CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y DEROGA EL DIVERSO POR EL QUE SE CREA LA VENTANILLA ÚNICA "SEDUVI-SITE" (SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA-SISTEMA INTEGRAL DE TRÁMITES ELECTRÓNICOS) DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN URBANA, PARA LA RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE TRÁMITES A LAS QUE SE REFIERE LA LEY DE DESARROLLO URBANO LOCAL Y SU REGLAMENTO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2007, AL HABERSE EXPEDIDO POR EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, NO VULNERA LOS ARTÍCULOS 122, APARTADO C, BASE TERCERA, FRACCIONES I Y II, Y 133 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EN LA VENTANILLA ÚNICA "SEDUVI-SITE" (SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA-SISTEMA INTEGRAL DE TRÁMITES ELECTRÓNICOS) DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, SE PUEDAN RECIBIR SOLICITUDES DE TRÁMITES NO REGULADOS POR EL ACUERDO QUE CREA AQUÉLLA, NO IMPLICA UNA INVASIÓN A LAS ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS NI DE ALGÚN OTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE AQUELLA ENTIDAD, PUES DICHO ACTO SÓLO ENTRAÑA LA RECEPCIÓN DE LA PETICIÓN, LO QUE NO GENERA EFECTO JURÍDICO ALGUNO, Y SU REMISIÓN A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE PARA LA CONTINUACIÓN DEL TRÁMITE. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FACULTAD DE LA VENTANILLA ÚNICA "SEDUVI-SITE" (SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA-SISTEMA INTEGRAL DE TRÁMITES ELECTRÓNICOS) DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, PARA RECIBIR LAS SOLICITUDES DE TRÁMITES A LAS QUE SE REFIERE LA LEY DE DESARROLLO URBANO LOCAL Y SU REGLAMENTO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2007, AL NO SER ABSOLUTA E IRRESTRICTA, NO INVADE LA ESFERA COMPETENCIAL DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE ESA ENTIDAD.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 76/2007. DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL.
MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIO: ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día ocho de noviembre de dos mil diez.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de octubre de dos mil siete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gabriela Cuevas Barrón, jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Distrito Federal, promovió controversia constitucional en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal solicitando la invalidez del acuerdo por el que se reforma y deroga el diverso por el que se crea la Ventanilla Única de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el dieciocho de septiembre de dos mil siete.
SEGUNDO. Antecedentes. En su demanda, la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Distrito Federal, expresó como antecedentes del caso los siguientes:
"VI. Manifestación de los hechos o abstenciones que le consten al actor y que constituyan los antecedentes de la norma general o acto cuya invalidez se demande. Hechos. 1. El 2 de julio de 2006, los ciudadanos vecinos de la Delegación Miguel Hidalgo, de conformidad con lo ordenado por el artículo 122, apartado ‘C’, base tercera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en legítimo ejercicio de la prerrogativa que les concede la fracción I del artículo 35 de la propia Ley Fundamental, eligieron en forma universal, libre, secreta y directa a la C. Gabriela Cuevas Barrón como jefa delegacional en el órgano político administrativo desconcentrado del Gobierno del Distrito Federal en Miguel Hidalgo. 2. A partir de mi elección y posterior toma de protesta, he procurado ejercer las atribuciones y facultades a cargo de la Delegación Miguel Hidalgo con diligencia y eficacia, en cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, al igual que cada una de las unidades administrativas de la propia demarcación territorial, particularmente en materia de expedición de licencias y permisos de obra, construcción y desarrollo urbano, materias que constituyen la ratio de la presente demanda y en donde se considera que el jefe de Gobierno del Distrito Federal invade la esfera competencial de facultades y atribuciones reservadas por disposiciones reglamentarias a las Delegaciones del Distrito Federal. 3. El 18 de septiembre de 2007, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el siguiente: ‘Acuerdo por el que se reforma y deroga el diverso por el que se crea la Ventanilla Única de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal’, emitido por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, lo que constituye la materia de la presente controversia con el propósito de incoar demanda en contra de los actos del jefe de Gobierno consistentes en su promulgación, publicación y entrada en vigor, es decir, esta última al día siguiente de su publicación, en dicha gaceta, el 19 de septiembre del 2007. 4. Se demanda la invalidez en la vía y forma que se propone, relativa al ‘Acuerdo por el que se reforma y deroga el diverso por el que se crea la Ventanilla Única de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal’, del que se advierte que otorga facultades extralegales a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de su denominada Ventanilla Única Seduvi-Site (Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda-Sistema Integral de Trámites Electrónicos), la que depende de la Dirección General de Desarrollo Urbana (sic) y que con la simple ejecución de las atribuciones que en forma ilegal le otorga el jefe de Gobierno del Distrito Federal, mediante el acuerdo que por esta vía se impugna, con la simple promulgación, publicación y ulterior entrada en vigor, invade atribuciones reservadas a las Delegaciones Políticas del Distrito Federal y en particular a la Delegación Miguel Hidalgo como órgano político administrativo en materia de licencias de construcción y del desarrollo urbano."
TERCERO. Concepto de invalidez. La delegada de Miguel Hidalgo, Distrito Federal, en su único concepto de invalidez, manifestó lo siguiente:
"Único. Se hace consistir en la ilegal promulgación, publicación y ejecución del acuerdo denominado ‘Acuerdo por el que se reforma y deroga el diverso por el que se crea la Ventanilla Única de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal’, mismo que en la parte conducente establece: (se transcribe). En efecto, el acuerdo que antecede, deberá declararse inválido por nuestro Máximo Tribunal actuando como órgano de control para dirimir la presente controversia que se plantea, lo anterior es así, ya que el artículo 122 (establece la naturaleza jurídica del Distrito Federal) apartado C (relativo al Estatuto de Gobierno), base tercera (relativo a la organización de la administración pública en el Distrito Federal) (sic) fracciones I y II relativos a facultades y atribuciones, así como el régimen de gobierno, órganos político administrativos), en relación con la supremacía constitucional, así como la división de poderes en términos del artículo 133 de nuestra Carta Magna. Por su parte, el artículo 44 constitucional establece la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo. Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia. El jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá a su cargo el Ejecutivo y la administración pública en la entidad y recaerá en una sola persona, elegida por votación universal, libre, directa y secreta. La distribución de competencias entre los Poderes de la Unión y las autoridades locales del Distrito Federal se sujetará a las siguientes disposiciones: (se transcriben las fracciones I y II de la base tercera del apartado C del artículo 122 constitucional). Es pertinente entrar al estudio de lo previsto por el artículo 122, apartado ‘C’, base tercera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto en el que se contienen las bases a que habrá de sujetarse el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y, en consecuencia, el resto de las disposiciones subordinadas al mismo: En efecto, el artículo 122, apartado ‘C’, base segunda, fracción II, inciso a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: (se transcribe). De la redacción del precepto transcrito, apreciamos que el Constituyente hizo una evidente diferenciación entre los órganos centrales, desconcentrados y descentralizados de la administración pública del Distrito Federal, y los órganos político-administrativos de las distintas demarcaciones territoriales, dando a estos últimos un carácter y naturaleza distinta a la de los primeros. Asimismo, nuestra Carta Magna claramente determina como atribución del Poder Legislativo Local, y no del jefe de Gobierno, la facultad de fijar la competencia de los órganos político administrativos, la forma de integrarlos, su funcionamiento, así como las relaciones de dichos órganos con el jefe de Gobierno del Distrito Federal. Es así que la facultad del Ejecutivo Local al emitir acuerdos, debe sujetarse a la estructura normativa sobre la que descansa el régimen normativo constitucional mexicano, esto es, que al emitir acuerdos, debe ajustarse a la legalidad y cumplimiento exacto de las leyes emitidas, en la especie por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en esta tesitura el acuerdo que se impugna se contrapone a diversas disposiciones de dicha estructura jerarquizada de normas, leyes y reglamentos que han emanado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se afirma que dicho acuerdo violenta las disposiciones constitucionales de mérito, porque con un simple acuerdo el jefe de Gobierno del Distrito Federal pretende legislar a modo para dar legalidad a las actuaciones de la Ventanilla Única denominada Seduvi-Site (Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda-Sistema Integral de Trámites Electrónicos) facultándola para recibir solicitudes de trámites a la que se refiere la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su reglamento. Es cierto, la facultad extralegal y arbitraria a que alude el acuerdo que se impugna por esta vía de controversia constitucional, no sólo invade la esfera de facultades y atribuciones reservadas a las delegaciones por disposiciones legales de derecho positivo vigentes y, por ello, se contraponen a las que ahora se otorgan a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, sino que además se constituyen en ilimitadas y trascienden a la esfera de competencia de otras unidades administrativas diversas a las de desarrollo urbano. Lo anterior se advierte de la simple lectura del acuerdo que se impugna, mismo que se ha citado con antelación para los efectos de una mejor comprensión de los conceptos de invalidez. Se expone en este concepto de invalidez, que el acuerdo en cuestión invade la esfera de competencia reservada a los órganos político-administrativos a través de sus diversas unidades administrativas que lo integran, ya que eventualmente la Ventanilla Única de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, tendría facultades de recibir las solicitudes de trámites previstos en la Ley de Desarrollo Urbano y su reglamento, mediante la creación de la Ventanilla Única Seduvi-Site, colocándose en apariencia como una simple oficina receptora de algunos trámites en particular; a saber los que se encuentran plenamente detallados en el acuerdo que se dejó asentado con antelación, pasando por alto que existen disposiciones legales que reservan la recepción y tramitación de algunos trámites en forma expresa a las Delegaciones del Distrito Federal. Con la finalidad de hacer evidente este concepto de invalidez, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, establece en su artículo 1o. que las disposiciones contenidas en el estatuto son de orden público e interés general y son norma fundamental de organización y funcionamiento del Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A su vez, la fracción III del artículo 12 del citado ordenamiento legal relativo a la organización política administrativa del Distrito Federal, reconoce en las delegaciones autonomía funcional para ejercer las competencias que les otorga el mismo estatuto y las leyes y, por su parte, los diversos artículos 87 y 104 del estatuto en comento, reconoce que las delegaciones son parte de la administración pública que tienen a su cargo atribuciones señaladas en dicho estatuto y en las leyes. En el mismo contexto el artículo 116 del estatuto en cita establece: (se transcribe). Por su parte, el artículo 117 alude a la competencia de las delegaciones y en concreto a las facultades de los jefes delegacionales en los siguientes términos: (se transcribe). Adicionalmente, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, que tiene por objeto establecer la organización de la administración pública del Distrito Federal, asigna las facultades al jefe de Gobierno y delegaciones entre otras autoridades o entidades de gobierno conforme a la Constitución Federal y el Estatuto de Gobierno en términos de los artículos 1o., 2o., tercer párrafo, 6o., 10, fracción XI y 11, doceavo párrafo. Establece la citada legislación que a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el despacho de las materias relacionadas con la reordenación y desarrollo urbano y promoción inmobiliaria y en forma específica proponer y vigilar el cumplimiento de las normas, así como regular la tramitación de permisos, autorizaciones y licencias previstas en la Ley de Desarrollo Urbano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24, fracción X, de la legislación de referencia en los siguientes términos: (se transcribe). En abundancia de facultades reconocidas a las delegaciones, tales como autonomía funcional en acciones de gobierno y su competencia territorial, así como el auxilio que requieren para el despacho de los asuntos de su competencia se encuentran consagradas en los artículos 37, 38, 39, fracción II (para expedir licencias de construcción y demolición), III (otorgar licencias de fusión y subdivisiones ), IV (expedir certificaciones de usos de suelo) y VIII (velar por el cumplimiento de la legalidad), este último se transcribe para efecto de fijar las facultades expresamente reconocidas a las delegaciones, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal: (se transcribe). Adviértase que existen disposiciones expresas que otorgan facultades específicas a las delegaciones en materia de obras y desarrollo urbano, lo que también se robustece con lo establecido por el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal que describe y asigna atribuciones a las Unidades Administrativas y a las delegaciones entre otros entes de la administración pública del Distrito Federal; además de las atribuciones generales que se establecen en este reglamento para las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, deberán señalarse las atribuciones específicas en los manuales administrativos correspondientes, entendiéndose dichas atribuciones como delegadas. Ahora bien, por su importancia para este concepto de invalidez, el artículo 126, fracción II (facultad de la DGODU para expedir licencias y registro de obras de construcción, demolición, etc.); III (expedir licencias de fusión, subdivisión y lotificación); IV (autorizar números oficiales y alineamientos), establece literalmente: (se transcribe). Por lo que hace a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en los preceptos legales que se vinculan con el concepto de invalidez, se establece: (se transcriben los artículos 1, fracción II, 8, fracción IV, 11, fracciones VII y XXIII, 12, fracciones IV, V y VI y 89, fracciones II, III y IV). De la lectura de los anteriores artículos, podemos alcanzar varias conclusiones, a saber: A) Que, en principio, todas las facultades de expedición de licencias relativas a las materias de obras y desarrollo urbano, en efecto se encuentran reservadas a las delegaciones como órganos político-administrativos y a sus unidades administrativas, en la especie, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. B) Que a la Secretaría de Desarrollo Urbano, dependiente del jefe de Gobierno del Distrito Federal, sólo tiene atribuciones de proponer y vigilar el cumplimiento de las normas, así como regular la tramitación de permisos, autorizaciones y licencias previstas en la Ley de Desarrollo Urbano. C) También se faculta a la Seduvi, para emitir opiniones en materia de procedencia de fusión, subdivisión o relotificación, asesorar y supervisar las delegaciones en la expedición de actos administrativos así como en la elaboración de lineamientos en materia de obras y desarrollo urbano. Es oportuno mencionar que en términos del artículo 12 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, tienen atribuciones expresas las delegaciones, al tenor de la fracción V. Recibir las manifestaciones de construcción e integrar el registro de las mismas en su delegación, conforme a los requisitos y la normativa aplicable. Lo anterior sirve como prueba fehaciente de la evidente invasión en la esfera de atribuciones que pretende el jefe de Gobierno del Distrito Federal con la emisión del acuerdo del que se duele la suscrita de ilegal, para que se determine su invalidez, debido a que si dicho acuerdo tiene como objeto básico que la creación de la Ventanilla Única Seduvi-Site, sirva como oficina receptora para la tramitación de los asuntos de la exclusiva competencia y atribución de las delegaciones, entonces se actualiza la controversia constitucional que se demanda en la vía y forma propuesta. Resultan aplicables la tesis siguiente: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe). En abundancia de argumentos de invalidez, cobra relevancia lo establecido por el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal mismo que en los artículos 127, fracciones I, II, III, IV y V, 134, 138 y 139, estos últimos (sic) a las atribuciones siempre de expedición de licencias a cargo de la autoridad receptora en la especie la delegación ante quien se tramitan las licencias, sin embargo por la oportunidad y relevancia se cita lo dispuesto por el artículo 127 en lo que interesa: (se transcribe el artículo 127, fracciones I, II, III, IV y V). Es de llamar la atención de este Tribunal Constitucional, que existen desde luego atribuciones y facultades expresas en los diversos ordenamientos legales relacionados con la materia de obras y desarrollo urbano que determinan con toda nitidez que las delegaciones tienen facultades para recibir solicitudes; por lo tanto, el acuerdo que se impugna es evidentemente violatorio de dichas disposiciones legales y, en consecuencia, de las facultades que por disposiciones derivadas de leyes y reglamentos correspondientes se encuentran reservadas para las delegaciones. En el anterior orden de exposiciones resulta lógico arribar a la conclusión que el acuerdo que crea la Ventanilla Seduvi-Site, deviene en violatoria de las disposiciones constitucionales que otorgan competencia a la Delegación Miguel Hidalgo para recibir y tramitar sus propios asuntos relacionados con la materia de obras y desarrollo urbano, por lo que debe declararse la invalidez de dicho acuerdo debido a que invade la esfera jurídica de atribuciones y competencias en agravio de la Delegación Miguel Hidalgo. Finalmente, también el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, atribuye facultades a las delegaciones para recibir las solicitudes de sus trámites en forma expresa, por tanto, lo acordado en el documento que promulga, publica y pretende ejecutar la responsable vulnera la legalidad constitucional, por lo tanto, debe decretarse la invalidez del acto por invadir la esfera de atribuciones y competencia de la Delegación Miguel Hidalgo. Para una mejor apreciación se transcriben los preceptos legales que ponen en evidencia lo antes señalado, en relación con lo establecido en el acuerdo que se impugna: [se transcriben los artículos 25, 52, 53, fracción I y 58, fracción I, inciso a), fracción III, inciso a)]. Por último, se advierte del acuerdo que se combate en vía de controversia constitucional que no sólo invade la esfera competencial de las delegaciones en la recepción y trámite de las solicitudes de los asuntos de sus competencias en las diversas demarcaciones del Distrito Federal por lo que hace a la materia por la cual se crea, sino que en forma arbitraria, pretende dicho acuerdo que la Ventanilla Única Seduvi-Site, por virtud de un acuerdo espurio, se constituya en una ventanilla para trámites in genere, es decir, que estaría recibiendo cualquier tipo de documento (con las consecuencias legales que ello trae aparejado en forma irresponsable sobre todo en materia administrativa), para que con posterioridad se remitiera a la unidad administrativa correspondiente, lo que per se deviene en ilegal e, incluso, estaría otorgando una ventaja indebida a alguna de las partes lo que puede constituir, incluso, la comisión de una conducta delictiva o la apología de un delito."
CUARTO. Admisión y trámite de la demanda. Por acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil siete, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y, con fundamento en los artículos 24 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81 del Reglamento Interior de este Alto Tribunal, ordenó enviar el expediente a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, a quien por cuestión de turno correspondió conocer como instructora.
Por auto de dieciocho de octubre de dos mil siete, la Ministra instructora tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional, en la que reconoció el carácter de autoridad demandada al jefe de Gobierno del Distrito Federal, ordenó su emplazamiento, mandó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación conviniera y, con relación a la solicitud de suspensión, ordenó formar el cuaderno incidental respectivo.
Asimismo, por auto de esa misma fecha, dictado en el cuaderno incidental de la presente controversia constitucional, con fundamento en el artículo 14, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General de la República, se acordó negar la solicitud de suspensión formulada por la jefa delegacional de Miguel Hidalgo, Distrito Federal.
QUINTO. Contestación de la demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el jefe de Gobierno del Distrito Federal contestó la demanda señalando, en síntesis, lo siguiente:
a) Niega que con el acuerdo impugnado se hayan otorgado facultades extralegales a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y que se hayan invadido atribuciones reservadas a las Delegaciones Políticas del Distrito Federal, en materia de licencias de construcción y desarrollo urbano.
b) Que la materia de la controversia debe circunscribirse a determinar la constitucionalidad del contenido del acuerdo impugnado, en relación con las materias de: a) licencias de construcción y desarrollo urbano; b) obras y desarrollo urbano; y, c) manifestaciones de construcción.
c) Que el concepto de invalidez es infundado, ya que con la expedición del acuerdo ahora impugnado no se invadió la esfera jurídica de atribuciones y competencias de la actora, toda vez que la Constitución General de la República, ni de forma expresa o implícita caracteriza a los órganos político-administrativos con algún atributo, sino que se limita a enunciar la existencia de estos entes públicos, señalando que los titulares que estarán al frente de ellos serán electos en forma universal, libre, secreta y directa, delegando en la ley secundaria los términos de la elección. Siendo claro que el Congreso de la Unión es el responsable, a través del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, de desarrollar los aspectos relativos a tales órganos.
d) Que el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en vigor dispone en su artículo 12, fracciones I, II, III y IV, como principios estratégicos de la organización política y administrativa del Distrito Federal, el establecimiento de los órganos político-administrativos en cada demarcación territorial, con autonomía funcional para ejercer las competencias que les otorga el propio estatuto y las leyes.
e) Que de los artículos 7, 8, 11, fracciones I, II y III, 12, fracciones I, II, III y IV, 42 fracciones XIV y XXIX, 52, 72, 87, 104, 105, 108, 112, 115, fracciones I a XII, 116 y 117, fracciones I a XII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, es de concluirse que los órganos político-administrativos en que se dividen las demarcaciones territoriales del Distrito Federal no tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, y no pertenecen a la administración pública central, ni siquiera bajo la modalidad de la descentralización administrativa, salvo en el caso excepcional previsto en el artículo 116 del citado estatuto, el cual dispone que las delegaciones son consideradas como órganos desconcentrados, en tanto lleven a cabo la ejecución de obras, la prestación de servicios públicos o la realización de actos de gobierno que tengan impacto en la delegación respectiva, cuando tales actividades originalmente hubieran correspondido a los órganos centrales de la administración pública del Distrito Federal.
f) Que la autonomía funcional que el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal confirió a las delegaciones debe entenderse como un atributo de carácter restringido a la normatividad, cuya fuente sea la ley, los reglamentos del jefe de Gobierno y las disposiciones generales de los demás órganos de dicha administración pública central, cuando legalmente estén autorizados para expedir este tipo de disposiciones. Por lo tanto, no les dotó de una potestad que les permitiera apartarse del orden jurídico normativo que expidiera la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y las secretarías del mismo, así como las demás dependencias que determine la ley.
g) Que el artículo 12, fracción III, del Estatuto de Gobierno confiere a las delegaciones sólo la posibilidad legal de que ejerzan la competencia que dicho ordenamiento y las demás leyes les confieren, sin la necesidad de una autorización previa de otra autoridad, sin embargo, esto no las releva de la obligación de observar las disposiciones reglamentarias y los acuerdos administrativos de carácter general de la administración pública central del Distrito Federal.
h) Que tanto el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, aprobado por el Congreso de la Unión, como la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, emanada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, obligan a los órganos político-administrativos a cumplir las disposiciones reglamentarias y los acuerdos generales que emitan, tanto el jefe de Gobierno del Distrito Federal como las secretarías y demás dependencias a él subordinadas.
i) Que la autonomía funcional de que gozan las delegaciones del Distrito Federal se encuentra sumamente atenuada, porque no les permite soslayar las disposiciones reglamentarias, así como los acuerdos administrativos de carácter general de la administración pública central, ya que el Estatuto de Gobierno circunscribió la autonomía de tales órganos a la observancia de la ley y de la normatividad que expidan las autoridades administrativas, desde el jefe de Gobierno hasta las secretarías, así como las demás dependencias que determine la ley.
j) Que fundó el Acuerdo por el que se reforma y deroga el diverso por el que se crea la Ventanilla Única de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en los artículos 12, fracciones V y VI, y 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2, 5, 14, 15, fracción II, 24, fracciones I, III, XVI, XVII, XIX y XX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, fracciones I a IV, 8, fracciones I a IV, 10, fracciones X y XI, 11, fracciones I, II, VIII, IX, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXX, XXXI, XXXVIII y XXXIX, 18, fracción VIII; y 5, 7, 49, fracciones VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVIII, XXXI, XXXVI y XXXVII y 50, fracciones I, IV, VI, IX, X, XIV, XVIII, XX, XXXVI y XLV, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal.
k) Que cobra especial importancia el artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el cual dispone que el jefe de Gobierno es el titular de la administración pública del Distrito Federal y que a él corresponden originariamente todas las facultades establecidas en los ordenamientos jurídicos relativos al Distrito Federal.
l) Asimismo, que las diversas disposiciones antes citadas le confieren facultades para dirigir la planeación y ordenamiento del Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en los términos que dispongan las leyes, así como que el ejercicio de sus atribuciones que comprende el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, auxiliándose, entre otras dependencias, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
m) Que conforme a las facultades otorgadas directamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en ejercicio de las mismas, existe la posibilidad legal de que el titular de la administración pública local establezca políticas, criterios, lineamientos generales y normatividad sobre diversas facultades relacionadas con el desarrollo urbano, obras, licencias y construcciones, que son precisamente las materias respecto de las cuales la delegada de Miguel Hidalgo se duele de una supuesta invasión a su esfera de atribuciones.
n) Que el jefe de Gobierno del Distrito Federal sí puede emitir el acuerdo para la recepción de las solicitudes de trámite que se relacionen con materias contempladas en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su reglamento, ya que el hecho de que coincidan en algunas materias con aquellas a cargo de las delegaciones, no lo tornan inconstitucional pues, en todo caso, se está en presencia de facultades coincidentes, ya que no son exclusivas las materias que en él se tratan.
o) Que al titular de la administración pública local responsable de su emisión corresponden originalmente todas las facultades establecidas en los ordenamientos jurídicos relativos al Distrito Federal, y podrá delegarlas a los servidores públicos subalternos, mediante acuerdos que se publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su entrada en vigor.
p) Que si el jefe de Gobierno tiene a su cargo precisamente el despacho de todas las materias instituidas en los ordenamientos jurídicos relativos al Distrito Federal, dentro de las que se encuentran las de obras, desarrollo urbano, construcción, alineamiento y números oficiales, todo lo cual se encuentra comprendido dentro de dicho acuerdo, luego entonces la norma general impugnada es constitucional, conform
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22781-b29eec51/controversia-constitucional-el-acuerdo-por-el-que-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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