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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, CUANDO HAYAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ANÁLISIS DE LA VALIDEZ DE LOS ACTOS IMPUGNADOS DEBE REALIZARSE CONFORME A LAS CONDICIONES JURÍDICAS IMPERANTES AL MOMENTO DE PRODUCIRSE EL FALLO.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 96/2007. · Registro digital (IUS): 22641
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COAHUILA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, , Pág. 2453.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 96/2007. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COAHUILA.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIOS: ALFREDO VILLEDA AYALA Y FERNANDO SILVA GARCÍA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día catorce de octubre de dos mil diez.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Demanda principal. Por escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil siete ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Humberto Moreira Valdés, en su carácter de Gobernador Constitucional de Coahuila de Zaragoza, promovió controversia constitucional en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:

Autoridades demandadas:

a) Presidente de la República;

b) Secretaría de Economía; y,

c) Comisión Federal de Competencia.

Actos reclamados:

a) El requerimiento de información y documentos de nueve de noviembre de dos mil siete, realizado al licenciado Armando Javier Prado Delgado en su calidad de presidente del Colegio de Notarios del Estado de Coahuila.

b) La investigación con número de expediente IO-02-2007, cuyo acuerdo de inicio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de septiembre de dos mil siete, iniciada de oficio por la Comisión Federal de Competencia por prácticas monopólicas absolutas en el mercado de los servicios de notariado público en el territorio nacional en contra de los notarios públicos de diversas entidades federativas y, en particular, en contra del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Coahuila y de sus miembros en lo individual.

c) Todos aquellos actos, instrucciones, oficios, órdenes y demás instrumentos jurídico-administrativos, cuyo objeto sea el desarrollo de dicha investigación.

La parte actora formuló los antecedentes del caso y los conceptos de invalidez que estimó pertinentes, a cuyo contenido resulta innecesario hacer alusión, en virtud del sentido del presente fallo.

SEGUNDO.-Preceptos constitucionales violados señalados en la demanda principal. La parte actora estimó infringidos en su perjuicio los artículos 14, 16, 40, 73, 115, 116, 177 (sic) y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO.-Trámite de la demanda principal. Mediante proveído de dieciocho de diciembre de dos mil siete, los Ministros integrantes de la Comisión de Receso del Segundo Periodo de Sesiones de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenaron formar y registrar el expediente relativo bajo el número 96/2007 y admitieron a trámite la controversia constitucional en contra de las autoridades señaladas como demandadas, hecha excepción de la Secretaría de Economía.

En el mismo acuerdo determinaron que no había lugar a tener como terceros interesados a los Poderes Ejecutivos y Legislativos de las restantes entidades federativas, así como al jefe de gobierno y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; sin embargo, consideraron que el Congreso del Estado de Coahuila sí debía ser llamado a juicio con tal carácter de tercero, por lo que ordenaron se le diera vista con copia de la demanda para que manifestara lo que a su interés conviniera.

Finalmente, por razón de turno, designaron a la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos como instructora del procedimiento.

CUARTO.-Ampliación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil ocho, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Humberto Moreira Valdés (fojas 144 a 150 del expediente principal) amplió su demanda en contra de las siguientes autoridades y por los actos que a continuación se transcriben:

Autoridades demandadas en la ampliación:

a) Presidente de la República;

b) Secretario de Gobernación,

c) Director del Diario Oficial de la Federación;

d) Cámara de Senadores;

e) Cámara de Diputados; y,

f) Comisión Federal de Competencia.

Acto reclamado:

"Lo constituye la iniciativa, discusión, aprobación, promulgación, refrendo y publicación en fecha 24 de diciembre de 1992 y su reforma por medio del mismo proceso de fecha 28 de junio de 2006 de la Ley Federal de Competencia Económica, en particular su el (sic) fecha 28 de junio de 2006 de la Ley Federal de Competencia Económica, en particular su el (sic) artículo 3o. Asimismo, su aplicación por medio de el (sic) acuerdo de inicio del procedimiento por presuntas prácticas monopólicas absolutas con el número IO-02-2007, por considerar a los notarios como sujetos a dicha ley y por consiguiente se instauró el procedimiento por prácticas monopólicas."

La parte actora en su ampliación de la demanda señaló como preceptos constitucionales violados los artículos 28, 40 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por acuerdo de cinco de febrero de dos mil ocho, la señora Ministra instructora admitió a trámite la ampliación de la demanda en contra de las autoridades señaladas como responsables de los actos reclamados, hecha excepción del director del Diario Oficial de la Federación.

QUINTO.-Contestación de la demanda principal y de su ampliación. Las autoridades demandadas contestaron la demanda principal y, en su caso, a su ampliación, mediante los escritos que obran en autos.

SEXTO.-Opinión. El procurador general de la República formuló su opinión (fojas 731 a 816 del expediente principal).

SÉPTIMO.-Audiencia. Una vez que fue sustanciado el procedimiento, tuvo verificativo la audiencia a que se refiere el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, el día dos de julio de dos mil ocho, en la cual se recibieron las pruebas de las partes, así como sus alegatos, y se declaró cerrada la instrucción.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso a),(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I,(2) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de una controversia constitucional suscitada entre la Federación y el Estado de Coahuila de Zaragoza.

SEGUNDO.-Estudio. La presente controversia constitucional debe sobreseerse con fundamento en el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el diverso artículo 19, fracción V, que establece que las controversias constitucionales son improcedentes cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia, tal como se demuestra a continuación:

La parte actora en su escrito de demanda y de ampliación cuestionó la constitucionalidad de lo siguiente:

1) La aprobación, promulgación y refrendo del artículo 3o. de la Ley Federal de Competencia.

2) El "Extracto del acuerdo por el que la Comisión Federal de Competencia inicia la investigación de oficio identificada bajo el número de expediente IO-02-2007, por prácticas monopólicas absolutas en el mercado de los servicios de notariado público en el territorio nacional", publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de septiembre de dos mil siete.

3) El oficio DGIPMARCI-10-096.2007-120, de nueve de noviembre de dos mil siete dirigido al Colegio de Notarios Públicos del Estado de Coahuila, suscrito por el director general de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas y Restricciones al Comercio Interestatal de la Comisión Federal de Competencia, derivado del procedimiento de investigación instaurado con el número de expediente IO-02-2007, a través del cual se le requirió de información y documentos.

4) Los diversos actos, instrucciones, oficios, órdenes y demás instrumentos jurídico-administrativos dictados en el desarrollo de la investigación reclamada, contenidos en el expediente IO-02-2007, a cargo de la Comisión Federal de Competencia.

Ahora bien, la Comisión Federal de Competencia hizo notar ante este Alto Tribunal, mediante escrito presentado el doce de noviembre de dos mil siete, esto es, con posterioridad a la celebración de la audiencia verificada el dos de julio del mismo año en esta controversia constitucional, que el procedimiento de investigación, cuya instauración fue reclamado, ya había sido concluido, en los siguientes términos:

"En sesión del 25 de septiembre de 2008 esta CFC, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 41 (sic) del Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica, decretó el cierre del expediente IO-02-07 al no existir elementos suficientes para sustentar la probable actualización de contravenciones a la LFCE."

Posteriormente, mediante escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil ocho, la Comisión Federal de Competencia exhibió copia certificada de la resolución definitiva dictada por ese organismo en el expediente IO-02-07, cuyo texto es el siguiente (foja 946 del expediente principal):

"México, Distrito Federal, a veinticinco de septiembre de dos mil ocho. Con fundamento en los artículos 9o., 23, 24, fracción IV y 25, de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), 31, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica, así como 8, fracción I, 13, 14, fracción L y 15 del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Competencia, el Pleno de la Comisión Federal de Competencia, ante la ausencia temporal del presidente de esta comisión, Eduardo Pérez Motta, quien designó al comisionado Rodrigo Morales Elcoro para suplirlo en sus funciones mediante el acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil ocho, contenido en el oficio número PRES-10-096-2008-159 anexo en copia certificada y con fundamento en los artículos 28, fracciones V y VI, de la LFCE; 8o., fracción II, 9o. y 22, fracción XIII, del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Competencia, reunido en sesión ordinaria del día de hoy, por mayoría de votos y con voto en contra del comisionado Miguel Flores Bernés quien además afirmó su interés en emitir un voto particular, decretó el cierre de la investigación cuyo número de expediente se cita al rubro, al no existir elementos suficientes para sustentar la presunta responsabilidad de agente económico alguno con motivo de los hechos investigados. Lo anterior, en atención a que la investigación de oficio se inició toda vez que esta comisión tenía como causa objetiva la publicación de un desplegado que hace referencia al supuesto establecimiento de un precio de cinco mil pesos por diferentes servicios necesarios para la constitución de sociedades mercantiles de determinadas características. Dicho desplegado resultó ser un indicio de que tal situación pudiese derivar de una manipulación indebida del mercado, que pudiese implicar la existencia de prácticas monopólicas absolutas, en específico de las señaladas en la fracción I del artículo 9o. de la LFCE, es decir, contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados, o intercambiar información con el mismo objeto o efecto. De la investigación realizada no se desprenden elementos que pudieran servir para determinar la probable responsabilidad de algún agente económico, ni existen indicios o elementos que permitan establecer la posibilidad de ulteriores actuaciones en la investigación iniciada para obtenerlos. Por lo anterior, se decreta el cierre de la investigación cuyo número de expediente se cita al rubro, y se ordena archivar las constancias del presente procedimiento como total, y definitivamente concluido.

"Así lo resolvió y firma el Pleno de la Comisión Federal de Competencia, de lo cual da cuenta y fe, el secretario ejecutivo de la Comisión Federal de Competencia con fundamento en los artículos 29 de la Ley Federal de Competencia Económica, 8, fracción III, y 23, fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Competencia. Conste.

"Luis Alberto Ibarra Pardo. Comisionado (rúbrica). Lic. Miguel Ángel Flores Bernés. Comisionado. (Rúbrica). Lic. Rodrigo Morales Elcoro. Comisionado. (Rúbrica). Dr. José Agustín Navarro Gergely. Comisionado. (Rúbrica). Alí B. Haddou Ruiz. (Rúbrica)."

De lo anterior se obtiene que la Comisión Federal de Competencia ha dado conclusión al procedimiento iniciado por la Comisión Federal de Competencia por prácticas monopólicas absolutas en el mercado de los servicios de notariado público en contra del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Coahuila y de sus miembros en lo individual en el expediente IO-02-2007.

De ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, el cual dispone lo siguiente:

"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"...

"V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia."

Lo anterior debido a que conforme a las condiciones jurídicas imperantes al momento de producirse este fallo se observa que han cesado los efectos del procedimiento de investigación contenido en el expediente IO-02-07, cuya instauración fue reclamado, y a ningún resultado práctico conduciría examinar el acto reclamado si, de cualquier forma, ya no genera obligaciones presentes al haber concluido el procedimiento. Sirve de apoyo a la anterior conclusión la jurisprudencia P./J. 51/2003,(3) que es del siguiente tenor:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ANÁLISIS DE LA VALIDEZ DE LOS ACTOS IMPUGNADOS DEBE REALIZARSE CONFORME A LAS CONDICIONES JURÍDICAS IMPERANTES AL MOMENTO DE PRODUCIRSE EL FALLO.-Si durante la tramitación de una controversia constitucional las condiciones jurídicas pertinentes para su resolución sufren alguna modificación, el análisis de la validez de los actos y disposiciones impugnados deberá realizarse a la luz de esas nuevas condiciones. Lo anterior es así, en razón de la naturaleza y características especiales que revisten este tipo de juicios, pues en ellos se tutela primordialmente la regularidad constitucional de actos y disposiciones generales, antes que el interés particular de quienes fungen como partes; además, las sentencias que se dictan no tienen efectos retroactivos, salvo en materia penal, conforme al artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Analizar la validez de los actos o disposiciones impugnados con base en legislación superada u obsoleta llevaría al dictado de sentencias inconsistentes con la realidad, que podrían representar dificultades para su debida cumplimentación, además de que la emisión de un fallo en estas condiciones conduciría, en la generalidad de los casos, a que la parte actora, de insistir en la invalidez del acto impugnado, tuviera que promover un nuevo juicio en contra del mismo acto para que éste se juzgara conforme al nuevo contexto normativo, lo cual, además de ser contrario al principio de economía procesal, sólo llevaría a un juicio improcedente por extemporaneidad, lo que generaría un estado de indefensión en su perjuicio y atentaría contra el bien jurídico tutelado en estos juicios."

Asimismo, debe sobreseerse por lo que respecta al artículo 3o. de la Ley Federal de Competencia impugnado, pues su acto de aplicación que se combatió en este juicio ya cesó en sus efectos al dictarse la resolución correspondiente, la cual concluyó favorablemente a los intereses de quien era la parte actora.

Por tanto, al cesar los efectos del acto de aplicación, también cesó cualquier afectación que pudiera haberse generado con la concreción del artículo 3o. de la Ley Federal de Competencia.

En este orden de ideas, si los actos cuya invalidez se demandó han cesado en sus efectos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, con fundamento en la fracción II del artículo 20 de la propia ley, se debe sobreseer en el presente juicio.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.-Se sobresee en la presente controversia constitucional.

Notifíquese; por medio de oficio a las partes, publíquese la presente resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Aguilar Morales, Valls Hernández, Silva Meza y presidente Ortiz Mayagoitia.

El señor Ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

No asistió la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas por licencia concedida.

________________

1. "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se susciten entre:

"a) La Federación y un Estado o el Distrito Federal."

2. "Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno: I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

3. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, septiembre de 2003, tesis P./J. 51/2003, página 1056.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22641-967afa4c/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-juicio-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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