ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ ORIENTADOS A SALVAGUARDAR DERECHOS DE PARTICULARES. CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE AGUASCALIENTES. EL ARTÍCULO 95, PÁRRAFO SEXTO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DE DICHA ENTIDAD, AL ESTABLECER COMO LÍMITE MÁXIMO DE RETRIBUCIÓN DIARIA DE LOS CONSEJEROS LA CANTIDAD EQUIVALENTE A 22 SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS VIGENTES EN EL ESTADO, NO VIOLA LA AUTONOMÍA FINANCIERA DE DICHO INSTITUTO. INSTITUTOS ELECTORALES LOCALES. LA REGULACIÓN RELATIVA AL SALARIO DE SUS CONSEJEROS PUEDE PREVERSE TANTO EN LAS CONSTITUCIONES LOCALES COMO EN SUS LEGISLACIONES ELECTORALES, SIEMPRE QUE SE GARANTICE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. PROFESIONALIZACIÓN DE LOS MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES. SU CUMPLIMIENTO CONTRIBUYE AL RESPETO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. LOS ARTÍCULOS 17, APARTADO B, PÁRRAFO DÉCIMO SEGUNDO Y 56, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ASÍ COMO 33 A Y 33 D DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, AMBAS DE ESE ESTADO, AL IMPEDIRLE FUNCIONAR EN FORMA PERMANENTE E ININTERRUMPIDA, TAMBIÉN IMPIDEN LA ESPECIALIZACIÓN DE SUS INTEGRANTES. TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. LOS ARTÍCULOS 17, APARTADO B, PÁRRAFO DÉCIMO SEGUNDO Y 56, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ASÍ COMO 33 A Y 33 D DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, AMBAS DE ESE ESTADO, AL IMPEDIRLE FUNCIONAR EN FORMA PERMANENTE E ININTERRUMPIDA, VIOLAN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD ECONÓMICA EN LA REMUNERACIÓN. TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. LOS ARTÍCULOS 17, APARTADO B, PÁRRAFO DÉCIMO SEGUNDO Y 56, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ASÍ COMO 33 A Y 33 D DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, AMBAS DE ESE ESTADO, AL IMPEDIRLE FUNCIONAR EN FORMA PERMANENTE E ININTERRUMPIDA, VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA JUDICIAL. TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. LOS ARTÍCULOS 17, APARTADO B, PÁRRAFO DÉCIMO SEGUNDO Y 56, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ASÍ COMO 33 A Y 33 D DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, AMBAS DE ESE ESTADO, AL IMPEDIRLE FUNCIONAR EN FORMA PERMANENTE E ININTERRUMPIDA, VULNERAN EL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD EN EL EJERCICIO DEL CARGO. TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES. LAS NORMAS QUE LES IMPIDEN FUNCIONAR EN FORMA PERMANENTE E ININTERRUMPIDA VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA JUDICIAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 52/2009 Y SU ACUMULADA 53/2009. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARTIDO DEL TRABAJO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIOS: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ Y EDUARDO DELGADO DURÁN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día doce de noviembre de dos mil nueve.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el diecisiete de julio de dos mil nueve, Eduardo Medina Mora Icaza, en su carácter de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 17, apartado B, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, contenido en el Decreto Número 257 publicado en el periódico oficial de la entidad de diecinueve de junio de dos mil nueve, emitido y promulgado, respectivamente, por el Congreso y el gobernador del Estado de Aguascalientes.
Asimismo, mediante escrito presentado el diecisiete de julio de dos mil nueve en el domicilio particular del autorizado para recibir promociones fuera del horario de labores y remitido a la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veinte de julio siguiente, Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yáñez, Rubén Aguilar Jiménez, Ricardo Cantú Garza y Pedro Vázquez González, en su calidad de integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez del artículo 17, apartado B, de la Constitución y decreto mencionados; asimismo, combatieron el diverso Decreto 259, mediante el cual se reformaron los artículos 21, 22, 95 y 299 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, publicados en el periódico oficial de la entidad de diecinueve de junio de dos mil nueve, emitidos y promulgados por el Congreso y el gobernador del Estado de Aguascalientes, respectivamente.
En este apartado es necesario señalar que de la lectura al escrito de demanda del partido político se advierte que los promoventes plantearon exclusivamente la invalidez del artículo 17, apartado B, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y del diverso 95 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes.
SEGUNDO. Los promoventes señalaron que las normas cuya invalidez demandan son violatorias de los artículos 14, 16, 116, fracción III, párrafo segundo y fracción IV, incisos b) y c), así como del 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de igual forma, expresaron como conceptos de invalidez lo que a continuación se resume:
I. De la demanda suscrita por el procurador general de la República:
a) El artículo 17, apartado B, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes es violatorio del diverso 116, fracción III, párrafo segundo y fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues prevé que el Tribunal Estatal Electoral es un órgano jurisdiccional de carácter temporal; que lo anterior es así, en primer término, porque la fracción III del artículo 116 de la Ley Fundamental tiene como fin regular los aspectos relacionados con los Poderes Judiciales de las entidades federativas y, por su parte, la fracción IV del citado numeral regula lo referente a la materia electoral en los Estados, fracciones que, aduce, son aplicables al caso, ya que el Tribunal Estatal Electoral de Aguascalientes forma parte de la estructura del Poder Judicial Local, premisa que encuentra sustento tanto en el precepto 51 de la Constitución Local como en el artículo 1o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Aguascalientes; además de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que si los tribunales electorales de los Estados son parte del Poder Judicial rigen para ellos las reglas específicas del artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal, reglas que son inobservadas con la norma cuya invalidez se demanda, principalmente, los principios de autonomía e independencia que rigen para los Poderes Judiciales.
En efecto, aduce, los principios de autonomía e independencia de la autoridad electoral implican una garantía a favor de los ciudadanos y de los partidos políticos y dentro de los elementos para consolidar la autonomía e independencia de los tribunales electorales está el de contar con autoridades electorales especializadas y profesionales, cuyo funcionamiento debe ser permanente, independientemente de que sea o no año electoral, pues los actores políticos deben tener la certeza en todo momento de que las autoridades encargadas de impartir justicia en el ámbito electoral se encuentren funcionando a plenitud, esto es, el Tribunal Estatal Electoral de Aguascalientes, que es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, debe tener un funcionamiento que debe ser permanente, con independencia de que se encuentre en periodos electorales o no electorales, máxime que la actividad electoral no sólo está sujeta al proceso electoral mismo, sino que, por la propia naturaleza y por lo complejo de la materia, existen etapas que se llevan a cabo fuera de los procesos comiciales, que al igual que estos últimos son importantes para que la población acceda a los cargos de elección popular.
Agrega que en términos del artículo 2o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, el Tribunal Electoral Local ejercerá su jurisdicción en el lugar, grado y términos que les asigna dicha ley; y el Código Estatal Electoral en su artículo 33 describe la competencia de ese órgano, la cual no se encuentra solamente determinada al proceso electoral por sí mismo, pues también conocerá de las controversias relacionadas con los asuntos internos de los partidos políticos, los cuales pueden suscitarse fuera de los procesos electorales, tal como lo dispone el artículo 34 del código de referencia; luego entonces, si existen etapas que se llevan a cabo fuera de los procesos electorales de la entidad, es claro que el Tribunal Estatal Electoral debe existir en pleno funcionamiento.
En ese contexto reitera que el artículo 17, apartado B, párrafo décimo segundo, de la Constitución Local, al establecer que el Tribunal Electoral de la entidad es un órgano jurisdiccional temporal en su funcionamiento y que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado resolverá los recursos en materia electoral en los periodos en que no existen comicios, atenta contra los principios de autonomía e independencia de la autoridades electorales; asimismo, impide que los integrantes de dicho tribunal realicen sus actividades jurisdiccionales electorales de forma profesional, continua y permanente, ya que su actuación se ve interrumpida en años no electorales, pues es el Pleno del Tribunal Superior de Justicia quien conocerá y resolverá los recursos en la materia, fuera de los procesos electorales, de tal suerte que no es posible que la actividad del Tribunal Estatal Electoral se realice en forma profesional, cuando su actuación no es constante, toda vez que la actividad se ve interrumpida por la etapa no electoral.
b) También argumenta que la norma combatida violenta los principios rectores que deben regir en materia electoral para las autoridades, particularmente el de certeza, ya que provocará en los actores políticos incertidumbre, en virtud de que no tendrán la seguridad de qué autoridad es la encargada de resolver los conflictos electorales que se susciten en la entidad, con independencia de la etapa electoral en que se encuentre, esto es, el Tribunal Estatal Electoral debe ser el órgano jurisdiccional especializado que conozca de los recursos o conflictos interpuestos, pues el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Aguascalientes tiene encomendadas la resolución de diferentes materias, lo que denota una falta de especialización en la materia, cualidad que es necesaria para la emisión eficaz de las determinaciones, pues rompe precisamente con el carácter de especialización.
Asimismo, argumenta que los principios de objetividad e imparcialidad también se ven trastocados, en la medida de que provoca que en las determinaciones se originen condiciones de favoritismo o preferencias que impidan que los asuntos derivados de la materia electoral se resuelvan de forma objetiva y conforme a derecho por las autoridades no especializadas en la materia, en virtud de que son los integrantes del Tribunal Electoral los que cuentan con una especialización y profesionalismo, que sólo puede ser producto de la praxis adquirida en el desarrollo de dicha actividad de manera continua, permanente y reiterada, debiendo el legislador velar por el respeto a la autonomía e independencia del órgano jurisdiccional electoral, lo que no se logra con la interrupción del ejercicio jurisdiccional del Tribunal Electoral en los periodos no electorales.
En otras palabras, aduce, no existe profesionalismo por la falta de continuidad en el desarrollo de las funciones, al suspenderse éstas por el hecho de no ser periodo electoral, y que en este sentido, el desempeño de los Magistrados electorales designados sólo para el periodo del proceso electoral, impide que se logre la profesionalización, pues el ejercicio de las funciones para las cuales fueron designados debe tener un desempeño profesional, lo que se adquiere con la práctica continua y permanente de sus actividades, lo cual no puede verse reflejado si sólo se desempeña de manera temporal.
También señala que si en el caso debe observarse lo dispuesto en el numeral 116, fracción III, de la Constitución Federal, que ordena que las leyes orgánicas de los Poderes Judiciales Locales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a esos poderes, por ende, debe concluirse que la norma impugnada es inconstitucional, pues el legislador no tomó en cuenta que los Magistrados electorales cuentan con el derecho a la permanencia en el desempeño de sus funciones, lo que redunda en una profesionalización, que sólo puede ser producto de la praxis adquirida en el desarrollo de una actividad continua permanente y reiterada y que en el caso concreto tal situación no se surte en la especie, pues los Magistrados que integran el Tribunal Estatal sólo conocerán de los recursos que se susciten en tiempos electorales, por lo que, consecuentemente, la profesionalización y permanencia, así como los principios de certeza, objetividad e imparcialidad estatuidos en el numeral 116 son violentados.
c) Finalmente, indica que de los razonamientos esgrimidos es evidente que el Congreso del Estado de Aguascalientes, al reformar el numeral 17, apartado B, párrafo décimo segundo, de su Constitución violenta lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley Fundamental, pues prevé que el Tribunal Electoral Local será un órgano jurisdiccional temporal, y que en tiempo no electoral el Pleno del Supremo Tribunal del Estado será competente para conocer y resolver de los recursos en esa materia, lo que aduce, también implica transgresión al diverso 133 de la propia Carta Magna que consagra el principio de supremacía constitucional.
II. De la demanda suscrita por el Partido del Trabajo:
a) Que el artículo 17, apartado B, cuarto párrafo, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes contraviene el artículo 14, primer párrafo, de la Carta Magna, concretamente el principio de irretroactividad de la ley y, en consecuencia, atenta contra la autonomía e independencia del órgano electoral local, ya que prevé que los consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral durarán en su encargo tres años y podrán ser reelectos hasta por un nuevo periodo, de donde resulta indudable concluir la invalidez del precepto que se analiza, en virtud de que los siete consejeros actualmente en funciones fueron nombrados por el Congreso del Estado en ejercicio de sus atribuciones el tres de marzo de dos mil seis, bajo el amparo de la normatividad electoral hoy abrogada, la cual establecía en su artículo 68 el derecho de éstos a aspirar a ser reelectos por una ocasión; sin embargo, aduce, la reforma impugnada al establecer que el máximo órgano de dirección electoral en el Estado deberá integrarse con cinco consejeros electorales, hace inminente que dos integrantes del actual consejo general no tengan la posibilidad de reelegirse, generando con ello incertidumbre e inseguridad jurídica en su patrimonio de derechos.
Que tomando en cuenta lo anterior y que el decreto impugnado entró en vigor el veinte de junio de dos mil nueve, resulta inconcuso que al prever la disposición combatida una obligación a cargo del Congreso del Estado referente a un hecho acontecido con antelación, obra sobre el pasado modificando las condiciones del nombramiento de los consejeros actualmente en funciones, esto es, a través del artículo 17 combatido, se retrotraen los efectos de la reforma al acto de designación acaecido en el año dos mil seis, lo que lo torna retroactivo y, por ende, contrario al artículo 14 constitucional.
Agrega que de acuerdo con el artículo 68 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes vigente hasta el veintiséis de enero de dos mil nueve, conforme al cual se otorgó el nombramiento de los actuales consejeros, se evidencia que a través del artículo 17 de la Constitución Local combatida, se afectan las condiciones bajo las cuales se conformó el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, al retrotraer los efectos hacia el pasado y fijar reglas respecto al derecho de reelección de los consejeros que actualmente se encuentran en funciones; de donde es claro, aduce, el menoscabo al derecho adquirido de reelección el cual fue otorgado para los siete consejeros actuales, por lo que de conformidad con la fracción I del artículo 68 del Código Electoral, deberá permanecer intacta dicha prerrogativa para el próximo periodo de labores del referido órgano.
Sobre este punto también argumenta que es válido sostener que existe afectación de un derecho o situación anterior, cuando al momento de la sola entrada en vigor de la ley, la situación jurídica del interesado se ha modificado de tal forma que no goza ya del derecho invocado; considerar lo contrario supondría que no se tenga certeza en la integración de las autoridades encargadas de realizar la función electoral, pues en el caso concreto se está aboliendo el derecho adquirido de los actuales consejeros a poder aspirar a ser reelectos en su encargo.
b) Por otra parte, argumenta que el párrafo sexto del artículo 95 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes atenta contra la autonomía del órgano electoral local, y que el acto en que se materializa dicha violación es el establecimiento de un tope salarial respecto a la dieta que deberán recibir los consejeros electorales por el desempeño de su función durante el periodo designado; esto es, se atenta contra la autonomía del órgano electoral local, en virtud de que el establecimiento de un tope salarial respecto a la dieta que deberán percibir los consejeros electorales por el desempeño de sus funciones, resulta una determinación que evidentemente corresponde tomar al propio órgano electoral, debido a su calidad de autónomo que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Agrega que el cargo de consejeros electorales participa de los principios que revisten a las autoridades jurisdiccionales en materia electoral, dentro de los cuales encontramos los de estabilidad en el cargo y la independencia de las autoridades electorales locales, lo que tiene su apoyo en la tesis de la Suprema Corte, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 111, FRACCIÓN III, INCISO D), DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, QUE PREVÉ QUE LOS CONSEJEROS ELECTORALES DEL INSTITUTO ELECTORAL ESTATAL GOZARÁN DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES DE LA REMUNERACIÓN QUE DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS LES CORRESPONDA Y QUE ENTRE PROCESOS, RECIBIRÁN ÚNICAMENTE DIETAS DE ASISTENCIA A LA SESIÓN, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE INDEPENDENCIA, AUTONOMÍA E IMPARCIALIDAD."
Con esa base, señala, una de las formas en que se materializa el respeto a la autonomía de los órganos electorales es el hecho de que emitan sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable, así como la relativa al derecho a recibir una remuneración adecuada e irrenunciable que no podrá disminuirse durante su encargo, con el objeto de que no se vean expuestos a influencias extrañas que afecten su imparcialidad en perjuicio de la sociedad, situación que se ve trastocada con el tope salarial establecido en el Código Electoral del Estado de Aguascalientes, dado que, de manera previa, los actuales integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral percibían sus ingresos sin la limitante hoy impugnada; por ende, aduce, se atenta flagrantemente contra la autonomía de la que debe gozar la autoridad administrativa electoral en el Estado de Aguascalientes.
Máxime que el tope salarial a la dieta que deberán percibir los consejeros electorales por el desempeño de sus funciones, establecido en la normatividad local, contraviene la autonomía del órgano electoral del Estado de Aguascalientes, en tanto que limita a éste en la posibilidad de tomar su propia decisión en dicho rubro; por lo que, concluye, la norma impugnada atenta flagrantemente contra la autonomía financiera del Instituto Estatal Electoral al establecer en una norma secundaria como lo es el Código Electoral del Estado de Aguascalientes, un tope salarial a la dieta que deberán recibir los consejeros electorales de dicho órgano por el desempeño de las funciones que les son encomendadas, cuando se trata de una decisión única y exclusiva del propio órgano electoral, tal y como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al dotar de autonomía a las autoridades administrativas y judiciales en materia electoral.
c) En otro orden de ideas, argumenta que el párrafo sexto del artículo 95 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes viola el artículo 14, primer y segundo párrafos, de la Constitución Federal, concretamente el principio de irretroactividad de las normas, así como el otorgamiento de la garantía de audiencia y defensa en perjuicio de los actuales consejeros y, en consecuencia, atenta contra el principio de independencia que debe regir la materia electoral en nuestro Estado; que lo antedicho es así, porque la norma combatida establece un tope salarial a la dieta que perciben los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de la entidad, de donde es claro que violenta los principios referidos en perjuicio de los actuales consejeros, puesto que se están modificando situaciones jurídicas concretas en menoscabo de los hechos, derechos y obligaciones previstos y surgidos en la normatividad jurídica anterior, respecto de los integrantes del Pleno del Instituto Electoral del Estado de Aguascalientes, así como se afectaría el derecho adquirido de los actuales consejeros a percibir su dieta por el desempeño de sus funciones conferidas, sin limitación alguna.
Por ende, reitera, la norma impugnada violenta el principio de irretroactividad de las normas, pues con su aplicación se establecería un tope al salario que perciben en la actualidad los consejeros, no obstante que la dieta referida ha sido determinada sin limitación alguna conforme a las reglas establecidas por la anterior legislación, por lo mismo, se estarían modificando situaciones jurídicas concretas en menoscabo de los hechos, derechos y obligaciones previstos y surgidos en la legislación reformada.
TERCERO. Por acuerdo de veinte de julio de dos mil nueve, los Ministros integrantes de la Comisión de Receso de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenaron formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el procurador general de la República con el número 52/2009, así como admitirla a trámite y, por razón de turno, se designó al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano para que instruyera el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.
Posteriormente, por acuerdo de veintiuno de julio siguiente, se decretó la acumulación a ese expediente, de la diversa acción de inconstitucionalidad 53/2009, promovida por el Partido del Trabajo y, de igual forma, se procedió a su admisión.
Asimismo, en los proveídos citados se ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió las normas y al ejecutivo que las promulgó para que rindieran sus respectivos informes, así como al procurador general de la República para que antes del cierre de la instrucción emitiera su opinión respecto de la acción promovida por el Partido del Trabajo; se solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que expresara su opinión y, por último, se requirió al consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Aguascalientes para que dentro del plazo de tres días naturales informara la fecha en que inicia el próximo proceso electoral en la entidad.
CUARTO. Mediante auto de veintisiete de julio de dos mil nueve, los Ministros integrantes de la Comisión de Receso tuvieron por desahogado el requerimiento formulado al consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, quien manifestó que el próximo proceso electoral del Estado iniciará dentro de los primeros quince días del mes de diciembre de dos mil nueve.
QUINTO. Por acuerdo de treinta de julio de dos mil nueve, los Ministros integrantes de la Comisión de Receso tuvieron por presentada la opinión formulada por los Magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La Sala Superior de ese órgano jurisdiccional, al formular su opinión, señaló en síntesis lo siguiente:
1. En relación con la acción de inconstitucionalidad promovida por el procurador general de la República, opinó que el párrafo décimo segundo, apartado B, del artículo 17 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes es conforme con el artículo 41, base V, en su último párrafo y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque si bien adiciona un supuesto no contemplado en los preceptos federales mencionados, también lo es que no es ajeno ni viola los principios que rigen la normatividad electoral jurisdiccional.
2. Que el precepto de la Constitución de Aguascalientes motivo de análisis no violenta los principios de autonomía funcional e independencia del órgano jurisdiccional, puesto que los tribunales gozan de autonomía orgánica y funcional, por tratarse de entidades separadas y diversas que actúan sin subordinación institucional alguna y que se diferencian de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, en especial de la autoridad electoral administrativa y de los partidos, organizaciones políticas y demás partes que acuden a su potestad para recibir justicia; además, los Tribunales Electorales gozan de autonomía normativa en razón de que el derecho les otorga la atribución de dictar por sí mismos, las normas generales que reglamentan su funcionamiento interno; asimismo, poseen autonomía administrativa en razón de que cuentan con la atribución exclusiva de manejar su patrimonio libremente, determinando programas y prioridades en los que deberán aplicar los recursos humanos, materiales y financieros que forman parte de su presupuesto.
3. De igual manera, en el desempeño de la función los Tribunales Electorales cuentan con independencia, en virtud de que no existe ligadura alguna con ningún superior, lo que permite el desempeño de la función con imparcialidad para desempeñar las atribuciones encomendadas dentro de los límites establecidos en la ley; y que como garantía a favor de los gobernados se establece el régimen de responsabilidades aplicables a los miembros de los Tribunales Electorales.
4. Que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes en el título primero Bis, capítulo VIII, denominado del Tribunal Electoral, que comprende del artículo 33 A, al 33 G, se encuentran señaladas, entre otras cuestiones, la competencia del tribunal y las obligaciones de los Magistrados que lo integran. De igual manera, del artículo 1o. del citado ordenamiento legal se desprende que el Tribunal Electoral forma parte del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes; de ahí que el hecho de que durante el tiempo en que no existe proceso electoral ordinario, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes sea el órgano competente para resolver los recursos que se llegaren a interponer, de modo alguno menoscaba la autonomía e independencia del órgano jurisdiccional electoral.
5. Además, dicho precepto no resulta contrario a los postulados o principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad, que rigen las actividades jurisdiccionales electorales, en virtud de que en los términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en el Estado de Aguascalientes en todo tiempo existirá un tribunal, previamente establecido y con competencia para resolver los recursos que interpongan los interesados; por lo que desde otro punto de vista, el acceso a la justicia electoral está en todo tiempo plenamente garantizado.
6. De igual manera, con dicho precepto no se violenta el principio de legalidad, pues las decisiones del órgano jurisdiccional electoral tanto en el año del proceso electoral como durante el receso, deben cumplir con la garantía de la debida motivación y fundamentación, principio rector del ejercicio de la función jurisdiccional electoral a cargo de los tribunales electorales. Paralelamente, siempre existirá en beneficio de los actores electorales la posibilidad de contar con un principio general de impugnación para combatir resoluciones ilegales, no apegadas a derecho o inconstitucionales.
7. El numeral atacado tampoco es contrario al principio de objetividad, en virtud de que los actos de la jurisdicción electoral se materializan a través de actas o constancias judiciales que permiten que los procedimientos electorales se basen en el conocimiento seguro y claro de lo que efectivamente es, sin manipulaciones o adulteraciones y con independencia del sentir, o de cualquier interés de los integrantes de dicho órgano, reduciendo al mínimo la posibilidad de errar o desterrando cualquier vestigio de vaguedad o ambigüedad, así como de duda o suspicacia, para considerar las actuaciones procesales como auténticas atendiendo a las peculiaridades, requisitos o circunstancias que concurran en los mismos.
8. Igualmente, no se afecta la imparcialidad, en virtud de que el precepto en comento en modo alguno vulnera la igualdad de oportunidades procesales para las partes; en consecuencia, tampoco resulta contrario a la Constitución Federal el hecho de que supuestamente los Magistrados electorales, al funcionar únicamente en el año de proceso electoral, no lleguen a contar con el principio de temporalidad necesario para dar permanencia a los juzgadores electorales, pues de acuerdo con el texto del artículo impugnado, los tres Magistrados electorales están adscritos al Poder Judicial del Estado. Asimismo, en términos de lo establecido en el artículo 33 D de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, los Magistrados electorales serán nombrados en la misma forma establecida para los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia.
De esta forma, es factible concluir que tanto en el año del proceso electoral como durante los recesos, los Magistrados que en su momento desempeñaron funciones exclusivamente contencioso electorales, seguirán conociendo de los recursos que en esa materia que formulen los interesados, a través de la competencia del Pleno del Supremo Tribunal.
Además, la permanencia de los Magistrados del tribunal no es una exigencia contemplada en el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal, por lo que queda a las legislaturas regular la forma y tiempo en que debe funcionar el Tribunal Electoral, máxime que los actos de las autoridades electorales administrativas locales pueden ser revisados por la autoridad jurisdiccional local, con competencia expresa para ello.
9. Aclara que no emite opinión respecto del principio de profesionalismo, en virtud de existir ya un pronunciamiento al respecto de la Suprema Corte, en la jurisprudencia de rubro: "PROFESIONALIZACIÓN. NO CONSTITUYE UN PRINCIPIO RECTOR EN MATERIA ELECTORAL LOCAL, AL NO ESTAR PREVISTO COMO TAL POR EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."
10. Por otro lado, no resulta violatorio de precepto constitucional alguno el hecho de que en las constituciones de las entidades federativas existan disposiciones que regulan aspectos no reservados a la Federación, en virtud del principio de federalismo consagrado en el artículo 124 constitucional, que dispone que las entidades federativas se encuentran en libertad legislativa para incrementar aquellos principios fundamentales que la Constitución General de la República considera imperativos, siempre que con ello no se vulneren o se restrinjan en mayor medida que lo establecido en la Ley Fundamental. Así, es posible que el legislador local dentro del ámbito de libertad que tiene para establecer los requisitos y características de operación jurisdiccional de los tribunales y juzgados en la entidad establezcan las características de competencia que en su concepto garantizan de la mejor manera los principios de autonomía, imparcialidad e independencia en el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales electorales.
En consecuencia, la obligación prevista en los artículos 41 y 116 const
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21957-34d11863/accion-de-inconstitucionalidad-son-inoperantes-los-conceptos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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