CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS CARECEN DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA CUESTIONAR EN ELLA LA DESIGNACIÓN DE LOS COMISIONADOS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES POR NO TENER DENTRO DE SUS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONALES PARTICIPAR EN LA MISMA, NI SER SUSCEPTIBLE DE CAUSARLES UN DAÑO O PRIVARLOS DE UN DERECHO. RADIO Y TELEVISIÓN. EL SISTEMA DIFERENCIADO ENTRE PERMISIONARIOS Y CONCESIONARIOS PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17-E, 17-F, 17-G, 20 Y 21-A DE LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS CARECEN DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA CONTRA DISPOSICIONES GENERALES QUE CONSIDEREN VIOLATORIAS DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS QUE HABITEN EN SU TERRITORIO, SI NO GUARDAN RELACIÓN CON LA ESFERA DE ATRIBUCIONES QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LES CONFIERE.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 59/2006. MUNICIPIO DE COXCATLÁN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIO: MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al quince de octubre de dos mil siete.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el veinticinco de mayo de dos mil seis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Moisés Hernández Villada, quien se ostentó con el carácter de síndico del Municipio de Coxcatlán, Estado de San Luis Potosí, en representación del propio Municipio, promovió controversia constitucional en la que solicitó la invalidez de las normas y actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:
"Nombre y domicilio de los poderes demandados: 1) El H. Congreso de la Unión, a través de las Cámaras de Diputados y Senadores, con domicilios en Avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, 15960, México, D.F., y en Xicoténcatl 9, colonia Centro, 06018, México, D.F., respectivamente. 2) El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en Palacio Nacional, Plaza de la Constitución sin número, colonia Centro, 06018, México, D.F. Normas generales y actos cuya invalidez se demanda y medio oficial en el que fueron publicadas las normas generales de las cuales derivan los actos que se impugnan: Las siguientes disposiciones del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día once de abril de dos mil seis. 1) Los artículos 2o., 3o., 7o. A, 9o., 16, 17, 17-A, 17-B, 17-C, 17-D, 17-E, 17-F, 17-G, 17-H, 17-I, 17-J, 19, 20, 21, 21-A, 22, 23, 25, 26, 28, 28-A, 28-B, 72-A y 79-A de la Ley Federal de Radio y Televisión, expedida por el Congreso de la Unión y promulgada por el presidente de la República, así como la derogación del artículo 18 del mismo ordenamiento legal. 2) Los artículos 3o., fracciones XV y XVI, 9o. A, 9o. B, 9o. C, 9o. D, 13, 64 y 65 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, expedida por el Congreso de la Unión y promulgada por el presidente de la República. 3) La inconstitucional e inminente designación de ‘comisionados’ de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. 4) La inconstitucional e inminente designación del presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:
"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los antecedentes de las normas generales cuya invalidez se reclama, son los siguientes: 1. En la sesión celebrada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el día veintidós de noviembre de dos mil cinco, se dio lectura al Pleno con la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión, en lo sucesivo ‘la iniciativa’ presentada por el diputado Miguel Lucero Palma, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 2. En esa misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de Diputados, turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio, Televisión y Cinematografía, en lo sucesivo ‘las comisiones’, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 3. El día veintinueve de noviembre de dos mil cinco, el Pleno de las comisiones, valoró y discutió el proyecto de dictamen y luego de los consensos alcanzados en dicha reunión plenaria, se formuló el dictamen correspondiente, mismo que fue presentado en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados que se celebró el día primero de diciembre de dos mil cinco, en la cual se efectuó la primera lectura del dictamen de las comisiones, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión. 4. En la referida sesión se dio lectura a un comunicado de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la que solicitó a la presidencia de la Mesa Directiva de esa Cámara, que se dispensara la segunda lectura del proyecto de decreto antes señalado, solicitud que después de haber sido sometida a votación económica, fue resuelta en el sentido de ordenarse la dispensa de la referida lectura. 5. Acto seguido, la presidencia de la mesa directiva señaló que no se habían registrado oradores para fundamentar el dictamen y, en consecuencia, se consideró que éste había sido suficientemente discutido en lo general. Posteriormente, el presidente de la mesa directiva preguntó a los miembros de la Cámara de Diputados si se reservaba algún artículo del proyecto de decreto para discutirlo en lo particular. En virtud de que no se registraron oradores para tal efecto, la secretaria diputada Patricia Garduño Morales, procedió a efectuar la votación en lo general y en lo particular del referido proyecto de decreto. 6. El resultado de la votación obtenido fue en el sentido de que el decreto fue aprobado en lo general y en lo particular con trescientos veintisiete votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, y en consecuencia, se ordenó pasarlo a la Cámara de Senadores para los efectos correspondientes. 7. Con fecha ocho de diciembre de dos mil cinco, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó la minuta del proyecto de decreto de mérito a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Primera. 8. Con fecha 15 de febrero de 2006, la directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez Ruiz, entregó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Primera, el pronunciamiento del Consejo Consultivo de la citada comisión mediante el que, con fundamento en los artículos 8o. constitucional y 13, de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se solicitó al Senado de la República se abstuviera de aprobar la iniciativa en comento en tanto no se hubieran llevado a cabo los procedimientos de consulta con la participación de los pueblos indígenas e integrado sus propuestas. 9. El día diecisiete de marzo de dos mil seis, los integrantes de las comisiones referidas en el numeral anterior, presentaron el dictamen de la minuta proyecto de decreto (primera lectura) y sometieron a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la aprobación de dicho proyecto, mismo que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República el día veintiocho de marzo de dos mil seis. 10. En la sesión celebrada en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el día 30 de marzo de 2006, luego de la discusión de los diversos preceptos contenidos en el proyecto de decreto, se declaró aprobado en lo general y en lo particular el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión, ordenándose turnarlo al titular del Ejecutivo Federal. 11. El día once de abril de dos mil seis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:
"Primer concepto de invalidez. Los artículos 17-E, 17-F, 17-G, 20 y 21-A de la Ley Federal de Radio y Televisión reformados y adicionados por virtud del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006, son violatorios de los artículos 1o., 2o., 6o., 14, 16 y 28 constitucionales en atención a lo siguiente: Los artículos 20 y 21-A de la Ley Federal de Radio y Televisión, que establecen los requisitos y procedimientos que habrán de seguirse, para obtener un permiso para prestar el servicio de radiodifusión, así como los permisos para estaciones oficiales, violan los preceptos constitucionales señalados, al establecer requisitos desproporcionados a los que se requiere a los concesionarios en situaciones jurídicas similares, así como al establecer normas completamente discrecionales que impiden al Municipio que desee constituirse como permisionario o al pueblo y comunidad indígena que se coloque en este supuesto, obtener el permiso respectivo y, por ende, tener acceso a los medios de comunicación en los términos ordenados por la Constitución Federal. Para mayor claridad se transcriben los artículos 20 y 21-A de la Ley Federal de Radio y Televisión: ‘Artículo 20.’ (se transcribe). ‘Artículo 21-A.’ (se transcribe). La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a todo individuo (personas físicas, morales, oficiales y de cualquier índole) la garantía de igualdad consagrada en su artículo primero. Este principio, como señala el constitucionalista Ignacio Burgoa, se traduce en que una o varias personas que se encuentren en una misma situación, tengan la posibilidad de capacidad de ser titulares cualitativamente de los mismos derechos y de contraer las mismas obligaciones que emanan de dicho Estado. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia ha establecido los criterios que habrán de seguirse para determinar si el legislador respetó este principio constitucional cuando conoce de un caso en el cual la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, y señala lo siguiente: En estos casos, debe analizarse si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una discriminación constitucionalmente vedada; para ello habrá de determinar, en primer lugar, si la distinción legislativa obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida. En segundo lugar, la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el legislador. En tercer lugar, si cumple o no con el requisito de la proporcionalidad y, por último, determinar en cada caso respecto de qué se está predicando con la igualdad. Debemos entender que el incumplimiento de cualquiera de los criterios anteriores constituye una violación al principio de igualdad, resultando aplicable la siguiente tesis: Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre de 2004, página 362, tesis 1a. CXXXII/2004. ‘IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). Con base en lo anterior y para mayor claridad en la explicación de las razones, por las que la distinción que establece los requisitos para el otorgamiento de permisos para estaciones de radiodifusión contenida en los artículos 20 y 21-A de la Ley de Radio y Televisión, se encuentra basada en una distinción constitucionalmente vedada, se analizan los preceptos antes citados a la luz de los criterios señalados en el párrafo anterior. 1.1 La distinción obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente inválida y es irracional e inadecuada. Como se expuso anteriormente, la ley establece una distinción entre los gobernados interesados en obtener una concesión y aquellos interesados en obtener un permiso, y encontramos diferencias manifiestas entre los artículos 17-E, 17-F y 17-G que establecen los requisitos y el procedimiento previsto para el otorgamiento de una concesión, frente a los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de un permiso previstos en los artículos 17-E, 20 y 21-A. Los términos concesión y permisos en la Ley Federal de Radio y Televisión, no tienen en estricto sentido una naturaleza jurídica distinta. De acuerdo con la doctrina, concesión y permisos constituyen actos administrativos de naturaleza distinta, mientras que el permiso lo define Gabino Fraga como el acto administrativo por el cual solevanta o remueve un obstáculo o impedimento que la norma legal ha establecido para el ejercicio del derecho de un particular, en la concesión no hay ningún derecho previo del particular a la materia objeto de la concesión; en este sentido la concesión es el acto por el cual se concede a un particular la explotación y aprovechamiento de un servicio público o la explotación y aprovechamiento de bienes del dominio del Estado. De acuerdo con lo anterior, como bien lo establece Alfonso Nava Negrete en el Diccionario Jurídico Mexicano, la distinción establecida en la Ley Federal de Radio y Televisión, es uno de los casos en que se utilizan los términos concesión y permiso con gran imprecisión, ya que tanto en los casos de una estación de radio o televisión comercial como cultural, se está explotando un bien de dominio directo de la nación, como es el espacio radioeléctrico, y se presta la misma actividad de interés público. En este sentido la única distinción entre lo que la ley llama concesión y permiso, es la que se deriva de la finalidad que persigue la explotación de dicho bien público, siendo en una, la explotación comercial del bien y en otra, la explotación cultural de éste, (finalidad principalmente relacionada con la función social de la radio y televisión). Siendo ésta la única distinción que existe entre la concesión y permiso para efectos de la ley de la materia, las distinciones que se establezcan deben hacerse únicamente atendiendo a estos aspectos que son principalmente de programación y no así establecer por un lado un procedimiento objetivo para el otorgamiento de concesiones y otro completamente discrecional y con mucho mayores requisitos para el otorgamiento de permisos. Así, la ley impugnada garantiza que no exista ‘la utilización social de los bienes’, puesto que establece requisitos insalvables para obtenerlos y, por el contrario, favorece y promueve la explotación comercial de los mismos en oposición directa de los artículos 27, párrafo sexto y 28, párrafos cuarto y noveno de la Constitución Federal. Al respecto resulta interesante lo señalado en la siguiente tesis: Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 115-120 Sexta Parte, página 141, tesis aislada, Materia Administrativa. ‘RADIO Y TELEVISIÓN. OTORGAMIENTO DE CONCESIONES.’ (se transcribe). De acuerdo con todo lo expuesto en el presente punto podemos concluir que la distinción entre concesión y permiso sólo se encuentra basada en las finalidades de la explotación del bien, ya sea comercial o cultural y que, por tanto, es a este aspecto al que debería atender la distinción del procedimiento de solicitud y para el otorgamiento para uno y otro y no tiene porqué establecerse para el permisionario un procedimiento principalmente discrecional, como lo confirma la tesis anterior. En razón de lo anterior, la distinción establecida en los artículos 20 y 21-A de la Ley Federal de Radio y Televisión en nada obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, ni es racional o adecuada pues no responde a ninguna razón que pudiera permitirle al legislador alcanzar los fines de regulación que corresponden a la naturaleza de ambas instituciones. 1.2. Incumple con el requisito de proporcionalidad. Para la determinación del criterio de proporcionalidad es necesario determinar si la distinción, tomando en cuenta la situación de hecho, la finalidad de la ley y de los derechos constitucionales afectados, es conforme a todas estas situaciones de hecho y de derecho. En el caso que nos ocupa, ha quedado demostrado en el punto anterior que la situación de hecho que distingue al interesado en obtener un título de concesión del interesado en obtener un permiso, es la finalidad de la explotación, mientras que en el primero es económica, en el segundo es preponderantemente social y cultural, y en consecuencia la distinción habría de hacerse atendiendo a la programación, financiamiento, y pago de derechos por la explotación, básicamente, sin que exista necesidad de requisitos adicionales fuera de estos aspectos. En el caso que nos ocupa, los artículos 20 y 21-A establecen para el Municipio que desee constituirse como permisionario, siete requisitos adicionales contenidos en las fracciones II del artículo 20 y I a VI del artículo 21-A, que nada tienen que ver con los aspectos señalados en el párrafo anterior y que, en consecuencia, en ningún caso son proporcionales a la situación de hecho o a la finalidad de la ley. Es así que la distinción contenida en los artículos 20 y 21-A de la Ley Federal de Radio y Televisión son completamente desproporcionados, ya que las situaciones de hecho y de derecho que corresponden a la naturaleza de los permisos no coinciden en proporción alguna con la distinción que hace dicho artículo. 1.3. Materia sobre la que se busca la igualdad. 1.3.1. Materia de igualdad respecto de los Municipios. En el caso que nos ocupa, la materia sobre la que se busca la igualdad está en el ejercicio del derecho a obtener una concesión o permiso para explotar las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para el servicio de radiodifusión. En este sentido, el ente interesado en ejercitar este derecho para fines culturales o sociales, como es el caso de los Municipios, debiera de gozar por lo menos de un trato igual en lo conducente, al que recibe aquel que desea utilizarlo para fines comerciales, pues se trata de situaciones análogas que tienen fines distintos. El primero, un f
n social garantizado por la Constitución Federal y, el segundo, una finalidad de lucro que no siendo una prioridad, sí autoriza la Constitución. Sin embargo, los artículos 20 y 21-A de la Ley Federal de Radio y Televisión, establecen obligaciones diametralmente inequitativas para aquellos que solicitan un permiso para ejercer la función social de la radio y televisión que prevé la misma ley en su artículo 5o. y la utilización de los bienes del dominio público que establece para las concesiones el artículo 28 constitucional en su párrafo décimo, a los dispuestos para las concesiones de radiodifusión que se establecen en los artículos 17-E y 17-F de la ley de mérito. Así, del contenido de los artículos 17-E, 17-F y 17-G se desprenden los requisitos y el procedimiento para el otorgamiento de una concesión para operar el servicio de radiodifusión. Los requisitos y el procedimiento previsto para el otorgamiento de un permiso se encuentran consignados en los artículos 17-E, 20 y 21-A. Del análisis comparativo entre unos y otros, se obtiene que existen diferencias sustantivas en los requerimientos solicitados para la concesión y para los permisos. En efecto, para el caso de los solicitantes de permisos, se requieren, además de los requisitos previstos en las fracciones I, III, IV y V del artículo 17-E (que en principio prevé los requisitos para obtener una concesión), los siguientes: (i) La presentación de un programa de desarrollo y servicio de la estación. (ii) Sostener entrevistas con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para aportar información adicional con relación a la solicitud (sin precisar, pudiendo ser sumamente relativo el término ‘adicional’). (iii) La aportación de información suplementaria por parte de ‘otras autoridades o instancias’, lo cual es una vez más, sumamente vago y relativo, toda vez que autoridades pueden significar dos o diez, para el conocimiento cabal de la solicitud y de la ‘idoneidad’ para recibir el permiso. (iv) Finalmente, cumplidos los elementos descritos, la secretaría debe decidir ‘a su juicio’, esto es, la valoración versará sobre elementos esencialmente subjetivos y no objetivos. Contrario a lo antes mencionado y de manera por demás infundada, los solicitantes de una concesión únicamente deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 17-E sin preverse en el mismo, la entrega de información (por parte del interesado o de autoridades) adicionales, ni entrevistas, ni mucho menos la valoración subjetiva sobre la ‘idoneidad’ del solicitante para recibir el permiso. Lo anterior no hace sino poner de manifiesto el tratamiento desigual, desproporcionado e injustificado que la ley prevé para los interesados en obtener una concesión y un permiso, máxime que los permisionarios, en términos de lo que dispone el artículo 13 de la Ley Federal de Radio y Televisión son estaciones oficiales, culturales, de experimentación y escuelas radiofónicas, siendo este sector el que verdaderamente delibera los asuntos centrales de la vida pública y democrática y de forma sustancial permite la difusión de opiniones e ideas, aportando al desarrollo del país. Sobre el particular, debe recordarse que la Constitución prevé que al desarrollo económico nacional, deben concurrir con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado (artículo 25 constitucional). Por su parte, la Ley Federal de Radio y Televisión precisa que como reflejo del dominio directo del Estado sobre el espacio territorial, éste debe proteger y vigilar esta actividad, considerada como de interés público, con el objeto de asegurar el cumplimiento de su función social y es precisamente este criterio social más que el comercial, el que debe regir (en principio) al servicio de la radiodifusión, criterio que no parece ser el observado por el legislador en las reformas que se hicieron a la ley antes mencionada. 1.3.2 Materia de Igualdad respecto de los pueblos y comunidades indígenas. Como se explica en el punto anterior, la materia de igualdad en las disposiciones que nos ocupan versan sobre los derechos que se tienen para ser concesionario o permisionario para la explotación y aprovechamiento de una banda de frecuencia del espectro radioeléctrico para el servicio de radiodifusión. El principio de igualdad reconoce las situaciones particulares de grupos sociales determinados y establecen que las mismas, han de reconocerse a fin de colocarlos en una situación, que les permita el ejercicio de sus derechos en una situación de igualdad, en otras palabras reconoce que se debe tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales y, por consiguiente, evitar que determinadas situaciones propicien efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, así lo ha establecido la siguiente jurisprudencia: ‘IGUALDAD LÍMITES A ESTE PRINCIPIO.’ (se transcribe). Atendiendo a este principio, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce la situación particular en la que se encuentran los pueblos y comunidades indígenas y en su artículo 2o. constitucional, fracción VI establece un mandato a la Federación de crear condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas puedan adquirir, administrar y operar sus propios medios de comunicación. Así, estos sectores desprotegidos de la sociedad requieren una mención expresa de sus derechos para lograr una igualdad objetiva. En este sentido, no basta con que la norma no les prohíba realizar una conducta para estimar que esta garantizado el derecho, puesto que estos grupos vulnerables requieren una mención expresa de la protección de que gozan para oponerla tanto a las autoridades como a los demás gobernados. El reconocimiento de la situación particular de los pueblos indígenas no aparece en ninguna disposición de los artículos que se impugnan ni en materia de concesiones (17-E y 17-F), ni en materia de permisos, con lo que se vulnera la garantía de igualdad de estos pueblos y por consiguiente las atribuciones del Municipio a apoyarlos en la obtención de concesiones y permisos. Segundo concepto de invalidez. Violación a los artículos 8o., 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo 6o. del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); artículos 13 y 23.1 (a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y artículo 5o. (c) de la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, respecto al Derecho a la Consulta y a la Participación de los Pueblos y Comunidades Indígenas, atendiendo lo que se expone a continuación: Las autoridades demandadas con sus actos violan los citados preceptos constitucionales, en virtud de que aprobaron una reforma constitucional que afecta a los pueblos indígenas, toda vez que no se brindaron las condiciones básicas legales para la toma de decisiones sobre proyectos que les afectaban. A mayor abundamiento, los pueblos indígenas no fueron consultados en el proceso de reforma legislativa, no obstante la solicitud que con base en el artículo 8o. constitucional lo solicitaron por conducto del Consejo Consultivo de la CDI, como se refiere en el numeral 8o. del capítulo de antecedentes de esta demanda, afectando de manera directa sus derechos reconocidos en la propia Constitución y en varios tratados internacionales. En efecto, la participación de los pueblos indígenas en relación con su derecho a decidir cuáles son sus prioridades y, por consiguiente, para influir en la elaboración de las políticas públicas indígenas constituye un desafío irrenunciable para la democratización mexicana, si en verdad se requiere atender las demandas históricas de los pueblos indígenas. En este sentido, el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión, al no cumplir con las garantías procedimentales, es violatorio de lo que se establece en los artículos 14, 16 y 133 constitucionales, respecto al debido proceso, toda vez que el H. Congreso de la Unión no cumplió de forma efectiva con la obligación de consulta a los pueblos indígenas en los términos que establece el derecho nacional e internacional. El derecho a la consulta y a la participación de los pueblos y comunidades indígenas, es reconocido internacionalmente. La Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racional, ratificada por el Estado mexicano en el año de 1975, establece en su articulado 5o.: ‘... Los Estados parte se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color, origen nacional o ético, particularmente en el goce de los derechos siguientes: ... c) Los derechos políticos, en particular ... el de participar en el gobierno y en la dirección de los asuntos públicos en cualquier nivel ...’. Son distintos los instrumentos internacionales que México ha suscrito para la protección de los derechos de los pueblos indígenas que por consecuencia lo obligan al cumplimiento de los mismos. En este orden de ideas, el Convenio 169 es considerado el estándar de protección más alto en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas. El artículo 6o. del multicitado convenio, establece una serie de garantías procedimentales al derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, en los actos legislativos susceptibles de afectarles directamente. Dicho articulado, establece que al aplicar las disposiciones contenidas en el convenio, los gobiernos deberán, entre otras: a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y, en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Aunado a lo anterior, el Estado mexicano, se encuentra vinculado a las disposiciones del Convenio 169, toda vez que en los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados se establece que ‘todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe’ y ‘una parte no podrá invocar disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.’. Ahora bien, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981, dispone en su artículo 13: ‘Artículo 13.’ (se transcribe). Por su parte el artículo 29 establece las siguientes normas para la interpretación de la convención: ‘Artículo 29.’ (se transcribe). En consecuencia, de las disposiciones previamente transcritas se establece literalmente que quienes están bajo la protección de la convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a ‘recibir’ informaciones e ideas, de donde resulta que el derecho protegido por el artículo 13 tiene un alcance y un carácter especiales. Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión. En efecto, ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a reconocer la expresión del pensamiento ajeno. En su dimensión individual, la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. Cuando la convención proclama que la libertad de pensamiento y expresión comprende el de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20774-d7290984/controversia-constitucional-los-municipios-carecen-de-interes-legitimo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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