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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL NUMERAL 3.1.2 DE LA CIRCULAR UNO BIS 2007, DENOMINADA "NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LAS DELEGACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL", DE 4 DE ABRIL DE 2007, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 12 DE ABRIL DE 2007, AL PREVER QUE AQUELLOS ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DEBERÁN SUJETARSE AL DICTAMEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA PODER IMPONER LAS SANCIONES QUE PROCEDAN CONTRA SUS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, ES INCONSTITUCIONAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA CIRCULAR UNO BIS 2007, DENOMINADA "NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LAS DELEGACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL", ASÍ COMO EL OFICIO OM/602/2007, DE 4 DE ABRIL DE 2007, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL 12 DE ABRIL DE 2007, EMITIDOS POR EL OFICIAL MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE SE REFIEREN A LAS FUNCIONES REALIZADAS EN EL SENO DE LA ADMINISTRACIÓN INTERNA QUE LLEVAN A CABO AQUELLOS ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS, SON CONSTITUCIONALES. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS NUMERALES 8.5.2, PÁRRAFO SEGUNDO, 8.5.3 Y 8.5.4 DE LA CIRCULAR UNO BIS 2007, DENOMINADA "NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LAS DELEGACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL", DE 4 DE ABRIL DE 2007, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL 12 DE ABRIL DE 2007, QUE ESTABLECEN LA CONTRATACIÓN, SÓLO DE MANERA EXCEPCIONAL, DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA QUE PROPORCIONEN LOS PARTICULARES, SON CONSTITUCIONALES. SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. SU RELACIÓN DE TRABAJO SE ESTABLECE CON LOS TITULARES DE AQUÉLLAS Y NO CON EL JEFE DE GOBIERNO.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 43/2007. · Registro digital (IUS): 22720
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, , Pág. 1860.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 43/2007. DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de octubre de dos mil diez.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil siete, en el domicilio particular de la licenciada María Margarita Climent y Bonilla, autorizada para recibir promociones de término fuera del horario de labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo dispuesto en el artículo 7o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, Gabriela Cuevas Barrón, en su carácter de jefa delegacional de la Delegación Miguel Hidalgo en el Distrito Federal, promovió controversia constitucional en contra de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, reclamándole la Circular Uno Bis 2007, denominada "Normatividad en materia de administración de recursos para las delegaciones del Gobierno del Distrito Federal" y el oficio número OM/602/2007, de fecha cuatro de abril de dos mil siete, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el doce de abril del dos mil siete.

El oficio número OM/602/2007 reclamado, dispone:

"Administración pública del Distrito Federal

"Oficialía Mayor

"Circular uno bis

(Al margen superior izquierdo, un escudo que dice: Ciudad de México, capital en movimiento. Oficialía Mayor).

"OM/602/2007.

"México, D.F. a 4 de abril de 2007.

"CC. Jefes delegacionales

"Presente.

"Con fundamento en las atribuciones conferidas a la Oficialía Mayor en los artículos 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y en el (sic) 27, fracción II de su reglamento, se expide la Circular Uno Bis 2007, ‘Normatividad en materia de administración de recursos para las delegaciones del Gobierno del Distrito Federal’, en los términos que en el anexo se contienen.

"La actualización de la circular uno, se formuló atendiendo las instrucciones del C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, bajo la guía de los principios de simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad que ordena la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal para la actuación de los servidores públicos y dentro del marco de austeridad y racionalidad que contemplan la Ley de Austeridad del Gasto Público y el Decreto de Presupuesto de Egresos, ambos del Distrito Federal.

"Esta normatividad contiene lineamientos de carácter obligatorio para la ejecución, por parte de los servidores públicos de la administración interna, de las actividades inherentes a la: administración de personal, capacitación, desarrollo de personal, servicio social y prácticas profesionales, relaciones laborales, modernización administrativa, adquisiciones, administración de documentos y archivística, servicios generales, informática, disposiciones diversas sobre comercialización y servicios y, servicios inmobiliarios, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y se aplicará en ejercicios subsecuentes hasta en tanto no se expida otra.

"Aprovecho la ocasión para reiterar a ustedes mi consideración distinguida.

"Atentamente

"(firma)

"Lic. Ramón Montaño Cuadra

"(firma)

"Oficial mayor."

Si bien la parte actora plantea en su primer concepto de invalidez la ausencia de facultades del oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal para expedir la Circular Uno Bis 2007, denominada "Normatividad en materia de administración de recursos para las delegaciones del Gobierno del Distrito Federal", en los restantes argumentos reclama, por vicios propios, el artículo 3.1.2, así como los artículos 8.5.2, párrafo segundo, 8.5.3 y 8.5.4 de la propia circular.

A continuación se transcribe el contenido de tales preceptos:

"3.1.2 Cuando las autoridades administrativas detecten que algún trabajador sindicalizado afiliado al SUTGDF (Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal) ha incumplido o ha violado alguna de las disposiciones establecidas en las CGT, (condiciones generales de trabajo) que amerite sanción, deberán instrumentar de inmediato el acta administrativa correspondiente en los términos previstos en los artículos 46 Bis de la LFTSE (Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado) y 84 de las CGT. Una vez agotado cabalmente el procedimiento descrito en la normatividad antes referida (sic) remitir la documentación original o copia certificada respectiva emitida por autoridad competente o en su caso el cotejo correspondiente de firmas o documentos a la DGADDP (Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal) quien procederá a la emisión del dictamen correspondiente. Una vez recibido el dictamen y sus anexos, las delegaciones procederán de inmediato a aplicar la sanción correspondiente, notificando por escrito al trabajador.

"En todos los asuntos relativos a este punto, deberá tomarse en cuenta que la acción del GDF (Gobierno del Distrito Federal) para sancionar a sus trabajadores prescribe en cuatro meses a partir de que son conocidas las causas que dan origen al levantamiento del acta. Por lo que la dirección de recursos humanos, bajo su más estricta responsabilidad evitará que la acción caduque. Para los casos de terminación de los efectos del nombramiento de los trabajadores de la administración pública del Distrito Federal, las delegaciones deberán observar y aplicar lo establecido en la ‘circular por la que se establecen los lineamientos y procedimientos de observancia general y aplicación obligatoria para la terminación de los efectos del nombramiento del personal que presta sus servicios en las dependencias y delegaciones de la administración pública del Distrito Federal.’."

"8.5.2 Los servicios de vigilancia que requieran las delegaciones, deberán contratarse con la Policía Auxiliar del DF o con la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal; según los requerimientos propios de cada caso, y deberán estar contenidos en su programa anual de adquisiciones.

"Sólo de manera excepcional y plenamente justificada existiendo previamente para ello carta de liberación de la DGRMSG (Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales) de la OM (Oficialía Mayor), las delegaciones podrán contratar el servicio con corporaciones ajenas al GDF."

"8.5.3 Las operaciones atendidas por la Policía Auxiliar del DF o por la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal; no se sujetarán a lo dispuesto en la LADF (Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal)."

"8.5.4 Las contrataciones con otras corporaciones policíacas, se sujetarán a la LADF y a los lineamientos vigentes en la materia, debiendo contar con la carta de liberación del servicio."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes de la norma general y de los actos cuya invalidez se demandan, los siguientes:

"1. Con fecha 3 de julio de 2006, los ciudadanos vecinos de la Delegación Miguel Hidalgo, de conformidad con lo ordenado por el artículo 122, apartado C, base tercera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en legítimo ejercicio de la prerrogativa que les concede la fracción I del artículo 35 de la propia Ley Fundamental, eligieron en forma universal, libre, secreta y directa a Gabriela Cuevas Barrón como titular del órgano político administrativo en la citada demarcación territorial.

"2. A partir de mi elección y posterior toma de protesta, procuré ejercitar las atribuciones a cargo de la Delegación Miguel Hidalgo con diligencia y eficacia, en cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, al igual que cada una de las unidades administrativas de la propia demarcación territorial, particularmente en materia de recursos humanos, recursos materiales y servicios generales (sic) recursos financieros.

"3. Con fecha 31 de diciembre de 2006, fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el ‘Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 2007.’

"4. Con fecha 12 de abril de 2007, fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la Circular Uno Bis 2007, ‘Normatividad en materia de administración de recursos para las delegaciones del Gobierno del Distrito Federal’ y el oficio número OM/602/2007, de fecha 4 de abril de 2007, emitidos por el oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal.

"5. A raíz de la publicación de los actos a que se refiere el punto que antecede, este órgano político administrativo ha comenzado a percibir sus efectos violatorios de garantías y el retraso injustificado en diversas actividades a cargo de las diferentes áreas de esta delegación, con motivo de la aplicación de los actos impugnados, pues constituyen serios obstáculos para su desempeño ágil y eficaz, al establecerse disposiciones ilegales y trámites o autorizaciones innecesarios cuyo único efecto es retardar el ejercicio de las atribuciones que le confieren los distintos ordenamientos legales, que atribuyen la responsabilidad violando además, con ello, la autonomía funcional que en acciones de gobierno tienen los órganos político administrativos."

TERCERO. La parte actora considera que los actos reclamados son violatorios de los artículos 14, 16, 28, párrafo primero, 122 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes conceptos de invalidez:

"Primero. La Circular Uno Bis 2007, ‘Normatividad en materia de administración de recursos para la delegaciones del Gobierno del Distrito Federal’ y el oficio número OM/602/2007, de fecha 4 de abril de 2007, emitidos por el oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal, deben ser declarados inválidos, en virtud de que al emitirlos, el oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal violentó lo dispuesto por el artículo 122, apartado C, base segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al extralimitarse en la facultad reglamentaria que dicho ordenamiento le concede, invadiendo la esfera de facultades que la propia Ley Suprema reserva para el Congreso de la Unión.

"En efecto, el artículo 122, apartado C, base segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone lo siguiente:

"‘Artículo 122.’ (se transcribe).

"En las disposiciones generales cuya invalidez se demanda, el jefe de Gobierno (sic) pasa por alto las limitaciones que tiene para ejercer la facultad reglamentaria que el referido mandato constitucional le otorga, al olvidar que la función de los reglamentos es la de hacer posible la aplicación de los preceptos contenidos en una ley, sin jamás contrariar o exceder el alcance de ésta.

"Entrando al análisis del ‘Acuerdo por el que se expiden las normas generales en materia de comunicación social para la administración pública del Distrito Federal’ (sic) la violación constitucional se hace muy notoria, ya que ninguno de los fundamentos esgrimidos por el jefe de Gobierno resulta aplicable.

"El jefe de Gobierno no tiene facultad alguna para limitar las acciones de los órganos político-administrativos en materia de comunicación social (sic).

"En la Circular Uno Bis 2007, ‘Normatividad en materia de administración de recursos para las delegaciones del Gobierno del Distrito Federal’, y el oficio número OM/602/2007, de fecha 4 de abril de 2007, cuya invalidez se demanda, el oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal pretende fundamentar (sic) como sigue: (se transcribe).

"Por lo que hace a los fundamentos invocados por el citado funcionario, a efecto de constatar su indudable improcedencia, a continuación me permito transcribir su contenido, haciendo hincapié en que no existe reglamento de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, sino el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.

"Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal

"‘Artículo 33.’ (se transcribe).

"Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal

"‘Artículo 27.’ (se transcribe).

"A fin de controvertir el contenido general de la Circular Uno Bis 2007, ‘Normatividad en materia de administración de recursos para las delegaciones del Gobierno del Distrito Federal’ y del oficio número OM/602/2007, de fecha 4 de abril de 2007, emitidos por el oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal, a continuación se transcriben las disposiciones aplicables al caso que nos ocupa:

"Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

"‘Artículo 112.’ (se transcribe).

"‘Artículo 115.’ (se transcribe).

"Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal

"‘Artículo 2o.’ (se transcribe).

"‘Artículo 6o.’ (se transcribe).

"‘Artículo 14.’ (se transcribe).

"Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, artículos 4o., 6o., 14 y 38, fracciones I y II

"‘Artículo 4o.’ (sólo se transcribe este precepto).

"De la lectura de los preceptos citados, resulta evidente que ninguno de ellos permite al oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal restringir la autonomía de gestión que tienen los órganos político administrativos, por lo que la emisión de la Circular Uno Bis 2007, ‘Normatividad en materia de administración de recursos para las delegaciones del Gobierno del Distrito Federal’ y el oficio número OM/602/2007, de fecha 4 de abril de 2007, constituye un ejercicio excesivo de las atribuciones que le confieren las atribuciones (sic) que invoco como fundamento.

"Si tomamos en consideración que el oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal se excedió en el ejercicio de las facultades que le atribuyen las normas que cita, por lo que (sic) es de concluirse la contundente ilegalidad de las disposiciones generales cuya invalidez en esta vía constitucional se demanda.

"Resulta aplicable a las anteriores manifestaciones, lo siguiente:

"‘FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES.’ (se transcribe).

"A la luz de las anteriores consideraciones, el oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal atenta en contra de las garantías de seguridad jurídica consagradas por los artículos 14 y 16 constitucionales, así como en contra de lo dispuesto por el artículo 122, apartado C, base segunda, fracción II, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al incumplir con lo ordenado por el artículo (sic) 90 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, preceptos en los que se establece la obligación siguiente:

"Artículos 14, 16 y 122, apartado C, base segunda, fracción II, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (se transcriben).

"Artículo 90 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (se transcribe).

"Artículo 27 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal (se transcribe).

"Por lo que toca al cumplimiento de la obligación contenida en las anteriores transcripciones, es de señalarse que la Circular Uno Bis 2007, ‘Normatividad en materia de administración de recursos para las delegaciones del Gobierno del Distrito Federal’ y el oficio número OM/602/2007, de fecha 4 de abril de 2007, emitidos por el oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal excede (sic) en mucho el ámbito de competencia que se atribuye al mencionado funcionario en el artículo 27 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y al no estar apegado (sic) a lo que las referidas normas ordenan, procede declarar la invalidez del acuerdo que aquí se impugna.

"Es de explorado derecho que el ideal de un sistema constitucional es mantener indemne el derecho fundamental, mediante el aseguramiento del principio de supremacía con que está investido respecto de la legislación secundaria. Que es la Constitución la Ley Fundamental del Estado, y en ella se integra la base jurídica y política sobre la que descansa toda la estructura estatal, así como que es de ella de quien derivan todos los poderes y normas, no existiendo sobre la misma ningún otro cuerpo legal y debiendo toda la legislación secundaria supeditársele.

"Por lo anterior, resulta inaceptable que el oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal pretenda, en el ejercicio de su facultad reglamentaria, contrariar lo que las disposiciones legales de mayor jerarquía establecen.

"Es pertinente entrar al estudio de lo previsto por el artículo 122, apartado C, base tercera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto en el que se contienen las bases a que habrá de sujetarse el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y, en consecuencia, el resto de las disposiciones subordinadas al mismo:

"‘Artículo 122.’ (se transcribe).

"De la redacción del precepto transcrito, apreciamos que el Constituyente hizo una evidente diferenciación entre los órganos centrales, desconcentrados y descentralizados de la administración pública del Distrito Federal, y los órganos político-administrativos de las distintas demarcaciones territoriales, dando a estos últimos un carácter y naturaleza distinta a la de los primeros.

"Asimismo, nuestra Carta Magna claramente determina como atribución del Poder Legislativo Local, y no del jefe de Gobierno, la facultad de fijar la competencia de los órganos político administrativos, la forma de integrarlos, su funcionamiento, así como las relaciones de dichos órganos con el jefe de Gobierno del Distrito Federal.

"Basta dar lectura al precepto constitucional en comento, para categóricamente afirmar que la intención del Constituyente no fue en ningún momento la de facultar al oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal para infundadamente dictar disposiciones, mediante las cuales se giren instrucciones a los órganos político administrativos, vulnerando su autonomía, invadiendo su competencia y limitando su accionar.

"El oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal no tiene la posición de superior jerárquico de los titulares de los órganos político administrativos, por lo que no está facultado para dictar disposiciones en las que obligue a éstos, salvo en aquellas materias en que la ley expresamente lo faculte para ello. Máxime cuando dichas disposiciones atentan en contra del funcionamiento y competencia que la propia ley otorga a los referidos órganos de gobierno.

"La intención del Constituyente claramente fue la de facultar al Poder Legislativo para sentar las bases de una relación armónica entre el jefe de Gobierno y los jefes delegacionales, por lo que al unilateralmente atribuirse el oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal las facultades necesarias para, mediante la emisión de las disposiciones combatidas, vulnerar la autonomía que en acciones de gobierno otorgó a las delegaciones del Distrito Federal el propio Poder Legislativo, atenta en contra de la esencia de la norma constitucional vulnerada.

"Además, de la norma constitucional anteriormente transcrita, los artículos 104 y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, así como los artículos 2o., 36, 37, 38 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, a la letra establecen:

"Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

"‘Artículo 104.’ (se transcribe).

"‘Artículo 117.’ (se transcribe).

"Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal

‘Artículo 2o.’ (se transcribe).

‘Artículo 36.’ (se transcribe).

‘Artículo 37.’ (se transcribe).

‘Artículo 38.’ (se transcribe).

‘Artículo 39.’ (se transcribe).

"De la lectura de los anteriores artículos, podemos alcanzar varias conclusiones, a saber:

"A) Se concede a los órganos político-administrativos, territorio de acción dentro de los límites geográficos que la ley orgánica determine.

"B) Se les dota de competencia en las materias de: gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad pública, promoción económica, cultural y deportiva, y las demás que señalen las leyes.

"C) A diferencia de los órganos desconcentrados creados por el jefe de Gobierno y jerárquicamente subordinados a éste, los órganos político administrativos son creados por mandato constitucional, con lo que se confirma que tienen una naturaleza distinta a la de los órganos desconcentrados y, a diferencia de éstos, no están jerárquicamente subordinados al jefe de Gobierno o a dependencia alguna.

"Para concluir, considero oportuno mencionar que según el propio Constituyente lo dispuso en el artículo 122 constitucional, los jefes delegacionales son electos por los ciudadanos y no nombrados por el jefe de Gobierno. El titular de un órgano político administrativo es electo por el pueblo en uso de su voluntad soberana, misma que no puede de ninguna manera verse limitada por las disposiciones que el jefe de Gobierno emita en el ejercicio de su facultad reglamentaria.

"El oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal no puede nombrar ni remover a los titulares de los órganos político administrativos, las atribuciones de éstos provienen del Poder Legislativo y no del referido jefe de Gobierno, luego entonces, dicho funcionario está imposibilitado para imponer disposiciones sobre los jefes delegacionales cuando la ley no lo faculta para ello.

"Ni el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, ni la Circular Uno Bis 2007, ‘Normatividad en materia de administración de recursos para las delegaciones del Gobierno del Distrito Federal’ y (sic) el oficio número OM/602/2007, de fecha 4 de abril de 2007, emitidos por el oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal, pueden limitar la competencia de un órgano político-administrativo, cuando ni la Constitución Política, ni el Estatuto de Gobierno, ni la propia Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal lo hacen así, pues la disposición reglamentaria no puede ir en ningún momento más allá de la ley ni en contra de su espíritu.

"En concordancia con lo antes expuesto, el emitir la Circular Uno Bis 2007, ‘Normatividad en materia de administración de recursos para las delegaciones del Gobierno del Distrito Federal’ y el oficio número OM/602/2007, de fecha 4 de abril de 2007, emitidos por el oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal, sin tener las facultades para ello, supuestamente reglamentando preceptos legales que no guardan relación alguna con la materia reglamentada, vulnerando la competencia otorgada a los órganos político administrativos por el Poder Legislativo y limitando su esfera de actuación sin haber mediado procedimiento para ello, evidentemente atenta también en contra de lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo que es procedente declarar la invalidez de las disposiciones generales que aquí se combaten.

"Resultan aplicables las tesis siguientes:

"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.’ (se transcribe).

"‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe).

"‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FINALIDAD DEL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN INCLUYE TAMBIÉN DE MANERA RELEVANTE EL BIENESTAR DE LA PERSONA HUMANA SUJETA AL IMPERIO DE LOS ENTES U ÓRGANOS DE PODER.’ (se transcribe).

"Segundo. Los numerales 8.5.2, párrafo segundo, 8.5.3 y 8.5.4 de la Circular Uno Bis 2007, ‘Normatividad en materia de administración de recursos para las delegaciones del Gobierno del Distrito Federal’ y el oficio número OM/602/2007, de fecha 4 de abril de 2007, emitidos por el oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal, deben ser declarados inválidos, pues violan los artículos 1o., 26, 52, 54, 55 y 57 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, en relación con los artículos 14, 16, 28, párrafo primero y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se expidieron por autoridad incompetente y en contravención a las disposiciones jurídicas mencionadas y, consecuentemente, resulta procedente su anulación.

"En efecto, los artículos 14 y 16 de la Carta Magna disponen que: (se transcriben).

"El primer párrafo del artículo 28, establece que: (se transcribe).

"Por su parte, el artículo 134 de la misma Constitución dispone lo siguiente: (se transcribe).

"A su vez, la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal dispone lo siguiente:

"‘Artículo 1o.’ (se transcribe).

"‘Artículo 26.’ (se transcribe).

"‘Artículo 52.’ (se transcribe).

"‘Artículo 54.’ (se transcribe).

"‘Artículo 55.’ (se transcribe).

"‘Artículo 57.’ (se transcribe).

"Es importante señalar que el artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, si bien es cierto que menciona una excepción para la aplicación de ese mismo marco normativo, para que se celebren contratos entre dependencias, órganos desconcentrados o entidades de la administración pública del Distrito Federal y las delegaciones, no se (sic) estipula ninguna obligación expresa de que sea la única forma de contratación, ya que se manifiesta como una opción, para la celebración de un acuerdo de voluntades, en la inteligencia que para la contratación no existe responsabilidad de acatar ninguno de los procedimientos establecidos en los incisos a) y b) del artículo 27 de la Ley de Adquisiciones. Consecuentemente, no puede establecerse como obligación la contratación de los servicios que presta la Policía Auxiliar o (sic) del Distrito Federal (sic) la Policía Bancaria e Industrial, debido a que existen otros prestadores de servicios que pueden realizar las labores de vigilancia, ofreciendo mejores condiciones de precio y calidad a este órgano político administrativo.

"De igual forma es necesario puntualizar que existe un conflicto de jerarquía jurídica, en el entendido que una circular administrativa emitida por el oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal, en el marco de sus atribuciones, no puede estar en contra de disposiciones constitucionales y de leyes aprobadas por el órgano legislativo local.

"Esto lo refuerza la siguiente tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra menciona:

"‘SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE.’ (se transcribe).

"El oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y 27, fracción II, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, emitió la normatividad en materia de administración de recursos para las delegaciones del Gobierno del Distrito Federal, pero esa normatividad debe entenderse para mejor proveer en la esfera administrativa a la estricta observancia de las leyes, es decir, tiene como propósito facilitar el cumplimiento de las leyes y, por lo tanto, no puede ir más allá, ni ampliarlas ilimitadamente hacia supuestos distintos a los que contemplan los distintos ordenamientos jurídicos, ni contravenirlos.

"La disposición de la circular que se controvierte, señala textualmente:

"‘8.5 Seguridad y vigilancia

"‘...

"‘8.5.2 Los servicios de vigilancia que requieran las delegaciones, deberán contratarse con la Policía Auxiliar del DF o con la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal; según los requerimientos propios de cada caso, y deberán estar contenidos en su programa anual de adquisiciones.

"‘Sólo de manera excepcional y plenamente justificada existiendo previamente para ello carta de liberación de la DGRMSG de la OM, las delegaciones podrán contratar el servicio con corporaciones ajenas al GDF.

"‘8.5.3 Las operaciones atendidas por la Policía Auxiliar del DF o por la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal, no se sujetarán a lo dispuesto en la LADF.

"‘8.5.4 Las contrataciones con otras corporaciones policíacas, se sujetarán a la LADF y a los lineamientos vigentes en la materia, debiendo contar con la carta de liberación del servicio.’

"Pero la normatividad en materia de administración y recursos, Circular Uno Bis (delegaciones) año dos mil siete, emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, no es el instrumento jurídico adecuado para establecer las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado, cuando las licitaciones públicas no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, pues de conformidad con el párrafo tercero del artículo 134 constitucional, son las leyes secundarias las que deben establecerlos, y no las disposiciones administrativas.

"Los numerales 8.5.2, 8.5.3 y 8.5.4 de la circular mencionada contravienen lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, en el que se señala, con toda precisión que: ‘Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se llevarán a cabo, por regla general, a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten propuestas solventes en sobre cerrado, que serán abiertos públicamente, a fin de asegurar a la administración pública del Distrito Federal las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de conformidad con lo establecido en la presente ley’ y que ‘no habrá procedimientos distintos a lo previsto en los artículos 54, 55 y 57 de este ordenamiento, que faculten a ninguna autoridad del Distrito Federal a realizar adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios sin ajustar

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22720-d8334ebd/controversia-constitucional-el-numeral-3-1-2-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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