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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ARTÍCULOS 2o., FRACCIÓN IV, 4o. Y 28 DEL REGLAMENTO DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETRÓLEO, QUE SE REFIEREN A LA FIGURA JURÍDICA DENOMINADA "INDUSTRIA PETROLERA ESTATAL", NO VIOLAN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ARTÍCULOS 21, 22 Y 23 DEL REGLAMENTO DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETRÓLEO, AL PREVER LAS "VENTAS DE PRIMERA MANO", NO TRANSGREDEN LOS ARTÍCULOS 25, 27, PÁRRAFOS CUARTO Y SEXTO, 28, PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO Y 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ARTÍCULOS 21, 22 Y 23 DEL REGLAMENTO DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETRÓLEO, QUE DISPONEN LA INJERENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA CUANDO EXISTAN CONDICIONES DE "COMPETENCIA EFECTIVA" EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, SON CONSTITUCIONALES.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 98/2009. · Registro digital (IUS): 22776
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, , Pág. 1719.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 98/2009. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIOS: FERNANDO SILVA GARCÍA, FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ Y ALFREDO VILLEDA AYALA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día siete de diciembre de dos mil diez.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación. Mediante escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil nueve ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, en su carácter de presidente de la mesa directiva y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, promovió controversia constitucional en contra de las autoridades y por la norma general que a continuación se indica:

Autoridades demandadas:

1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos;

2. Secretaria de Energía;

3. Secretario de Gobernación;

4. Comisión Reguladora de Energía; y,

5. Procurador general de la República.

Norma general reclamada:

Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de septiembre de dos mil nueve, específicamente sus artículos 2o., fracción IV, 4o., 21, 22, 23 y 28.

SEGUNDO. Preceptos constitucionales señalados como violados. Los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO. Antecedentes narrados en la demanda. La actora expuso lo siguiente:

"1. El 18 de septiembre de 2009, el titular del Poder Ejecutivo Federal tuvo a bien expedir el Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, lo que se acredita con la documental pública visible en el anexo II.

"2. La norma general en cita fue refrendada en la misma fecha por la secretaria de Energía.

"3. El 22 de septiembre del 2009, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, órgano de difusión que se encuentra adscrito a la Secretaría de Gobernación.

"4. En virtud de lo anterior, tal norma general será aplicada en sus términos por la Comisión Reguladora de Energía, órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, ya que así está contemplado dentro de la esfera de competencias jurídicas asignadas en la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.

"5. Toda vez que el reglamento de referencia fue emitido en contravención a diversos preceptos de la Carta Magna, en legales tiempo y forma, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión está interponiendo en su contra la presente controversia constitucional."

CUARTO. Conceptos de invalidez. La parte actora formuló los conceptos de invalidez que se contienen en el anexo I de la presente ejecutoria.

Asimismo, en la parte final de sus conceptos de invalidez, la parte actora solicitó lo siguiente:

"Finalmente, se solicita a ese Alto Tribunal se tengan por formulados los argumentos del senador Graco Ramírez Garrido Abreu, a fin de que constituyan parte de los conceptos de invalidez hechos valer por esta Cámara de Diputados, que se adjunta el (sic) presente escrito."

En atención a esta solicitud, el documento que se adjuntó a la demanda se contiene como anexo II de esta ejecutoria.

QUINTO. Admisión y trámite. Mediante proveído de presidencia de diecinueve de octubre de dos mil nueve, se ordenó formar y registrar el asunto bajo el número 98/2009, y dada la conexidad con la diversa controversia constitucional 97/2009, en la cual previamente fue designada la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para que fungiera como instructora en el procedimiento y lo pusiera en estado de resolución, se le turnó el presente asunto.

Consecuentemente, por auto de veinte de octubre del indicado año, la señora Ministra instructora Margarita Beatriz Luna Ramos le reconoció personalidad al diputado presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para representar a la parte actora, y ante la oscuridad de la demanda derivada de la falta de señalamiento de los actos que se reclamaban del procurador general de la República y de la Comisión Reguladora de Energía, previno al promovente para que aclarara su escrito inicial.

En cumplimiento a la prevención, mediante escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil nueve, la parte actora señaló como actos reclamados del procurador general de la República y de la Comisión Reguladora de Energía, los siguientes:

"a) Procurador general de la República:

"Al procurador general de la República se le atribuye la calidad de parte en la presente controversia constitucional sin imputarle acto específico alguno de autoridad, en virtud de que así está expresamente dispuesto en el artículo 10, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, su intervención dentro del procedimiento jurisdiccional extraordinario en que se actúa es de carácter oficioso y obligatorio, lo que se evidencia, más allá de toda duda razonable, con el texto del apartado conducente de la iniciativa presidencial de la ley reglamentaria en cita, que a la letra dice lo siguiente:

"‘En estos juicios (de controversias constitucionales) se da intervención oficiosa y obligatoria al procurador general de la República, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado A del artículo 102 constitucional, misma que se justifica por el carácter que tiene este servidor público, como uno de los responsables de hacer guardar la Constitución.’

"b) Comisión Reguladora de Energía:

"A la Comisión Reguladora de Energía se le imputa la aplicación específica de la norma impugnada, habida cuenta que es un órgano desconcentrado dotado de autonomía técnica y operativa que ejerce y está al cuidado de atribuciones exclusivas y excluyentes, mismas que están directamente vinculadas con los puntos litigiosos a los que se contraen los conceptos de invalidez jurídica, razón por la cual posee la legitimación procesal pasiva legalmente requerida a fin de figurar como parte dentro de la controversia constitucional."

Visto el escrito anterior, la señora Ministra instructora, por auto de tres de noviembre de dos mil nueve, admitió a trámite la controversia constitucional en contra del presidente de la República y de los secretarios de Energía y de Gobernación, así como de la Comisión Reguladora de Energía, a quienes ordenó emplazar para que contestaran la demanda.

En relación con la demanda formulada en contra del procurador general de la República, la señora Ministra instructora determinó que no había lugar a tenerlo como autoridad demandada ya que, por disposición legal dicho servidor público, necesariamente, tiene el carácter de parte en toda controversia constitucional, tal como lo aclaró la actora.

SEXTO. Contestación de la demanda. Las autoridades demandadas comparecieron a juicio oportunamente mediante escritos presentados en las siguientes fechas:

Ver fechas

SÉPTIMO. Opinión del procurador general de la República. La formuló en los siguientes términos:

"Primero. Tenerme por presentado, en tiempo y forma, con la personalidad que tengo reconocida en autos, con fundamento en los artículos (sic) 102, apartado A, tercer párrafo, en relación con el 105, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Segundo. Declarar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, que fue promovida por persona legitimada y oportunamente.

"Tercero. Declarar infundada la causal de improcedencia y sobreseimiento hechas valer por los demandados Poder Ejecutivo Federal y Secretaría de Energía.

"Cuarto. Por las consideraciones vertidas en el cuerpo de este escrito, declarar infundados los conceptos de invalidez hechos valer por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y, en consecuencia, la constitucionalidad de los artículos 2, fracción IV, 4, 21, 22, 23 y 28 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo."

OCTAVO. Cierre de instrucción. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el once de marzo de dos mil diez se llevó a cabo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea un conflicto suscitado entre la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo Federal, en el cual se impugnan normas de carácter general contenidas en el Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de septiembre de dos mil nueve, específicamente, en sus artículos 2, fracción IV, 4, 21, 22, 23 y 28.

SEGUNDO. Certeza de los actos reclamados en la demanda principal. La parte actora en el capítulo de su escrito inicial destinado a señalar los actos reclamados, manifestó que impugnaba los artículos 2, fracción IV, 4, 21, 22, 23 y 28 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; y adicionalmente, en vía de aclaración de la demanda la actora también señaló que reclamaba de la Comisión Reguladora de Energía "... la aplicación específica de la norma impugnada ...".

La emisión del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, publicado el veintidós de septiembre de dos mil nueve en el Diario Oficial de la Federación, no requiere de prueba alguna en términos de la jurisprudencia 65/2000 de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, cuyo rubro es: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN."(1)

De lo anterior deriva que son ciertos los actos que se reclaman del presidente de la República, de la secretaria de Energía y del secretario de Gobernación, consistentes, respectivamente, en la expedición, refrendo y publicación del reglamento reclamado.

En cambio, toda vez que la parte actora no acreditó la existencia de acto alguno emitido en su perjuicio por la Comisión Reguladora de Energía, consistente en "... la aplicación específica de la norma impugnada ...", procede sobreseer en lo conducente, con apoyo en el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, el cual dispone que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe la norma o acto materia de la controversia, o cuando no se probare la existencia de este último.

Sirve de apoyo a la anterior conclusión, la jurisprudencia 64/2009 de este Tribunal Pleno, cuyo rubro es: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR DEBE SEÑALAR EN SU DEMANDA DE MANERA ESPECÍFICA LOS ACTOS Y NORMAS QUE IMPUGNE Y NO REALIZAR UNA MANIFESTACIÓN GENÉRICA O IMPRECISA DE ELLOS."(2)

TERCERO. Certeza de los diversos actos reclamados en el anexo de la demanda. A su demanda principal la parte actora anexó un ocurso suscrito por el senador de la República Graco Ramírez Garrido Abreu, en cuya última parte titulada "XIII) Apertura de las actividades corriente abajo de la industria petrolera mediante permisos", se expresaron diversos conceptos de invalidez en contra de otras disposiciones legales, distintas a las reclamadas en el escrito inicial, como son las siguientes:

a) Artículos 15, 15 Bis y 15 Ter de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil ocho.

b) Artículos 2 y 3 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil ocho.

Asimismo, a lo largo de dicho escrito anexo a la demanda principal, también se expusieron diversos argumentos en contra de los artículos 2, fracciones I, IX y XVII, 4, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 26, 27, 33, 40, 41, 62, 70, 71 y 72 del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de septiembre de dos mil nueve.

En virtud de que en el anexo de la demanda principal, suscrito por el senador de la República Graco Ramírez Garrido Abreu, se plantearon argumentos novedosos en contra de los anteriores preceptos legales, debe estimarse que la parte actora también reclamó dichas disposiciones, ya que aunque no lo haya hecho en forma destacada en el apartado respectivo de su escrito inicial, lo cierto es que la demanda debe ser interpretada en su integridad, y ello incluye, desde luego, a los anexos que se presenten.

Sirve de apoyo a la anterior conclusión, la tesis aislada CXXIX/2009 de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA EN RELACIÓN CON LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMEN VIOLADOS Y LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ."(3)

Por tanto, procede tener por impugnadas las disposiciones legales a que se refiere este considerando, cuya existencia no requiere prueba alguna por tratarse de normas generales difundidas al público en general mediante su inserción en el Diario Oficial de la Federación, publicación de la cual se infiere que al presidente de la República le correspondió la promulgación tanto de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, como de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y la expedición del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos.

Asimismo, se advierte que al secretario de Gobernación le correspondió el refrendo y la publicación de ambas leyes, y únicamente la publicación del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos; y a la secretaria de Energía, sólo el refrendo de dicho ordenamiento reglamentario.

CUARTO. Oportunidad de la demanda principal en contra del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. La promoción de la presente controversia constitucional se rige por la fracción II del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, la cual establece que tratándose de normas generales, el plazo para la presentación de la demanda será de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación.

Conforme a dicha disposición legal, si el Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo se publicó el veintidós de septiembre de dos mil nueve en el Diario Oficial de la Federación, el plazo para su impugnación comenzó al día siguiente y concluyó el cinco de noviembre del mismo año, descontando los días inhábiles,(4) que aparecen sombreados en el siguiente calendario:

Ver calendario 1

Por tanto, si la demanda principal se presentó el dieciséis de octubre de dos mil nueve, debe estimarse que la misma se promovió oportunamente respecto del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 29/97 de este Tribunal Pleno, cuyo rubro es: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. OPORTUNIDAD PARA PROMOVERLAS CUANDO SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES."(5)

QUINTO. Oportunidad de la demanda en contra del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos. En el anexo de la demanda principal, suscrito por el senador de la República Graco Ramírez Garrido Abreu, se reclamaron diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de septiembre de dos mil nueve, por lo que el plazo de treinta días para impugnarlo transcurrió del siete de septiembre al veintidós de octubre siguiente, descontando los sábados y domingos y días inhábiles,(6) que aparecen sombreados en el siguiente calendario:

Ver calendario 2

Por tanto, si la demanda principal se presentó el dieciséis de octubre de dos mil nueve, debe estimarse que la misma se promovió oportunamente respecto del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos.

SEXTO. Extemporaneidad de la demanda respecto de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. La demanda resulta notoriamente extemporánea en relación con los artículos 15, 15 Bis y 15 Ter de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, y con respecto de los artículos 2 y 3 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, cuya inconstitucionalidad fue planteada en el anexo de la demanda suscrito por el senador de la República Graco Ramírez Garrido Abreu, si se toma en cuenta que la última reforma a tales preceptos fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil ocho, y la presente controversia constitucional se promovió a casi un año de distancia de la mencionada fecha de publicación, esto es, fuera del plazo legal de treinta días previsto en la fracción II del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional.

Consecuentemente, procede sobreseer en relación con las disposiciones legales a que se refiere el presente considerando, con fundamento en los artículos 19, fracción VII y 20, fracción II, del ordenamiento que se acaba de mencionar.

Asimismo, por distinto motivo la presente controversia constitucional resulta improcedente contra los artículos 15, 15 Bis y 15 Ter de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y los artículos 2 y 3 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, ya que en la aprobación de estos ordenamientos participó la propia Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y si lo que se cuestiona es el contenido de dichos preceptos, ello significa que la actora reclama actos propios, no suscitándose, en consecuencia, un conflicto entre los órganos o entidades a que se refiere la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal.

En tal virtud, por este otro motivo, procede sobreseer por lo que hace a estos ordenamientos legales, con fundamento en los artículos 20, fracción II y 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional.

SÉPTIMO. Legitimación activa. Suscribe la demanda de controversia constitucional, en representación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, en su carácter de presidente de la mesa directiva, cargo que acredita con la copia certificada del Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, de veintinueve de agosto de dos mil nueve, en la que consta la designación e integración de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el primer año de ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura (fojas 35 a 39).

Además, dicho funcionario se encuentra facultado para promover la presente controversia constitucional, en representación de la Cámara de Diputados, de conformidad con el artículo 23, número 1, inciso I), de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que es atribución del presidente de la mesa directiva "tener la representación legal de la Cámara y delegarla en la persona o personas que resulte necesario".

De la misma manera, se estima que la Cámara de Diputados cuenta con legitimación activa para promover esta controversia constitucional, ya que es uno de los órganos legitimados por el artículo 105, fracción I, inciso c), de la Constitución Federal, para promover el presente medio de control constitucional, que a la letra dispone:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se susciten entre:

"...

"c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal."

Finalmente, este Tribunal Pleno ha reconocido que las Cámaras de Diputados y de Senadores, como órganos que conforman el Congreso de la Unión, pueden promover aisladamente una controversia constitucional en defensa de las atribuciones del Congreso de la Unión, de conformidad con la jurisprudencia 83/2000 de este Tribunal Pleno, cuyo rubro es: "CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES. ESTÁN LEGITIMADAS AISLADAMENTE PARA PLANTEAR LA DEFENSA DE LAS ATRIBUCIONES QUE EL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE A FAVOR DEL CONGRESO DE LA UNIÓN."(7)

En estas condiciones, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión cuenta con legitimación procesal para promover la presente controversia constitucional.

OCTAVO. Legitimación pasiva. La tienen el presidente de la República, la secretaria de Energía y el secretario de Gobernación, en virtud de que a ellos les correspondieron, respectivamente, la expedición, refrendo y publicación del reglamento reclamado.

Además, la secretaria de Energía cuenta con legitimación pasiva para intervenir en el presente asunto, con base en la jurisprudencia 109/2001 de este Tribunal Pleno, cuyo rubro es: "SECRETARIOS DE ESTADO. TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CUANDO HAYAN INTERVENIDO EN EL REFRENDO DEL DECRETO IMPUGNADO.",(8) ya que a ella correspondió el refrendo tanto del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, como del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos.

Por otra parte, el secretario de Gobernación, Fernando Francisco Gómez Mont Urueta y la secretaria de Energía, Georgina Yamilet Kessel Martínez, comparecieron personalmente a la presente controversia constitucional acreditando tener tal carácter con sus respectivos nombramientos (fojas 302 y 238, respectivamente), y esta última servidora pública lo hizo también en representación del titular del Poder Ejecutivo Federal, en términos del párrafo tercero del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, el cual establece que el presidente de la República será representado por el secretario de Estado, por el jefe del departamento administrativo o por el consejero jurídico del gobierno, conforme lo determine el propio presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley.

Ahora, dicha representación del titular del Poder Ejecutivo Federal fue otorgada en términos del oficio dirigido a la secretaria de Energía (foja 237), cuyo texto es el siguiente:

"Doctora

"Georgina Yamilet Kessel Martínez,

"Secretaria de Energía

"Presente

"Con fundamento en el artículo 11 (sic) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracciones III, V y XXV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 8, fracción XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, he determinado que usted represente al presidente de la República ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la controversia constitucional número 98/2009, promovida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

"Atentamente

"El presidente de la República,

"(firma ilegible)

"Felipe de Jesús Calderón Hinojosa."

Finalmente, no es el caso de examinar el argumento formulado por la Comisión Reguladora de Energía al contestar la demanda (418 a 421) en el sentido de que este organismo carece de legitimación pasiva para intervenir en la presente controversia constitucional, ya que ante la inexistencia de los actos que se le atribuyeron a esta autoridad, al finalizar el considerando segundo de la presente ejecutoria se decretó el sobreseimiento de la controversia por lo que a dicha comisión se refiere, de manera que resulta ocioso pronunciarse respecto de su intención de que no se le considere como parte demandada.

NOVENO. Causas de improcedencia alegadas por las partes. Sostiene el presidente de la República (fojas 313 a 316) que la presente controversia constitucional es improcedente, porque la actora no precisa cuál es la facultad establecida en el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se considera violada, no obstante que este medio de control constitucional sólo es procedente cuando la cuestión de fondo debatida se refiera a la distribución o invasión de competencias que a cada uno corresponda, lo cual pone en evidencia que no existe un principio de afectación del interés jurídico de la Cámara de Diputados.

Es infundado el anterior argumento, ya que en las controversias constitucionales se pueden plantear todo tipo de violaciones a las normas constitucionales, y no solamente a las que confieran atribuciones a la parte accionante, en términos de la jurisprudencia 98/99(9) de este Tribunal Pleno, cuyo rubro es: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

Además, en relación con la posible ausencia de afectación del interés legítimo de la actora, se advierte que ésta, esencialmente, argumenta que el Poder Ejecutivo Federal, al ejercer su facultad reglamentaria respecto de una ley emanada del Congreso de la Unión, presuntamente incurrió en infracciones a diversas disposiciones constitucionales, planteamiento que, por el momento, no es oportuno descalificar al analizar la procedencia del juicio, como pretende la demandada, ya que ese aspecto atañe al estudio de fondo del asunto, en términos de la jurisprudencia 50/2004,(10) cuyo rubro es: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN."

El presidente de la República también sostiene (fojas 368 a 370) que la presente controversia constitucional es improcedente respecto de los artículos 2, fracción IV, 4 y 28 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, porque la actora se duele de que estos preceptos legales incorporaron en su texto el concepto de "industria petrolera estatal" pero, por otra parte, ella misma no toma en consideración que tales disposiciones reglamentarias solamente reiteraron lo que los propios legisladores federales plasmaron y desarrollaron en los artículos 6o., 27, 44, 47 y décimo cuarto transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos, de forma tal que no existe afectación a su interés legítimo y debe considerarse que, en este aspecto, se impugnan actos derivados de otros previamente consentidos por la actora.

Este otro motivo de presunta improcedencia es infundado, ya que para examinar tal planteamiento se requiere abordar el estudio de los conceptos de invalidez formulados por la actora para determinar si la definición legal en cuestión, etiquetada como "industria petrolera estatal", corresponde o no a lo que se estableció en las leyes del Congreso de la Unión en el ramo energético, todo lo cual constituye un tema de fondo cuyo examen debe reservarse para el momento en que se analicen tales argumentos desarrollados en la demanda principal.

DÉCIMO. Causa de improcedencia aplicada de oficio. Del examen del anexo de la demanda principal, suscrito por el senador de la República Graco Ramírez Garrido Abreu, se advierte que la parte actora expuso diversos argumentos en contra de los artículos 2, fracciones I, IX y XVII, 4, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 26, 27, 33, 40, 41, 62, 70, 71 y 72 del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de septiembre de dos mil nueve.

Ahora, de conformidad con la jurisprudencia de este Tribunal Pleno 43/2009,(11) de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDEN INVOCAR COMO HECHOS NOTORIOS LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DICTADAS POR ELLOS EN EL TRIBUNAL EN PLENO EN ESE PROCEDIMIENTO.", se tiene presente que al resolver la diversa controversia constitucional 97/2009, igualmente promovida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, este Tribunal Pleno ya se pronunció en relación con la impugnación de los preceptos reclamados del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, a la luz de los mismos argumentos expuestos por la parte actora, ya que en aquel asunto igualmente solicitó que se tomaran en cuenta, en calidad de conceptos de invalidez, los razonamientos contenidos en un idéntico anexo de la demanda suscrito por el senador de la República Graco Ramírez Garrido Abreu.

Consecuentemente, la presente controversia constitucional identificada con el número 98/2009 resulta improcedente, en relación con los artículos 2o., fracciones I, IX y XVII, 4o., 7o., 8o., 12, 14, 15, 16, 17, 19, 26, 27, 33, 40, 41, 62, 70, 71 y 72 del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, ya que el examen de tales preceptos fue objeto de análisis de fondo por parte de este Tribunal Pleno, en té

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22776-a76592e3/controversia-constitucional-los-articulos-2o-fraccion-iv-4o · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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