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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 36 Y 37, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, QUE ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS Y MAGISTRADOS ELECTORALES EN ESA ENTIDAD, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS Y DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN PARLAMENTARIA DEL CONGRESO ESTATAL, NO TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD, CERTEZA, LEGALIDAD, INDEPENDENCIA, OBJETIVIDAD Y AUTONOMÍA EN MATERIA ELECTORAL CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISOS B) Y C), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 38/2009. · Registro digital (IUS): 21908
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDO DEL TRABAJO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, , Pág. 880.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 38/2009. PARTIDO DEL TRABAJO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecinueve de octubre de dos mil nueve.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el trece de marzo de dos mil nueve, Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yáñez, Rubén Aguilar Jiménez, Ricardo Cantú Garza y Pedro Vázquez González, en su calidad de integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez del Decreto Número 577/08 IP.O., mediante el cual se reformaron los artículos 27, 27 Bis, 36 y 37 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, emitido y promulgado respectivamente, por el Congreso y el gobernador del Estado de Chihuahua y publicado en el Periódico Oficial de la entidad número 12, de once de febrero de dos mil nueve.

SEGUNDO. El partido político promovente de la acción, señaló como antecedentes del caso, los siguientes:

"1. En fecha 11 de diciembre de 1990, el Partido del Trabajo, adquirió su denominación, mediante registro ante el Instituto Federal Electoral, para constituirse como tal y encontrarse en la aptitud de participar en los comicios electorales federales, sujetarse a las obligaciones respectivas y favorecerse de las prerrogativas que para tal efecto otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. En fecha 8 de agosto de 2008 el Partido del Trabajo registró ante el Instituto Federal Electoral, los documentos básicos del partido, donde se incluyen los estatutos mediante los cuales regiría su actuación, dando cumplimiento con la obligación respectiva, mismos que se encuentran vigentes a la actualidad. 3. En fecha 8 de agosto de 2008 el partido político nacional ‘El Partido del Trabajo’, registró a los suscritos como integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del propio partido político, ante el Instituto Federal Electoral, de conformidad con lo estipulado por el artículo 29 incisos f) y g) de los estatutos a los que se hace referencia en el punto de antecedentes número II de la presente demanda. 4. En fecha diecisiete de diciembre del año dos mil ocho, la LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua, promulgó el Decreto Número 577/08 I P.O., mediante el cual reformó los artículos 27, 27 Bis, 36 y 37 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua. Mediante Decreto Número 586/09 I D.P., la Diputación Permanente de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, expidió la declaratoria de aprobación de la reforma de referencia, en cumplimiento al artículo 202, fracción II, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Chihuahua. 5. El día once de febrero del año dos mil nueve, fue publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, el decreto que contiene las reformas constitucionales que en el punto anterior se precisan, y de las que se demanda del honorable Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación su invalidez."

TERCERO. El partido político precisó que el decreto cuya invalidez demanda, es violatorio de los artículos 1o., 41, fracción V, 116, fracción IV, incisos b) y c) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo adujo como concepto de invalidez, lo que a continuación se resume:

1. Los artículos 36, séptimo párrafo y 37, segundo párrafo, de la Constitución del Estado de Chihuahua, contravienen lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución General de la República, concretamente los principios de imparcialidad, certeza y objetividad que rigen en la materia electoral, así como atentan contra la autonomía e independencia del Instituto Estatal Electoral y del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Chihuahua, en virtud de que con la reforma combatida se deja la facultad de designación de los consejeros y Magistrados electorales a los grupos parlamentarios, sin precisar la forma en la que se van a elegir a los aspirantes que propongan dichos grupos, porque sencillamente con la reforma se eliminó la regla consistente en la elaboración de una convocatoria o consulta pública a través de la cual los ciudadanos interesados puedan participar a fin de ser seleccionados para integrar esos órganos electorales, lo que significa que la convocatoria o consulta pública y la ciudadanía participante, constituían la base a través de la cual la Junta de Coordinación Parlamentaria haría la propuesta al Pleno del Congreso del Estado, lo que reitera, fue indebidamente eliminado en la reforma cuestionada, evidenciándose así su inconstitucionalidad.

Agrega, que la convocatoria se formulaba por el Congreso del Estado como institución, lo que implicaba la inexistencia de un vínculo entre los ciudadanos que acudían a la convocatoria y los partidos políticos representados en el Congreso y, por ende, no existía subordinación de éstos con el Poder Legislativo o partidos políticos, garantizándose así su autonomía e independencia, lo que claramente se puede apreciar de la lectura a la Constitución Política del Estado de Chihuahua, anterior a la reforma combatida, de la que se aprecia que en su anterior redacción garantizaba la autonomía e independencia del Instituto Estatal Electoral y del Tribunal Estatal Electoral, pues se daba certeza y transparencia en el proceso de selección de los ciudadanos que habrían de desempeñarse como consejeros y Magistrados, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Federal.

2. También señala que la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, concretamente los artículos 56, 59 y 162 establecían la existencia de un procedimiento claro y transparente, dotado de certeza jurídica, porque el procedimiento de designación de los funcionarios electorales se iniciaba con la expedición de una convocatoria pública por el Congreso del Estado, con una amplia difusión, en la que se invitaba a los ciudadanos a participar mediante la presentación de solicitudes, además de establecer la forma en que el Congreso del Estado por conducto de la Junta de Coordinación Parlamentaria, procedería a la designación, así como contemplaba los requisitos que debían cubrir los aspirantes, destacando el de no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular y no ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político u organización política en los cinco años inmediatos anteriores a la designación, de donde es evidente, aduce, que este tipo de requisitos evitaba que los partidos políticos intervinieran directamente a través de la Junta de Coordinación Parlamentaria en la conformación de las mencionadas instituciones electorales, sin embargo, la reforma combatida contraviene lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Federal, ya que la forma de designación directa de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Chihuahua, se traducirá materialmente en una forma de presión y control sobre los órganos electorales locales, lo que desde luego atenta contra la autonomía e independencia de éstos.

Que de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, la Junta de Coordinación Parlamentaria se integra por el presidente de la mesa directiva y los coordinadores de cada grupo parlamentario, todos con derecho a voz y voto, empero, los partidos políticos que no forman un grupo parlamentario sólo tienen derecho a voz, lo que los excluye del proceso de selección; agrega, que en el caso, el Congreso del Estado únicamente cuenta con tres fracciones parlamentarias, la de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, en tanto que tienen representación únicamente con derecho a voz los Partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo y sin representación en el Congreso los Partidos Convergencia y Alternativa Social Demócrata, por lo que en tales circunstancias, es claro que únicamente los partidos mencionados en primer término, serán quienes habrán de proponer directamente a los aspirantes a conformar las instituciones electorales, lo que va a generar dependencia respecto de aquel partido que los proponga y, por tanto, subordinación, de ahí que las normas combatidas violen el pacto federal, pues se prevé un procedimiento que no es transparente y que atenta contra la autonomía e independencia de los órganos electorales, ya que se deja en manos de grupos políticos, esto es, de los parlamentarios, la designación de sus integrantes.

3. Asimismo, argumenta que las reformas constitucionales a nivel federal aprobadas en mil novecientos noventa y seis, tuvieron entre otros objetivos, el fortalecimiento de las instituciones a través de las cuales cobra vigencia el sistema democrático mexicano, toda vez que consideró como indispensable que los órganos electorales encargados de la renovación de los cargos públicos se encontraran revestidos de ciertas características, siendo relevante la autonomía y profesionalización de dichas instituciones, lo que claramente se aprecia del artículo 41, fracción V, párrafo tercero, de la Constitución Federal, que se refiere a la designación de los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral, que prevé que dicha designación se formulará previa realización de una amplia consulta a la sociedad, lo que a su vez se reproduce en el artículo 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de donde es claro que, si para integrar dicho consejo, la Cámara de Diputados debe realizar una amplia consulta a la sociedad, en aras de dotarlo de autonomía e independencia, por ende, la misma regla debe prevalecer hacia los Estados, lo que desde luego dejó de contemplarse en la Constitución impugnada; agrega, que es un contrasentido que mientras la Constitución Federal garantiza la autonomía e independencia de las instituciones electorales y fija los principios que deben regir a nivel local, la normatividad ahora combatida los niegue, ya que se olvida de los principios rectores de la materia, fijando reglas que atentan contra la autonomía e independencia de las instituciones electorales, en franca contravención además, del principio de supremacía constitucional, previsto en el artículo 133 constitucional.

4. Por otra parte, reitera que con la reforma impugnada se suprime un procedimiento claro y transparente para la selección de consejeros y Magistrados electorales, ya que se deja al arbitrio de los integrantes de la Junta de Coordinación Parlamentaria del Congreso Local, a saber los grupos parlamentarios, la facultad de proponer a los aspirantes para ocupar dichos cargos, sin dar oportunidad de que la sociedad participe a través de una convocatoria, colocando en un estado de indefensión a la ciudadanía, a los partidos políticos que no integran la junta y los órganos electorales de la propia entidad, poniendo en riesgo los principios que rigen en la materia electoral y, al respecto, invoca la tesis que lleva el rubro: "MATERIA ELECTORAL. PARA EL ANÁLISIS DE LAS LEYES RELATIVAS ES PERTINENTE ACUDIR A LOS PRINCIPIOS RECTORES Y VALORES DEMOCRÁTICOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 41 Y 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

Agrega, que el Pleno de la Suprema Corte ha determinado en diversas tesis que las autoridades a cargo de la organización de las elecciones, se rigen bajo los mismos principios que las autoridades jurisdiccionales de la materia esto es, que deben gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, conforme al artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Federal, pues la finalidad de las reformas constitucionales que han operado al respecto, refleja la intención del Constituyente de que dichos órganos resuelvan con plena imparcialidad, por lo que es evidente que los conceptos de autonomía e independencia desarrollados en torno a los Poderes Judiciales Locales, son aplicables a los integrantes de los organismos estatales encargados de la organización de las elecciones, en otras palabras, una de las notas distintivas tanto de los Poderes Judiciales como de los órganos encargados de la organización de las elecciones, es precisamente la de gozar de autonomía e independencia.

5. Finalmente argumenta que en la reforma combatida no se estableció un razonamiento lógico-jurídico que justifique la omisión de emitir una convocatoria pública por parte del Congreso del Estado de Chihuahua, en la que la ciudadanía pueda participar en igualdad de circunstancias con reglas y requisitos claros, transparentes y bajo procedimientos previamente establecidos, sino por el contrario, la reforma resta autonomía a los organismos electorales en la toma de decisiones, pues insiste, no permite la participación de la ciudadanía en la conformación de los órganos electorales, además de que crea una dependencia entre los integrantes de éstos y los grupos parlamentarios del Congreso Local, atentando así contra la autonomía e independencia de la que deben gozar; por tanto, las normas cuya invalidez se propone contravienen los artículos 41, fracción V, 116, fracción IV, incisos b) y c) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO. Por acuerdo de trece de marzo de dos mil nueve, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido del Trabajo con el número 38/2009 y, por razón de turno, designó al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano para que instruyera el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.

Asimismo, mediante proveído de diecisiete de marzo siguiente, el Ministro instructor admitió la demanda de que se trata, ordenó dar vista al órgano Legislativo que emitió las normas y al Ejecutivo que las promulgó para que rindieran sus respectivos informes, así como al procurador general de la República para que antes del cierre de la instrucción emitiera su opinión; solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que expresara su opinión y, por último, requirió al presidente del Consejo Electoral del Estado de Chihuahua para que dentro del plazo de tres días naturales, informara la fecha en que inicia el próximo proceso electoral en la entidad.

QUINTO. Mediante auto de veintisiete de marzo de dos mil nueve, el Ministro instructor tuvo por desahogado el requerimiento formulado al consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, quien manifestó que el próximo proceso electoral del Estado iniciará durante la segunda quincena del mes de enero del año 2010.

SEXTO. Por acuerdo de treinta y uno de marzo del año en curso, el Ministro instructor tuvo por rendido el informe solicitado al Poder Legislativo del Estado de Chihuahua; y tuvo por presentada la opinión formulada por los Magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, por acuerdo de primero de abril de dos mil nueve, se hizo constar que el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua no rindió el informe que le fuera solicitado y, consecuentemente, se dejaron los autos a la vista de las partes para que dentro del plazo de dos días naturales formularan alegatos.

SÉPTIMO. El Congreso del Estado de Chihuahua, al rendir su informe manifestó lo siguiente:

1. Que son equivocados los argumentos que plantea el partido político promovente de la acción, ya que de acuerdo con el artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, las Constituciones y leyes locales en el aspecto electoral, deben garantizar que las autoridades en la materia gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, pero no señala de qué manera debe cumplimentarse tal garantía, lo que permite concluir que los Estados están ante una función soberana para optar por el mecanismo que estimen conveniente, por lo que la reforma constitucional cuestionada no contradice la Carta Magna; agrega, que no hay base cierta que apoye la argumentación del partido político en el sentido de que el procedimiento para la designación de los consejeros y Magistrados electorales provocará dependencia de éstos hacia los partidos políticos, en virtud de que tanto la Constitución Federal como los ordenamientos locales establecen principios que resguardan la función electoral, con los cuales se impide que se atente contra su autonomía e independencia, lo que claramente se aprecia, por ejemplo, con los requisitos que se exigen para ser consejero o Magistrado electoral, establecidos en los artículos 56, 59 y 162 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.

2. Que el partido político promovente de la acción basa sus argumentaciones en una premisa falsa, pues pasa por alto que el sistema combatido constituye una homologación con el establecido para el orden federal, sin que a la fecha éste haya sido invalidado por inconstitucional, es decir, a nivel federal en la designación de los consejeros que integran el Instituto Federal Electoral tienen participación los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, lo que fue instaurado a nivel constitucional en la reforma electoral de noviembre de dos mil siete, lo que además ya se encontraba contemplado en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Incluso, los procedimientos de designación de esos funcionarios no necesariamente deben contemplarse en el Texto Constitucional, sino que puede hacerse válidamente en la legislación secundaria, pues la función primordial de esta última es la de desarrollar principios establecidos de manera genérica en la Norma Superior, tan es así que los artículos cuestionados prevén que la ley establecerá las reglas, procedimientos de designación y demás requisitos para el nombramiento de consejeros y Magistrados electorales.

3. Finalmente señala que de acuerdo con lo ordenado en la reforma constitucional combatida, el Poder Legislativo de la entidad emitió el Decreto Número 601/09 IIP.O., publicado el catorce de marzo de dos mil nueve, en el Periódico Oficial de la entidad, por medio del cual se reformaron diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, de las que se aprecia que el Congreso ha detallado las reglas que se deben observar en la designación de los funcionarios electorales, destacando de ellas, la consistente en que dicha designación se llevará a cabo con base en una consulta a la sociedad, lo que implica que la pretensión expuesta por la parte actora se encuentra satisfecha y, en ese sentido, se está ante un hecho superveniente que provoca el sobreseimiento en el juicio.

Además, acorde con la reforma legal ya se ha expedido la convocatoria pública a los ciudadanos del Estado de Chihuahua interesados en participar en la integración del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y del Tribunal Estatal Electoral, la cual fue suscrita por los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Nueva Alianza y por los representantes del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo promovente de la acción; agrega, que la manifestación de voluntad de este último se traduce en su conformidad con el procedimiento que se está tramitando, lo que constituye otra razón para que se sobresea en el juicio con apoyo en el artículo 20, fracciones II y IV, de la ley de la materia.

OCTAVO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al formular su opinión señaló en síntesis, lo siguiente:

1. En opinión de la Sala Superior los artículos cuya invalidez se demanda son constitucionales, ya que en primer lugar, en la Constitución Federal no existe algún artículo o principio jurídico electoral que establezca expresa o implícitamente, que las Constituciones de la entidades federativas deban incluir o regular la convocatoria respectiva hacia la ciudadanía, para poder iniciar el procedimiento de designación de los integrantes de los Institutos Estatales Electorales y de los Tribunales Electorales Locales, además de que de acuerdo con la propia Carta Magna los Estados tienen la facultad y la libertad de diseñar la estructura, composición y funciones de las autoridades electorales locales.

2. Que la circunstancia de que las normas cuestionadas no se refieran a la emisión de una convocatoria o a la realización de una consulta pública, no significa que en su momento, las fracciones parlamentarias estén impedidas para realizar esos actos, por lo que el actor parte de una premisa inexacta, pues las legislaturas no se encuentran impedidas para realizar esos actos aunque la Constitución no haga referencia a ellos.

3. Que no puede servir de base para los argumentos del partido político, lo dispuesto en el artículo 41 constitucional, en la porción que prevé que para la conformación del Instituto Federal Electoral intervendrá la ciudadanía previa consulta general, pues esa regla corresponde al modelo federal y, al respecto, tanto la Suprema Corte como la Sala Superior del Tribunal Electoral, se han manifestado en el sentido de que el modelo federal no necesariamente tiene que ser copiado o imitado por las legislaciones de la entidades federativas, por lo que el hecho de que no lo adopten no se traduce en una violación a la Constitución Federal.

4. Asimismo precisó que las consideraciones que anteceden no implican que los Estados puedan establecer arbitrariamente los procedimientos para renovar a las autoridades electorales locales, ya que ante todo deben observar lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), de la propia Carta Magna, que los obliga a legislar fijando reglas que se orienten por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad; agrega, que en el caso no se afectan esos principios, porque la expedición de la convocatoria y la satisfacción de los requisitos legales no dependen exclusivamente de que sean mencionados en la Constitución del Estado; además de que el Alto Tribunal y la Sala Superior han reiterado que la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales tiene que ver con la función de los órganos respectivos y no con su integración.

5. Por otra parte, consideró que no se afectan los principios de autonomía e independencia por el hecho de que en el proceso de designación participen las tres fracciones parlamentarias existentes en el Congreso Local, pues ello no necesariamente provoca subordinación y dependencia hacia los partidos políticos; incluso, en la mayoría de las legislaciones estatales, así como en la legislación federal existe un órgano o poder que formula las propuestas de quienes se desempeñarán como autoridades electorales y no por ello esos procedimientos se han calificado como inconstitucionales, pues de los mismos no depende la imparcialidad y autonomía de los órganos de la materia.

NOVENO. Por auto de trece de abril de dos mil nueve, el Ministro instructor tuvo por recibidos los alegatos formulados por el partido político promovente de la acción; y el oficio PGR/234/2009, suscrito por el procurador general de la República, mediante el cual rindió su opinión respecto a la acción de inconstitucionalidad en que se actúa.

En dicho oficio, el procurador general de la República manifestó, en síntesis, lo siguiente:

1. Por lo que hace a la legitimación procesal del actor señaló que de acuerdo con los artículos 43 y 44 de los estatutos del partido político, la comisión coordinadora nacional se integra por nueve miembros y tiene entre otras funciones la de ejercer la representación política y legal del partido en todo tipo de asuntos de carácter judicial, así como interponer las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral que estime pertinentes; sin embargo, el inciso f) del artículo 44 indica de manera expresa que todas las facultades y atribuciones otorgadas a la comisión coordinadora nacional pueden ser instrumentadas en su caso, con la firma del cincuenta por ciento más uno de los integrantes de la comisión ejecutiva nacional, requisito este último que en el caso no se cumplió, ya que la demanda sólo la suscribieron cinco de los miembros de la comisión coordinadora nacional, cuando de acuerdo con esa regla debió ser firmada por seis de los miembros.

2. Por lo que hace al fondo del asunto argumentó que el único concepto de invalidez se debe declarar infundado, pues contrariamente a lo que se aduce, el procedimiento de designación de los consejeros y Magistrados electorales de la entidad, no resulta contrario a lo dispuesto en los artículos 41, fracción V, 116, fracción IV, incisos b) y c) y 133 de la Constitución Federal, ya que el hecho de que en las normas combatidas se establezca que esos funcionarios serán designados de entre los aspirantes que propongan los grupos parlamentarios no los hace inconstitucionales, toda vez que su participación se limita a proponer a los aspirantes para integrar los organismos electorales, esto es, dicha atribución es una simple intervención propositiva, toda vez que quien aprueba o no las propuestas es el Congreso Local, lo que desde luego no se traduce en una intromisión en la estructura y decisiones que en su momento tomen tanto el Instituto Electoral como el Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua.

3. También precisó que la designación de los funcionarios electorales no es arbitraria, en virtud de que la Constitución Local establece diversos requisitos que deben cumplir los candidatos para poder ser considerados en la conformación de los órganos electorales, condiciones éstas que, aduce, garantizan la autonomía e independencia de los mismos; de igual forma señaló que no existe disposición constitucional que imponga a los Congresos Locales lineamiento específico en cuanto a la forma en que deberán presentarse las propuestas de candidatos que ocuparán un cargo dentro de los órganos electorales, por ello, es responsabilidad directa de dichas legislaturas establecer las formas y términos en que deberán presentarse las referidas propuestas, máxime que de acuerdo con el artículo 116 constitucional las reglas y el funcionamiento de las autoridades electorales locales se deben regir necesariamente por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad, sin que en el caso se advierta que el procedimiento contemplado en las normas cuestionadas atente contra dichos principios.

DÉCIMO. Una vez cerrada la instrucción en este asunto, se envió el expediente al Ministro instructor, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que los partidos políticos plantean la posible contradicción de diversas normas de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. Por razón de orden, en primer lugar, se procede a analizar si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.

El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnados sean publicados en el correspondiente medio oficial.

"Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."

Conforme a este artículo, el plazo para la presentación de la acción será de treinta días naturales y el cómputo respectivo debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó la norma que se impugna, considerándose en materia electoral, todos los días como hábiles.

El Decreto Número 577/08 IP.O., mediante el cual se reformaron los artículos 27, 27 Bis, 36 y 37 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, se publicó en el Periódico Oficial de la entidad de once de febrero de dos mil nueve, según se advierte del ejemplar que de dicho medio informativo obra a fojas veintiocho a noventa y ocho del expediente de esta acción. Por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad inició el doce de febrero y venció el trece de marzo de dos mil nueve.

En el caso, el escrito que contiene la acción de inconstitucionalidad se presentó el trece de marzo de dos mil nueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se desprende del sello que obra al reverso de la foja veinticuatro del expediente, esto es, el último día del plazo correspondiente, por lo que debe concluirse que fue presentada en forma oportuna, conforme a lo dispuesto por el artículo 60 de la ley de la materia.

TERCERO. Acto continuo se procede a analizar la legitimación del partido político promovente de la acción.

Los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, último párrafo de su ley reglamentaria, disponen lo que a continuación se reproduce:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21908-b8efb540/accion-de-inconstitucionalidad-los-articulos-36-y-37 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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