COALICIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 179, PÁRRAFO SEXTO, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN TANTO LES ASIGNA EL MISMO TIEMPO DE ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO COALIGADOS, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 41, FRACCIÓN I, Y 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. DERECHOS Y PRERROGATIVAS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SON INDISPONIBLES PERO NO ILIMITADOS. FINANCIAMIENTO PRIVADO SUSCEPTIBLE DE SER RECIBIDO POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, AL ESTABLECER QUE AQUÉL NO PODRÁ EXCEDER DEL 99% DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. FUNCIONARIOS ELECTORALES DE CASILLA. EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, AL EXCLUIRLOS COMO REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS O COALICIONES EN LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, NO VULNERA LOS DERECHOS DE ASOCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LOS ASUNTOS POLÍTICOS DEL PAÍS. FUNCIONARIOS ELECTORALES DE CASILLA. LA MEDIDA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A TRAVÉS DE LA CUAL IMPONE LA OBLIGACIÓN A LOS CIUDADANOS DE DESEMPEÑAR FUNCIONES ELECTORALES, EXCLUYENDO LA POSIBILIDAD DE QUE PARTICIPEN COMO REPRESENTANTES DE CASILLA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES, SALVAGUARDA FINES CONSTITUCIONALMENTE LEGÍTIMOS Y RAZONABLES. ORGANIZACIONES GREMIALES O CON OBJETO SOCIAL DIFERENTE. EL ARTÍCULO 162 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, QUE PROHÍBE SU INTERVENCIÓN EN LA CREACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS, ES ACORDE CON LOS ARTÍCULOS 116, FRACCIÓN IV, INCISO E), Y SEXTO TRANSITORIO DE LA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2007. PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES. LOS ARTÍCULOS 31, FRACCIÓN II, Y 33, FRACCIÓN III, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 9o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 4/2009. PARTIDO DEL TRABAJO.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIO: JOSÉ FRANCISCO CASTELLANOS MADRAZO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintisiete de abril de dos mil nueve.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito recibido el doce de enero de dos mil nueve, en el domicilio particular de la persona autorizada para recibir promociones de término, fuera del horario de labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yáñez, Rubén Aguilar Jiménez, Ricardo Cantú Garza y Pedro Vázquez González, en su calidad de integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo, promovieron acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:
Autoridades responsables:
1. Legislatura del Estado de Querétaro.
2. Gobernador del Estado Libre y Soberano de Querétaro de Arteaga.
Norma cuya invalidez se demanda:
1. Decreto 8637 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro, denominado "La Sombra de Arteaga", el trece de diciembre de dos mil ocho, mediante el cual la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Querétaro reformó la Ley Electoral del Estado de Querétaro.
SEGUNDO. Los conceptos de invalidez esgrimidos por el partido promovente son en síntesis los siguientes:
1. Que el artículo 31, fracción II, de la Ley Electoral del Estado de Querétaro vulnera la capacidad de auto organización y autonomía de los partidos políticos, garantía otorgada por su calidad de entes de interés público, pues se pretende establecer disposiciones que limitan y vulneran diversos preceptos constitucionales en virtud de la reforma emitida por el legislador del Estado de Querétaro, pues en la reforma se señala que las asociaciones políticas no podrán celebrar los convenios necesarios para confederarse, aliarse, unirse o incorporarse de manera permanente o transitoria con los partidos políticos.
Se vulnera también la capacidad de auto organización de ciudadanos que integran las asociaciones y partidos políticos, violando los artículos 9o., 35 y 36 de la Constitución Federal, en cuanto al derecho de asociación y autogestión.
La norma impugnada coarta la libertad política de los partidos, viola los principios de certeza, de autonomía partidista, de libertad política y de asociación, porque limitan de manera arbitraria las posibilidades que tienen distintas fuerzas políticas de concurrir unidas, acumulando sus activos políticos, en un proceso electoral bajo la forma que convengan.
Por otro lado, el precepto señalado de inconstitucional vulnera las garantías consagradas en el artículo 14 constitucional, toda vez que con la reforma adquiere alcances que transgreden de forma retroactiva derechos políticos adquiridos, como lo es el de la libre asociación, que incluso tiene la naturaleza jurídica de ser una garantía individual; en efecto, transgrede de forma retroactiva la garantía a la libre asociación y derecho que los ciudadanos tenían antes para celebrar convenios de asociación política, como se puede constatar antes de la entrada en vigor de la reforma impugnada, e incluso antes de la penúltima reforma electoral de dos mil ocho, en la que las asociaciones y partidos políticos podrían celebrar los multicitados convenios de participación política para unirse o asociarse, lo cual con la reforma se pretende eliminar; esto es, hay una clara afectación retroactiva de derechos ya adquiridos y ganados, que se ejercían hasta antes de la reforma publicada el trece de diciembre de dos mil ocho.
2. Que el artículo 121, párrafos segundo y tercero, de la Ley Electoral del Estado de Querétaro es ilegal, pues establece una restricción al derecho de asociación; es decir, nadie podrá ser designado como representante de casilla si es electo como funcionario de ésta (aun cuando hubiese renunciado al cargo de funcionario de casilla), lo cual es inconstitucional por afectar el contenido esencial del derecho fundamental de asociación; asimismo, dicho artículo prevé que cuando alguien sea nombrado como representante del partido político, éste tendrá que renunciar a dicho cargo si es nombrado funcionario de casilla, es decir, esta disposición impone imperativamente la obligación de realizar dicho encargo, aun en contra de sus ideologías y principios respecto al partido del que forma parte.
Este requisito es ilegal, por ser una calidad que afecta el contenido esencial del derecho de asociación, pues la libertad política prevista en los artículos 9o. y 35, fracción III, constitucionales, implica que cualquier persona tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, con lo cual es claro que se coarta la libertad de los ciudadanos de ejercer el derecho de establecer la forma o calidad bajo la cual tomará parte en los asuntos políticos del país; en razón de que a pesar de que renuncie al encargo de funcionario de casilla, tanto el partido político como el ciudadano, estarán impedidos el primero a ser representado por quien éste designe y el segundo a hacer uso de su facultad de decidir con libertad la calidad con la que pretende tomar parte en los asuntos políticos del país, por lo que resulta inválido establecer una norma que impida a los ciudadanos representar a los institutos políticos por el hecho de haber sido designado funcionario de casilla, aun cuando el ciudadano renuncie a dicho encargo, y además aunque hubiese sido nombrado primeramente como representante de partido político antes que funcionario de casilla, el ciudadano debe renunciar a dicho nombramiento y cumplir forzosamente con el de funcionario de casilla; la cual no es razón suficiente para negarse su derecho de asociación, contenido en el numeral 9o. de nuestra Carta Magna.
Además, se vulnera la fracción III del artículo 35 de la Constitución Federal, el cual propicia el pluralismo político y la participación ciudadana en los asuntos políticos del país, por lo que limitar tal facultad constitucional, impediría la libertad de participar en las elecciones en la forma y términos que éste libremente elija, con lo cual el derecho de asociarse quedaría socavado.
3. Que los artículos 36, fracción II, 39 y 40 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro violentan la base establecida en el inciso h) del artículo 116 constitucional, en la que se establecen los montos máximos que tengan las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no excederá el diez por ciento del tope de gastos de campaña que se determine para la elección de gobernador; los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos; y establezcan las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias.
4. Que los artículos 50, 51, 52, 53 y 54 del ordenamiento impugnado, dejaron de observar el régimen de competencias previsto en la Constitución Federal, al pretender regular materias exclusivas del ámbito federal, invadiendo de manera particular la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión.
El artículo 179 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro impide a los partidos políticos participantes en una coalición recibir sus prerrogativas de radio y televisión, lo que coarta su derecho a acceder a dicha prerrogativa, generando inequidad entre los partidos coaligados y los que no participen en el proceso electoral bajo esa modalidad, lo que resulta contrario a los artículos 41, fracción I y 116, fracción IV, constitucionales.
Dicha violación produce inequidad respecto a quien no se coaliga y los partidos que se coaligan, al crear una diferencia, pues la naturaleza de una coalición es la suma de fuerzas y no su disminución, como la norma impugnada lo establece.
5. Existe violación a lo previsto en el artículo 116, fracción IV, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al incumplir con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la reforma constitucional de trece de noviembre de dos mil siete, toda vez que en la ley del Estado no se establecen disposiciones tendientes a prohibir la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa; además, se puede apreciar de la simple lectura de la legislación, que no se establece modelo, sistema o disposición alguna para el recuento de votos.
TERCERO. El promovente estima infringidos los preceptos 1o., 9o., 14, 16, 17, 28, cuarto párrafo, 35, fracción III, 36, 41, primer párrafo, fracciones III y V, 73, fracción XVII, 116, fracción IV, incisos a), b), e), h) e i), 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO. Mediante proveído de trece de enero de dos mil nueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 4/2009 y, por razón de turno, designó al Ministro Juan N. Silva Meza para que actuara como instructor en el procedimiento.
Por auto de catorce de enero siguiente, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al Congreso y al gobernador del Estado de Querétaro para que rindieran sus respectivos informes.
QUINTO. Al rendir su informe, el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos adujo en síntesis:
1. Es cierto el acto atribuido, consistente en la promulgación y orden de publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" Número 68, de trece de diciembre de dos mil ocho, la Ley que reforma la Ley Electoral del Estado de Querétaro; acto que se realizó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Querétaro.
SEXTO. Por su parte, el Congreso del Estado de Querétaro, al rendir su informe, manifestó lo siguiente:
1. El artículo 31, fracción II, de la Ley que reforma la Ley Electoral del Estado de Querétaro, no violenta el derecho de asociación, como garantía individual, consagrado en los artículos 1o., 9o. y 14 de la Constitución Federal, toda vez que de ninguna manera se está restringiendo el derecho del individuo de asociarse con un partido o con una asociación política, sino por el contrario se respeta al establecerse en los artículos 24 y 29 de la ley impugnada, que los partidos y las asociaciones políticas son formas de organización de la ciudadanía.
El derecho de asociación es una garantía que otorga la Constitución Federal al individuo y no a una institución, como lo es la asociación política, por tal motivo es que a dicho derecho se le denomina garantía individual; por tanto, en caso de que se quiera impugnar la violación de la garantía individual de asociación, el Partido del Trabajo carece en todo momento de legitimación procesal, toda vez que no es el titular del derecho, es decir, para poder impugnar la violación de una garantía individual es necesario que la normatividad afecte la esfera jurídica como individuo integrante de la sociedad y el Partido del Trabajo no es un individuo, sino una institución política, la cual es regulada por una ley específica denominada Ley Electoral.
2. La legislación electoral vigente en esa entidad, regula en sus artículos 8o. y 9o., los derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos, específicamente la forma en que los ciudadanos ejercen su derecho al voto, por lo que en ningún momento se están violentando los artículos 35, 36 y 41 de la Constitución Federal.
La apreciación del promovente, en cuanto a que la norma impugnada vulnera la capacidad de autonomía y gestión de los partidos políticos involucrados, pues la misma pretende ir más allá de las disposiciones estatutarias, limitándolas o modificándolas según sea el caso, es errónea; lo anterior porque la legislación en cualquier materia, incluida la electoral, se encuentra por encima de las disposiciones internas de los partidos políticos, atendiendo al principio elemental de jerarquía de las normas.
3. Los argumentos vertidos para señalar la invalidez del artículo 121 de la Ley Electoral del Estado, no encuadran en la supuesta violación al derecho de asociación, toda vez que no guarda relación alguna ese derecho, puesto que responde a una naturaleza distinta al derecho de los partidos políticos o asociaciones políticas para nombrar o acreditar representantes, aunado a que la propia Ley Electoral señala que éstos deben estar integrados por ciudadanos, lo que tutela el derecho de asociación como garantía individual y no para entes o personas morales.
Por otra parte, al establecerse en la Ley Electoral la prohibición a los partidos políticos o coaliciones, de acreditar como sus representantes a aquellos ciudadanos que hubiesen resultado nombrados para integrar las mesas directivas de casilla, aun cuando éstos declinaran o renunciaran para ejercer la función como integrantes de las mismas, es con el único fin de anteponer la importancia de ser integrante de una mesa directiva de casilla, a ser representante de partido político en una mesa directiva de casilla.
4. Se advierte del escrito de demanda la petición de invalidez de los artículos 36, fracción II, 39 y 40 de la ley impugnada; sin embargo, el quejoso realiza una interpretación literal tanto de los preceptos combatidos, como del artículo constitucional con el que se cotejan, desprendiéndose de ello que se parte de una premisa falsa y en consecuencia, arriba a una conclusión falsa. Lo anterior es así, porque el quejoso pasa desapercibido que el artículo 36, fracción II, de la Ley Electoral, establece la figura de financiamiento privado, la cual contempla según el artículo 39 del mismo ordenamiento, dos rubros, a saber: las cuotas de afiliados y las donaciones que pueden ser no sólo de afiliados, sino de cualquier persona, de tal suerte que lejos de contradecir el numeral 116, fracción IV, inciso h), de la Constitución Federal, se contempla de manera armónica en una interpretación sistemática con los numerales que se tildan de inconstitucionales, pues el Texto Constitucional precisa que el monto máximo que tengan las aportaciones de sus simpatizantes no excederá del tope de gastos de campaña, sin que se considere esta limitante para las donaciones, pues el límite de las mismas se contempla en el tercer párrafo del artículo 39 de la Ley Electoral.
Aunado a lo anterior, los demandantes no efectúan ninguna argumentación o razonamiento en cuanto a que el artículo 40 de la Ley Electoral viola lo dispuesto por el artículo 116 constitucional.
5. Es infundada la reclamación de invalidez del sexto párrafo del artículo 179 de la Ley Electoral, puesto que los promoventes hacen una interpretación errónea del artículo impugnado, manifestando que de acuerdo a lo que ellos entienden, no existe una distribución equitativa de las prerrogativas o incluso que no existe certeza sobre cómo se asignarán las mismas cuando dos partidos se coaligan, haciendo caso omiso al principio general de derecho de que donde la ley no distingue no se debe distinguir. Sin embargo, es importante mencionar que el demandante no hizo un análisis completo de la Ley Electoral, puesto que si hubiera leído en su totalidad la ley, se percataría que el artículo 175 prevé en el inciso h), la forma en la cual los partidos que se coaligan ejercerán sus prerrogativas.
Por otro lado, los aspectos relativos al acceso de los partidos políticos a la radio y televisión, como lo menciona el promovente, están previstos en los artículos 50 al 54 de la Ley Electoral, así como la forma para acceder a ellos; estas disposiciones se ajustan a lo previsto por la Constitución Federal y el Código Federal de Procedimientos Electorales, por lo que en ningún momento se está violentando el Pacto Federal, solamente se establecen lineamientos generales a seguir, para dar cumplimiento a dicho pacto.
Lo anterior lleva a concluir que el hecho de que este órgano legislativo, al ejercer la facultad que le confiere el artículo 116, fracción IV, inciso i), de la Constitución Federal, expida disposiciones en materia electoral en lo relativo al acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación, como radio y televisión, no significa que al hacerlo legisle en esa materia.
6. Finalmente, lo establecido por el artículo sexto transitorio de la reforma constitucional de trece de noviembre de dos mil siete, fue cabalmente cumplido por la Legislatura del Estado de Querétaro, al aprobar el cinco de marzo la Ley que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, publicada el once de abril de dos mil ocho.
Cabe señalar que la Ley Electoral vigente sí contiene la prohibición gremial o corporativa en los partidos políticos, concretamente en el artículo 162, segundo párrafo. De igual forma, las leyes vigentes prevén los mecanismos para el desahogo de los recuentos administrativos y jurisdiccionales, concretamente en los artículos 150 y 153 de la Ley que reforma la Ley Electoral del Estado de Querétaro, así como el 120 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro.
SÉPTIMO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir su opinión, manifestó en síntesis lo siguiente:
1. Consideró que el artículo 31, fracción II, contrariamente a lo aducido por el actor, es constitucional, por las siguientes razones:
En primer lugar, señaló que el artículo cuestionado en sí mismo no puede considerarse como inconstitucional, puesto que en modo alguno prohíbe, restringe o limita derecho alguno de las asociaciones políticas o de los ciudadanos que las conforman.
Opinó que el precepto legal cuestionado únicamente establece la posibilidad o derecho de las asociaciones políticas de unirse o aliarse con otras asociaciones políticas y, en su concepto, no se encuentra en dicho artículo impedimento o prohibición alguna para la unión de tales asociaciones con los partidos políticos, en consecuencia, consideró que la norma jurídica contenida en el precepto cuestionado, por sí mismo, no adolece de la inconstitucionalidad que pretende el partido actor.
Que no concuerda con el argumento del actor, en el sentido de que la reforma vulnera lo establecido en el artículo 34 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, puesto que, en primer lugar, la inconstitucionalidad de una ley debe evidenciarse a partir de la contradicción o vulneración de preceptos constitucionales, no a partir de la contradicción que pudiera existir con otro ordenamiento legal, aunque se trate de disposiciones de carácter federal, en ese sentido señaló que la circunstancia fáctica y legal de que con anterioridad a la reforma sí se establecía, en forma literal, la posibilidad de que las asociaciones se aliaran o unieron con los partidos políticos, no quiere decir que esté prohibida dicha unión.
No obstante, señaló que si al precepto impugnado se le diera la lectura sugerida por el actor, de que con anterioridad a la reforma estaba permitida en forma expresa la unión entre partidos políticos y asociaciones políticas, y que, en la nueva disposición, ya no se contempla esa posibilidad, para estimar que se trata de una limitante, en esa hipótesis sí se podría hablar de una inconstitucionalidad del precepto cuestionado, al restringir el derecho de asociación, tanto de las asociaciones políticas como de los partidos políticos.
No emitió opinión respecto del argumento del Partido del Trabajo relativo a la supuesta aplicación retroactiva de la ley, por vulnerar derechos adquiridos, porque no se trata de un tema exclusivo del derecho electoral que amerite su opinión técnica.
2. Señaló que en su concepto los párrafos segundo y tercero del artículo 121 del ordenamiento impugnado serían inconstitucionales, por las siguientes razones:
Que de conformidad con el artículo 36, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los ciudadanos realizar las funciones electorales que le sean encomendadas; sin embargo, el artículo 35, fracción III, de la propia Constitución consagra, a su vez, como una prerrogativa de los ciudadanos, el asociarse libre e individualmente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, incluso para acceder a cargos del gobierno, es precisamente a través de los partidos políticos que el cumplimiento de una obligación ciudadana no puede exigirse a costa del detrimento de derechos fundamentales.
Que si la norma cuestionada no permite que el ciudadano ejerza su facultad de elegir entre el cumplimiento de una obligación y el ejercicio de un derecho fundamental, en concepto de esta Sala se estaría vulnerando la libertad ciudadana de asociación referida.
3. Que en su concepto, los artículos 39 y 40 del ordenamiento impugnado no adolecen de inconstitucionalidad, puesto que en modo alguno contravienen lo dispuesto en el artículo 116 constitucional, ya que únicamente regulan el primero de ellos el monto máximo que por concepto de donaciones pueden recibir los partidos políticos.
Sin embargo, a su juicio el problema estriba en el artículo 36, fracción II, el cual es frontalmente contraventor de lo establecido en el artículo 116, fracción IV, inciso h), de la Constitución Federal, que establece como obligatorio para las Legislaturas de los Estados el tope máximo que, como financiamiento privado, pueden recibir los partidos políticos, el cual consiste en el diez por ciento del tope de gastos de campaña que se determine para la elección de gobernador, en esa tesitura consideró que si el artículo de referencia establece como límite de uno de los rubros de financiamiento privado, como es el apoyo de simpatizantes, el noventa y nueve por ciento del financiamiento público, es evidente la inconstitucionalidad de dicho precepto.
4. En su opinión manifestó que el párrafo sexto del artículo 179 del ordenamiento impugnado, es constitucional, por las siguientes razones:
Porque dicho dispositivo en modo alguno suprime o limita las prerrogativas a las que se refiere el actor, las cuales podrán otorgarse a los partidos políticos, en los términos que establece la propia legislación estatal, según sus respectivas características y modalidades, al margen de que estén coaligados o no; lo anterior toda vez que la circunstancia metodológica y de control que se establece en el artículo cuestionado, en el sentido de que a las coaliciones se les tratará como un solo partido, en modo alguno conlleva suprimir el otorgamiento de esas prerrogativas a los partidos coaligados, ni una limitación por el solo hecho de que se les considere como un solo partido al momento de coaligarse.
En su concepto, no se ve, como lo pretende el actor, la manera en la cual se limitarían las prerrogativas de referencia, por el hecho de considerar a los partidos políticos coaligados como un solo partido, pues en modo alguno se establecen límites o restricciones por esa sola circunstancia.
Consideró que las restricciones o limitantes a dichas prerrogativas no nacen ni se hacen presentes, por el tratamiento que se da a los partidos coaligados como si se tratara de uno solo, pues en todo caso esos institutos políticos tienen prerrogativas que se otorgan según las modalidades diseñadas en la propia legislación local, como lo autoriza la Ley Fundamental.
Señaló que la suma del financiamiento o de los tiempos en la radio y televisión, como lo pretende el actor, sólo está limitada por los topes, límites y características propias que, al respecto, establecerían la propia Constitución y las disposiciones respectivas de la legislación local, pero nunca por el hecho de tratar a las coaliciones para efectos de control como un solo partido.
Por otra parte, señala en su opinión que el considerar a las coaliciones como un solo partido, tampoco violenta o invade esferas de competencia con la materia federal, pues dichos representantes funcionarán ante la autoridad administrativa electoral estatal, por lo que hace a las elecciones locales, aun cuando alguno de los partidos coaligados sea un partido político nacional.
Opinó que la disposición establecida en el artículo 41 de la Constitución Federal, en el sentido de que en materia de radio y televisión la administración de los tiempos del Estado corresponde exclusivamente al Instituto Federal Electoral, nada tiene que ver con que en la aplicación de esos tiempos en el ámbito local, se considere a las coaliciones como un solo partido pues, como ya se dijo, no se está limitando o coartando dicha prerrogativa a los partidos coaligados.
5. Por último, señaló que en el quinto concepto de invalidez, el partido demandante alega la inconstitucionalidad de la reforma, porque no se previó, por un lado, la prohibición de hacer uso de las organizaciones gremiales y, por otro, el recuento de votos.
Al respecto, opinó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado en el sentido de que procede alegar omisiones legislativas cuando se trata de deficiencia en los preceptos impugnados, mas no en la ausencia de los mismos y que en el caso, el actor aduce una omisión total respecto de la prohibición de hacer uso de organizaciones gremiales y de recuentos de votos, por tanto, no existe base para que, al respecto, se emita alguna opinión técnica especializada que pueda dar luz en un tema sobre el que ya se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación
OCTAVO. El procurador general de la República, al emitir su opinión, manifestó en síntesis lo siguiente:
1. La circunstancia de que no se establezca literalmente en el artículo 31, fracción II, de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, que las asociaciones políticas se pueden unir a un partido político, no implica que se haya eliminado su derecho de asociación a tales entidades políticas, pues si el precepto 33 del mismo ordenamiento, en su fracción III, determina que dentro de las obligaciones de las asociaciones políticas, se encuentra la de registrar ante el Consejo General del Instituto Electoral Local, los convenios necesarios para confederarse, aliarse, unirse o incorporarse de manera permanente o transitoria con otras asociaciones políticas registradas ante el Instituto Electoral Estatal o con un partido político, es inconcuso que no se ha limitado su derecho a confederarse con partidos políticos, como lo pretende hacer valer el partido político accionante.
2. En cuanto al párrafo segundo impugnado del artículo 121 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, señaló que sólo mediante la regulación de los medios por los que se obtendrá un sufragio claro y transparente se garantiza la existencia y permanencia de los partidos políticos, así como su objeto principal, consistente en ser el medio idóneo por el que los gobernados pueden acceder al poder público, por lo que si el legislador estableció los requisitos necesarios para que se mantenga una jornada electoral transparente y si para ello es menester quitar el nombramiento de partido al funcionario designado para integrar una mesa de casilla, es inconcuso que el funcionario designado no puede ser Juez y parte del desarrollo de una elección; por tanto, no existe razón bastante para argumentar que prevalece el derecho de asociación sobre los derechos de la población general de obtener mediante el sufragio los representantes que la mayoría elige mediante la elección directa.
Por tanto, si en las disposiciones emitidas por el legislador se da preferencia a la obligación constitucional de los ciudadanos de ser funcionario de casilla y tomamos en cuenta que las obligaciones emitidas por aquél deben estar sujetas a criterios razonables que busquen que los partidos políticos cumplan con los fines previstos en la Norma Fundamental, como son el que dichas entidades sean el medio para promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos hagan posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, es inconcuso que no puede declararse por tal razón inconstitucional un precepto legal.
En consecuencia, es acorde a la Constitución Federal el precepto impugnado en la parte que precisa que "los partidos políticos o coaliciones no podrán acreditar como sus representantes a aquellos ciudadanos que hubiesen resultado nombrados para integrar las mesas directivas de casilla ..."
Sin embargo, en cuanto a la parte final del segundo párrafo del referido artículo 121 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, en lo referente a que el funcionario de casilla designado no podrá ser representante de un partido, aun cuando hubiese renunciado al cargo conferido por el instituto, señaló que si bien es cierto que la restricción para ser representante de partido encuentra razón de ser en una función electoral clara y transparente, que sea el reflejo de la voluntad de los ciudadanos, ella desaparece en el momento en que el motivo de impedimento queda sin efecto, en virtud de la renuncia por parte del ciudadano designado por el Instituto Estatal Electoral para desempeñar el cargo conferido, por lo que al no existir motivo de impedimento no existe razón alguna para que se siga actualizando la imposibilidad para desempeñarse como representante del partido, máxime si el ciudadano cumple con los requisitos necesarios para desempeñar el cargo de representante de partido, consistente en estar inscritos en la lista nominal del partido del que es simpatizante.
Por ende, debe declararse fundado el argumento vertido por el partido accionante, consistente en que resulta violatorio del derecho de asociación, la circunstancia de que subsista el impedimento para que una persona pueda desempeñarse como repr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21651-e3226aff/coaliciones-de-partidos-politicos-el-articulo-179-parrafo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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