de que se deben señalar con precisión los preceptos normativos o numerales de base que resultan aplicables al caso concreto, que contienen los supuestos incumplimientos, igualmente, se tienen que indicar cuáles son las causas inmediatas, razones particulares o circunstancias específicas que se tomaron en consideración para la emisión del acto de desechamiento, y no es una forma simple hacer valer argumentos unilaterales y subjetivos carentes de todo sustento jurídico, tales como que no presentó copia de identificación ni escrito del representante legal de la empresa, esto es así, puesto que no basta con que la convocante en el documento mediante el cual dio a conocer el desechamiento de la propuesta de la inconforme manifieste únicamente de manera general que no cumplió con determinado requisito, para acreditar los supuestos para descalificarlo y, por ende, para cumplir con la debida motivación y fundamentación de dicho acto por parte de la convocante, ya que en todo caso debió de precisar de manera clara en qué consistió el incumplimiento al requisito de bases y, en consecuencia, que con tal situación se colocara la propuesta técnica de la ahora inconforme sin posibilidades de calificarla solvente, por lo que al no ser así dejó de actuar en términos de lo dispuesto por el artículo 37, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que establece en la parte que aquí interesa lo siguiente: ... Lo anterior es así, ya que para dar cabal cumplimiento a la normatividad de la materia, la convocante debió señalar con precisión los supuestos incumplimientos hechos valer, así como también indicar en forma pormenorizada y clara el motivo o el hecho en que incurrió la inconforme, expresando los puntos de las bases o junta de aclaraciones que se dejaron de observar.’. La resolución combatida es inválida, en virtud de que la autoridad responsable, extralimitándose en sus funciones y atribuciones establece interpretación de preceptos constitucionales que solamente son materia de los juzgados federales del Poder Judicial, asimismo la autoridad resolutora solamente debió revisar si el acto emitido por el Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados, estaba apegado a las normas aplicables para el caso y, efectivamente, se cumplió con lo que señala el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y lo señalado en la convocatoria para licitación pública número LP-021/186/PRODEPI/004/2005 relativa a la ejecución de los trabajos de modernización y ampliación de la carretera alimentadora Jalacinguito-Xonocuautla del km 000 al 5+170, ya que en el acta levantada el día cinco de septiembre de dos mil cinco, en la sala de juntas del módulo regional 02 de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla, ubicadas en Teziutlán, Puebla, sí se asentaron las causas que motivaron el desechamiento de la propuesta de la inconforme denominada ACG Global, S.A. de C.V., y que reitero sí obran dentro del acta antes referida; lo anterior es así puesto que el artículo que señala la responsable establece que se deben asentar dos circunstancias que son la base de la inconformidad resuelta, a saber: 1. Que se asiente las propuestas que hayan sido desechadas; y 2. Que se asienten los motivos del desechamiento. Las anteriores circunstancias están plenamente colmadas dentro del acta levantada para tal efecto; pues se expresaron las dos circunstancias mencionadas, por lo que la responsable al exigir más elementos que los que la propia ley señala en todo caso, son ilegales, no tiene razón la responsable al señalar que: ‘la convocante debió señalar con precisión los supuestos incumplimientos hechos valer, así como también indicar en forma pormenorizada y clara el motivo o el hecho en que incurrió la inconforme, expresando los puntos de las bases o junta de aclaraciones que se dejaron de observar.’ Las anteriores circunstancias están plenamente colmadas dentro del acta levantada para tal efecto, aunado a que del artículo 37, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas no se piden más requisitos o que se señalen más circunstancias que las descritas anteriormente y que reitero sí se colmaron dentro del procedimiento, como se puede apreciar en los autos del presente expediente. Con lo anterior, es claro que nunca se dejó de incumplir (sic) con lo señalado en la norma, más aún, como lo expresa la responsable, si la empresa inconforme hubiera manifestado que no estaba de acuerdo con las bases de la convocatoria, tuvo su oportunidad para recurrirla en la vías legales, entre otras, efectivamente, en la ‘junta de aclaraciones’ en la que como se aprecia de los autos del presente expediente, no adujo nada la empresa inconforme con lo que aceptó, las condiciones que se señalan en las bases de la convocatoria; asimismo, la autoridad responsable omite señalar en su

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20260-aabb038e/controversia-constitucional-el-municipio-de-tlatlauquitepec-puebla-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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