Corpus
Modo: Corpus Pro

MAGISTRADOS DE PLAZO CUMPLIDO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA. EL ACUERDO DE 25 DE ABRIL DE 2006 EXPEDIDO POR EL PODER LEGISLATIVO ESTATAL, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 4 DE MAYO SIGUIENTE, QUE FIJA LAS BASES PARA QUE UNA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS REALICE LA EVALUACIÓN Y DICTAMINE SOBRE LA RATIFICACIÓN O NO DE AQUÉLLOS, SIN PREVER UN PROCEDIMIENTO INTEGRAL PARA TODOS LOS MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL ESTATAL, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. MAGISTRADOS DE PLAZO CUMPLIDO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA. EL PUNTO TERCERO QUE RIGE EL CONSIDERANDO 9, FRACCIONES II A VIII, QUE PREVÉ LA REALIZACIÓN DE VISITAS DE INSPECCIÓN A LA SEDE DE CADA UNO DE ELLOS, DEL ACUERDO DE 25 DE ABRIL DE 2006 EXPEDIDO POR EL PODER LEGISLATIVO ESTATAL, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 4 DE MAYO SIGUIENTE, QUE FIJA LAS BASES PARA QUE UNA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS REALICE LA EVALUACIÓN Y DICTAMINE SOBRE LA RATIFICACIÓN O NO DE TALES SERVIDORES PÚBLICOS, TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 17 Y 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 107/2006. · Registro digital (IUS): 20036
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Marzo de 2007, , Pág. 1290.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 107/2006. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO

GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIA: SOFÍA VERÓNICA ÁVALOS DÍAZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día ocho de enero de dos mil siete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el dos de junio de dos mil seis, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, licenciado Luis Aquiáhuatl Hernández, promovió demanda de controversia constitucional en la que impugnó el acuerdo de veinticinco de abril de dos mil seis, expedido por el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el cuatro de mayo de dos mil seis, mediante el cual se fijan las bases para que la Comisión Especial de Diputados realice la evaluación y ratificación de los Magistrados de plazo cumplido, integrantes del mencionado órgano jurisdiccional.

SEGUNDO. El Municipio actor narró como antecedentes del caso, los siguientes:

"1. Antecedentes del acto cuya invalidez se demanda: A. Con fecha trece de octubre del año dos mil cinco nuestro Máximo Tribunal Federal, emitió ejecutoria en la controversia constitucional 4/2005 determinando en sus puntos resolutivos lo siguiente: ‘PRIMERO. Es procedente y fundada la presente controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. SEGUNDO. Se declara la invalidez del dictamen emitido por el Congreso Local en sesión extraordinaria de veintinueve de enero de dos mil cinco, en el que determinó no ratificar a Verónica Alma Yolanda Camarillo López, Sandra Juárez Domínguez, José Rufino Mendieta Cuapio, Carlos Bertín Vázquez Paúl, Luis Aquiáhuatl Hernández, Marcelino Tlapale Pérez y Ricardo Eulalio Pérez Zárate, como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. TERCERO. Se declara la invalidez de la convocatoria impugnada, así como de su modificación, emitidas por el Congreso Local y publicadas el nueve de diciembre de dos mil cuatro y veintiséis de enero de dos mil cinco, respectivamente, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. CUARTO. Se declara la invalidez de la designación de Magistrados realizada por el Congreso Local, para integrar el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, durante el periodo del primero de febrero de dos mil cinco al treinta y uno de enero de dos mil once, publicada en el Periódico Oficial del Estado el dos de febrero de dos mil cinco. QUINTO. Se declara la invalidez del Decreto 2, por el que se derogó el punto de acuerdo, por el que se emitió la fe de erratas publicada el doce de enero de dos mil dos en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, relativa al Decreto 157, por el que se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. ...’. Para dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito el Congreso Estatal por medio del Decreto Número 71 invalidó los actos señalados, pero además, creó una comisión especial para encargarse de la ratificación de los Magistrados de plazo cumplido. B. Con fecha cuatro de mayo de dos mil seis, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el acuerdo de fecha veinticinco de abril del año en curso, mediante el cual la Comisión Especial de Diputados que se encargara de evaluar y dictaminar, sobre la ratificación o no; de los Magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala de plazo cumplido. Presentó ante el Pleno del Congreso el proyecto que después se convertiría en el acuerdo que se combate en el cual se encargaría de: ‘a) Diseñar el procedimiento bajo el cual, deberán ser evaluados los Magistrados cuyo nombramiento es de plazo cumplido en términos de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ejecutoria de la controversia constitucional 4/2005, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; b) Evaluar de forma individualizada y personalizada el desempeño de los Magistrados de plazo cumplido que integran el Tribunal Superior de Justicia del Estado; c) Allegarse de la información que resulte necesaria; d) En su oportunidad, emitir de forma individualizada y por Magistrado evaluado, el dictamen correspondiente; en el que se decida sobre su ratificación o no, dictamen que se someterá a la aprobación del Pleno de esta soberanía.’ (Enseguida reproduce los resultandos, considerandos y puntos resolutivos del acuerdo impugnado)."

TERCERO. El tribunal actor estimó violados en su perjuicio los artículos 13, 17, párrafo tercero, 41, primer párrafo, 49 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y formuló los siguientes conceptos de invalidez:

"III. Conceptos de invalidez. El acto que se reclama resulta inconstitucional, como se pasa a demostrar: A. El acuerdo de fecha veinticinco de abril del año dos mil seis, fue expedido por el Congreso Local sin respetar los postulados del artículo 13 de la Constitución Política Federal, ya que dentro del procedimiento inmerso en él, específicamente en el capítulo de las etapas y precisiones (foja 8 del Periódico Oficial del Estado) hace el señalamiento que ‘La primera de las actividades consistirá en ordenar que se forme y registre un expediente individualizado y personal, por cada uno de los Magistrados que sean de plazo cumplido ...’. Pasando por alto que la apertura de los expedientes de los Magistrados no es privativa de los Magistrados de plazo cumplido; sino, que debe ser realizado para todos y cada uno de los Magistrados que integran en este caso el Tribunal Superior de Justicia; ya que al no hacerlo se transgrede la garantía de igualdad consagrada en el numeral 13 de nuestra Carta Magna y convierte al procedimiento inmerso en el acuerdo que se combate, en un procedimiento especial y privativo, mismo que está prohibido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. B. El acuerdo de fecha veinticinco de abril del año dos mil seis, fue expedido por el Congreso Local sin respetar los postulados del artículo 116 Constitucional Federal, violentando con ello, además, el principio de división de poderes, produciendo inestabilidad e inseguridad entre los miembros que integran el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y en la sociedad misma; ya que a partir de que fue publicado el acuerdo de fecha veinticinco de abril del año dos mil seis, en el periódico de mayor circulación en el Estado ‘El Sol de Tlaxcala’, el día veintiséis de abril del año dos mil seis, el Congreso Estatal ha desatado un ataque contumaz hacia los integrantes de este Poder Judicial Estatal, tratándolos como sus subordinados; ya que por medio de una comisión especial creada ex profeso denominada comisión especial, pretende justificar la inconstitucional actuación del Congreso, que a todas luces es violatorio del Texto Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, creando o buscando crear, causal alguna que haga nugatoria la ratificación de los actuales Magistrados integrantes del honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, creando en este acuerdo, términos y requisitos a los que pretende someterlos, máxime aún pretende introducir en este acuerdo las condiciones para la permanencia de los integrantes del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, introducción que por sí sola representa una violación al texto expreso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la cual de manera literal en su artículo 116, fracción III, párrafo segundo, señala: ‘La independencia de los Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizado por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados’, y es el caso que en el mencionado acuerdo en su parte considerativa del numeral 6 hace referencia en la línea 12 de su primer párrafo a que se requiere, que quede plenamente acreditado ‘que durante su desempeño, el Magistrado objeto de la evaluación y que pretenda ser ratificado, tiene una vocación inquebrantable al servicio de la impartición de justicia; que no descuidó su función o el desempeño de las labores propias de la misma; que no abandonó el cargo por las actividades o pretensiones ajenas a la judicatura ...’, condición de carácter subjetivo que implicaría que si se pide cualquier licencia para resolver asuntos de carácter personal el Magistrado que así lo hubiere hecho ya no podrá ser ratificado, posición ésta que va en contra de la lógica más simple y desde luego enaltece lo expresado por el artículo 116, en que las condiciones de manera imperativa se ubiquen ya sea en las Constituciones Locales o en las leyes orgánicas respectivas, no dando causa a que de manera arbitraria y caprichosa se manejen este tipo de actuaciones. C. Con esta actuación se hace nugatoria la plena independencia de los tribunales superiores de justicia misma que enmarcada en el artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: ‘Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.’. Por lo que hace a la violación al artículo 41 primer párrafo y 49 del Texto Constitucional Federal, que hacen alusión a los Poderes Constituidos y a la división de estos poderes entendiendo por esto último una coordinación de funciones entre éstos y ningún indicio respecto a la subordinación de cualquiera de ellos. Se puede constatar que con su actuar el Congreso del Estado violenta estos postulados ya que como se deja ver en el acuerdo que se combate el procedimiento al cual alude el acuerdo, coloca al Poder Judicial del Estado, valga la redundancia, en un estado de subordinación, además de crear un Consejo de la Judicatura respecto a sus funciones, aunque no de su integración recayendo tal designación en una comisión creada ex profeso por el Congreso Local, en donde se puede advertir que las facultades otorgadas en el citado acuerdo permite a tal comisión convertirse en un órgano fiscalizador del Poder Judicial Estatal; ya que sin la autorización o solicitud de permiso alguno puede realizar visitas cuantas veces quiera, desde luego violentando la independencia y autonomía del Poder Judicial Estatal, basta remitirse a lo establecido por la tesis de jurisprudencia P./J. 108/2000, emitida por el Pleno y publicada en la página 13 del Tomo XII, octubre de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe para tener por demostrado lo anterior: ‘MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. EN LA INTERPRETACIÓN DE SUS CONSTITUCIONES, EN LA PARTE RELATIVA A SU DESIGNACIÓN, DEBE OPTARSE POR LA QUE RESPETE LOS PRINCIPIOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe). Ya que como ha sido sostenido por este Máximo Tribunal en diversos criterios no es permitida la injerencia en el funcionamiento u organización de los Poderes Judiciales de ningún otro poder, así también lo dice la tesis de jurisprudencia P./J. 80/2004, emitida por el Pleno y publicada en la página 1122 del Tomo XX, septiembre de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe para tener por demostrado lo anterior: ‘DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.’ (se transcribe). Esto con la intención de que la seguridad, la independencia y autonomía de los Poderes Judiciales se vea violentada por poder ajeno alguno. D. El acuerdo que se combate contraría el espíritu del artículo 116 constitucional ya que, como puede observarse en la foja 8 del Periódico Oficial Número extraordinario de fecha cuatro de mayo de dos mil seis de manera específica en el título que hace alusión a ‘La visita se desarrollará conforme a los siguientes puntos: ... 3. Revisión de expedientes judiciales al azar; en los que haya intervenido el Magistrado visitado ...’. Cabe precisar a este Alto Tribunal de la nación que el procedimiento es contrario a lo establecido en el artículo 116, el cual señala que la actuación de los Magistrados deberá ser continua y permanente y en el citado procedimiento hace el señalamiento que se dejaría al azar tal actuación con la finalidad de realizar lo más pronto posible la evaluación de los Magistrados de plazo cumplido convirtiendo su permanencia, que debe basarse en función de sus actuaciones, en un azar al determinar que al azar realizarán la revisión de expedientes, siendo esto contrario, como ya fue dicho, al espíritu del artículo 116. E. El acuerdo de fecha veinticinco de abril del año dos mil seis es violatorio del principio de la división de poderes consagrado en los artículos 41 y 49 de nuestra Constitución Política Federal, ya que basta la simple lectura de la última parte, del último párrafo de la página 7 del Periódico Oficial Número extraordinario de fecha veinticinco de abril del año dos mil seis, que a la letra dice: ‘Para tal evaluación, debe seguirse un procedimiento semejante al que emplea el Consejo de la Judicatura Federal para la ratificación de Jueces y Magistrados, a través de una previa evaluación objetiva, producto de haber revisado la actuación de tales funcionarios ...’. Reforzando tal aseveración en la página siguiente del mismo órgano de información oficial, en el título que denomina: ‘La visita se desarrollará conforme a los siguientes puntos: 1. Lista de asistencia del personal de apoyo de la presidencia del tribunal y de la ponencia de cada Magistrado, en su caso; 2. Revisión de libros de gobierno y expedientes personales de cada Magistrado; 3. Revisión de expedientes judiciales al azar; en los que haya intervenido el Magistrado visitado. Tales expedientes son aquellos en que constan las resoluciones judiciales; así como los de quejas administrativas; expedientes laborales, respecto del personal que haya trabajado en el Tribunal Superior de Justicia, que hayan sido separados de sus funciones; todo con el propósito de que la inspección, sea lo más integral posible. Se revisarán los expedientes en donde han intervenido; las quejas administrativas presentadas en su contra, que implica revisar el libro de registro y radicación de las quejas administrativas, el número de quejas administrativas, el trámite que se ha seguido; la resolución recaída sobre esas quejas; los recursos y amparos promovidos en contra de la resolución de las quejas administrativas; se analizará el libro de las actas de las sesiones; todo esto desde el inicio de sus funciones, hasta antes del dictamen de evaluación. Durante todo el tiempo de la visita de cada Magistrado tendrá expedito su derecho de audiencia, para alegar lo que estime pertinente, y en su caso, ofrecer pruebas que le favorezcan, dentro del término de diez días hábiles, una vez concluida la visita. 4. Revisión de los expedientes que señalen los litigantes, las partes o los interesados, en su caso. 5. Recabar la opinión colectiva e individual del personal de apoyo, respecto de la conducta y el trato del Magistrado correspondiente. 6. Durante el periodo de visitas, se recibirán quejas de los litigantes e interesados y en su caso, escritos por los que éstos manifiesten si el Magistrado respectivo tiene o no los méritos, para ser ratificado. 7. En la revisión de expedientes, se verifican el cumplimiento de los términos judiciales y el fondo o el sentido del fallo respectivo, con el fin de constatar que durante su actuación en el encargo que han venido desempeñando, resolución conforme a derecho; con la alta capacidad que se requiere; que han cumplido con las obligaciones y atribuciones que señalan las disposiciones constitucionales y legales aplicables; comprendiendo todo aquello inherente a su desempeño y a la función de Magistrado.’. Como puede observarse por ese Alto Tribunal en precepto alguno del procedimiento del acuerdo de fecha veinticinco de abril de dos mil seis, se hace el señalamiento de la solicitud o requerimiento del Pleno del Congreso, menos de la comisión, tampoco al Pleno, ni a la Comisión de Gobierno Interno y Administración del Tribunal Superior de Justicia, para llevar a cabo las diligencias inmersas en el citado acuerdo, menos aún hace referencia a la coordinación con los órganos de gobierno del Poder Judicial Estatal para las fechas y horarios de las visitas que pretende realizar empero autoriza y da facultad a los encargados de tal diligencia que en caso de no estar presente el Magistrado sujeto a visita, llevarla a cabo de mutuo propio (sic) es decir, sin autorización ni permiso de los órganos de gobierno del Poder Judicial Estatal revisa expedientes, pasa lista a los auxiliares del Magistrado ausente. Esto en total violación al principio de división de poderes establecido en nuestra Carta Magna, para estar en aptitud de corroborar lo anterior se demuestra con la tesis jurisprudencial P./J. 81/2004, emitida por el Pleno y publicada en la página 1187 del Tomo XX, septiembre de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: ‘PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS.’ (se transcribe). Con su actuar en la revisión del procedimiento de su acuerdo se transgrede el ámbito competencial del Poder Judicial Estatal, ya que es explícito al señalar y actuar, que en caso de no encontrarse el Magistrado al cual se visita se realizará tal visita trayendo esto consigo que pasará lista a los miembros de la Sala, revisará expedientes, etcétera. Es decir, que no sólo tienen potestad los designados por la comisión especial sobre los Magistrados a visitar sino que la tendrán con todo el personal del Poder Judicial Estatal. Convierte por analogía a la comisión especial de evaluación en un Consejo de la Judicatura cuya naturaleza y objeto fue la de eliminar la carga administrativa a nuestro Máximo Tribunal, siendo una institución inmersa en nuestro Poder Judicial Federal; ya que de lo contrario se crearía un poder subordinado a otro, el cual, podría inmiscuirse en el funcionamiento y organización del subordinado, situación no permitida por nuestra Carta Magna, la cual es clara y menciona una real y efectiva división de poderes, sin subordinación de ninguno de los tres a otro de ellos. Y es el caso que al compararse a la comisión especial con las funciones del Consejo de la Judicatura esta comisión violenta los principios consagrados en nuestro Texto Constitucional Federal de la división de poderes; ya que las funciones de los Consejos de la Judicatura son por natura funciones de los Poderes Judiciales. Lo anterior se ilustra con el contenido de la tesis jurisprudencial P./J. 79/2004, emitida y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe para tener por demostrado lo anterior: ‘PODERES JUDICIALES LOCALES. LA VULNERACIÓN A SU AUTONOMÍA O A SU INDEPENDENCIA IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES.’ (se transcribe). Estos hechos los realiza el Congreso del Estado sin fundamento legal alguno, apoyándose únicamente en el acuerdo que se combate por inconstitucionalidad, y que es violatorio de la autonomía e independencia del Poder Judicial y constituye un atentado al principio de la división de poderes. En vista de las consideraciones vertidas y en aras de la protección de la independencia y autonomía de que gocen los Poderes Judiciales Estatales, es que solicito a ustedes señores Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se declare inválido el acuerdo que constituye el acto que se reclama; así como los actos derivados del mismo que además de transgredir la independencia y autonomía de los Poderes Judiciales transgrede también el principio de división de poderes."

CUARTO. Por auto del cinco de junio de dos mil seis, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, que le correspondió el número 107/2006 y, por razón de turno, designó como instructor al señor Ministro Juan Díaz Romero.

QUINTO. Por auto de seis de junio de dos mil seis, el Ministro instructor admitió la demanda, reconoció el carácter de demandado en la presente controversia constitucional al Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, emplazándolo por el término de treinta días hábiles para su contestación; de conformidad con la ley que rige el procedimiento de las controversias constitucionales se dio vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera, se le tuvo al promovente con la personalidad que ostenta, por señalado el domicilio que indica en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, por autorizados a los que menciona, y por ofrecidas como pruebas copias certificadas de las documentales que menciona en su demanda, y en relación con la solicitud de suspensión, con la totalidad de las documentales que fueron agregadas en autos, se formó el cuaderno incidental.

SEXTO. Mediante oficio presentado el veintisiete de junio de dos mil seis, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el diputado Leopoldo Toache García, ostentándose como presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Tlaxcala, contestó la demanda respectiva en los siguientes términos:

"Causales de improcedencia. De forma anterior a la contestación, me permito invocar las siguientes causales de improcedencia dentro de la presente controversia constitucional. En el presente caso operan las causales previstas en las fracciones I, III y IV del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Contestación de demanda. 1. En primer lugar, manifiesto que es cierto lo siguiente: Que se inició un procedimiento de evaluación para resolver si los Magistrados de plazo cumplido, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, son ratificados o no; previa evaluación objetiva. Para ello, se emitió el Decreto Número 71, por parte de esta Legislatura Local, el catorce de febrero del año en curso, que creó, conforme a sus facultades constitucionales y legales, una comisión especial para ese efecto. Igualmente, el veinticinco de abril de dos mil seis, se emitió por este Congreso Estatal, un acuerdo que establece el procedimiento para evaluar a los Magistrados de plazo cumplido. 2. Los anteriores actos, esto es, el mencionado decreto 71 y el acuerdo que aprueba dicho procedimiento para proceder a la evaluación de los Magistrados de plazo cumplido, jurídicamente se sostienen por los propios razonamientos, consideraciones y argumentos que en ellos se establecieron. Todo ello en concordancia y siguiendo los lineamientos ordenados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dictó al resolver la controversia constitucional 4/2005. 3. Asimismo, como se acredita con los documentos que se anexan, el decreto número 71 y el acuerdo de veinticinco de abril del año en curso, en donde se estableció el procedimiento de evaluación; sólo comprende a siete Magistrados que son de plazo cumplido, a saber: Carlos Bertín Vázquez Paúl, Marcelino Tlapale Pérez, José Rufino Mendieta Cuapio, Sandra Juárez Domínguez, Ricardo Eulalio Pérez Zárate, Luis Aquiahuatl Hernández y Verónica Alma Yolanda Camarillo López. El primero de los nombrados, aceptó expresamente tal procedimiento de evaluación e inclusive, a la fecha, ya rindió su informe y sólo está en espera del dictamen final; Ricardo Eulalio Pérez Zárate y Verónica Alma Yolanda Camarillo López, aceptaron la visita de inspección y la evaluación; además de que a la fecha ya rindieron el informe correspondiente que fue solicitado por la comisión evaluadora de este Congreso que represento. El Magistrado Marcelino Tlapale Pérez, en principio aceptó la visita de inspección y la evaluación cuando se le practicó tal visita. Empero con fecha 25 de mayo último, presentó un escrito dirigido al Congreso del Estado y a la comisión especial, expresando que no rendiría su informe y solicitando su ratificación. De ello se colige, que sólo se oponen a la evaluación, indispensable para que el Congreso se pronuncie por su ratificación o no, tal como está ordenado en la ejecutoria dictada dentro de la controversia constitucional 4/2005 que se cumple: El promovente de la presente controversia Luis Aquiahuatl Hernández; así como los Magistrados José Rufino Mendieta Cuapio, Sandra Juárez Domínguez y Marcelino Tlapale Pérez. Por ende, se considera que es improcedente la presente controversia, porque, contrario a lo que sostiene el promovente no se causa agravio alguno al Poder Judicial del Estado de Tlaxcala; pues se trata de actos encaminados hacia personas individuales en su calidad de Magistrados del referido tribunal (de plazo cumplido) como se ordenó en la ejecutoria de mérito. 4. Previamente quiero precisar, que la postura de los cuatro Magistrados antes citados y que se oponen a la evaluación, es en el sentido de que, según lo han declarado a los medios de comunicación: ya operó en su favor la ratificación tácita; que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso del Estado que los ratifique; que ya hubo una evaluación y no pueden ser evaluados por segunda vez; que les beneficia la omisión legislativa señalada en esa ejecutoria y no fueron evaluados cada año. En cambio, el Congreso del Estado, para interpretar la ejecutoria de la controversia ya aludida y como se desprende de las actuaciones que se anexan, apegado estrictamente a derecho y con toda la buena fe que se requiere, llevó a cabo una interpretación integral de esa ejecutoria, llegando a la conclusión de que: ‘resolver conforme a derecho’, como se ordena en esa ejecutoria; consiste en resolver bien, en forma fundada y motivada; pero para ello se requieren elementos y bases, que sólo proporciona la correspondiente evaluación previa y objetiva. Que inclusive, la ejecutoria de mérito, dice que este Congreso debe ajustarse a lo que se establece en ella, en cuanto al concepto y requisitos de la ratificación. Por ello, es que todos los razonamientos y argumentos o consideraciones del decreto 71 y del acuerdo de veinticinco de abril del año en curso que estableció el procedimiento de evaluación, se apoyan en lo que señala tal ejecutoria. Dicho de otro modo, este Congreso retomo o hizo suyos, todos los argumentos jurídicos de tal ejecutoria. Efectivamente, se creó una comisión especial para esa evaluación, en uso de las facultades constitucionales y legales de esta soberanía y para cumplir con la ejecutoria que se viene mencionando; en la cual se ordenó resolver conforme a derecho y siguiendo los lineamientos de la misma; debido a que, como se sostiene en esa ejecutoria, la legislación local tlaxcalteca carece de disposiciones constitucionales y legales que establezcan un procedimiento de evaluación para ratificar o no a los Magistrados; lo que no exime a éstos de esa evaluación necesaria, que va de la mano con la resolución que se dicte respecto de la ratificación o no; ya que tal evaluación objetiva, es un presupuesto previo, un requisito sine qua non, porque en nuestro país así lo exige la política y la práctica judicial; sin que a la fecha se tenga conocimiento de otro mecanismo más eficiente para ello. Ahora bien, a continuación me paso a referir a cada uno de los puntos de hechos que señala el promovente de la presente controversia constitucional, así como a sus conceptos de invalidez. No sin antes señalar que tales hechos, argumentos y conceptos de invalidez, son los mismos que se esgrimen en la queja derivada de la controversia constitucional 4/2005, por lo que pido que primero se resuelva tal queja; o que salvo mejor criterio del Ministro instructor y del Pleno de este Alto Tribunal, dicha queja y la presente controversia se resuelvan en la misma sesión; que por ello también la presente controversia resulta improcedente. Es cierto, que el Congreso que represento aprobó el acuerdo de evaluación para la ratificación o no de los Magistrados de plazo cumplido. Sin embargo, el promovente de la controversia, según se demuestra a continuación, realiza una interpretación no integral del texto del mismo. Y, desde este momento sostengo que no se vulnera la autonomía ni la independencia del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala; no se atenta contra la estabilidad del empleo de los Magistrados de plazo cumplido; procede la aplicación analógica de los mecanismos, procedimientos y práctica que emplea el Poder Judicial Federal y no se viola el artículo 17 y la fracción III del diverso 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni se subordina al Poder Judicial del Estado. El promovente de la controversia, después de narrar los antecedentes y transcribir el texto del decreto 71, emitido por el Congreso que represento, así como el acuerdo de veinticinco de abril del año en curso, mediante el cual se aprobó el procedimiento para la evaluación de Magistrados de plazo cumplido; considera que se violan los artículos 13, 17, párrafo tercero, 41, primer párrafo, 49 y 116, fracción III, de la Constitución Federal. A) Así las cosas, en el primer concepto de invalidez marcado con el inciso A), aduce que el Congreso demandado pasa por alto que deben aperturarse expedientes personales para cada uno de los Magi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20036-5f70c600/magistrados-de-plazo-cumplido-del-tribunal-superior-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.