CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 2o., FRACCIONES I, IX Y XVII, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS, QUE SEÑALA LOS ALCANCES DE LOS CONCEPTOS "INDUSTRIA PETROLERA ESTATAL", "ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE CARÁCTER PRODUCTIVO" Y "PROYECTOS SUSTANTIVOS", NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 25, 27, 28 Y 135 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 12, PÁRRAFO PRIMERO, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS, QUE DISPONE LA APROBACIÓN AUTOMÁTICA DE UN ASUNTO CUANDO LOS CONSEJEROS PROFESIONALES DISIDENTES CAMBIAN EL SENTIDO DE SU VOTO INICIAL, VIOLA EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 14 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS, QUE ESTABLECE LA PROPUESTA DE REMUNERACIÓN A LOS CONSEJEROS PROFESIONALES A CARGO DE UN COMITÉ EXTERNO, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 74, FRACCIÓN IV Y 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 17 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS, AL ORDENAR QUE SE LE DÉ VISTA CON EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS QUE INTEGRAN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, PREVISTO POR EL ARTÍCULO 16 DEL MISMO ORDENAMIENTO, AL COMITÉ DE AUDITORÍA Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 19 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS, QUE FACULTA A LOS SERVIDORES DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS QUE TENGAN CONOCIMIENTO DE HECHOS, ACTOS U OMISIONES DE ALGÚN CONSEJERO QUE GENEREN DAÑOS O PERJUICIO A PETRÓLEOS MEXICANOS, A DENUNCIARLOS A LA DIRECCIÓN GENERAL, NO REBASA NI EXCEDE EL MARCO REGULATORIO DELIMITADO POR LA PROPIA LEY, POR LO QUE NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 72, INCISO F), 73, FRACCIÓN X Y 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 62 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS, QUE DETERMINA LAS REMUNERACIONES QUE PETRÓLEOS MEXICANOS Y SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS PACTARÁN EN LOS CONTRATOS Y CONVENIOS QUE CELEBREN, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 25, 27, 28, 89, FRACCIÓN I Y 135 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ARTÍCULOS 4o., 12, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, 26, 27, 33, 40 Y 41 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS, QUE PREVÉN LA DETERMINACIÓN DE LAS REMUNERACIONES QUE PETRÓLEOS MEXICANOS Y SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS PACTARÁN EN LOS CONTRATOS Y CONVENIOS QUE CELEBREN; EL RÉGIMEN DE VOTACIÓN PARA LA TOMA DE RESOLUCIONES POR PARTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN; LAS CAUSAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA REMOCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL, LA AUTORIZACIÓN HACENDARIA PARA LA REALIZACIÓN DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS O MODIFICACIONES DE LOS CALENDARIOS DE PRESUPUESTO Y LOS PRECIOS DE BIENES Y SERVICIOS COMERCIALIZADOS ENTRE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, RESPECTIVAMENTE, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ARTÍCULOS 7o. Y 8o. DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS, QUE REGULAN LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS A CARGO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DE LOS CONSEJEROS Y DEL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LA DIFUSIÓN DE ACUERDOS, VOTOS E INFORMES EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DE PETRÓLEOS MEXICANOS, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ARTÍCULOS 15 Y 16 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS, QUE DISPONEN EL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, NO VIOLAN LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ARTÍCULOS 70, 71 Y 72 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS, QUE SEÑALAN LA PARTICIPACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS O DE SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS EN LAS SOCIEDADES MERCANTILES, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 97/2009. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
MINISTRA PONENTE MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIOS: FERNANDO SILVA GARCÍA, FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ Y ALFREDO VILLEDA AYALA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día seis de diciembre de dos mil diez.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el dieciséis de octubre de dos mil nueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Francisco Javier Ramírez Acuña, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, promovió controversia constitucional en contra de las autoridades y por la norma general que a continuación se indican:
Autoridades demandadas:
1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos;
2. Secretaria de Energía;
3. Secretario de Hacienda y Crédito Público;
4. Secretario de Economía;
5. Secretario de la Función Pública;
6. Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
7. Secretario de Gobernación.
Norma general reclamada:
Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de septiembre de dos mil nueve, específicamente sus artículos 2o., fracciones I, IX y XVII, 4o., 7o., 8o., 12, 14, 15, 16, 17, 19, 26, 27, 33, 40, 41, 62, 70, 71 y 72.
SEGUNDO. Preceptos constitucionales señalados como violados. Artículos 25, 27, 28 y 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO. Antecedentes narrados en la demanda. La parte actora expuso lo siguiente:
"1. El 4 de septiembre del 2009, el titular del Poder Ejecutivo Federal tuvo a bien expedir el Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, lo que se acredita con la documental pública visible en el anexo II.
"2. La norma general en cita fue refrendada en la misma fecha por los secretarios de Energía, de Hacienda y Crédito Público, de Economía, de la Función Pública, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
"3. El 4 de septiembre del 2009 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, órgano de difusión que se encuentra adscrito a la Secretaría de Gobernación.
"4. Toda vez que el reglamento de referencia fue emitido en contravención a diversos preceptos de la Carta Magna, en legales tiempo y forma, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión está interponiendo en su contra la presente controversia constitucional."
CUARTO. Conceptos de invalidez. La parte actora formuló los conceptos de invalidez que se contienen en el anexo I de la presente ejecutoria.
Asimismo, en la parte final de sus conceptos de invalidez, la parte actora solicitó lo siguiente:
"Finalmente, se solicita a ese Alto Tribunal se tengan por formulados los argumentos del senador Graco Ramírez Garrido Abreu, a fin de que constituyan parte de los conceptos de invalidez hechos valer por esta Cámara de Diputados, que se adjunta el (sic) presente escrito."
En atención a esta solicitud, el documento que se adjuntó a la demanda se contiene como anexo II de esta ejecutoria
QUINTO. Admisión y trámite. Mediante proveído de diecinueve de octubre de dos mil nueve, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el asunto bajo el número 97/2009, y designó a la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para que fungiera como instructora en el procedimiento.
Consecuentemente, por auto de veinte de octubre del indicado año, la señora Ministra instructora Margarita Beatriz Luna Ramos le reconoció personalidad al diputado presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para representar a la parte actora, y ante la oscuridad de la demanda derivada de la falta de señalamiento de los actos que se reclamaban del procurador general de la República, previno al promovente para que aclarara su escrito inicial.
En cumplimiento a la prevención, mediante escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil nueve, la parte actora señaló como actos reclamados del procurador general de la República los siguientes:
"Al procurador general de la República se le atribuye la calidad de parte en la presente controversia constitucional sin imputarle acto específico alguno de autoridad, en virtud de que así está expresamente dispuesto en el artículo 10, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, su intervención dentro del procedimiento jurisdiccional extraordinario en que se actúa es de carácter oficioso y obligatorio, lo que se evidencia más allá de toda duda razonable, con el texto del apartado conducente de la iniciativa presidencial de la ley reglamentaria en cita que a la letra dice lo siguiente:
"‘En estos juicios (de controversias constitucionales) se da intervención oficiosa y obligatoria, al procurador general de la República, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado A) del artículo 102 constitucional, misma que se justifica por el carácter que tiene este servidor público, como uno de los responsables de hacer guardar la Constitución.’."
Visto el escrito anterior, la señora Ministra instructora, por auto de tres de noviembre de dos mil nueve, admitió a trámite la controversia constitucional en contra del presidente de la República y de los secretarios de Estado demandados, a quienes ordenó emplazar para que contestaran la demanda.
Con relación a la demanda formulada en contra del procurador general de la República, la señora Ministra instructora determinó que no había lugar a tenerlo como autoridad demandada, ya que por disposición legal dicho servidor público necesariamente tiene el carácter de parte en toda controversia constitucional, tal como lo aclaró la actora.
SEXTO. Contestación de la demanda. Las autoridades demandadas comparecieron a juicio oportunamente mediante escritos presentados en las siguientes fechas:
Ver fechas
SÉPTIMO. Opinión del procurador. El procurador general de la República expresó lo siguiente:
"Primero. Tenerme por presentado en tiempo y forma con la personalidad que tengo reconocida en autos, con fundamento en los artículos (sic) 102, apartado A, tercer párrafo, en relación con el 105, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Segundo. Declarar que esa Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, que fue promovida por persona legitimada y oportunamente.
"Tercero. Declarar infundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento hechas valer por los demandados Poder Ejecutivo Federal, Secretarías de Energía, Hacienda y Crédito Público y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
"Cuarto. Por las consideraciones vertidas en el cuerpo de este escrito, declarar infundados los conceptos de invalidez hechos valer por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y, en consecuencia, la constitucionalidad de los artículos 2o., fracciones I y IX, 14, 26, 27, 33, 40, 41, 62, 70, 71 y 72 del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos."
OCTAVO. Cierre de instrucción. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el once de marzo de dos mil diez, se llevó a cabo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la que, en términos de los artículos 32 y 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en atención a que se plantea un conflicto suscitado entre la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo Federal, en el cual se impugnan normas de carácter general contenidas en el Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de septiembre de dos mil nueve, específicamente sus artículos 2o., fracciones I, IX y XVII, 4o., 7o., 8o., 12, 14, 15, 16, 17, 19, 26, 27, 33, 40, 41, 62, 70, 71 y 72.
SEGUNDO. Certeza de los actos reclamados en la demanda principal. La emisión del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de septiembre de dos mil nueve, no requiere de prueba alguna en términos de la jurisprudencia 65/2000 de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, cuyo rubro es: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN."(1)
De lo anterior deriva que son ciertos los actos que se reclaman del presidente de la República y del secretario de Gobernación consistentes, respectivamente, en la expedición y publicación del reglamento reclamado, y que también es verdad que los restantes secretarios de Estado demandados refrendaron dicho ordenamiento.
TERCERO. Certeza de los diversos actos reclamados en el anexo de la demanda. A su demanda principal la parte actora anexó un ocurso suscrito por el senador de la República Graco Ramírez Garrido Abreu, en cuya última parte titulada "XIII) Apertura de las actividades corriente abajo de la industria petrolera mediante permisos", se expresaron diversos conceptos de invalidez en contra de otras disposiciones legales, distintas del reglamento reclamado, como son las siguientes:
a) Artículos 15, 15 bis y 15 ter de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil ocho;
b) Artículos 2o. y 3o. de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil ocho.
En virtud de que en el anexo de la demanda principal, suscrito por el senador de la República Graco Ramírez Garrido Abreu, se plantearon argumentos novedosos en contra de los anteriores preceptos legales, debe estimarse que la parte actora también reclamó dichas disposiciones, ya que aunque no lo haya hecho en forma destacada en el apartado respectivo de su escrito inicial, lo cierto es que la demanda debe ser interpretada en su integridad, y ello incluye desde luego a los anexos que se presenten.
Por tanto, procede tener por impugnadas las disposiciones legales a que se refiere este considerando, cuya existencia no requiere prueba alguna por tratarse de normas generales difundidas al público en general mediante su inserción en el Diario Oficial de la Federación, publicación de la cual se infiere que al presidente de la República le correspondió la promulgación tanto de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, como de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.
Asimismo, se advierte que al secretario de Gobernación le correspondió el refrendo y la publicación de dichas leyes.
CUARTO. Oportunidad de la demanda en contra del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos. La promoción de la presente controversia constitucional se rige por la fracción II del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, la cual establece que, tratándose de normas generales, el plazo para la presentación de la demanda será de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación.
Conforme a dicha disposición legal, si el Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de septiembre de dos mil nueve, el plazo para su impugnación comenzó al día siguiente y concluyó el veintidós de octubre del mismo año, descontando los días inhábiles(2) que aparecen sombreados en el siguiente calendario:
Ver calendario
Por tanto, si la demanda principal se presentó el dieciséis de octubre de dos mil nueve, debe estimarse que la misma se promovió oportunamente respecto del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 29/97 de este Tribunal Pleno, cuyo rubro es: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. OPORTUNIDAD PARA PROMOVERLAS CUANDO SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES."(3)
QUINTO. Extemporaneidad de la demanda respecto de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. La demanda resulta notoriamente extemporánea respecto de los artículos 15, 15 bis y 15 ter de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, y con relación a los artículos 2o. y 3o. de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, cuya inconstitucionalidad fue planteada en el anexo de la demanda suscrito por el senador de la República Graco Ramírez Garrido Abreu, si se toma en cuenta que la última reforma a tales preceptos fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil ocho, y la presente controversia constitucional se promovió a casi un año de distancia de la mencionada fecha de publicación, esto es, fuera del plazo legal de treinta días previsto en la fracción II del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional.
Consecuentemente, procede sobreseer con relación a las disposiciones legales a que se refiere el presente considerando, con fundamento en los artículos 19, fracción VII y 20, fracción II, del ordenamiento que se acaba de mencionar.
Asimismo, por distinto motivo, la presente controversia constitucional resulta improcedente contra los artículos 15, 15 bis y 15 ter de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, y los artículos 2o. y 3o. de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, ya que en la aprobación de estos ordenamientos participó la propia Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y si lo que se cuestiona es el contenido de dichos preceptos, ello significa que la actora reclama actos propios, no suscitándose en consecuencia un conflicto entre los órganos o entidades a que se refiere la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal.
En tal virtud, por este otro motivo, procede sobreseer por lo que hace a estos ordenamientos legales con fundamento en los artículos 20, fracción II, y 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional.
SEXTO. Legitimación activa. Suscribe la demanda de controversia constitucional, en representación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, en su carácter de presidente de la mesa directiva, cargo que acredita con la copia certificada del Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, de veintinueve de agosto de dos mil nueve, en la que consta la designación e integración de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para el primer año de ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura (fojas 37 a 41).
Además, dicho funcionario se encuentra facultado para promover la presente controversia constitucional, en representación de la Cámara de Diputados, de conformidad con el artículo 23, número 1, inciso I), de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que es atribución del presidente de la mesa directiva "Tener la representación legal de la Cámara y delegarla en la persona o personas que resulte necesario".
De la misma manera, se estima que la Cámara de Diputados cuenta con legitimación activa para promover esta controversia constitucional, ya que es uno de los órganos legitimados por el artículo 105, fracción I, inciso c), de la Constitución Federal para promover el presente medio de control constitucional, que a la letra dispone:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se susciten entre:
"...
"c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal; ..."
Finalmente, este Tribunal Pleno ha reconocido que las Cámaras de Diputados y de Senadores, como órganos que conforman el Congreso de la Unión, pueden promover aisladamente una controversia constitucional en defensa de las atribuciones del Congreso de la Unión, de conformidad con la jurisprudencia 83/2000 de este Tribunal Pleno, cuyo rubro es: "CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES. ESTÁN LEGITIMADAS AISLADAMENTE PARA PLANTEAR LA DEFENSA DE LAS ATRIBUCIONES QUE EL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE A FAVOR DEL CONGRESO DE LA UNIÓN."(4)
En estas condiciones, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, cuenta con legitimación procesal para promover la presente controversia constitucional.
SÉPTIMO. Legitimación pasiva. La tiene el presidente de la República, en virtud de que a él le correspondió la expedición del reglamento reclamado; y por haberlo refrendado, la tienen los Secretarios de Energía; de Hacienda y Crédito Público; de Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de la Función Pública, así como el secretario de Gobernación por haberlo publicado.
Además, los secretarios de Estado que refrendaron el reglamento reclamado cuentan con legitimación pasiva para intervenir en el presente asunto con base en la jurisprudencia 109/2001 de este Tribunal Pleno, cuyo rubro es: "SECRETARIOS DE ESTADO. TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CUANDO HAYAN INTERVENIDO EN EL REFRENDO DEL DECRETO IMPUGNADO."(5)
Por otra parte, el secretario de Gobernación y la secretaria de Energía comparecieron personalmente a la presente controversia constitucional acreditando tener tal carácter con sus respectivos nombramientos (fojas 415 y 331), y esta última servidora pública lo hizo también en representación del titular del Poder Ejecutivo Federal, en términos del párrafo tercero del artículo (sic) 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, el cual establece que el presidente de la República será representado por el secretario de Estado, por el jefe del departamento administrativo o por el consejero jurídico del Gobierno, conforme lo determine el propio presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley.
Ahora, dicha representación del titular del Poder Ejecutivo Federal fue otorgada en términos del oficio dirigido a la secretaria de Energía (fojas 330) cuyo texto es el siguiente:
"Doctora Georgina Yamilet Kessel Martínez,
"Secretaria de Energía
"Presente
"Con fundamento en el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracciones III, V y XXV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 8, fracción XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, he determinado que usted represente al presidente de la República ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la controversia constitucional número 97/2009, promovida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
"Atentamente
"El presidente de la República,
"(Firma ilegible)
"Felipe de Jesús Calderón Hinojosa"
Por otra parte, los siguientes secretarios de Estado comparecieron a la presente controversia constitucional en los siguientes términos:
Secretario de Hacienda y Crédito Público: acude al juicio Ernesto Javier Cordero Arroyo como titular de dicha secretaría, en términos de la copia certificada del nombramiento de quince de diciembre de dos mil nueve expedido a su favor por el presidente de la República (foja 441) y, en su ausencia, y de los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Ingresos, de Egresos y del Oficial Mayor, suscribe la contestación a la demanda Javier Laynez Potisek, en su carácter de procurador fiscal de la Federación, de acuerdo con la copia certificada del nombramiento de primero de febrero de dos mil ocho expedido a su favor por el titular del Ejecutivo Federal (foja 442); conforme a los artículos 92 de la Constitución Federal, 10, fracción II y 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31, fracciones XIII y XXV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 6, fracción V y 105, primer párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Secretario de Economía: acude al juicio en su representación Miguel Gómez Bravo, en su carácter de jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de dicha secretaría, en términos de la copia certificada del nombramiento de dieciséis de octubre de dos mil ocho expedido a su favor por el oficial mayor y por acuerdo del titular de dicha dependencia (foja 421); conforme a los artículos 92 de la Constitución Federal, 10, fracción II y 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, fracciones I, II y XXXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 15, fracciones VI, VI bis y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.
Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación: acude al presente juicio a través de su representante, el coordinador general jurídico y, en ausencia de éste y del director de lo Contencioso, Javier Muñiz Marmolejo en su carácter de subdirector de amparos, todos de la citada dependencia federal, conforme a los artículos 92 de la Constitución Federal, 10, fracción II y 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 15, fracciones IX, X y XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Secretario de la Función Pública: acude al presente juicio a través de su representante Moisés Herrera Solís en su carácter de titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de dicha dependencia, conforme a los artículos 92 de la Constitución Federal, 10, fracción II y 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37, fracciones I, II y XXVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 12, fracciones III y XII bis, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.
Secretario de Gobernación: acude al juicio Fernando Francisco Gómez Mont Urueta como titular de dicha secretaría, en términos de la copia certificada del nombramiento de diez de noviembre de de dos mil ocho expedido a su favor por el presidente de la República (foja 415), conforme a los artículos 72, inciso A, de la Constitución Federal, 10, fracción II y 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27, fracciones II y III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.
OCTAVO. Causas de improcedencia alegadas por las partes. Procede examinar ahora las causas de improcedencia que aleguen las partes o que de oficio advierta este Alto Tribunal.
El procurador fiscal de la Federación, en ausencia del oficial mayor, de los subsecretarios de Egresos, de Ingresos, de Hacienda y Crédito Público y del secretario de Hacienda y Crédito Público, al contestar la demanda en suplencia, manifiesta que procede el sobreseimiento de la presente vía en términos del artículo 20, fracción II, en relación con el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere a dicha autoridad, debido a que no cuenta con legitimación pasiva para ser señalada como autoridad demandada en la presente controversia constitucional, pues se trata de un órgano subordinado jerárquicamente al Poder Ejecutivo Federal, el cual, en cambio, sí cuenta con dicha legitimación.
Con independencia de que la causa de improcedencia que se hace valer prevista en el artículo 19, fracción VIII, pudiera vincularse con lo dispuesto por el artículo 10, fracción II, ambos de la ley reglamentaria de la materia (pues la demandada no lo hace expresamente), debe desestimarse en razón de que tal como se determinó en el considerando precedente, al secretario de Hacienda y Crédito Público le reviste el carácter de autoridad demandada y, por ende, cuenta con la legitimación pasiva necesaria para tal efecto, aun cuando -como lo señala- está subordinado jerárquicamente al presidente de la República, en razón de que el acto cuya invalidez se le demanda en la presente vía (refrendo) es considerado un acto autónomo por constituir un medio de control del ejercicio del Poder Ejecutivo Federal en términos de los artículos 92 de la Constitución Federal y 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.(6)
La Secretaria de Energía, por sí y en representación del presidente de la República, aducen que en el caso se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 19, fracciones VI y VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta última en relación con el artículo 105, fracción I, inciso c), de la Constitución Federal porque, por una parte, la actora no señala cuál es el agravio que le causa el acto impugnado, o de qué forma afecta su esfera de competencia, por lo que carece de interés legítimo; y, por otra, si en la especie se combate la invalidez del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de septiembre de dos mil nueve, por estimar que existen "atentados contra la Constitución en su integridad", es claro que no se debate invasión de facultades o competencias de un nivel de gobierno respecto de otro. Por tanto, procede sobreseer en la presente controversia en términos del artículo 20, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia.
Por su parte, el subdirector de amparos, en ausencia del director de lo Contencioso y del coordinador general jurídico de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, quien actúa en representación del titular de ésta, sostiene que procede el sobreseimiento de la presente vía, en términos de los artículos 19, fracción VIII, 20, fracción II, y 22, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en razón de que la parte actora no esgrimió conceptos de invalidez en relación con el refrendo realizado por el titular de dicha dependencia al reglamento impugnado, siendo que al combatir en vía de controversia constitucional una norma general y su respectivo refrendo, deben esgrimirse conceptos de invalidez en relación con dicha norma, así como del diverso acto autónomo de refrendo que incluso es atribuible a distinta autoridad. En la misma línea de argumentación, el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Economía, en representación del titular de ésta, manifiesta que la Cámara de Diputados en ningún momento establece cómo es que el refrendo viola o contradice nuestra Ley Suprema, ni evidencia la antinomia jurídica entre el reglamento en estudio y la Constitución General de la República.
Dichos motivos de improcedencia deben desestimarse ya que todos ellos entrañan el estudio de fondo(7) que debe realizar este Alto Tribunal para determinar si en razón de los actos cuya invalidez se demanda, existe o no alguna violación constitucional, lo cual podría derivarse por la afectación a la esfera competencial de la parte actora. Además, cabe señalar que para proceder al análisis constitucional del ordenamiento impugnado (en cuanto a su expedición, refrendo y publicación), basta que la parte actora hubiese expresado la causa de pedir,(8) lo que en todo caso quedará al descubierto una vez que se emprenda el estudio del fondo del asunto, considerando que la validez o invalidez de los actos atribuidos a las autoridades demandadas dependerá del parámetro constitucional al que sean sometidos.
No existiendo otra causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento que hagan valer las partes, o que este Alto Tribunal advierta de oficio, y previa fijación de la materia impugnada, procede realizar el estudio de los conceptos de invalidez planteados.
NOVENO. Materia del estudio de fondo. Con la finalidad de fijar la materia de estudio de fondo resulta necesario determinar si, aunado a los argumentos de invalidez expuestos por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en su escrito inicial, deben atenderse también con ese carácter los planteamientos contenidos en el escrito anexo a la demanda firmado por el senador Graco Ramírez Garrido Abreu habida cuenta que, en el primero de ellos, la parte actora solicita que los argumentos contenidos en el segundo, se tengan como pa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22775-66ad6981/controversia-constitucional-el-articulo-2o-fracciones-i-ix · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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