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Modo: Corpus Pro

TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 3o. DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, AL ESTABLECER QUE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ESTÁ FACULTADA PARA INTERPRETAR, CON EFECTOS ADMINISTRATIVOS, LAS DISPOSICIONES DE DICHO DECRETO, Y PREVER CON LA PARTICIPACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, LAS MEDIDAS CONDUCENTES PARA SU CORRECTA APLICACIÓN, RESPECTO DEL PRESUPUESTO DE AQUEL ÓRGANO, VIOLA LOS ARTÍCULOS 116, FRACCIÓN IV, INCISO C) Y 122, APARTADO C, BASE PRIMERA, FRACCIÓN V, INCISO F), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 28 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, AL ESTABLECER QUE EN CASO DE UNA DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS PREVISTOS EN LA LEY RELATIVA, EL JEFE DE GOBIERNO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, PODRÁ REALIZAR AJUSTES AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA AQUEL ÓRGANO, VIOLA LOS ARTÍCULOS 116, FRACCIÓN IV, INCISO C) Y 122, APARTADO C, BASE PRIMERA, FRACCIÓN V, INCISO F), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 12/2007. · Registro digital (IUS): 20567
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, , Pág. 1285.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 12/2007. TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIO: MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintisiete de septiembre de dos mil siete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el doce de febrero de dos mil siete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Miguel Covián Andrade, en su carácter de Magistrado presidente y representante legal del Tribunal Electoral del Distrito Federal, promovió controversia constitucional en representación de éste, en la que solicitó la invalidez de los actos que más adelante se mencionan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

"Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuyo domicilio se ubica en Donceles y Allende, sin número, Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, en México, Distrito Federal. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Plaza de la Constitución número 1, Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, en México, Distrito Federal. Cabe señalar, que tienen intervención en esta controversia constitucional atendiendo a la naturaleza de sus atribuciones, como áreas dependientes del jefe de Gobierno del Distrito Federal, el secretario de Gobierno, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así como la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos perteneciente a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal. Norma general o acto cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado. En relación con esta exigencia, se señala que los actos cuya invalidez se demanda, son la aprobación, promulgación y publicación de los artículos 3o. y 28 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2007, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 12, del 31 de diciembre de 2006, cuyo tenor literal es el siguiente: ‘Artículo 3o.’ (se transcribe). ‘Artículo 28.’ (se transcribe)."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:

"1. Con fecha 4 de diciembre de 1997 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, con el que entre otras cuestiones, se adicionó un título sexto destinado a regular lo relativo a las autoridades electorales locales y a los partidos políticos en esta entidad federativa, incluyéndose en el capítulo IV las bases para la integración, organización y funcionamiento del Tribunal Electoral del Distrito Federal. 2. El 5 de enero de 1999 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Código Electoral del Distrito Federal, en el que se incluyó un libro séptimo destinado a regular al Tribunal Electoral del Distrito Federal. 3. El 31 de diciembre de 2000, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del año 2001, que se publicó en la misma fecha en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 4. El 31 de diciembre de 2001, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2002, que se publicó en la misma fecha en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 5. El 29 de diciembre de 2002, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2003, que se publicó el 31 de diciembre de 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 6. El 23 de diciembre de 2003, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del año 2004, que se publicó el 26 de diciembre de 2003 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 7. El 23 de diciembre de 2004, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2005, que se publicó el 27 de diciembre de 2004 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 8. El 23 de diciembre de 2005, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2006, que se publicó el 30 de diciembre de 2005 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 9. Con fecha 9 de febrero de 2006, el Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal, habiéndose impuesto del contenido del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2006, acordó instruir al presidente de este órgano jurisdiccional, para que en su carácter de representante legal del tribunal, interpusiera controversia constitucional, a fin de reclamar la invalidez de los artículos 3o., 35 y quinto transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2006. 10. El 13 de febrero de 2006, el Tribunal Electoral del Distrito Federal, por conducto de su entonces presidente, interpuso demanda de controversia constitucional a la que se le asignó el número 31/2006, designándose como instructor al señor Ministro José Ramón Cossío Díaz. 11. Previos los trámites de ley, el 7 de noviembre de 2006, el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió sentencia en cuyos puntos resolutivos se determinó lo siguiente: (se transcribe). 12. Con fecha 31 de diciembre de 2006, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2007, que fue promulgado por el jefe de Gobierno del Distrito Federal y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en la misma fecha de su aprobación, es decir, el 31 de diciembre de 2006."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora, son los siguientes:

"Primero. Los artículos 3o. y 28, del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio 2006, contravienen lo dispuesto en el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso f), en relación con el 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a las consideraciones siguientes: I. Los preceptos constitucionales mencionados señalan textualmente lo siguiente: ‘Artículo 116.’ (se transcribe). ‘Artículo 122.’ (se transcribe). II. En el caso, el texto aprobado para los artículos cuya invalidez se hace valer, es el siguiente: ‘Artículo 3o.’ (se transcribe). ‘Artículo 28.’ (se transcribe). A fin de exponer el presente concepto de invalidez, se considera necesario precisar los alcances que tienen los artículos impugnados, conforme a las consideraciones siguientes: A. En el caso del artículo 3o. del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio 2007, es menester precisar lo siguiente: La ‘Secretaría’ a la que se refiere el precepto, es la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, mientras que la ‘Contraloría’ es la Contraloría General del Distrito Federal, según se precisa en el artículo 2o., párrafos tercero y décimo cuarto, del propio decreto. Tanto la Secretaría de Finanzas como la Contraloría General del Distrito Federal, a su vez, son dependencias centralizadas de la administración pública del Distrito Federal, a cargo del jefe de Gobierno del Distrito Federal, según se dispone en los artículos 1o., 2o., párrafos primero y segundo, 3o., fracciones I y VIII, 12 y 15, fracciones VIII y XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. Por su parte, el jefe de Gobierno del Distrito Federal es el titular del órgano ejecutivo de gobierno en esta entidad federativa, según se desprende de los artículos 122, párrafos primero, segundo y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 52 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en los que se establece que el Gobierno del Distrito Federal estará a cargo de los Poderes Federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local, así como que el jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá a su cargo el ejecutivo y la administración pública en la entidad. Conforme a lo expuesto, las facultades conferidas en el artículo 3o. del decreto de presupuesto antes mencionado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tanto a la Secretaría de Finanzas como a la Contraloría General de esta entidad federativa, para ‘interpretar las disposiciones’ del propio decreto ‘para efectos administrativos’ y ‘establecer las medidas conducentes que deberán observar para que el ejercicio de los recursos públicos se realice con base en los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, racionalidad, austeridad, transparencia y disciplina presupuestal’, constituyen atribuciones que se otorgan al titular del Ejecutivo Local, en tanto que las dependencias mencionadas forman parte de la administración centralizada a su cargo. Del texto del artículo en análisis también se deduce que la ‘interpretación’ y el establecimiento de ‘medidas’ para la correcta aplicación del presupuesto, implica facultar al Ejecutivo Local para la expedición de normas administrativas y/o cualquier género de pronunciamientos que pudieran tener el carácter de ‘acuerdos’, ‘circulares’, ‘oficios’, ‘lineamientos’ o documentos similares, con los que se dé cumplimiento a tales objetivos. Por otra parte, la norma en cuestión tiene como sujetos pasivos, eventualmente obligados al cumplimiento de las disposiciones que emitan la Secretaría de Finanzas y la Contraloría General del Distrito Federal, a ‘las dependencias, delegaciones, órganos desconcentrados, entidades y órganos autónomos’. Cabe mencionar también que dentro del concepto de ‘órganos autónomos’ se ubica, entre otros, el Tribunal Electoral del Distrito Federal, tomando en consideración que el artículo 2o., párrafo décimo primero, del decreto de presupuesto de egresos en mención, define a esta categoría como ‘los órganos autónomos a que se refiere el artículo 448 del Código Financiero del Distrito Federal’, cuyo texto es del tenor siguiente: ‘Artículo 448.’ (se transcribe). Es importante precisar que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 2o., fracción IV, del mencionado Código Financiero del Distrito Federal, por ‘autoridades electorales’ debe entenderse al Instituto Electoral y al Tribunal Electoral del Distrito Federal. Cabe mencionar que el precepto en cuestión (artículo 3o. del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2007) incluso puede entenderse en el sentido de que los sujetos pasivos a los que está destinado, se encuentran igualmente obligados a acudir ante la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, a fin de que ésta emita una interpretación relativa a la aplicación del decreto de presupuesto de egresos, que resultaría vinculante para el órgano o entidad que la consulte y, eventualmente, para todos los otros órganos o entidades que se comprenden en el precepto en cuestión. Conforme a lo expuesto, se puede concluir preliminarmente que el artículo 3o. del decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2007 faculta al Ejecutivo Local, a través de dos de sus dependencias (la Secretaría de Finanzas y la Contraloría General), para que expida normas inherentes a la interpretación y a la aplicación del propio decreto, a la vez que, indebidamente obliga al cumplimiento de dichas normas, entre otros, al Tribunal Electoral del Distrito Federal. B. Por lo que se refiere al artículo 28 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2007, específicamente en su primer párrafo, la Asamblea Legislativa faculta al jefe de Gobierno del Distrito Federal por conducto de la Secretaría de Finanzas, para efectuar ‘los ajustes que correspondan a los presupuestos autorizados’, entre otros, ‘a los órganos autónomos del Gobierno del Distrito Federal’, en caso de que se presente ‘una disminución en los ingresos previstos en la Ley de Ingresos’. Conforme al texto de este artículo, se deduce que presentándose la hipótesis (‘disminución en los ingresos en la Ley de Ingresos’), el Ejecutivo Local está facultado para ‘realizar los ajustes que correspondan’, por conducto de la Secretaría de Finanzas. En otras palabras, se le autoriza para reducir los presupuestos previamente autorizados. En congruencia con lo anterior, de presentarse la hipótesis, los sujetos pasivos de la norma, entre ellos, los órganos autónomos, como es el caso del Tribunal Electoral del Distrito Federal, se encuentran obligados a permitir la disminución presupuestal que llegare a determinarse por el Ejecutivo Local, lo que equivale a consentir una disminución en su patrimonio, ya que éste se integra, según lo dispone el artículo 223 del Código Electoral del Distrito Federal, ‘con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente apruebe la Asamblea Legislativa, en el presupuesto de egresos del Gobierno del Distrito Federal’. Cabe precisar que ni en el artículo 28 ni en ningún otro precepto del decreto en cuestión, se establece algún tipo de procedimiento previo a la determinación que pudiera tomar el Ejecutivo Local para decretar la ‘disminución presupuestal que corresponda’, ni tampoco se establecen requisitos o condiciones de carácter objetivo que deban valorarse para determinar la forma y términos en que ello tendría lugar. De esta suerte, se trata de una norma que faculta en forma amplísima al Ejecutivo Local, para practicar cuando lo considere conveniente, las disminuciones en los montos y proporciones que estime conducentes, sin sujetarse a principio alguno de legalidad u objetividad, pues la única condición que se le exige es que se presente una ‘disminución en los ingresos previstos’ en la ley respectiva. Así, la norma no prevé cuál debe ser el monto o la proporción de las disminuciones en los ingresos que autorizarían la intervención del Ejecutivo; tampoco refiere las condiciones en que deben practicarse los ajustes presupuestales, es decir, si se realizarían, por ejemplo, por programas o en forma proporcional a todas las entidades y órganos, de tal manera que los ajustes podrían afectar inclusive los programas prioritarios de las entidades u órganos o realizarse exclusivamente respecto de alguno de ellos. Los únicos límites que se establecen, corresponden a los previstos en los párrafos segundo, tercero y cuarto, del precepto en cuestión, que están referidos, respectivamente, a que los ajustes deberán realizarse ‘sin afectar preferentemente las actividades institucionales de gasto social’ o ‘transferencias federales o crédito’, así como a la obligación del titular del Ejecutivo Local, de informar a la Asamblea Legislativa por medio de informes (sic) trimestrales y al rendir la cuenta pública respecto de los movimientos efectuados, cuando éstos excedan en forma acumulada el diez por ciento del presupuesto anual asignado a cada dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad. Cabe hacer notar que en el párrafo cuarto del precepto en análisis (en el que se contiene la obligación de informar a cargo del Ejecutivo Local), no se prevé la hipótesis respecto de las reducciones que pudieran afectar a órganos autónomos, de donde se sigue que aun en el supuesto de que la reducción respecto de éstos fuera superior al diez por ciento, ni siquiera existiría obligación a cargo del Ejecutivo Local de informar a la Asamblea Legislativa. También debe hacerse notar que la obligación de informar a la Asamblea Legislativa no condiciona en forma alguna el ejercicio de la atribución del Ejecutivo Local, sino que se entiende que corresponde a una acción posterior al acto en el que se decreten las reducciones presupuestales. III. Conforme a lo expuesto, resulta claro que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al aprobar los artículos que se impugnan, viola el contenido de los preceptos constitucionales invocados, en virtud de que con ello indebidamente rebasa su esfera de atribuciones, violentando la autonomía constitucional y estatutaria conferida al Tribunal Electoral del Distrito Federal por el Constituyente Permanente y por el Poder Legislativo Federal. En efecto, el Constituyente Permanente, al expedir el artículo 122, apartado A, base primera, fracción V, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para expedir las normas que rijan en las elecciones locales, no estableció una atribución ilimitada, sino que expresamente señaló que para ello debía sujetarse a lo que se estableciera en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y a lo dispuesto en los incisos b) al i) de la fracción IV del artículo 116 de la propia Constitución. Por su parte, el artículo constitucional en mención, específicamente en el inciso c) de la fracción IV establece que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Ahora bien, antes de proseguir la exposición del presente concepto, es menester analizar cuál es el sentido y alcance del concepto de autonomía para efectos de la aplicación de la Constitución. Desde el punto de vista estrictamente gramatical, el Diccionario de la Lengua Española define a la autonomía como la ‘potestad que dentro de un Estado tienen Municipios, provincias, regiones u otras entidades, para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios’ (Real Academia de la Lengua, tomo a/g, Madrid, 2001, página 252). En este sentido, tanto las entidades federativas (Estados de la República y Distrito Federal), como los Municipios, gozan de cierto grado de autonomía, pues se rigen mediante normas y órganos de gobierno que les son propios, en razón de criterios territoriales. Sin embargo, solamente interesa destacar los casos de los organismos públicos que gozan de autonomía, en razón de las disposiciones constitucionales o legales que les asignan funciones estatales determinadas. Respecto de los organismos públicos autónomos, es factible caracterizarlos como entidades que ostentan diversos grados de independencia respecto de los tres poderes tradicionales -Legislativo, Ejecutivo y Judicial- con la peculiaridad que tienen atribuidas determinadas funciones del Estado. Así, para el tratadista José Luis Caballero Ochoa. ‘... de forma paralela a los procesos de acotamiento entre poderes (cheks and balances), de la sociedad y los actores políticos hacia los poderes, han surgido en el constitucionalismo contemporáneo los llamados ‘órganos constitucionales autónomos’, cuya característica fundamental es precisamente su pertenencia al Estado pero sin depender de ninguno de los tres grandes poderes (Caballero Ochoa, José Luis. ‘Los órganos constitucionales autónomos: Más allá de la división de poderes’, en Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Editorial Themis, S.A. de C.V., No. 30, México, 2000- páginas 154-155). Ahora bien, consideramos que de acuerdo con los rasgos que se encuentran en diversos ordenamientos jurídicos, encontramos los siguientes tipos de autonomía: a) la autonomía técnica; b) la autonomía orgánica; c) la autonomía financiero-presupuestal; d) la autonomía normativa; e) la autonomía de funcionamiento y f) la plena autonomía. Por autonomía técnica debe entenderse la capacidad de los organismos para decidir en los asuntos propios de la materia que les ha sido asignada; por autonomía orgánica, que no dependen jerárquicamente de ningún otro poder o entidad; por autonomía financiera-presupuestaria, que gozan de la facultad de definir y proponer sus propios presupuestos y de disponer de los recursos económicos que les sean asignados para el cumplimiento de sus fines; por autonomía normativa, que se encuentran facultados para emitir los reglamentos, políticas, lineamientos y, en general, todo tipo de normas relacionadas con su organización y administración internas. La autonomía de funcionamiento, por su parte, es una suerte de combinación de los otros tipos de autonomía, ya que implica que los organismos cuenten con la capacidad de realizar, sin restricción o impedimento alguno, todas las actividades inherentes a sus atribuciones o facultades; lo cual involucra, en cierta forma, tanto a la autonomía técnica, como a la orgánica, la financiera-presupuestal y la normativa. Por último, la autonomía plena, en términos estrictos, implica una autonomía total, es decir, una auténtica posibilidad de gobernarse sin acotación o subordinación externas; sin embargo, tal género de autonomía no existe propiamente, pues cuando se hace alusión a ella, siempre es con alguna limitante. Así, por ejemplo, en el artículo 116, fracción V, y 122, apartado C, base quinta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establecen tribunales de lo contencioso administrativo para los Estados de la República y para el Distrito Federal, dotados de ‘plena autonomía’, pero enseguida se menciona que ésta es ‘para dictar sus fallos’ o ‘para dirimir las controversias entre los particulares y las autoridades de la administración pública local del Distrito Federal’. En el orden federal, nuestra Constitución Política hace referencia específica a tres entidades que ostentan el título de ‘autónomas’: El banco central (Banco de México), el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así, para el caso del banco central, la Constitución Federal refiere que ‘... El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración’ (artículo 28, párrafo sexto). Por su parte, en el caso del Instituto Federal Electoral, la Constitución Política menciona en el artículo 41, fracción III, que ‘... La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley ... El Instituto Federal electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia’. A su vez, en el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el texto constitucional, en el artículo 102, apartado B, párrafos primero al cuarto, es del tenor siguiente: ‘El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales. El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.’. En la propia Constitución Federal, encontramos otras referencias específicas a diversas entidades a las que se les reconoce cierto tipo de autonomía: a) Pueblos y comunidades indígenas (artículo 2o.). b) Universidades e instituciones de educación superior, de acuerdo con las leyes respectivas (artículo 3o., fracción VII). c) Tribunales agrarios (artículo 27, fracción XIX). d) Tribunales de lo contencioso-administrativo (artículo 73, fracción XXIX-H), que en la ley respectiva es denominado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. e) Entidad de fiscalización superior de la Federación (artículo 74, fracción II), a la que en la ley respectiva se le denomina como Auditoría Superior de la Federación. f) Autoridades estatales encargadas de organizar y de resolver las controversias en las elecciones en las entidades federativas (artículos 116, fracción IV, inciso c) y 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso f), que en la forma genérica son conocidas como Institutos y Tribunales Electorales. g) Tribunales estatales de lo contencioso administrativo (artículo 116, fracción V). h) Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Distrito Federal (artículo 122, Apartado C, BASE QUINTA). Por otra parte, atendiendo a las bases constitucionales mencionadas con anterioridad, en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, expedido por el Congreso de la Unión, se reconoce autonomía a las entidades siguientes: a) Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, al que se le atribuye ‘plena autonomía para dirimir las controversias entre los particulares y la administración pública del Distrito Federal’ (artículo 9o.). b) Los órganos político-administrativos -popularmente conocidos como Delegaciones Políticas- que gozan de ‘autonomía funcional’ y ‘autonomía de gestión’ (artículos 12, fracción III, y 112, párrafo segundo). c) Instituto Electoral del Distrito Federal (artículo 123). d) Tribunal Electoral del Distrito Federal (artículo 128). Además, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, dicha entidad también goza de autonomía en esta entidad federativa. Además de los organismos públicos antes mencionados, en el artículo 448 del Código Financiero del Distrito Federal (artículo 385, antes de la reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de diciembre de 2003), se dispone que para la elaboración de su presupuesto de egresos gozarán de autonomía la Asamblea Legislativa, el Tribunal Superior de Justicia, las autoridades electorales (Instituto y Tribunal Electoral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o., fracción III, del código en cita), la Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el Instituto de Información Pública y la Universidad de la Ciudad de México, todos ellos del Distrito Federal. Por su parte, el artículo 490 del Código Financiero del Distrito Federal, establece que los organismos públicos antes mencionados manejarán, administrarán y ejercerán su presupuesto, debiendo sujetarse a sus propias leyes, así como a las normas que al respecto emitan, en congruencia con lo previsto en el propio código y demás normatividad en la materia. Asimismo, en el artículo 492, párrafo primero, del mismo código, se dispone que los organismos aludidos, en el ejercicio de su gasto, podrán efectuar las adecuaciones necesarias para el mejor cumplimiento de sus programas, previa autorización de su órgano competente y de acuerdo a la normatividad correspondiente, sin exceder sus presupuestos autorizados. Ahora bien, las características que deben tener los organismos públicos autónomos, según las relaciona Susana Talía Pedroza (‘Los órganos constitucionales autónomos en México’, en Serna de la Garza, José María y Caballero Juárez, José Antonio [editores], ‘Estado de derecho y transición jurídica’, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2002, páginas 179-180), son las siguientes: 1) Autonomía de tipo político-jurídica (en el sentido de que los órganos constitucionales autónomos gozan de cierta capacidad normativa que les permite crear normas jurídicas sin la participación de otro órgano estatal); administrativa (que significa que tiene cierta libertad para organizarse internamente y administrarse por sí mismo, sin depender de la administración general del Estado), y financiera (que implica que los órganos constitucionales autónomos pueden determinar en una primera instancia sus propias necesidades materiales, mediante un anteproyecto de presupuesto que normalmente es sometido a la aprobación del Poder Legislativo). 2) El ente u órgano debe tener personalidad jurídica y potestad normativa y reglamentaria, esto es, la facultad para dictar normas jurídicas reconocidas por el sistema legal, lo que se traduce en la capacidad de formular su regulación interna. Estas normas deben de ser publicadas en el Periódico Oficial, que en México es el Diario Oficial de la Federación (y para el Distrito Federal, la Gaceta Oficial del Distrito Federal). 3) Se deben establecer de forma precisa las competencias propias y exclusivas de los entes u órganos. 4) Deben elaborar sus políticas, planes y programas respecto de las funciones a su cargo. 5) Deben contar con capacidad para auto organizarse. Ello trae aparejado que dicho ente u órgano seleccione su personal, establezca medidas disciplinarias y designe a sus autoridades. A esto se le conoce como servicio civil de carrera. 6) Los entes u órganos deben gozar de autonomía financiera, o de gasto, para disponer de sus fondos con plena libertad. 7) Debido a su carácter técnico, el ente u órgano no debe tener influencia proveniente de las fuerzas políticas. 8) Sus titulares tienen un estatuto jurídico especial que los resguarda de la presión o influencia que pudieran recibir de otros órganos o de los poderes fácticos de la sociedad. Dicho estatuto se traduce en garantías de designación, inamovilidad, duración, remuneración suficiente, etcétera. 9) Para integrar el órgano se escogen personas con reconocido p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20567-161d4c7b/tribunal-electoral-del-distrito-federal-el-articulo-3o · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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