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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, SE HACE EXTENSIVA A SU REGLAMENTO, PUBLICADO EN ESE MISMO MEDIO EL ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ, AL DEPENDER DIRECTAMENTE DE AQUÉLLA. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN FUNCIONAL DE COMPETENCIAS, AL HABER SIDO EXPEDIDA POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. DISTRITO FEDERAL. AL CONGRESO DE LA UNIÓN LE CORRESPONDE LEGISLAR EN LO RELATIVO A DICHA ENTIDAD, EN TODAS LAS MATERIAS QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE CONFERIDAS A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 102/2009. · Registro digital (IUS): 22468
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Octubre de 2010, , Pág. 2513.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 102/2009. CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIO: JONATHAN BASS HERRERA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al nueve de septiembre de dos mil diez.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito recibido el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carlos Navarrete Ruiz, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, promovió demanda en la vía de controversia constitucional en contra de la norma y entidades que a continuación se precisan:

Entidad, poder u órgano demandado.

a) Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

b) Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

c) Secretario de Gobierno del Distrito Federal.

Terceros interesados.

a) Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

b) Poder Ejecutivo Federal.

Norma general cuya invalidez se demanda.

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el nueve de septiembre de dos mil nueve.

SEGUNDO. Como antecedentes de la norma impugnada, en el escrito de demanda se reseñaron los siguientes hechos:

1. El día 24 de julio de 2007, en sesión ordinaria del Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, presentó la iniciativa con proyecto de decreto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

2. El día 25 de julio de 2007, por medio del oficio ALDFIV/CG/0441/2007, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura, diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez, turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para el análisis y dictamen correspondiente la iniciativa que se señaló en el hecho anterior.

3. El día 30 de agosto de 2007, los diputados Kenia López Rabadán y José Antonio Zepeda Segura, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron a la presidencia de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura, a través del oficio CGPPAN-297 290807, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con la intención de que se inscribiera y se enviara a la comisión correspondiente.

4. El día 4 de septiembre de 2007, mediante el oficio ALDFIV/CG/0541/2007, el diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez, presidente de la Comisión de Gobierno, turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictamen correspondiente la iniciativa mencionada en el hecho que antecede.

5. El día 10 de septiembre de 2007, a través del oficio DKLR/CAPL/599/07, la diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Administración Pública Local, hizo la solicitud a la Comisión de Gobierno para la ampliación del turno de la iniciativa por la que se proponía reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

6. Por medio del oficio ALDFIV/0575/2007, la Comisión de Gobierno determinó procedente ampliar el turno a la Comisión de Administración Pública Local para el correcto desahogo legislativo de la iniciativa a que se refiere el hecho anterior.

7. El día 9 de octubre de 2008, a través del oficio MDPPTA/CSP/0424/2008, el diputado Martín Carlos Olavarrieta Maldonado turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, la iniciativa de Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, presentada por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Luis Ebrard Casaubón.

8. De conformidad con los artículos 28, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y la Comisión de Administración Pública Local, consideraron procedente realizar el análisis integral de la iniciativa presentada a efecto de rendir el dictamen correspondiente.

9. El día 18 de agosto de 2009, en el recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

10. El día 26 de agosto de 2009 se envió para su debida publicación y observancia el decreto promulgatorio a la residencia oficial del jefe de Gobierno del Distrito Federal.

11. El día 9 de septiembre de 2009 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

TERCERO. La parte actora señaló como violados los artículos 16, 73, fracción XXX, 122 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, formuló los conceptos de invalidez que a continuación se precisan:

"Primero. La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, es inconstitucional por contravenir el artículo 122, apartado A, fracción V, en relación con su apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los siguientes motivos:

"Existe una invasión a las facultades del H. Congreso de la Unión en su calidad de órgano legislativo del Distrito Federal, por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, toda vez que es facultad del H. Congreso de la Unión legislar en relación al Ministerio Público del Distrito Federal; por tanto es el propio órgano legislativo federal a través de Estatuto de Gobierno y de la ley orgánica respectiva, quien determinará su organización, competencia y normas de funcionamiento, además de regular el nombramiento del procurador general de Justicia quien lo preside.

"Ahora bien, para sostener lo anterior, será necesario analizar la naturaleza jurídica del Distrito Federal. En este orden de ideas, cabe recordar que los distritos federales, como estructura política y administrativa, son establecidos en los Estados que tienen un régimen federal.

"El Distrito Federal en los Estados Unidos Mexicanos es el asiento de los Poderes Federales, así está establecido en el artículo 44 constitucional, esto significa, que es sede de los Poderes de la Unión conformados por: a) el Poder Legislativo depositado en el Congreso General conformado por las Cámaras de Diputados y Senadores, b) el Poder Ejecutivo depositado en el presidente de los Estados Unidos Mexicanos y c) el Poder Judicial depositado en la Suprema Corte de Justicia y demás tribunales señalados en el artículo 94 constitucional.

"De lo antes señalado, podemos afirmar que el Distrito Federal está gobernado por los Poderes Federales, los cuales tienen plenas facultades y atribuciones constitucionales sobre dicha entidad. Así está reconocido en la primera parte del primer párrafo del artículo 122 constitucional, que a la letra señala: (se transcribe).

"Por otra parte la Ciudad de México es, a la vez, asiento de los órganos de autoridades locales las cuales son: a) la Asamblea Legislativa, b) el jefe de Gobierno del Distrito Federal y c) el Tribunal Superior de Justicia. Estos órganos han sido dotados de facultades expresas y exclusivas sobre ciertas materias.

"Por las características antes mencionadas, el Distrito Federal no llega a ser un Estado de la Federación, sin embargo, sí es una entidad federativa (distinta a un Estado de la Federación), de acuerdo con los artículos 42, fracción I, 43 y 44 de la Constitución Federal, y el artículo 2o. del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

"En este sentido, el Distrito Federal como entidad federativa, consideramos que tiene población, territorio, orden jurídico y un gobierno, entendiendo por esta expresión el conjunto de órganos que en un momento dado y dentro de un Estado, ejercen el poder en todos los ámbitos de las relaciones humanas; o como actividad de estos órganos encaminados a realizar ciertos fines, ya sea dentro de un Estado, o dentro de las partes integrantes del mismo.

"Es por esta característica de entidad federativa, que el Distrito Federal tiene órganos locales que gobierna sobre el territorio designado y los habitantes ahí ubicados.

"De lo antes expuesto, vemos que el Distrito Federal es sede de los Poderes Federales y es a la vez asiento de los órganos locales, por lo que ambos gobiernos tienen facultades y atribuciones sobre el Distrito Federal.

"Estas atribuciones y facultades no se traslapan ni se confunden porque están perfectamente delimitadas en la Constitución, en el artículo 122. Al efecto tiene aplicación por analogía la siguiente jurisprudencia: ‘SISTEMA ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. SU INSTAURACIÓN POR EL CONSTITUYENTE PERMANENTE.’ (se transcribe).

"En este orden de ideas, el H. Congreso de la Unión, al realizar sus tareas legislativas sobre el Distrito Federal, no invade competencias del órgano local, como lo es la Asamblea Legislativa. La situación constitucional que pone al H. Congreso de la Unión como órgano del Distrito Federal, le otorga una doble función, ya que actúa como Congreso Local del Distrito Federal en ciertas materias y como Legislatura Federal.

"En el primero de los casos, el Congreso General tiene una competencia abierta o enunciativa; y cuando actúa como legislatura nacional, su competencia es cerrada o limitada.

"En el supuesto que el Congreso de la Unión actúe como legislatura del Distrito Federal, tendrá facultades en todas aquellas materias que por exclusión no están previstas constitucionalmente por modo explícito y cerrado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, según el artículo 122 constitucional; por otra parte si actúa como Legislatura Federal, la competencia legislativa se deriva de los principios estipulados en el artículo 124 constitucional que establece el sistema de facultades expresas para las autoridades federales y reservadas para los Estados de la Federación.

"Por tanto, dependiendo de la función del H. Congreso de la Unión, es como tendrá facultades expresas y limitadas o facultades residuales y abiertas.

"El artículo 122 constitucional señala de manera expresa la competencia constitucional de la Asamblea Legislativa, y lo que no esté expresado se tendrá reservado al Congreso de la Unión, por tener éste competencia legislativa original sobre el Distrito Federal.

"Por tanto, las facultades del H. Congreso de la Unión son diferentes a las de la Asamblea Legislativa, pues es evidente que si la asamblea tiene facultades limitadas y expresamente señaladas, éstas son exclusivas de la asamblea y, por tanto, el H. Congreso de la Unión estará excluido de ejercerlas.

"Lo anterior se sustenta en la siguiente jurisprudencia: ‘DISTRITO FEDERAL. AL CONGRESO DE LA UNIÓN LE CORRESPONDE LEGISLAR EN LO RELATIVO A DICHA ENTIDAD, EN TODAS LAS MATERIAS QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE CONFERIDAS A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe).

"Por otra parte, si bien es cierto que por regla general el H. Congreso de la Unión tiene facultades residuales en relación al Distrito Federal, esto no quiere decir que el órgano legislativo federal no tenga facultades expresas en relación al Distrito Federal.

"Esto se desprende del propio análisis del artículo 122 constitucional (que reafirma que el Gobierno del Distrito Federal está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos de carácter local que se establezcan), el cual al realizar la distribución de competencias entre la Federación y el Distrito Federal, de manera expresa en su apartado A señala facultades legislativas que sólo el H. Congreso de la Unión puede realizar.

"Por tanto, es dable concluir que el H. Congreso de la Unión como Legislatura Local del Distrito Federal tiene tanto facultades expresas en relación al Distrito Federal, como facultades residuales.

"El artículo 122 constitucional apartado A señala: (se transcribe).

"De la porción constitucional antes transcrita se desprenden las facultades expresas del H. Congreso de la Unión en relación al Distrito Federal, son las siguientes:

"a) Cuando actúa como el máximo Poder Legislativo del Distrito Federal al crear el Estatuto del Distrito Federal.

"b) En materia de deuda pública.

"c) Disposiciones generales para asegurar el funcionamiento de los Poderes Federales dentro del Distrito Federal, y

"d) en los demás casos que el propio Constituyente señale que debe ser el H. Congreso de la Unión quien debe legislar en relación al Distrito Federal.

"Ahora bien, de las facultades que expresamente le confiere el artículo 122 de la Carta Magna al H. Congreso de la Unión, destacaremos en concreto las señaladas en las fracciones II y V del apartado A de dicho precepto constitucional. Dichas facultades son en relación a expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y aquellas otras atribuciones que la misma Constitución asigne al Congreso Federal para legislar sobre el Distrito Federal.

"En relación a la facultad expresa del H. Congreso de la Unión para crear el Estatuto del Distrito Federal, podemos señalar que el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal hace las veces de Constitución Local; regula la estructura y el funcionamiento de sus órganos de autoridad.

"El Congreso de la Unión al estar facultado para expedirlo se entiende que puede reformarlo, e incluso derogarlo y sustituirlo por otro.

"Su promulgación, así como sus reformas, corresponden al presidente de la República, esto es así porque se trata de una ley del Congreso y por lo tanto está sujeto a su veto. El ‘Estatuto de Gobierno, como acto emanado del órgano legislativo, en el nivel federal tiene valor jerárquico idéntico al que se le reconoce a las leyes del Congreso de la Unión, y en el nivel local goza del atributo de ser supremo en relación con las autoridades del Distrito Federal’.

"En este contexto, la Asamblea Legislativa sólo podrá legislar en lo expresamente conferido por el artículo 122, y en los términos del Estatuto de Gobierno, es decir, existe una cláusula habilitante para el Congreso Federal para establecer las bases, fijar los límites dentro de los cuales la Asamblea Legislativa podrá ejercer sus facultades expresas.

"Estas consideraciones evidencian que la Asamblea Legislativa como órgano legislativo local, está sometida a un acto legislativo del H. Congreso de la Unión, ya que el referido Estatuto de Gobierno opera como especie de Ley Fundamental para el Distrito Federal.

"En relación a la facultad expresa del H. Congreso de la Unión para legislar sobre al Distrito Federal en los demás casos que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le asigne, es decir, son los casos en que el propio Constituyente señala que debe ser el Congreso Federal quien debe legislar para el Distrito Federal, podemos señalar que el propio artículo 122 de la Norma Fundamental le atribuye facultades expresas al H. Congreso de la Unión con independencia de las otorgadas en el apartado A, así tenemos que el apartado D del mismo precepto aludido le atribuye de manera expresa al H. Congreso de la Unión la facultad para legislar en materia de nombramiento de procurador general de Justicia del Distrito Federal, organización, competencia y normas de funcionamiento del Ministerio Público del Distrito Federal. En efecto el apartado D del artículo 122 constitucional señala: (se transcribe).

"De la transcripción anterior y mediante una interpretación sistemática de la norma constitucional, podemos decir que es claro que el apartado D del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera expresa otorga facultades al H. Congreso de la Unión para legislar sobre el Ministerio Público en el Distrito Federal.

"El mismo dispositivo señala que la regulación del Ministerio Público en el Distrito Federal se hará a través del propio Estatuto de Gobierno, cuya facultad compete al Congreso de la Federación, y a través de la ley orgánica respectiva que al efecto emita el propio H. Congreso de la Unión; ambos ordenamientos como ya se precisó, tienen igual jerarquía por provenir del Congreso General de la República.

"La facultad para legislar sobre el Ministerio Público en el Distrito Federal no está contenida dentro de las facultades que se le confieren expresamente a la Asamblea Legislativa. Las competencias de la asamblea, que por la naturaleza de ser expresas y limitativas, están perfectamente ubicadas dentro de un solo apartado y no dispersas en diferentes apartados.

"Por tanto las atribuciones de la Asamblea Legislativa se encuentran perfectamente delimitadas en el apartado C, base primera, fracción V, del artículo 122 constitucional, de otra manera en el caso de que una facultad de la asamblea se desprendiera de otro apartado del mismo precepto o artículo constitucional, la propia Constitución señalaría de manera expresa e indubitable esa facultad de la Asamblea Legislativa.

"Ahora bien, en el caso de la facultad del apartado D del 122 constitucional en ningún momento de manera expresa se refiere a que es atribución de la asamblea, por el contrario el apartado D precisa que el Ministerio Público del Distrito Federal se regula en el Estatuto de Gobierno y la ley orgánica respectiva, las cuales expide el H. Congreso de la Unión, quien tiene la facultad originaria sobre el Distrito Federal.

"En este mismo sentido se expresó el Constituyente Permanente al reformar el artículo 122 constitucional, esto se aprecia en las reformas constitucionales del veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, dentro del Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados dentro de la fracción VII denominada ‘Del Distrito Federal’ de los puntos considerativos, visible en la página XXXIV a foja 78, señala lo siguiente: (se transcribe).

"De lo anterior se desprende que el Constituyente Permanente creó un apartado específico para la materia de procuración de justicia, fuera del apartado que contiene las atribuciones de la Asamblea Legislativa, por lo tanto, se deja fuera del ámbito de la asamblea la Procuración de Justicia del Distrito Federal, siendo en consecuencia el H. Congreso de la Unión el facultado para legislar en la materia en términos del apartado D del artículo 122 constitucional.

"Aunado a lo anterior, podemos concluir que el referido apartado D del dispositivo constitucional antes referido, asigna dos atribuciones al H. Congreso de la Unión, la primera nombrar procurador general de Justicia del Distrito Federal, y la segunda para determinar la organización, competencia y normas de funcionamiento del Ministerio Público en el Distrito Federal.

"La facultad de nombrar procurador se debe establecer en el propio Estatuto de Gobierno que crea el legislativo federal, y la facultad de organizar el Ministerio Público del Distrito Federal también la realizará el H. Congreso de la Unión en el propio Estatuto de Gobierno y en la ley orgánica que al efecto expida.

"Por lo tanto, la facultad para crear la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, es una facultad expresa para el H. Congreso de la Unión en términos del apartado A, fracción V, del artículo 122 constitucional, en relación con el apartado D del mismo artículo 122 de la Norma Suprema.

"Por otra parte, se puede llegar a la misma conclusión de que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal es facultad del Congreso de la Unión, pero en el sentido de ser una facultad reservada, esto mediante una interpretación teleológica, en virtud de que el objetivo del Constituyente Permanente fue en todo momento reservar la facultad de legislar sobre procuración de justicia del Distrito Federal al H. Congreso de la Unión.

"Esto se desprende de la misma reforma constitucional del veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, dentro del Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, Primera Sección, Puntos Constitucionales, Distrito Federal, y Estudios Legislativos, Primera Sección, de la Cámara de Senadores, dentro del capítulo de ‘Valoración de la iniciativa’, de la reforma política del Distrito Federal mexicano, visible en la página 39 a fojas 195 del expediente legislativo que modifica el artículo 122 constitucional, que señala: (se transcribe).

"De lo antes expuesto, es claro que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal es competencia del H. Congreso de la Unión. Ahora bien, tanto la seguridad pública como la procuración de justicia del Distrito Federal, no están señaladas como facultades exclusivas de la Asamblea Legislativa, ni en el artículo 122, base primera, fracción V, del apartado C de la Constitución Federal ni en el artículo 10 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, por lo tanto, es también una facultad reservada del Congreso Federal.

"Por lo tanto, si existe duda sobre la facultad expresa del Congreso para crear la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, también se puede afirmar que la atribución del H. Congreso de la Unión para legislar en el Distrito Federal en materia de procuración de justicia en el Distrito Federal, es también una facultad residual y abierta.

"Si bien es cierto que el inciso g) de la fracción V de la base primera del apartado C del artículo 122, confiere a la Asamblea Legislativa la facultad de legislar en materia de administración pública local, y el artículo 10 del Estatuto de Gobierno ubica a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en el ámbito orgánico del Gobierno del Distrito Federal, no se menciona de modo expreso la facultad de expedir una ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por lo que se entiende reservada al H. Congreso de la Unión.

"De hecho el propio artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, incisos a), m) y n), sí establece facultad expresa a la asamblea para crear leyes orgánicas como el caso de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa, la ley orgánica de los tribunales encargados de la función judicial del fuero común del Distrito Federal, y la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Distrito Federal.

"En todos los casos de señalamiento normativo orgánico a que hace mención el artículo 122 constitucional respecto a autoridades o instituciones locales de origen constitucional, el propio precepto es expreso en atribuir la materia legislativa a la asamblea, excepto el caso del Ministerio Público del Distrito Federal. La mención es expresa en los casos que se han señalado anteriormente como la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Distrito Federal, Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa, etcétera, así como de la administración pública local, por tanto, el Ministerio Público del Distrito Federal no es administración pública.

"El propio artículo 122 contempla dos disposiciones que llevan a una diferenciación: por una parte dentro del apartado C base primera establece que la asamblea legisle en materia de administración pública, y por otro lado, el apartado D habla de una ley orgánica del Ministerio Público del Distrito Federal que debe determinar no sólo aspectos de organización sino de competencia, es decir, se regula de manera singular y particular por la propia Constitución. Por lo tanto el artículo 122 constitucional no asigna el Ministerio Público del Distrito Federal dentro de la administración pública local.

"Es muy cuestionable sostener que el Ministerio Público se inserta en el funcionamiento de la administración. Una cosa es que, como dice el estatuto en su artículo 10, se ‘ubica en el ámbito orgánico del Gobierno’ del Distrito Federal puesto que hay que insertarlo en uno de los tres órganos en que se divide la función del Estado a diferencia de los órganos constitucionalmente autónomos y otra cosa es que el Ministerio Público sea administración pública local.

"En esto podemos apoyarnos de manera analógica con lo establecido en los artículos 102 y 107, fracción XV, de la Constitución, difícilmente se puede concluir que el Ministerio Público hace funciones de ‘administración pública’, estamos hablando de persecución de delitos e intervención en todos los juicios de amparo, funciones primordiales del Ministerio Público.

"Por lo anterior, se puede decir que las atribuciones exclusivas del Ministerio Público, ajenas al Poder Ejecutivo unipersonal del presidente de la República, por lo tanto no pueden entenderse como negocios del orden administrativo.

"Sobre lo anterior, hay que tener la referencia federal de que, precisamente como consecuencia de que el Constituyente Permanente hizo la reforma constitucional de treinta de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno del mismo mes y año, en la que se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para suprimir a la procuraduría como ‘dependencia’ del Ejecutivo Federal, por ese motivo, entre otros, las nuevas leyes orgánicas tanto de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal como de la Procuraduría General de la República, expedidas en 1996, no les dan trato de ‘dependencias’ sino sólo de ubicación en el ámbito del Poder Ejecutivo sea Federal o del Gobierno del Distrito Federal.

"El dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, de primero de abril de mil novecientos noventa y seis, sobre la Procuraduría General de la República, menciona: (se transcribe).

"Ahora bien, en la administración pública centralizada, el titular tiene el poder o atribución de nombramiento y remoción libre, atributos que no tiene el jefe de Gobierno respecto a quien preside el Ministerio Público en el Distrito Federal, sino que el estatuto por mandato constitucional dispone la intervención del presidente de la República, precisamente esta intervención, entre otras razones, sumando a que el procurador tiene a su cargo fuerza pública y en la sede federal se aplica lo dispuesto por el artículo 115, fracción VII, de la Constitución Federal (el Ejecutivo Federal tiene el mando de la fuerza pública donde reside habitualmente) por remisión expresa contenida en el apartado E del artículo 122 constitucional, motivó que la materia no se asignara expresamente a la Asamblea Legislativa, de tal manera que fuera el Congreso y no un órgano local el que regulara ciertas relaciones entre presidente-procuraduría, como ejemplo, tenemos el artículo 59 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, dispone una relación de subprocurador-presidente y no de subprocurador-jefe de Gobierno para el supuesto de que se presente una denuncia contra el procurador.

"En este mismo orden de ideas, la reforma constitucional de mil novecientos noventa y tres, entre otros al artículo 122, que dio origen a que la asamblea tuviera facultades legislativas tampoco había contemplado expresamente la asignación de la materia a la asamblea.

"En la reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, hoy vigente, con respecto a la de mil novecientos noventa y tres sobre el régimen jurídico del Distrito Federal, se agregaron expresamente sólo las siguientes materias para la asamblea: civil y penal (que en la reforma de noventa y tres habían quedado a la condición de que primero el Congreso expidiera los códigos federales se suprimió esa condición); electoral, seguridad prestada por empresas privadas, y responsabilidad de servidores públicos sólo de los órganos encargados de la función judicial (no de la administración ni de la propia asamblea).

"En estas reformas nunca se asignaron expresamente las materias de seguridad pública y de organización, competencias y funcionamiento del Ministerio Público, toda vez que se consideraron estratégicas para reservarse al Congreso Federal, máxime que tenían que ver con interrelaciones de órganos locales con el presidente de la República, no sólo por su intervención con los nombramientos y remoción de sus titulares, sino como mando supremo de las fuerzas públicas que tienen y que ello conllevaba a que fuera un poder federal y no un órgano como la asamblea el que regulara ambas materias.

"Lo anterior se refuerza con las consideraciones contempladas en las diversas reformas del artículo 122 constitucional, que de manera breve señalan:

"A) En la iniciativa del presidente de la República, de julio de 1993, que motivó la reforma constitucional de ese año al régimen jurídico del Distrito Federal, se expuso: ‘La fracción II del nuevo texto del artículo 122 contempla las facultades conferidas al presidente de la República, tanto en lo relativo a la designación del servidor público que tendrá a su cargo la fuerza pública del Distrito Federal, en razón de residir en el territorio en que ésta actúa, a que obliga la fracción VII del artículo 115 constitucional, como el nombramiento del procurador general de Justicia del Distrito Federal. Es indispensable asegurar que los poderes no estarían sujetos a limitación o impedimentos por decisiones que tomen en cuenta, exclusivamente, los intereses de la ciudad sin considerar sus repercusiones para los Poderes Federales en su conjunto. Sin embargo, para posibilitar en el orden práctico la aplicación de medidas de Gobierno Local que requieren de apoyo por la fuerza pública, y asegurar la corresponsabilidad, al jefe del Distrito Federal podrán delegarle las funciones de dirección en materia de seguridad pública.’

"B) En el dictamen de la Cámara de Diputados se asentó que, al presidente de la República se le ‘reserva la facultad de nombrar al jefe del Distrito Federal, con la intervención de la asamblea de representantes ... Igualmente se le reserva el nombramiento y remoción del

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22468-22c2573a/controversia-constitucional-la-declaratoria-de-invalidez-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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