CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY ORGÁNICA Y DE PROCEDIMIENTOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO CONTENIDO EN EL DECRETO 519, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 13 DE ENERO DE 2005, AL NO ESTABLECER CUÁLES SON Y EN QUÉ CONSISTEN LAS CAUSAS GRAVES PARA LA DESAPARICIÓN Y SUSPENSIÓN DE AYUNTAMIENTOS NI PARA LA SUSPENSIÓN O REVOCACIÓN DEL MANDATO DE ALGUNO DE SUS MIEMBROS, CONTRAVIENE EL TERCER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 1/2007. MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIO: MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dieciocho de septiembre de dos mil siete.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el tres de enero de dos mil siete, en el domicilio de la persona autorizada por el secretario general de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María de la Luz Torres Díaz, quien se ostentó como síndico municipal suplente en funciones, del Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, promovió controversia constitucional en representación de éste, en la que solicitó la invalidez de las normas y actos que más adelante se mencionan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan.
"Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio. 1. El Poder Legislativo del Estado de Michoacán por conducto de la Comisión de Gobernación de la LXX Legislatura del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, y el H. Congreso del Estado de Michoacán, ambos con domicilio en la Avenida Madero Oriente No. 97, colonia Centro Histórico, C.P. 58000 en Morelia, Michoacán. 2. El Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, por conducto del gobernador del Estado, el secretario general de Gobierno y el director del Periódico Oficial del Estado, con domicilio en Palacio de Gobierno 1er. patio planta alta, ubicado en Avenida Madero Poniente No. 63, colonia Centro, C.P. 58000, Morelia, Michoacán. Aclarando que participan como autoridades ejecutoras de los actos anteriores las siguientes: 1. El C. Presidente Municipal del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, del Estado de Michoacán de Ocampo, residente en este mismo Municipio, ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas No. 516, colonia Centro, C.P. 60950 en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 2. El C. Oficial mayor del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, del Estado de Michoacán de Ocampo, residente en este mismo Municipio ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas No. 516, colonia Centro, C.P. 60950 en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 3. El C. Tesorero del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, del Estado de Michoacán de Ocampo, residente de este mismo Municipio, ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas No. 516, colonia Centro, C.P. 60950 en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Norma general o acto cuya invalidez se demanda: A) Del Poder Legislativo del Estado de Michoacán, reclamamos: I. Del H. Congreso del Estado de Michoacán, reclamamos la aprobación del decreto del trece de enero de 2005, en que se adicionaron los artículos 174, 175, 176, 177, 178, 179 y 180 a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, por su inconstitucionalidad al no respetar las normas constitucionales que se contienen en el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su publicación en el Periódico Oficial del Estado el 13 de enero de 2005, con la intervención del gobernador del Estado de Michoacán y del secretario general de Gobierno para su promulgación y publicación. 2. La resolución contenida en el Decreto Legislativo Número 82 de fecha 14 de noviembre de 2006 y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo el 17 de noviembre de 2006, que constituye un acto de aplicación del decreto anterior de 13 de enero de 2005, que causa agravios directos en perjuicio del Gobierno Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, promovente de la presente controversia constitucional. Acto el anterior que tiene como consecuencia el revocar el mandato de los regidores propietarios y del síndico municipal del Ayuntamiento Constitucional de Lázaro Cárdenas, Michoacán y, por tanto, la privación de nuestro derecho de gozar del fuero inherente al cargo de elección popular obtenido por votación ciudadana, y la privación de nuestro derecho a recibir la dieta o ingreso correspondiente al cargo de regidores (as) propietarias y de síndico suplente del H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, del Estado de Michoacán de Ocampo; así como la separación de facto de su cargo de los integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Lázaro Cárdenas, Michoacán, como son los regidores y regidoras propietarios y del síndico suplente en funciones, por medio de una revocación de mandato por demás arbitraria y exenta de una adecuada y suficiente fundamentación y motivación. Acto de autoridad, además, emitido de manera arbitraria, sin fundamento y fuera de toda legalidad, en virtud de que este órgano de gobierno municipal y sus integrantes no tuvimos la más mínima oportunidad de defensa y de un debido proceso. En efecto, el día 16 de noviembre de 2006, nos dimos por enterados (as) de la existencia de la aprobación de la resolución contenida en el Decreto Legislativo Número 82 de fecha 14 de noviembre de 2006 y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo el 17 de noviembre de 2006, mediante la cual se revoca el mandato de regidores propietarios de Nicolasa Ramírez Aguirre, J. Jesús Galeana Alvarado, Alberto Gutiérrez Tlalpan, Walter Torres Zaragoza, Jaime Valencia González, Fernando Diego Ríos y de síndico suplente de la C. María de la Luz Torres Díaz, decreto que nunca nos fue entregado materialmente y, en consecuencia, conocimos de su contenido a través de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 3. De la H. Comisión de Gobernación del Congreso del Estado de Michoacán, se reclama el acto de aplicación en acatamiento del inconstitucional decreto del 13 de enero de 2005, que consistió en la instauración, sustanciación y resolución del procedimiento previsto en el título tercero, capítulo tercero, denominado ‘Del procedimiento para la desaparición y suspensión de Ayuntamientos y suspensión o revocación de alguno de sus miembros’, contenido en los artículos 174, 175, 176, 177, 178, 179 y 180 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, que concluyó con el procedimiento contenido en el dictamen que fue aprobado por el Pleno del Congreso del Estado de Michoacán, en la segunda sesión número 71, celebrada el 16 de noviembre de 2006, mediante el cual a pesar de la inconstitucionalidad de esta ley, se determinó: Revocar el mandato de los regidores y del síndico del Ayuntamiento Constitucional de Lázaro Cárdenas, Michoacán; dar vista del expediente y dictamen a la Auditoría Superior de la Federación para el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad; instruir con el expediente y dictamen a la Auditoría Superior del Estado de Michoacán, para el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad. Todo ello en base a la aplicación de los artículos anteriores de la Ley que se cuestionan de inconstitucionales. B) Del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, reclamamos: La promulgación del decreto de trece de enero de 2005, en que se adicionaron los artículos 174, 175, 176, 177, 178, 179 y 180 a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, por su inconstitucionalidad al no respetar las normas constitucionales que se contienen en el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su publicación en el Periódico Oficial del Estado el 13 de enero de 2005, con la intervención del gobernador del Estado de Michoacán y del secretario general de Gobierno para la promulgación y publicación, y del director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, reclamamos la publicación de este decreto. C) De las autoridades ejecutoras del Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, reclamamos: La ejecución de la resolución contenida en el Decreto Legislativo Número 82 de fecha 14 de noviembre de 2006 y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo el 17 de noviembre de 2006, mediante la cual se revoca el mandato de regidores propietarios de Nicolasa Ramírez Aguirre, J. Jesús Galeana Alvarado, Alberto Gutiérrez Tlalpan, Walter Torres Zaragoza, Jaime Valencia González, Fernando Diego Ríos y de síndico suplente de la C. María de la Luz Torres Díaz."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:
"1. En las elecciones para elegir Ayuntamiento celebradas el día 14 de noviembre de 2004 en el Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fuimos electos los suscritos C. Nicolasa Ramírez Aguirre, J. Jesús Galeana Alvarado, Alberto Gutiérrez Tlalpan, Walter Torres Zaragoza, Jaime Valencia González y Fernando Diego Ríos, como regidores tal como se desprende de la constancia de mayoría y validez de la elección, emitidas por el Instituto Electoral de Michoacán, con fecha 18 de noviembre del 2007 (sic), para el periodo 2005-2007, asimismo, la suscrita C. María de la Luz Torres Díaz fui electa síndico municipal suplente, quedando en funciones en sustitución del C. Enoc Tafolla Torres, tal como se desprende del acta de Cabildo del día 9 de octubre del año 2005, así como de la constancia de mayoría y validez de la elección del Ayuntamiento expedida por el Instituto Electoral de Michoacán, con fecha 18 de noviembre de 2004. 2. Que con fecha 18 de junio de 2005, los regidores C. Jaime Valencia González, Jesús Galeana Alvarado, José Luis Becerra Sánchez, Nicolasa Ramírez Aguirre, Yolanda Martínez García y Efraín López Barragán, ingresamos oficio HALC/OR/383/2005 dirigido a la Comisión Inspectora del Congreso del Estado de Michoacán, recibido con fecha 30 de junio del mismo año, en el cual le solicitamos que se efectuara una auditoría emergente de todos los rubros donde se hubieran aplicado recursos económicos, asimismo, que se verificara el ramo 33 y sus respectivos fondos, en virtud del desconocimiento que se tenía de la aplicación de los mismos y la desconfianza de su buena administración, a pesar de haber realizado esta petición no hubo respuesta por parte del Congreso del Estado de Michoacán para atender esta problemática que desde esa fecha los suscritos veníamos advirtiendo. 3. Que con fecha 13 de diciembre de 2005, el Congreso del Estado por diversos señalamientos realizados por el diputado Martín Godoy Sánchez de hechos relacionados con supuestas irregularidades en el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán, determina la integración de una comisión especial de investigación integrada por los diputados Rafael López Hernández, Alfonso Jesús Martínez Alcázar y Gustavo Arias Garduño. 4. Con fecha 16 de diciembre de 2005, la Comisión Especial de Investigación para el Municipio de Lázaro Cárdenas rindió de manera sumarísima el informe de las supuestas irregularidades imputadas a los integrantes del Ayuntamiento del Municipio líneas arriba mencionado. 5. Que con esa misma fecha 16 de diciembre del 2005, recibimos en las oficinas del Ayuntamiento, notificación suscrita por los diputados del Estado de Michoacán pertenecientes a la Comisión de Gobernación, en la cual sin adjuntarnos documentación alguna ni mucho menos especificar el procedimiento y las causales correspondientes, nos conceden un término de 3 días para comparecer ante dicha comisión para ofrecer pruebas y exhibir los documentos que consideráramos pertinentes, únicamente basándose en el artículo 117 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, dejándonos lo anterior en total estado de indefensión al desconocer totalmente de qué se trataba dicho procedimiento y en base a qué supuestas imputaciones, sin poder alegar lo que a nuestro derecho correspondía. En la notificación que recibimos textualmente dice lo siguiente: ‘... Notifíquese personalmente a los integrantes del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán, ciudadanos C. Nicolasa Ramírez Aguirre, J. Jesús Galeana Alvarado, Alberto Gutiérrez Tlalpan, Walter Torres Zaragoza, Jaime Valencia González y Fernando Diego Ríos, María de la Luz Torres Díaz ... para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación, si lo estiman conveniente a sus intereses contesten por escrito en los términos del artículo 117 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, ofrezcan pruebas y acompañen los documentos pertinentes ...’. De la anterior transcripción se colige que nuestro derecho de audiencia quedó mermado, ya que no se nos dio a conocer cuál era el procedimiento y en base a qué imputaciones y denuncias se estaba instaurando, tal como se desprende de lo estipulado en la tesis 188,033, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, enero de 2002, tesis I.7o.A.41 K, que a la letra reza lo siguiente: ‘AUDIENCIA. CÓMO SE INTEGRA ESTA GARANTÍA.’ (se transcribe). Sin embargo, es importante mencionar que a pesar del desconocimiento total que teníamos en relación al procedimiento instaurado en nuestra contra, acudimos a dar contestación ad cautelam y sin los elementos necesarios para desvirtuar los hechos planteados por la comisión especial para el caso de Lázaro Cárdenas, Michoacán, tal como se desprende del dictamen elaborado por la Comisión de Gobernación del Estado de Michoacán y presentado al Pleno en sesión de fecha 16 de noviembre del presente año, obviamente era imposible para nosotros refutar lo que la comisión especial informó, ya que no nos fue notificado el dictamen. 6. En base al punto de hechos anterior, acudimos con fecha 22 de diciembre de 2005 a las instalaciones del Congreso del Estado de Michoacán específicamente Comisión de Gobernación los suscritos, principalmente para conocer de qué era de lo que se nos acusaba y en base a qué imputaciones se instauraba dicho procedimiento, haciendo valer en nuestra primera comparecencia, la falta de apego a la norma contenida en el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la falta de apego a las formalidades esenciales de todo procedimiento, ya que al no notificarnos el dictamen elaborado por la comisión especial para la investigación del Municipio de Lázaro Cárdenas, nos dejan en total estado de indefensión, ya que no nos da la posibilidad de refutar los hechos o actos que ahí se plasman. 7. Que el suscrito Jaime Valencia González, no acudí ante dicha autoridad por el total desconocimiento del procedimiento que se instauraba en contra de los integrantes del Ayuntamiento. 8. Que con fecha 14 de noviembre de 2006, la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado de Michoacán integrada por los diputados María Lucila Arteaga Garibay, Víctor García Romero, Fernando Cano Ochoa, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela y Emiliano Velázquez Esquivel, emitió la resolución del procedimiento instaurado en contra de los suscritos, sin tomar en consideración los medios de convicción ofertados por los suscritos, los que de manera arbitraria desestima sin hacer estudio de cada uno de ellos en la resolución, tal y como se desprende de la lectura de los puntos quinto y décimo segundo del capítulo relativo a las consideraciones, que a la letra rezan lo siguiente: ‘Consideraciones. ... Quinto: Que del estudio y análisis de los escritos de contestación y pruebas documentales, públicas y privadas, documental pública de actuaciones y presuncional legal y humana, ofrecidas y admitidas a los integrantes del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán, actuaciones de las que se desprende en lo esencial, que ninguno contravino explícitamente los hechos del informe, negándolos, refiriéndolos de diferentes maneras o diciendo que los ignora cuando no son propios, por lo que se tiene por confesados todos los hechos sobre los que explícitamente no suscitaron controversia, de los cuales no se admite prueba en contrario. ... Décimo segundo: Que por lo que ve a las pruebas documentales públicas y privadas, admitidas a los integrantes del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán, de conformidad con el principio procesal fundamental de congruencia, que rige en materia de pruebas, previstas en los artículos 366 y 372 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y 251 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán, todo medio de convicción que se ofrezca y desahogue en el proceso debe guardar relación con algún punto controvertido, es decir, debe existir congruencia entre los hechos del informe, los de la contestación y las pruebas, lo que obliga a las partes a ofrecer pruebas relacionadas con cada uno de los puntos controvertidos; luego entonces, debe concluirse que las pruebas que no guarden nexo o relación directa con los hechos controvertidos por ser incongruentes y no conducirse directamente a justificar los hechos que forman la litis, se deben desechar, en virtud de que como no existe controversia las pruebas son inconducentes, e incongruentes, puesto que demuestran hechos ajenos a la litis y, por lo tanto, no son de valorarse, lo cual tiene fundamento en la tesis de jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito de la voz: «PRUEBAS. SON INCONDUCENTES SI TIENEN POR OBJETO DEMOSTRAR HECHOS AJENOS A LA LITIS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).». No así, es importante mencionar que de manera totalmente incongruente y arbitraria, da valor probatorio a las entrevistas que supuestamente realizó la comisión especial para la investigación de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en su considerando décimo primero que a la letra reza lo siguiente: «Décimo primero: Que antes de definir la hipótesis normativa a aplicar, es necesario destacar que la Comisión Especial de Investigación señala en su informe que los días 14 y 15 de diciembre de 2005, sostuvo entrevistas con los regidores del Ayuntamiento, con excepción del regidor del Partido Acción Nacional; con empresarios; con industriales; con comerciantes; con dirigentes de sindicatos; con jefes de tenencia del Municipio; integrantes de dirigencias de partidos políticos; y con empleados del propio Ayuntamiento entre los que se encontraban funcionarios y empleados, con el propósito de hacerse de elementos respecto de las denuncias formuladas en contra del Ayuntamiento, por parte del Dip. Martín Godoy Sánchez. Sin embargo, del contenido del informe, en el apartado 1 entrevistas, se desprende: que los testimonios de los entrevistados carecen de valor probatorio, por haberse recibido fuera de procedimiento y sin estar presentes las partes para que tuvieran la oportunidad de repreguntar; por lo que esta Comisión de Gobernación sólo les concede calor (sic) indiciario al tenor de los artículos 323 y 335 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán, de aplicación supletoria, conforme al artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán, para acreditar que existen problemas en el Ayuntamiento e incumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; que no se cubre el pago de la nómina y el pago a proveedores; que existe clima de inseguridad; que el síndico está arraigado por problemas de narcotráfico; que el presupuesto es erogado de manera irresponsable; que hay incumplimiento a los acuerdos de Cabildo; que existe un gasto corriente excesivo; que hay un plan de desarrollo municipal tardío, que no se recolecta la basura; entre otras cosas; lo que se encuentra probado plenamente con las copias certificadas de Cabildo, documentos públicos que hacen prueba plena conforme a los artículos 321 y 326 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán, de aplicación supletoria conforme al artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán.».’. De lo antes transcrito se colige que de manera totalmente arbitraria la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado de Michoacán, no otorga valor probatorio a los diferentes medios de convicción ofertados por los suscritos, y sin embargo, otorga mayor valor probatorio a las supuestas entrevistas realizadas por la comisión especial para investigar al Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, plasmadas en el informe que rinde ante la Comisión de Gobernación. 9. Que el día 27 de septiembre de 2006, la Auditoría Superior de Michoacán del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, levantó acta circunstanciada al H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán, realizado por la fiscalización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2005, en la que se asientan las aclaraciones presentadas por las autoridades municipales respecto de los hechos que se les dieron a conocer mediante acta circunstanciada levantada con fecha 24 del mes de julio del año 2006, en relación con la auditoría que se le ha venido practicando por el periodo comprendido de enero a diciembre de 2005, en cumplimiento a las órdenes de auditoría contenidas en los oficios números ASM/005/06, ASM/154/06, DA/002/06 y DAM/025/06. 10. Huelga aclarar, que los supuestos actos de mal manejo de fondos que se imputa a la suscrita síndico en el periodo en que sucedieron, no me encontraba en funciones, y respecto de los regidores destituidos, ellos no aplican fondos, sino que son las instancias operativas del Gobierno del Ayuntamiento".
TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora, son los siguientes:
"Primer concepto de invalidez. El decreto que adiciona las disposiciones jurídicas contenidas en el título tercero, capítulo tercero, denominado ‘Del procedimiento para la desaparición y suspensión de Ayuntamientos y suspensión o revocación de alguno de sus miembros’, es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su aprobación, promulgación, publicación y ejecución es igualmente inconstitucional, al contradecir el artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal de la República Mexicana, como a continuación se expone: El texto vigente del artículo 115 de la Ley Fundamental, en su parte conducente, consagra: ‘Artículo 115.’ (se transcribe). Por el contrario en el decreto que se cuestiona de inconstitucional en los diversos artículos adicionados a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso, como son el 175, 176, 177, 178, 179 y 180 del Estado de Michoacán, en ninguno de ellos, no se establecen las causas graves que la ley local prevenga para suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros a que se refiere el artículo 115 constitucional, por lo que de manera evidente y clara el decreto impugnado contradice por omisión el artículo 115 de la Constitución Federal, en efecto del contenido de los mencionados artículos adicionados de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán que a continuación se transcriben, se acredita plenamente la omisión respecto al precepto constitucional del artículo 115. ‘Artículos 175, 176, 177, 178, 179 y 180.’ (se transcriben). Si nos remitimos al desglose de supuestos que dejamos asentados en párrafos anteriores, respecto del numeral 115, fracción I, de la Ley Suprema de la nación, de acuerdo al texto de la misma, existe la orden del Constituyente de que para que un Congreso Local pueda hacer uso de la facultad que le otorga para desaparecer o suspender Ayuntamientos, o suspender o revocar mandato a alguno de sus miembros, deben establecerse en las leyes locales las causas graves que permitieran la aplicación de una u otra sanción. Es decir, el procedimiento que permite al Congreso del Estado aplicarnos sanción, para ajustarse al orden constitucional debía establecerse en el artículo 174 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, como primer elemento la determinación de causas graves, en la ley local, según el Texto Constitucional. Al no haber remisión expresa a ninguna otra disposición de carácter jurídico, que le permitiera remitirse a otras leyes, que usualmente se establecen en las legislaciones como ‘las demás que determinen otras leyes’, el universo legal al cual nos podemos remitir es exclusivamente a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, y si dentro del articulado que se adicionó a esta legislación, en el decreto que se tilda inconstitucional, se hace referencia exclusivamente a ‘la ley’, del análisis pormenorizado de la totalidad del texto de la misma, encontramos en su diverso artículo 5o., en el cual se establecen las definiciones para mejor entenderla, aparece lo siguiente: ‘Artículo 5o. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: I. Ley: La Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; ...’. Es lógico entonces concluir que al no hacer remisión expresa a otras leyes, y la ley misma al no contener una enumeración de causas graves que permitiera al Congreso determinar cuándo es que procede desaparecer o suspender un Ayuntamiento, o en su caso, por cuáles de esas causas es procedente suspender o revocar el mandato a alguno de los miembros de un Ayuntamiento, la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, es contraria al artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se puede aplicar una norma adjetiva, careciendo de una sustantiva, por ello debe declararse que esta ley es inconstitucional y, por tanto, es inválida, por no establecer las causas graves a que se refiere la norma constitucional, y con ello se acredita el agravio directo al órgano de Gobierno Municipal promovente de esta controversia constitucional. Consecuentemente, a fin de reparar el agravio anterior, pedimos se declare inconstitucional e inválida la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en los artículos adicionados en el decreto impugnado, lo anterior por carecer de normas jurídicas sustantivas, para la aplicación del procedimiento para desaparecer o suspender Ayuntamientos, o para suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, lo que deja a los encargados de su aplicación a su libre arbitrio, determinar cuándo y a quién aplicar la ley en forma discrecional, circunstancia que también atenta contra nuestra garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, pues somos objeto de una sanción, por haber realizado supuestas causas graves, sin que exista una ley expedida con anterioridad al hecho que determine cuáles son esas causas graves, teniendo como acto de molestia, la privación de continuar y ejercer un mandato hasta concluir el periodo constitucional que nos fue conferido, por la voluntad popular del Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, manifestado en su voto. Invoco por lo ilustrativo que al caso amerita, una parte de la ejecutoria consultable en la obra IUS 2004, bajo el número de registro 191,895 correspondiente a la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, mayo de 2000, tesis 2a. XXXI/2000, página 298, con el rubro: ‘AYUNTAMIENTOS. LAS CAUSAS GRAVES QUE SUSTENTAN LOS DECRETOS LEGISLATIVOS QUE DETERMINAN LA REMOCIÓN DE ALGUNO DE SUS MIEMBROS DEBEN ENCONTRARSE PLENAMENTE ACREDITADAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL.’, en la ejecutoria en cita, en lo que a este planteamiento interesa, nuestro más Alto Tribunal dispuso: ‘... de acuerdo a lo anterior, es posible determinar que el precepto fundamental citado, establece los elementos en que se sustenta el principio de libertad municipal introducido mediante reforma de mil novecientos ochenta y tres, contenido del texto constitucional vigente y su clasificación y la naturaleza propia de la figura del Municipio ...’. Derivado de lo expuesto hasta aquí, se sigue que el órgano revisor de la Constitución pretendió, a través de la enmienda en comento fortalecer el ámbito competencia del Municipio, recogiendo un viejo anhelo del constitucionalista mexicano, de ahí que las facultades establecidas en el artículo 115 constitucional, entre ellas la de elección libre de sus gobernantes, con las que se relaciona la presente controversia constitucional, corresponden en primera instancia al Municipio y sólo a través de la existencia de causas graves, que las leyes locales hayan determinado, cuando así fuere necesario, se podrá revocar o suspender a alguno de los miembros del Ayuntamiento. En ese contexto, cabe señalar que ese tribunal llegó a la conclusión de que la revocación del mandato de un presidente municipal debe sustentarse en la acreditación de las causas graves previstas en la respectiva ley local, pues de lo contrario el decreto respectivo será violatorio del artículo 115 constitucional, debiendo declararse su invalidez. Al efecto, resulta ilustrativa la tesis jurisprudencial citada por el recurrente, la cual lleva por rubro, texto y datos de identificación, los siguientes: ‘CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES, SI LA LEGISLATURA REVOCA EL MANDATO DE UN PRESIDENTE MUNICIPAL SIN ESTAR ACREDITADO QUE INCURRIÓ EN LAS CAUSAS GRAVES PREVISTAS EN LA LEY LOCAL, INFRINGE EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y PROCEDE DECLARAR LA INVALIDEZ DEL DECRETO RELATIVO (ESTADO DE MÉXICO).’ (se transcribe). No nos queda la menor duda, de que para poder iniciar un procedimiento como éste, al cual fuimos sometidos, se requiere, en primer lugar, la existencia de una ley, prevenida por la Legislatura Local, que determine los hechos o conductas que puedan ser considerados de modo tal graves, en mérito de lo cual se pudiera determinar la desaparición o suspensión del Ayuntamiento o en su caso, cuáles son los hechos o conductas que permitan la revocación o suspensión del mandato de alguno de los miembros de un Ayuntamiento. Por todo ello debe declararse la inconstitucionalidad y la invalidez del decreto impugnado emitido por el Congreso del Estado de Michoacán, debiendo reinstalar de inmediato en el cargo a los regidores y a la síndico municipal para que continúen con sus funciones en el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fundamos nuestra petición en la jurisprudencia que tiene el número de registro 180,168, sustentada p
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20464-d73cc4f2/controversia-constitucional-el-articulo-174-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y DEROGA EL DIVERSO POR EL QUE SE CREA LA VENTANILLA ÚNICA "SEDUVI-SITE" (SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA-S (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEL CATÁLOGO DE ATRIBUCIONES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE H (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 3o. DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, AL ESTABLECER QUE LA SECRETARÍA DE FINA (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- ASENTAMIENTOS HUMANOS. SU REGULACIÓN CONSTITUYE UNA FACULTAD CONCURRENTE POR DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CORRESPONDE EN EXCLUSIVA A LA LEGISLATURA EST (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SENTENCIA CONDENATORIA ANTERIOR AL CODIGO PENAL VIGENTE PARA EL ESTADO DE MICHOACAN. (s/clave)
- DERECHO DE PETICIÓN. SU RESPETO NO SE SATISFACE POR EL HECHO DE QUE LA AUTORIDAD ANTE LA CUAL SE FORMULE UNA PETICIÓN O SE PROMUEVA UNA INSTANCIA ARGUMENTE, TRATÁNDOSE DE UNA NEGAT (I.7o.A.56 A (10a.))
- QUEJA FUNDADA, CONTRA LA RESOLUCION OMISIVA DEL JUEZ. (s/clave)
- SENTENCIAS ADMINISTRATIVAS, ES INOPERANTE EL AMPARO INTERPUESTO CONTRA LA DICTADA POR LA SALA REGIONAL, SI TAMBIEN SE IMPUGNA LA EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR EN REVISION DE AQUELLA (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis