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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 590, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, AL ESTABLECER QUE SE IMPONDRÁ UNA MULTA DE $303.00 POR CADA REQUERIMIENTO NO ATENDIDO RESPECTO DE LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES, AVISOS Y DEMÁS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS, TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 16 Y 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 12/2009. · Registro digital (IUS): 21600
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Junio de 2009, , Pág. 821.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 12/2009. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIO: RICARDO MANUEL MARTÍNEZ ESTRADA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al catorce de abril de dos mil nueve.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio recibido el veintisiete de enero de dos mil nueve, en el domicilio del funcionario autorizado para recibir promociones fuera del horario de labores de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el artículo 7o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, Eduardo Medina-Mora Icaza, en su carácter de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:

"El artículo 590 del Código Financiero del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la entidad el 29 de diciembre de 2008. Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada. a) Autoridad emisora: Asamblea Legislativa del Distrito Federal. b) Autoridad promulgadora: jefe de gobierno del Distrito Federal."

SEGUNDO. El promovente formuló los conceptos de invalidez siguientes:

"Único. Sobre la violación del artículo 590 del Código Financiero del Distrito Federal, a los numerales 16, párrafo primero, y 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos de la Constitución Federal que resultan vulnerados con la emisión de la norma general impugnada, en la parte que interesa, señalan:

"‘Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.’. ‘Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.’. El artículo 22 de la Constitución General de la República, prohíbe, entre otras cuestiones, la imposición de multas excesivas. Una multa es excesiva cuando la ley que la prevé no da posibilidad, a quien deba imponerla, de determinar su monto o cuantía, esto es, de considerar la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad de la infracción, a fin de individualizar el monto de la multa. El Pleno de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 9/95 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, julio de 1995, página 5, estableció cuándo una multa prevista en la ley debe considerarse fija o excesiva, en los siguientes términos: ‘MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE.’ (resulta innecesaria su transcripción). Luego, tratándose de multas, éstas deben guardar una relación de proporcionalidad frente a la infracción realizada, a fin de establecer su cuantía, para lo cual deberán considerarse la reincidencia, las posibilidades económicas del infractor, la gravedad del ilícito, etcétera. Para que una multa no contraríe el numeral 22 de la Constitución General de la República, debe contener un parámetro establecido en cantidades o porcentajes mínimos o máximos que permitan a las autoridades facultadas para imponerlas, determinar su monto de acuerdo a las circunstancias personales del infractor. Ahora bien, la norma general cuya invalidez se solicita -artículo 590 del Código Financiero del Distrito Federal, emitida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal- prevé: ‘Artículo 590. Por no cumplir los requerimientos a que se refiere la fracción II del artículo 110 de este código,(1) se aplicará una sanción de $303.00 por cada requerimiento.’. De la anterior transcripción, se observa que el artículo 590 del Código Financiero del Distrito Federal, deviene inconstitucional, ya que establece una multa fija, en virtud de que prevé una cantidad fija como multa -$303.00 por cada requerimiento- como consecuencia de no cumplir los requerimientos a que se refiere la fracción II del artículo 110 del mismo código, establece una multa fija, la cual es contraria al artículo 22, primer párrafo, de la Constitución Federal, el cual instituye, entre otros supuestos, la prohibición del cobro de multas excesivas. Así, si el artículo 590 del Código Financiero del Distrito Federal, emitido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que se impugna, establece indebidamente una multa fija que contraviene el precepto 22, primer párrafo, de la Constitución Federal, al no prever los mínimos y los máximos de la sanción económica que la autoridad deberá tomar en cuenta al aplicarla; es dable aseverar que dicha autoridad no valorará las razones, motivos, consideraciones y situaciones de hecho y de derecho que dieron origen al acto del particular que se prende castigar. En tales circunstancias, la autoridad administrativa competente estaría imposibilitada para calificar la gravedad de la conducta que genera la infracción, imponiendo una multa de manera irrazonable y desproporcionada; consecuentemente, esa falta de oportunidad para individualizarla, por parte de la autoridad administrativa, es lo que conduce a considerar que la citada multa puede ser excesiva. Por tanto, al establecer el precepto cuya inconstitucionalidad se solicita, una sanción de carácter pecuniario, en la que no se indica el o los parámetros de la misma para efectos de individualizarla, es decir, al fijar una sola cantidad, contraviene lo dispuesto en el numeral 22, primer párrafo, de la Ley Fundamental, puesto que omite proporcionar la base que permita a la autoridad hacendaria determinar el monto individualizado de la multa que se debe aplicar al infractor, e impone que la autoridad administrativa tome en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y cualquier otro elemento del cual pueda inferirse la levedad o gravedad del hecho a sancionar. En consecuencia, la multa contemplada en el ordinal que se tilda de inconstitucional, por el solo hecho de prever una cantidad específica deviene inconstitucional, toda vez que, la autoridad que impondrá dicha multa no cuenta con un parámetro entre un mínimo y un máximo que le permita, con base en la gravedad de la infracción y la situación económica del infractor, determinar el monto o la cuantía de la multa que se aplicará, lo que a todas luces contraviene lo estatuido en el artículo 22, primer párrafo, de la Constitución Federal. Por otra parte, la garantía de legalidad estatuida en el numeral 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, obliga a toda autoridad que emite un acto incluyendo a los Congresos Locales a cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación. El primero de éstos se cumple con la cita de los preceptos legales en que se apoye la determinación adoptada, esto es, que tal disposición prevea la situación concreta para la cual sea procedente la realización del acto; el segundo, con la expresión de las causas inmediatas, razones particulares o circunstancias especiales que demuestren la adecuación de las hipótesis contenidas en las disposiciones que sirvieron de fundamento para emitir el acto con el caso concreto. Cabe precisar que este Alto Tribunal ha considerado que, tratándose de actos legislativos, la garantía de legalidad se cumple cuando el órgano legislativo que expide el ordenamiento constitucionalmente está facultado para ello, ya que tal requisito se satisface cuando el órgano legislativo actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere y, respecto a la motivación, ésta se colma cuando las leyes que emite se refieren a las relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de ese Máximo Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, tomo 157-162, primera parte, página 150, que a continuación se transcribe: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.’. (resulta innecesaria su transcripción). De la anterior transcripción se desprende que el Poder Legislativo sólo puede emitir normas cuyo ámbito espacial, material y personal de validez corresponda a la esfera de atribuciones del referido órgano colegiado de acuerdo con la Ley Fundamental. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como ente creador de normas generales, al legislar en materia de ingresos, debe salvaguardar el imperativo constitucional previsto en el numeral 22, primer párrafo, de la Constitución Federal, esto es, al momento de crear la norma jurídica debe precisar en su contenido un parámetro que incluya un mínimo y un máximo en la cuantía de la multa o sanción administrativa, rango en el cual la autoridad fiscal deberá fijarla, basándose en la gravedad de la infracción, la reincidencia, o cualquier otro elemento del que puede inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor, lo que garantiza el derecho fundamental a la seguridad jurídica. En este contexto, de los razonamientos esgrimidos, resulta evidente que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al prever una multa fija en el numeral impugnado, contravino lo dispuesto por el artículo 22, primer párrafo, de la Carta Magna, toda vez que, dicho precepto prohíbe expresamente las multas excesivas o fijas; en esta tesitura, al no poder existir dentro de nuestro marco jurídico este tipo de multas, la Asamblea Legislativa se extralimitó en sus atribuciones, vulnerando con ello lo dispuesto por el numeral 16 de la Constitución Federal. En este sentido, y toda vez que el precepto que se combate contradice lo dispuesto por los dispositivos 16, primer párrafo y 22, primer párrafo, de la Constitución Federal, es incuestionable que rompe con la supremacía constitucional establecida, puesto que pretende ubicarse por encima de la misma Carta Magna. En mérito de lo expuesto, esa Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá declarar la inconstitucionalidad del artículo 590 del Código Financiero del Distrito Federal, emitido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, toda vez que como ha quedado debidamente demostrado, es contrario a lo dispuesto por los numerales 16, primer párrafo y 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

TERCERO. El promovente estima infringidos los preceptos 16, primer párrafo y 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO. Mediante proveído de treinta de enero de dos mil nueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 12/2009 y, por razón de turno, designó al Ministro Mariano Azuela Güitrón, para que actuara como instructor en el procedimiento.

Por auto de tres de febrero del mismo año, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a la Asamblea Legislativa y al jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que rindieran sus respectivos informes.

QUINTO. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a través del diputado presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en su informe manifiesta:

"V. Conceptos de invalidez. En el concepto único, la actora señala que resultan vulnerados el primer párrafo de los artículos 16, en lo referente a los actos de molestia y 22 constitucionales por lo que respecta a las penas prohibidas, ello en atención a que estima que se trata de una multa excesiva la que contempla la norma cuya invalidez se demanda, apoyando su reclamación en la jurisprudencia P./J. 9/95 con el rubro: ‘MULTA EXCESIVA, CONCEPTO DE.’, argumentando que en consecuencia tratándose de multas, éstas deben guardar relación de proporcionalidad frente a la infracción realizada a fin de establecer su cuantía, conteniendo un parámetro establecido en cantidades o porcentajes mínimos o máximos que permitan a las autoridades para imponerlas determinar su monto de acuerdo a las condiciones personales del infractor, por lo tanto al ser fija la cantidad impuesta como multa ($303.00) por cada requerimiento se considera contraria al artículo 22 constitucional, por no prever mínimos y máximos, omitiendo valorar las razones, motivos, consideraciones y situaciones de hecho y de derecho que dieron origen al acto del particular que se pretende castigar. Por consecuencia de lo expuesto, la procuraduría actora, aprecia de inconstitucional que se establezca una cantidad líquida fija como multa, por no poder permitir a la autoridad administrativa tomar en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y cualquier otro elemento ponderable. Finalmente por cuanto a la garantía de legalidad que tutela el artículo 16 constitucional cuestiona si el proceso legislativo fue correcto para salvaguardar el artículo 22 constitucional. Este punto se niega por resultar falso e improcedente, lo que se denota de las referencias textuales que hace la procuraduría actora a fojas 6 párrafo primero y 9 párrafo segundo sostiene literalmente que el artículo 22, primer párrafo ‘prohíbe expresamente multas excesivas o fijas’ sin que dicha afirmación sea cierta, como se puede apreciar de la transcripción del mencionado artículo 22 constitucional: ‘Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.’. Esto es que de ninguna forma señala el precepto textualmente que quedan prohibidas las multas fijas, como pretende afirmarlo la actora. Por cuanto al procedimiento legislativo referente a la aprobación de la norma impugnada, el mismo se apegó plenamente a los ordenamientos legales aplicables y vigentes, por lo que el criterio que invoca bajo el rubro: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA’, opera plenamente en su perjuicio. Informe de las razones y fundamentos jurídicos para sostener la validez de la norma general impugnada. Resulta equivocado el argumento por el cual la procuraduría actora pretende sostener la invalidez de la norma, toda vez que interpreta, él sí en forma excesiva el alcance del artículo 22 constitucional que no regula expresamente que en todos los casos las multas que contemplen las leyes y reglamentos deban de concebir parámetros dentro de un mínimo o un máximo para su imposición, esto es así, porque su afirmación llevaría a estimar que toda multa o sanción fija resultaría inconstitucionales, cuando en el presente caso, lo que se está sancionando es una conducta omisa del particular que omite presentar una declaración, aviso o documentación regulada por las autoridades fiscales, esto es que su connotación tiene el espíritu de una infracción administrativa, que se puede razonablemente sancionar con una cantidad fija, sin necesidad de ponderación de gravedad, condiciones del infractor u otros elementos ya que es una conducta singular previa por las leyes que se dejó de observar. Por tanto, no es razonable el argumento de inconstitucional que aduce la parte actora, pues a manera de guisa, tomemos como ejemplo la infracción por pasar alto que previene el Reglamento de Tránsito de cualquier entidad federativa, su monto es fijo y la autoridad para imponerla no debe tomar en consideración factores como la velocidad a la que venía el conductor, su distancia al punto de alto al momento de cambiar el semáforo, el tipo y modelo del vehículo o ninguna otra circunstancia, solamente que el particular no cumplió con la obligación de detener su marcha ante una señal de alto, en este caso, es evidente que se trata de supuestos análogos, lo importante es que el particular a quien va a aplicarse la multa prevista en el artículo 590 del Código Financiero para el Distrito Federal, inobservó una disposición positiva y por tanto a no acatar los requerimientos o excitativas de cumplimiento, la autoridad podrá aplicarle una multa que resulta fija, considerando efectivamente las condiciones económicas del infractor, para el caso de que lo omitido sea una contribución con monto menor a los $303.00 que se establecen como multa, en cuyo caso, ese monto se considerara como monto máximo. Ahora bien; debe considerarse que de ningún modo, la multa prevista puede considerarse ‘excesiva’, puesto que su monto de $303.00 es accesible a cualquier persona, se establece que se podrá imponer en un máximo tres ocasiones y que además si el monto de la obligación omitida que debió declararse es menor a esa cantidad ese sería el monto máximo, lo que permite ponderación que va de mínimo a máximo, no siempre se debe concluir que es inconstitucional una multa fija si su monto no es excesivo, lo que no es contrario al criterio de 1995, aunque este que resulta aplicable y se invoca es de 1992 y que establece lo siguiente: No. Registro: 218,247. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo X, octubre de 1992. Tesis, página 379. ‘MULTAS, MONTO FIJO DETERMINADO POR LA LEY. CONSTITUCIONALIDAD DE LA. (ARTÍCULO 76 FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).’ (Resulta innecesaria su transcripción). Ahora bien, el anexo uno que se acompaña a este escrito, consistente en el Proyecto de Iniciativa del Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, contiene una justificación en el que se argumenta cuáles fueron los motivos que llevaron a esta Asamblea Legislativa a expedir la norma general impugnada, argumentos que se deben de tener a la vista y que en este acto se reproducen como si estuvieran insertos a la letra, con los cuales se acredita la viabilidad de la norma jurídica expedida, en aras de bienes jurídicos tutelados, de mayor importancia que los argumentos que utiliza el promovente, respecto a la norma cuestionada, además de que el proceso legislativo se cumplió a cabalidad por las instancias competentes, como se acredita con los anexos dos al cuatro. En este sentido queda demostrado que los argumentos que esgrime el promovente para combatir el párrafo en comento, son interpretados de manera sesgada, y sólo admiten aquella interpretación que de manera sistemática proteja el interés general y el orden público. De ahí que sea incorrecto tachar la porción jurídica impugnada como inconstitucional, porque el código al que pertenece, establece de forma clara a sus destinatarios quienes al situarse en la hipótesis de incumplimiento con las normas fiscales que les constriñen a cumplir con determinadas obligaciones, están individualizando de origen a los potenciales infractores. El C. Procurador general de la República solamente aduce un solo concepto de invalidez, el cual quedó demostrado que es inoperante para el caso que nos ocupa, por ello se solicita se declare la validez constitucional del artículo 590 del Código Financiero del Distrito Federal."

SEXTO. El jefe de gobierno del Distrito Federal, por conducto del director general de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, en su informe manifiesta:

"El concepto de invalidez en estudio es infundado, por las siguientes razones: A) Porque la sanción prevista en el artículo 590 del Código Financiero del Distrito Federal, no es una multa fija: En efecto, la sanción contenida en el artículo impugnado no es una multa fija, pues forma parte de un sistema normativo más complejo que no debe ser analizada de forma aislada, sino en conjunto. Para ello resulta conveniente tener presente el contenido integral del propio artículo 590, así como el del diverso 110, ambos del Código Financiero del Distrito Federal (en adelante Código Financiero), preceptos cuyo análisis integral es necesario para entender el sistema en el que se encuentra inmersa la porción del precepto legal impugnado. De manera que los artículos en comento señalan a la letra: ‘Artículo 110. Cuando las personas obligadas a presentar declaraciones, avisos y demás documentos no lo hagan dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, o cuando habiéndolo presentado, la autoridad fiscal advierta de la información con que dispongan, que los contribuyentes han omitido parcial o totalmente el pago de alguna contribución prevista en este código, mediante requerimiento de obligaciones omitidas exigirán al contribuyente la presentación de la declaración y pago respectivo ante las oficinas correspondientes, procediendo en forma simultánea o sucesiva a realizar uno o varios de los actos siguientes: I. Tratándose de la omisión en la presentación de una declaración para el pago de contribuciones, en el caso de que la autoridad fiscal únicamente conozca de la omisión de la presentación de la declaración, mas no el monto de la contribución omitida, podrá hacer efectiva al contribuyente o responsable solidario que haya incurrido en la omisión, una cantidad igual a la contribución que se hubiera determinado en la última o cualquiera de las seis últimas declaraciones de que se trate, o a la que resulte para dichos periodos de la determinación formulada por la autoridad, según corresponda, cuando haya omitido presentar oportunamente alguna declaración subsecuente para el pago de contribuciones propias o retenidas. Esta cantidad a pagar tendrá el carácter de pago provisional y no libera a los obligados de presentar la declaración omitida. Cuando la omisión sea de una declaración de las que se conozca de manera fehaciente el importe de la contribución, la propia autoridad fiscal podrá hacer efectiva al contribuyente con carácter provisional, una cantidad igual a la contribución que a éste corresponda determinar, sin que el pago lo libere de presentar la declaración omitida. Si el contribuyente o responsable solidario presenta la declaración omitida antes de que se le haga efectiva la cantidad resultante conforme a lo previsto en esta fracción, quedará liberado de hacer el pago determinado provisionalmente. Si la declaración se presenta después de haberse efectuado el pago provisional determinado por la autoridad, éste se disminuirá del importe que se tenga que pagar con la declaración que se presente. Cuando la autoridad fiscal con base en la información con que dispone, advierta que los contribuyentes han omitido parcial o totalmente el pago de alguna contribución prevista en este código, aun y cuando hubiere cumplido con la obligación formal de presentación de la declaración, la propia autoridad fiscal podrá hacer efectiva al contribuyente con carácter provisional la contribución omitida. II. Imponer la multa que corresponda en los términos de este código y requerir la presentación del documento omitido en un plazo de seis días. Si no atiende el requerimiento se impondrá multa por cada requerimiento no atendido. La autoridad en ningún caso formulará más de tres requerimientos por una misma omisión. En el caso de la fracción II y agotados los actos señalados en la misma, se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad competente, para que se proceda por desobediencia a mandato legítimo de autoridad competente.’. ‘Artículo 590. Por no cumplir los requerimientos a que se refiere la fracción II del artículo 110 de este código se aplicará una sanción de $303.00 por cada requerimiento. Cuando el monto de la contribución que debió declararse sea inferior a la cantidad señalada en el párrafo anterior, el monto máximo de la multa que se imponga será hasta el equivalente a tal cantidad.’. De donde queda de manifiesto que en el artículo 590, existe todo un sistema de sanciones, no sólo una multa, ni fija, por o que la multa contenida en el párrafo impugnado no debe ser estudiada de forma aislada, pues como ya se dijo forma parte de un sistema más complejo que, a través de diversas sanciones, busca disuadir las conductas tipificadas en la fracción II del artículo 110 del Código Financiero, en relación con la omisión de quienes se encuentran obligados a presentar declaraciones, avisos y demás documentos, o que habiéndolas presentado, la autoridad fiscal advierta de la información con que dispongan, que los contribuyentes han omitido parcial o totalmente el pago de alguna contribución prevista en el propio Código Financiero. En efecto, del contenido de los preceptos legales transcritos tenemos que ante la omisión en la presentación de declaraciones, avisos y demás documentación, mediante requerimiento de obligaciones omitidas, el Gobierno del Distrito Federal exigirá al contribuyente las declaraciones y pago respectivos en forma simultánea o sucesiva dentro de los plazos señalados, en los siguientes términos: 1. Cuando omita presentar una declaración para el pago de contribuciones, en el caso de que la autoridad fiscal únicamente conozca de la omisión de la presentación de la declaración, mas no el monto de la contribución omitida, la sanción corresponderá a una cantidad igual a la contribución que se hubiera determinado en la última o cualquiera de las seis últimas declaraciones de que se trate. 2. Cuando el contribuyente omita presentar alguna declaración subsecuente, la cantidad a pagar sólo tendrá el carácter de pago provisional. 3. Cuando la omisión sea de una declaración de las que se conozca de manera fehaciente el importe de la contribución, la propia autoridad fiscal podrá hacer efectiva al contribuyente con carácter provisional, una cantidad igual a la contribución que a éste corresponda determinar, sin que el pago lo libere de presentar la declaración omitida. Si el contribuyente o responsable solidario presenta la declaración omitida antes de que se le haga efectiva quedará liberado de hacer el pago determinado provisionalmente. Pero si la declaración se presenta después de haberse efectuado el pago provisional determinado por la autoridad, éste se disminuirá del importe que se tenga que pagar con la declaración que se presente. 4. Independientemente de lo anterior, para sancionar las infracciones cometidas, se aplicarán multas, las cuales se agravarán tomando en consideración: 3.1. La reincidencia del infractor; 3.2. La capacidad económica del infractor; y 3.3. La gravedad de la infracción. 5. En relación con la reincidencia, se tiene que una vez vencido el plazo concedido por la autoridad, y si el obligado no atiende el requerimiento, entonces se le impondrá una segunda multa, la cual sumada a la primera, dará la cantidad de $606.00; y para el caso que de nueva cuenta desatienda el requerimiento, se le impondrá otra multa, la que sumada a las dos primeras dará como multa la cantidad de $909.00. Por lo que no existe una multa fija, pues en este primer sistema el mínimo es de $303.00 y el máximo es de $909.00, con lo que se acredita que no existe multa fija. 6. En relación con la capacidad económica, ésta se toma en consideración pues el segundo párrafo del artículo 590 dispone que cuando el monto de la contribución que debió declararse sea inferior a los $303.00, entonces el monto máximo de la multa que se imponga será hasta el equivalente a tal cantidad. Por tanto, también es incorrecto que no se atienda la capacidad económica del infractor. Con lo anterior también queda demostrado que en el sistema sancionador de los artículos 590 y 110, fracción II, invocados, no existe una multa fija ($303.00), pues ésta puede variar, ya sea hacia arriba o hacia abajo, según se trate. 7. Finalmente, para el caso que el obligado persista en reincidir, entonces la autoridad competente pondrá los hechos en conocimiento de la autoridad competente, para que se proceda por desobediencia a mandato legítimo de autoridad competente. De donde resulta manifiesto que el primer párrafo del artículo 590 del Código Financiero, no debe valorarse de forma aislada, pues se encuentra inmerso en todo un sistema de normas, en el que cada una de ellas complementa a la otra, lo cual origina que adquiera un significado más complejo del que pudiera reflejar la lectura aislada del párrafo cuestionado. Ello es así, pues el examen de la conformidad de una norma secundaria con nuestra Constitución debe considerar ese alcance sistemático, con el fin de que se logre un entendimiento integral de la intención y finalidades perseguidas por el legislador a través del ordenamiento respectivo, lo cual supone el respeto a la defensa íntegro de la conformidad de la norma secundaria con el texto básico a cargo el poder respectivo basada en la presunción de su constitucionalidad, derivada de la legitimación democrática del órgano encargado de establecerla. La lectura aislada de una norma traería como consecuencia que se apreciaran de manera parcial e incompleta los objetivos del creador de la regla jurídica sujeta a la valoración judicial, lo que produciría defectos de origen en el ejercicio del control constitucional respectivo, debido a que el Juez se encontraría inobservando disposiciones complementarias a la examinada que también lo vinculan, afectando en última instancia el principio democrático. De ahí que si el sistema de normas dentro del cual se encuentra el párrafo reclamado, guarda relación con las demás disposiciones previstas en el Código Financiero a las cuales se ha hecho alusión de forma previa, luego entonces, en el párrafo impugnado no se prevé una multa fija. Es necesario tener presente que el primer párrafo del artículo 590 impugnado, establece claramente que por no cumplir los requerimientos a que se refiere la fracción II del artículo 110 del Código Financiero, se aplicará una sanción de $303.00 po

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21600-aea504c1/accion-de-inconstitucionalidad-el-articulo-590-primer-parrafo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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