HACIENDA MUNICIPAL. EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO DE OAXACA, AL PREVER REGLAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DIVERSOS FONDOS DE DOS MIL SEIS, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA (DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 26 DE DICIEMBRE DE 2005).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 8/2006. MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, ESTADO DE OAXACA.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.
SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día veinticuatro de octubre de dos mil seis.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil seis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Luis Quiroz Luna y Esteban Alejandro Reyes López, quienes se ostentaron con el carácter de síndicos del Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, promovieron controversia constitucional en representación de éste, en la que solicitaron la invalidez de la norma que más adelante se señala y emitida por las autoridades que a continuación se mencionan:
"II. Nombre y domicilio de los demandados. a) El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca con domicilio en calzada Fco. I. Madero esquina Av. Tecnológico s/n, colonia Centro, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, como autoridad emisora; b) El C. Lic. Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y el C. Jorge F. Franco Vargas, secretario general de Gobierno, ambos con domicilio en carretera Oaxaca-Puerto Ángel Km. 9.5, Santa María Coyotepec, Oaxaca, como autoridades sancionadoras y ordenadoras de la publicación correspondiente; c) El C. Director del Periódico Oficial del Estado, como responsable de la publicación.
"...
"V. Norma cuya invalidez se demanda. La contenida en el Decreto Número 190 mediante el cual se reforman los artículos 21 y segundo transitorio, segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, que se diera a conocer a través del Periódico Oficial del Estado correspondiente al día 26 de diciembre de 2005."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:
a) En la primera Ley de Coordinación Fiscal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicada el treinta de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, no existió disposición que sirva de antecedente a la norma general que ahora se impugna.
b) El primer antecedente aparece en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicada el treinta de diciembre de dos mil uno, a cuyo texto se adicionan los artículos 11 y segundo transitorio, segundo párrafo, que establecen respectivamente, la obligación de los Estados de hacer copartícipes a sus Municipios de las participaciones recibidas de la Federación y los factores que durante los años dos mil dos, dos mil tres y dos mil cuatro, se aplicarían para calcular el monto de las referidas participaciones, conforme a las proporciones señaladas por la misma ley.
c) En el Decreto Número 159 de la Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil dos, se reformaron los artículos 8o. y segundo transitorio en su segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca. En el primero de ellos se estableció la forma en que deberían calcularse y distribuirse las participaciones correspondientes a los Municipios; en el segundo se establecieron las proporciones conforme a las cuales se calcularían los factores para los ejercicios de dos mil tres y dos mil cuatro, a saber:
Ver proporciones 1
d) En el Decreto Número 349 de la Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en su artículo único se estableció: "Se reforman los artículos 6o. fracción III; 8o. segundo párrafo; 14 y segundo transitorio, en su segundo párrafo. Se adiciona al artículo 8o., las fracciones I y II, y último párrafo; y se deroga el tercer párrafo del artículo 8o., de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca.". En los preceptos 6o., 8o. y 14, respectivamente, se establece: a) el número de poblaciones con categoría de Municipios, agencias municipales y agencias de policía; b) la forma en que la Secretaría de Hacienda enterará las participaciones a los Municipios; y, c) la posibilidad del Estado y los Municipios de afectar participaciones como fuente de pago en garantía de las obligaciones constitutivas de deuda pública; y finalmente, en el artículo transitorio, se establecieron las proporciones conforme a las cuales se calcularían los factores aplicables a las participaciones durante los ejercicios fiscales de dos mil cuatro y dos mil cinco, a saber:
Ver proporciones 2
e) El Decreto Número 190 de la Quincuagésima Novena Legislatura Constitucional de la entidad, que por esta vía se impugna, dispone que durante el año 2006 los factores de distribución de las participaciones federales, se calcularán conforme a las proporciones que se señalan a continuación:
Ver proporciones 3
Asimismo, señaló que los factores que aparecen en el decreto impugnado, son exactamente los mismos que aparecen por primera vez en el artículo transitorio segundo del Decreto 242 de la Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado de Oaxaca, publicado el treinta de diciembre de dos mil, fecha en la cual los "factores 1999" y los "factores ley" se incluyeron en el texto normativo.
Además que los denominados "factores 1999", no tienen sustento jurídico, pues advierte que tal como se evidencia en los antecedentes antes narrados, en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca de treinta de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, ni siquiera estaban incluidos en el texto legal.
Indica el actor que resulta antijurídico e ilógico que si el transitorio tercero del Decreto 242 de treinta de diciembre de dos mil, derogó la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca del dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, se haya dispuesto en el artículo transitorio segundo de una nueva ley (Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca), que el factor de distribución del Fondo municipal de participaciones y el del Fondo de fomento municipal correspondiente a cada Municipio sería el resultante de sumar el factor de distribución aplicado en mil novecientos noventa y nueve multiplicado por el porcentaje señalado en la propia ley para cada año, más el factor resultante del procedimiento establecido en la misma ley para cada uno de los fondos multiplicado por el porcentaje por ella indicado. Que eso es así porque la ley derogada, en vigor en mil novecientos noventa y nueve, no consideró nunca ningún factor de distribución, y aun de haberlo considerado ya no sería vigente por la derogación expresa de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora, son los siguientes:
1. Que el artículo segundo transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, publicada en diciembre de dos mil cinco, es violatorio del principio de irretroactividad de la ley, previsto por el artículo 14 constitucional, toda vez que establece que durante el año de dos mil seis, los factores para el cálculo de las participaciones se obtendrán conforme a las proporciones que señalan los "factores 1999" y los "factores ley". Lo anterior implica que la distribución se realizará conforme a factores históricos y a la realidad de mil novecientos noventa y nueve y no conforme a las necesidades reales en dos mil seis.
Que la anterior determinación se hace sin que en la exposición de motivos de la ley en cuestión se plasmen las razones por las cuales se consideraron los factores de mil novecientos noventa y nueve para aplicarlos en dos mil seis.
Que las disposiciones de la norma impugnada vulneran el libre manejo de la hacienda municipal, establecido en el artículo 115 fracción IV, constitucional, mediante el cual el Constituyente pretende fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica del Municipio, con el fin de que éste pueda tener libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades.
Que las leyes locales tienen una prohibición expresa impuesta por el Constituyente en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, que consiste en abstenerse de establecer disposiciones que impidan el fortalecimiento de la hacienda municipal y la satisfacción de las necesidades sociales, y que, por tanto, los supuestos a que se refieren los artículos impugnados, constituyen una distribución en contra de la prohibición constitucional, pues es evidente que los factores imperantes en mil novecientos noventa y nueve no pueden contribuir al cumplimiento de los fines públicos, ni servir de base para satisfacer las necesidades de dos mil seis; de lo que se advierte que dichos preceptos devienen inconstitucionales.
El Municipio actor apoya sus argumentos en las tesis de rubros: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES, EL ANÁLISIS PARA RESOLVER EL CONFLICTO SUSCITADO ENTRE DOS NIVELES DE GOBIERNO IMPLICA EL ESTUDIO TANTO DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES RELATIVOS, COMO DE LA MOTIVACIÓN Y CAUSA GENERADORA QUE LLEVÓ AL LEGISLADOR A ELEVARLOS A RANGO CONSTITUCIONAL." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FINALIDAD DEL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN INCLUYE TAMBIÉN DE MANERA RELEVANTE EL BIENESTAR DE LA PERSONA HUMANA SUJETA AL IMPERIO DE LOS ENTES U ÓRGANOS DE PODER."
2. Que el decreto de veintiséis de diciembre de dos mil cinco, en la parte específica que por este medio se impugna, es contrario a lo establecido por el artículo segundo transitorio del decreto publicado el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve que contiene reformas y adiciones al artículo 115 de la Constitución Federal, el cual establece: "Los Estados deberán adecuar sus Constituciones y leyes conforme a lo dispuesto en este decreto a más tardar en un año a partir de su entrada en vigor. ..."
Que lo anterior es así, toda vez que dicha norma es de carácter imperativo para las Legislaturas de los Estados, en el sentido de ser sujetos a un plazo perentorio para llevar a cabo las reformas y adecuaciones a las Constituciones y leyes estatales; no obstante ello, en el caso concreto, el decreto impugnado contiene reformas a la ley de coordinación estando pendiente a la fecha las adecuaciones y modificaciones estatales en las materias que se regulan con la mencionada reforma al artículo 115 de la Constitución Federal.
Que en efecto, el decreto que se cuestiona, transgrede el plazo perentorio de un año para llevar a cabo la adecuación de las leyes locales; de lo que resulta que es procedente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional e inválido el referido artículo segundo transitorio del Decreto Número 190 del Congreso del Estado de Oaxaca.
CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora estima violados son 14, 16 y 115, fracción IV.
QUINTO. Por acuerdo de veintisiete de enero de dos mil seis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 8/2006 y por razón de turno designó al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, como instructor del procedimiento.
Mediante proveído de treinta de enero de dos mil seis, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca y ordenó emplazarlos para que formularan su respectiva contestación; asimismo, ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación corresponde.
SEXTO. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Oaxaca, en su respectiva contestación de demanda coincidieron en señalar, en síntesis, lo siguiente:
1. Que la controversia planteada es improcedente y se debe sobreseer porque el Municipio actor pretende atacar una norma general a partir de la vigencia de la misma; sin embargo, ese acto no constituye el primer acto de aplicación por el que el actor se hizo sabedor de la norma general impugnada, pues aun cuando ésta fue reformada en diciembre de dos mil cinco, desde el ejercicio fiscal de dos mil ya había sido aplicada al hoy demandante.
2. Que resulta improcedente la controversia, toda vez que el Municipio actor no acredita de manera alguna que la norma impugnada le haya sido aplicada en su perjuicio.
3. Que es infundado el primer concepto de invalidez, en el que el actor manifiesta que en la exposición de motivos de la ley en cuestión no se plasmaron las razones particulares por las cuales se consideraron los factores de mil novecientos noventa y nueve para el ejercicio fiscal de dos mil seis, ya que por una parte, en la iniciativa de decreto de reformas al ordenamiento en cuestión sí se establecieron los motivos por los cuales se reformaron dichos preceptos y, por otra parte, el hecho de que se hubieran considerado o no dichos motivos, no ocasiona la ilegalidad del acto, ni la invalidez de los artículos reclamados, pues la exposición de motivos no forma parte del cuerpo legal, tal como se sostiene en la tesis de rubro: "EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y DEBATES DEL LEGISLADOR. NO FORMAN PARTE DE LA LEY."
4. Que, asimismo, resulta infundado que los artículos impugnados violen la garantía de irretroactividad de la ley al aplicar los factores de mil novecientos noventa y nueve en el ejercicio fiscal de dos mil seis, ello toda vez que una norma sólo puede transgredir dicha garantía cuando modifica o destruye los derechos adquiridos o los supuestos jurídicos y sus consecuencias que nacieron bajo la vigencia de una ley anterior; sin embargo, en el caso específico, los factores que se establecen en el artículo segundo transitorio, segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, plenamente conocidos con anterioridad por el Municipio actor, se tomaron en consideración a efecto de proporcionar una mayor transparencia e imparcialidad en la distribución de los recursos, proponiendo para ello un esquema de transición para la aplicación gradual que en dichos factores se establece, con el fin de evitar que los Municipios sufran cambios abruptos en sus actuales niveles de ingreso por este concepto; por lo que no existe perjuicio con la aplicación de dichos factores y, por tanto, no se infringe el artículo 14 constitucional.
5. Que el Decreto Número 190 motivo de esta controversia, no establece limitante alguna de cómo distribuir las participaciones que les corresponden a los Municipios, motivo por el cual no puede considerarse que sea violatorio del artículo 115, fracción IV, de la Carta Magna, precepto que pretende fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios, con el fin de que éstos puedan tener libre disposición y aplicación de sus recursos para la satisfacción de sus necesidades y el cumplimiento de sus fines públicos.
Que los artículos impugnados, bajo ninguna circunstancia vulneran el ámbito competencial que el numeral 115, fracción IV, de la Constitución Federal establece a favor de los Municipios para que éstos administren libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, toda vez que dichas disposiciones regulan supuestos diferentes.
Apoyan su dicho en la tesis de rubro: "PARTICIPACIONES FEDERALES. LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO TRANSITORIOS DEL REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL EN MATERIA DE REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE OCTUBRE DE 2001, NO AFECTAN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS Y, POR ENDE, NO VIOLAN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN IV, INCISO B) Y 124 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
6. Que debe calificarse de inoperante el segundo concepto de invalidez, en el que argumenta que el decreto que contiene reformas a la ley de coordinación se realizó estando pendientes las adecuaciones y modificaciones estatales en las materias que regulan con la reforma al artículo 115 de la Constitución Federal, ya que por una parte se reitera que no existe violación alguna a dicho precepto y, por otra parte, se señala que ese concepto de invalidez carece de claridad para poder dilucidar el fondo del asunto, pues no prueba sus argumentos ni delimita los actos atribuidos a las autoridades demandadas, dejándolas en estado de indefensión.
7. Que con relación a lo argumentado en el sentido de que los factores para el cálculo de las participaciones se establecen en los artículos transitorios y no dentro del texto mismo de la ley vulnerando con ello la seguridad y legalidad de la propia norma, se señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios el hecho de que una norma no sea acorde con el contenido o con el título del ordenamiento jurídico que la contiene, no conduce, indefectiblemente, a su inconstitucionalidad, pues ello no deja de ser una cuestión de técnica legislativa deficiente. Apoya lo anterior en la tesis de rubro: "IMPUESTO ESTABLECIDO EN ARTÍCULO TRANSITORIO DE UNA LEY. NO DETERMINA SU INCONSTITUCIONALIDAD."
SÉPTIMO. El procurador general de la República al emitir su opinión, en síntesis manifestó:
1. Que es infundada la causa de improcedencia en la que se aduce que la norma que se pretende impugnar, aun cuando haya sido reformada, ha sido aplicada al actor desde el año dos mil, fecha en que se expidió la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca; que además los factores conforme a los que se repartirán los recursos federales participables en el ejercicio fiscal de dos mil seis, son los mismos del año inmediato anterior. Ello es así, toda vez que la reforma o adición a una disposición general constituye un acto legislativo nuevo que puede ser impugnado a través del presente medio de control constitucional, sin que sea obstáculo que reproduzca íntegramente lo dispuesto con anterioridad.
Asimismo, resulta infundada la causal en la que se adujo que el actor no probó que el artículo impugnado haya sido aplicado en su perjuicio; ello por dos razones: primera, porque lo que se impugna es una norma general, la cual no requiere haber sido aplicada para que pueda impugnarse y, segunda, porque el análisis de si dicha norma causó o no perjuicio al actor, es una cuestión que debe analizarse al estudiar el fondo del asunto.
2. Que resulta infundado el argumento del actor, expresado en el primer concepto de invalidez, en el sentido de que no se señala en la exposición de motivos la razón que tuvo el legislador para establecer la fórmula de distribución a que se refiere el numeral impugnado; lo anterior es así, toda vez que dentro del proceso legislativo que dio origen a la norma combatida se sustentan las bases y elementos objetivos para no variar los factores de distribución de las participaciones federales entre los Municipios del Estado de Oaxaca, y que el hecho de que se tomen como referencia los factores de mil novecientos noventa y nueve, no lleva a la inconstitucionalidad de la norma combatida, toda vez que el Congreso, al expedir la misma, determinó que esa era la forma adecuada a las necesidades socioeconómicas de la entidad.
3. Que resulta infundado el argumento en el que se sostiene que la norma impugnada viola el principio de irretroactividad de la ley, ello toda vez que el hecho de haber tomado en cuenta los factores aplicados en mil novecientos noventa y nueve no implica la afectación a ningún derecho adquirido por el Municipio actor, pues la legislatura tiene la facultad de modificar las bases conforme a las cuales se distribuirán las participaciones federales, cuando así lo estime pertinente; y en el caso para determinar los factores aplicables en dos mil seis, se tomaron en cuenta datos actuales como el número de habitantes, el índice de marginación y la recaudación de cada Municipio.
4. Que también deviene infundado el argumento del actor en el sentido de que la fórmula de distribución que ahora se combate, violenta las garantías de seguridad jurídica al preverse en un precepto transitorio y no dentro del texto de la Ley de Coordinación Fiscal; ello toda vez que las disposiciones transitorias tienen como fin establecer los lineamientos provisionales que permitan la eficacia de la norma materia de la reforma, en concordancia con las circunstancias de modo, tiempo o lugar, de tal manera que sean congruentes con la realidad imperante, por lo que dichos artículos forman parte de la ley.
5. Que sobre la presunta violación del artículo segundo transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal de Oaxaca, al régimen de libre administración hacendaria, tutelado por la fracción IV del artículo 115 constitucional, es infundado, toda vez que el artículo que se impugna no violenta el régimen de libre administración hacendaria tutelado por el referido precepto constitucional, puesto que no impone obligación alguna a los Ayuntamientos de la entidad respecto del destino que deberá darse a los recursos federales participables, no existe afectación al libre manejo de su patrimonio, ni establece prohibiciones que impidan el ejercicio de ese derecho.
Resulta infundado también el argumento en el que se aduce que la forma en que se atribuyen los recursos participables impide satisfacer las necesidades y cumplir los fines públicos del Municipio, toda vez que además de las participaciones federales, los Ayuntamientos cuentan con otros recursos para el cumplimiento de sus fines públicos, y el artículo impugnado lo único que hace es establecer la forma en que se han de repartir los recursos federales participables entre los Ayuntamientos de Oaxaca, para que éstos los apliquen de la manera que convenga a los intereses del nivel de gobierno que representan.
6. Que respecto al argumento del actor, consistente en que el artículo segundo transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal de la entidad, no sigue el espíritu de la reforma constitucional de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, de fortalecer al Municipio para que éste cuente con autonomía y autosuficiencia económica, deviene infundado ya que el Constituyente Permanente buscó esa fortaleza a través de diversas acciones por las que se permite a los Ayuntamientos allegarse de diversos recursos para que atiendan sus necesidades. En efecto, el artículo impugnado únicamente desarrolla la facultad que tiene la Legislatura Local para establecer los criterios para la distribución de las participaciones entre los Municipios de la entidad, a fin de que éstos las empleen acorde a sus fines públicos.
7. Que con relación al numeral 133 de la Carta Magna, tampoco se vulnera, toda vez que la norma general impugnada no transgrede precepto alguno de la Constitución Federal, por tanto, sí respeta la supremacía constitucional a que se refiere dicho numeral; asimismo, apunta que el Municipio actor no manifestó conceptos de invalidez por los que considere que el artículo impugnado vulnera los artículos 40 y 105 constitucionales, pero no se advierte que se vulneren.
OCTAVO. Agotado el trámite respectivo, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Estado de Oaxaca por conducto de sus Poderes Legislativo y Ejecutivo y el Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz del mismo Estado.
SEGUNDO. Procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente.
En la presente controversia constitucional se demanda la invalidez del segundo párrafo del artículo segundo transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, reformado mediante Decreto Número 190, publicado el veintiséis de diciembre de dos mil cinco en el Periódico Oficial de la entidad, que a la letra indica:
"Transitorios
"Segundo. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. de esta ley, se estará a lo siguiente:
"Decreto Número 190.
(Reformado, P.O. 26 de diciembre de 2005).
"Durante el año 2006 los factores a que se refieren los artículos arriba citados, se calcularán conforme a las proporciones que se señalan a continuación:
"Año Factores Factores
1999 ley
2006 70% 30%
"El factor de distribución del Fondo municipal de participaciones y el del Fondo de fomento municipal que corresponda a cada Municipio será el que resulte de sumar el factor de distribución aplicado en 1999 multiplicado por el porcentaje arriba señalado para cada año, más el factor resultante del procedimiento establecido en la presente ley para cada uno de los fondos multiplicado por el porcentaje arriba señalado."
Como se advierte de lo anterior, lo que se impugna es una norma de carácter general.
Al respecto, el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de la Fracción II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:
"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
"...
"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y ..."
En el caso, la norma cuya invalidez se impugna, fue publicada el veintiséis de diciembre de dos mil cinco; tomando en consideración esta fecha, el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del lunes dos de enero de dos mil seis al martes catorce de febrero de ese mismo año, descontándose del cómputo del veintisiete al treinta y uno de diciembre de dos mil cinco por corresponder al receso del segundo periodo de sesiones de este Alto Tribunal, el cinco de enero y seis de febrero de dos mil seis, en los que por acuerdo de esta Suprema Corte se suspendieron las labores, el siete, ocho, catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de enero, así como el cuatro, cinco, once y doce de febrero, todos de dos mil seis, por ser sábados y domingos respectivamente, y ser inhábiles de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2o. y 3o. de la citada ley reglamentaria, en relación con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Entonces si la demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintiséis de enero de dos mil seis como se advierte de los sellos que obran al reverso de la foja once del expediente, es inconcuso que se presentó oportunamente.
TERCERO. A continuación se procede a analizar la legitimación de las partes:
a) Legitimación activa:
En el presente asunto, signan la demanda José Luis Quiroz Luna y Esteban Alejandro Reyes López, en su carácter de síndicos del Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Estado de Oaxaca, lo que acreditan con la copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la elección de concejales del Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Estado de Oaxaca, expedida por el Consejo Municipal Electoral de dicha localidad (fojas 12 y 13 del expediente).
Los artículos 10, fracción I y 11, primer párrafo, ambos de la ley reglamentaria de la materia, disponen:
"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
"I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia."
"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."
De las disposiciones legales transcritas, se desprende que tendrá el carácter de actor la entidad, poder u órgano que promueva la controversia constitucional; asimismo, se advierte que el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.
Luego, si la demanda la promueve el Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Estado de Oaxaca, cuenta con legitimación activa para promoverla al ser uno de los entes que prevé el inciso i) de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal.
Ahora bien, los artículos 22, fracción II y 40, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, establecen:
"Artículo 22. El Ayuntamiento estará integrado por:
"...
"II. Los síndicos, que serán representantes jurídicos del Municipio."
"Artículo 40. En materia de procuración de la defensa de los intereses municipales, los síndicos tendrán las siguientes atribuciones:
"I. Procurar, defender y promover los intereses municipales, representar jurídicamente al Municipio en los litigios en que éstos fueren parte, y en la gestión de los negocios de la hacienda municipal."
De estos preceptos se tiene que los síndicos municipales cuentan con la facultad de representar jurídicamente al Municipio en las controversias o litigios en que éste fuere parte; entonces, de conformidad con lo dispuesto por el transcrito numeral 11 de la ley reglamentaria de l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20038-855e231a/hacienda-municipal-el-articulo-segundo-transitorio-segundo-parrafo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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