CONVENIOS EN MATERIA ELECTORAL. LOS ARTÍCULOS 16, APARTADO A, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 131, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, AMBOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, NO TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DE QUE GOZAN LOS INSTITUTOS ELECTORALES LOCALES. FINANCIAMIENTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 72, FRACCIÓN I, INCISO F), DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE YUCATÁN, VIOLA EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AL IMPEDIR QUE SE DESTINE PARA SUFRAGAR SUELDOS, BONOS O COMPENSACIONES DE DIRECTIVOS Y/O EMPLEADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE EN LA ÚLTIMA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA NO HAYAN OBTENIDO CUANDO MENOS EL 2% DE LA VOTACIÓN EMITIDA. PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 71, FRACCIÓN IV, INCISOS C) Y D), NÚMEROS 2 Y 4, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE YUCATÁN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE DESTINO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO OTORGADO POR EL ESTADO. RADIO Y TELEVISIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LOS ARTÍCULOS 188 B, FRACCIÓN II, Y 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE YUCATÁN, NO TRANSGREDEN LAS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES QUE POSEE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. RECURSOS PÚBLICOS Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 188 K DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE YUCATÁN, TRANSGREDE LO PREVISTO EN LOS PÁRRAFOS SÉPTIMO Y NOVENO DEL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL QUE OBLIGAN AL LEGISLADOR A GARANTIZAR LA APLICACIÓN IMPARCIAL DE AQUÉLLOS. URNAS ELECTRÓNICAS. EL ARTÍCULO 233 C DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE YUCATÁN, AL REGULAR SU USO, NO PONE EN RIESGO LAS CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS PARA EL SUFRAGIO ACTIVO EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, NI LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 55/2009. PARTIDO CONVERGENCIA.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIO: JOSÉ FRANCISCO CASTELLANOS MADRAZO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día uno de octubre de dos mil nueve.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito recibido el dos de agosto de dos mil nueve, en el domicilio particular de la persona autorizada para recibir promociones de término fuera del horario de labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Maldonado Venegas, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Convergencia, Partido Político Nacional, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas y promulgadas por las autoridades que a continuación se precisan:
Autoridades responsables:
1. Congreso del Estado de Yucatán.
2. Gobernadora del Estado de Yucatán.
3. Secretario de Gobierno del Estado de Yucatán.
Normas cuya invalidez se demanda:
1. Decreto 208, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el tres de julio de dos mil nueve, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Yucatán.
2. Decreto 209, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el tres de julio de dos mil nueve, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán.
SEGUNDO. Los conceptos de invalidez esgrimidos por el partido promovente son, en síntesis, los siguientes:
1. Los artículos 16, apartado A, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 131, último párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, son inconstitucionales al exigir mayores requisitos a los establecidos en la Constitución Federal, para la celebración de los convenios entre el Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral de Yucatán para la organización de las elecciones en la entidad, toda vez que la propuesta para la celebración de dicho convenio debe ser aprobada por las dos terceras partes de los consejeros del Instituto Electoral Local.
2. El artículo tercero transitorio de la Constitución Política del Estado de Yucatán transgrede el mandato de la reforma constitucional en materia electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre de dos mil siete, al señalar que subsisten todos los plazos y términos relativos al proceso electoral que contempla el abrogado Código Electoral del Estado de Yucatán, únicamente para organizar los comicios locales que se llevarán a cabo en 2010.
3. El artículo 71, fracción IV, numeral 5, incisos c) y d), números 2 y 4 (sic), y 72, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán son inconstitucionales.
En primer lugar, el artículo 71 viola lo establecido en los artículos 41, base II y 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal, pues pretende permitir que el financiamiento público destinado a los partidos políticos para el ejercicio de sus actividades ordinarias permanentes esté condicionado en su ejercicio y sea desviado a actividades especulativas que no tienen que ver con el desarrollo de la vida democrática de esas entidades de interés público.
En segundo lugar, el artículo 72, párrafo primero, fracción I, inciso f), de la Ley Electoral Estatal viola lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Federal, dado que no puede existir una disposición legal que condicione el pago de sueldos, bonos o compensaciones de directivos o empleados, a la obtención de determinado porcentaje de votación de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa.
4. Los artículos 188 B, fracción II y 198, fracción III, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán pretende desconocer la autoridad del Instituto Federal Electoral, para administrar los tiempos en radio y televisión que corresponden a los partidos políticos y a las coaliciones.
5. El artículo 188 K de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán viola lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución General de la República, al expresar abiertamente que los precandidatos que ostenten un cargo de elección popular o desempeñen un cargo en la administración pública local, y manejen recursos económicos, podrán hacer uso del personal y recursos materiales a su alcance, siempre y cuando su uso no sea notorio.
6. El artículo 233 C de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán es inconstitucional, pues no existe certeza, legalidad y confianza en el electorado de que el voto que emitirá mediante el proyecto de utilización de urnas electrónicas tendrá las características de libre, secreto y si será considerado como directo, pues no se contempla una amplia y consistente explicación de las razones y fundamentos en que se sostiene la propuesta de reforma en comento.
TERCERO. El promovente estima infringidos los preceptos 14, 16, 41, 116 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO. Mediante proveído de cuatro de agosto de dos mil nueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 55/2009 y, por razón de turno, designó al Ministro Juan N. Silva Meza para que actuara como instructor en el procedimiento.
Por auto de cinco de agosto siguiente, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al Congreso y a la gobernadora del Estado de Yucatán para que rindieran sus respectivos informes.
QUINTO. Al rendir su informe, la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán adujo, en síntesis, que el treinta de mayo de dos mil nueve promulgó los Decretos 208 y 209, que fueron publicados el tres de julio siguiente, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, de la Constitución Política y 14, fracción VII, del Código de la Administración Pública, ambos del Estado de Yucatán.
SEXTO. Por su parte, el Congreso del Estado de Yucatán, al rendir su informe, manifestó lo siguiente:
1. Las normas impugnadas en el primer concepto de invalidez cumplen con la obligación constitucional de establecer la atribución para que el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana de Yucatán celebre convenio con el Instituto Federal Electoral, a fin de que éste se haga cargo de la organización de los comicios en la entidad.
2. Es infundado el segundo concepto de invalidez, pues la norma de tránsito, cuya invalidez se reclama, se ajusta a lo establecido en la propia Constitución Federal; lo anterior, en virtud de que el legislador local previó de manera acertada la posibilidad de realizar elecciones concurrentes, adelantándose al espíritu del legislador federal en lo referente a la celebración de elecciones concurrentes.
3. El artículo 71 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán señala claramente que el financiamiento de los partidos políticos que no provenga del erario público tendrá, entre otras modalidades, la de establecer instituciones bancarias domiciliadas en el país, cuentas, fondos o fideicomisos para la inversión de sus recursos líquidos a fin de obtener rendimientos financieros, por lo que se puede constatar que no se trata de recursos públicos provenientes de impuestos, por lo que deben desestimarse las manifestaciones del partido accionante.
En cuanto al artículo 72, la Constitución Federal obliga a los Congresos Estatales a legislar en materia electoral, contemplando sin contravenir el Pacto Federal, sin embargo, no se encuentran sujetos a emitir leyes en idénticos o similares términos que el ámbito federal, ya que cada entidad tiene sus particularidades para desarrollar sus normas en la materia.
4. Es infundado lo argumentado por el partido accionante, en cuanto a la inconstitucionalidad de la fracción II del artículo 118 B y fracción III del diverso artículo 198, ambos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, debido a que de forma genérica, a través de ellos, no se otorgan facultades a la autoridad local de administración de tiempos de radio y televisión, por lo que no hay una invasión en la esfera jurídica del Instituto Federal Electoral y tampoco se desconoce su autoridad en la materia.
5. En el quinto concepto de invalidez el partido accionante hace una interpretación literal, subjetiva y aislada de la porción normativa del artículo 188 K tildada de inconstitucional, por lo que debe declararse su constitucionalidad.
6. Debe declararse la validez del artículo 233 C de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, pues dicha norma garantiza plenamente los principios rectores en materia electoral, establecidos en el artículo 116 de la Constitución General de la República.
SÉPTIMO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir su opinión manifestó, en síntesis lo siguiente:
1. La exigencia de contar con una mayoría calificada de los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de una entidad, para que puedan celebrar el convenio con el Instituto Federal Electoral a efecto de que este último se encargue de la organización de los procesos electorales locales, encuentra sustento en que corresponde al legislador de las entidades federativas determinar el tipo de mayorías requeridas para este tipo de acuerdos, así como para algunos otros temas que por su importancia y trascendencia requieran de un mayor consenso y respaldo institucional.
El artículo 116, fracción IV, inciso d), de la Constitución Federal no establece en forma expresa una mayoría determinada de consejeros electorales, para que los institutos de las entidades federativas puedan celebrar este tipo de convenios, lo cual corresponde al ámbito de atribuciones del legislador estatal establecer en la normatividad de la materia.
Además, al exigirse una mayoría calificada de consejeros del Instituto Electoral Local, no se está afectando la potestad que tiene la autoridad administrativa electoral de la entidad de celebrar posibles convenios con el Instituto Federal Electoral, sino que se está salvaguardando que sea una decisión colegiada con el mayor consenso posible, por tratarse de una determinación de singular trascendencia e importancia para la entidad federativa correspondiente.
2. La Legislatura Local se apegó a la Constitución General de la República al emitir el decreto de reforma en el que se determinó que la jornada electoral para elegir a los representantes populares será el primer domingo de julio del año de la elección, salvo en el caso del proceso comicial de elección de diputados locales y Ayuntamientos de dos mil diez, en el que, conforme a lo dispuesto en el artículo tercero transitorio impugnado, la jornada electoral tendrá lugar el tercer domingo de mayo, pues en este supuesto excepcional no existe la posibilidad jurídica de que la elección tenga lugar el primer domingo de julio, porque los diputados y miembros de Ayuntamientos deben asumir su encargo el primer día del mes, es decir, previamente a la fecha en la que la Constitución dispone la elección, lo cual conduce válidamente a establecer que el ajuste correspondiente surta efectos hasta el próximo proceso comicial de dos mil doce.
Por tanto, el artículo impugnado, por el que subsisten todos los plazos y términos relativos al proceso electoral, establecidos en el Código Electoral del Estado de Yucatán abrogado, para organizar los comicios locales que se llevarán a cabo en dos mil diez, se apega en la medida de lo posible a lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso a), de la Constitución Federal.
3. Ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que los rendimientos obtenidos por los partidos políticos a través de la modalidad de instrumentos financieros, son parte del financiamiento privado, cuya naturaleza es distinta al financiamiento público, en tanto que permite que los partidos políticos se alleguen de recursos por medios distintos a los que provee el Estado.
En ese sentido, no es dable considerar que los ingresos cuestionados participen de la naturaleza del financiamiento público, porque los fondos no los aportó el Estado, en ninguna de sus modalidades; en conclusión, el artículo 71 impugnado no contraviene la Constitución Federal.
Ahora bien, en cuanto al artículo 72, fracción I, inciso f), de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán es sustancialmente acertado el concepto de invalidez planteado por el partido político.
Es así, pues resulta inconstitucional ese precepto, al imponer un destino específico a los recursos públicos asignados a los partidos políticos, lo cual no está previsto en la Constitución, con lo que se vulnera el principio de autodeterminación de los recursos con el objeto de lograr los fines de este tipo de instituciones políticas.
Por otro lado, el precepto contraviene los principios del financiamiento público, consistentes en el acceso equitativo de dicho financiamiento, para sus actividades ordinarias, pues la restricción basada en el porcentaje de votación, que impide destinar los recursos recibidos para sufragar sueldos, bonos o compensaciones de directivos o empleados, pone en riesgo el cumplimiento de las finalidades perseguidas por los partidos políticos, en tanto que al menos el pago de sueldos a los empleados constituye uno de los aspectos de los gastos ordinarios de ese tipo de organizaciones.
4. En su opinión, el cuarto concepto de invalidez no demuestra la inconstitucionalidad de los artículos 188 B, fracción II y 198, fracción III, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Yucatán.
Lo anterior, toda vez que en los preceptos cuestionados no se desarrolla una facultad a favor de las autoridades locales para asignar o distribuir tiempos en radio y televisión, pues además de que no se mencionan expresamente esos medios específicos de comunicación, no se prevé la posibilidad de que el Instituto Electoral Local invada las facultades que en la Constitución Federal se reserva al Instituto Federal Electoral.
5. El artículo 188 K de la Ley de Instituciones Electorales del Estado de Yucatán, que establece la prohibición de usar personal o recursos públicos para promover "notoriamente" la imagen, da pauta para entender que tal tipo de precandidatos pueden promover su imagen con personal y recursos públicos siempre que ello no sea notorio o evidente, lo cual se opone abiertamente a la restricción prevista en el artículo 134 de la Constitución General de la República.
6. El artículo 233 C de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en el Estado de Yucatán no resulta contrario a la Constitución Federal, al prever la implementación de urnas electrónicas, pues no se advierte elemento alguno que pudiera resultar contrariar preceptos constitucionales.
OCTAVO. El procurador general de la República, al emitir su opinión, manifestó, en síntesis, lo siguiente:
1. El hecho de que se establezca determinada votación para que el Instituto Electoral Local pueda celebrar un convenio con el Instituto Federal Electoral para la organización de las elecciones en la entidad no rompe con el contenido de la Constitución Federal, pues en ella sólo se indica que podrá celebrarse dicho convenio, sin que se establezcan requisitos que deban observarse, por lo cual corresponde a las entidades federativas, en el ámbito de sus atribuciones y mediante la emisión de sus ordenamientos jurídicos, las que establezcan la forma de llevar a cabo la voluntad convencional de ambos institutos electorales.
2. No existe justificación alguna que haya llevado a la Legislatura Local a regular una excepción respecto de los plazos relativos al proceso electoral de dos mil diez, por lo que deberá declararse la invalidez del artículo tercero transitorio de la Ley Electoral Local.
3. El artículo 71, numeral 5, fracción IV, incisos c) y d), números 2 y 4, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán impugnado, se ajusta a lo dispuesto en los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal, en atención a que los recursos líquidos que los partidos podrán establecer en instituciones bancarias en el país, a través de cuentas, fondos o fideicomisos de inversión, es con dinero que no forma parte del financiamiento público.
Del mismo modo, el legislador local dispuso en la fracción I, inciso f), del artículo 72 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, que los partidos políticos con derecho a recibir financiamiento público deberán obtener el dos por ciento de la votación emitida en la elección inmediata anterior de diputados de mayoría relativa, consecuentemente, en atención a que la Constitución Federal permite a los Congresos Locales establecer las reglas a que se sujetará la entrega y distribución de los recursos provenientes del erario público, es inconcuso que el texto normativo cuya invalidez se solicita no contraviene lo dispuesto en el artículo 41, base II, constitucional.
4. El artículo 188 B de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales únicamente establece la definición de lo que en la entidad debe entenderse por actos de precampañas, sin que ello implique que al Instituto Electoral Local se le esté arrogando la facultad que por disposición constitucional compete de manera exclusiva al Instituto Federal Electoral; consecuentemente, la parte normativa del artículo cuestionado no contraviene el diverso 41 de la Constitución Federal.
Por otra parte, el numeral 198 de la ley electoral estatal tampoco contraviene lo dispuesto por el numeral 41 de la Constitución Federal, toda vez que únicamente establece los topes a que deberán ajustarse los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, cuando realicen gastos en propaganda electoral y en las actividades de campaña, que para cada elección acuerde el Consejo General del Instituto Electoral Estatal.
5. El accionante aduce que la palabra "notoriamente" implica que dichos precandidatos puedan utilizar al personal o los recursos económicos y materiales públicos cuando no sea evidente la promoción de su imagen, sin embargo, la apreciación del partido político es subjetiva, puesto que el promover una imagen implica su difusión y, consecuentemente, que sea manifiesta y ostensible, en tales condiciones los precandidatos tendrán que sujetarse sin restricción alguna a la prohibición en comento; en consecuencia, deberá declararse la validez del precepto impugnado.
6. Contrario a lo manifestado por el partido accionante, el artículo 233 C combatido otorga certeza jurídica a las partes involucradas en los comicios que se celebran en la entidad, al establecer que al momento del escrutinio los partidos políticos podrán solicitar el cotejo de los resultados arrojados por el sistema electrónico con las boletas emitidas, a fin de dar la validez final al acta correspondiente.
NOVENO. Recibidos los informes de las autoridades y las opiniones de la Sala Superior del Tribunal Electoral y del procurador general de la República, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 68, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, toda vez que en ella se plantea una posible contradicción entre diversos artículos de la Constitución y de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, ambos de Yucatán, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO. La demanda de acción de inconstitucionalidad fue promovida de manera oportuna, tal y como se demuestra enseguida.
El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal dispone:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse al primer día hábil siguiente.
"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."
Conforme al precepto antes transcrito, el cómputo respectivo debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicaron los preceptos impugnados, considerando todos los días como hábiles.
Los Decretos 208 y 209 que contienen los artículos materia de estudio fueron publicados en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el tres de julio de dos mil nueve, por lo que es a partir del día siguiente que debe hacerse el cómputo respectivo.
Tomando en cuenta la fecha de publicación, resulta que el plazo de treinta días para la impugnación de las referidas reformas culminó el dos de agosto del año en curso; por tanto, si la demanda se presentó a las veintitrés horas con cinco minutos del dos de agosto de dos mil nueve, debe considerarse promovida dentro del plazo legal correspondiente, por lo que es oportuna.
TERCERO. A continuación conviene analizar si a juicio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el promovente está facultado para acudir a la acción de inconstitucionalidad.
Los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal y 62, último párrafo, de su ley reglamentaria, disponen:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma por:
"...
"f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales, o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorga el registro."
Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
"Artículo 62. (Último párrafo) En los términos previstos por el inciso f) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considerarán parte demandante en los procedimientos por acciones contra las leyes electorales, además de los señalados en la fracción I del artículo 10 de esta ley, a los partidos políticos con registro por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales, según corresponda, a quienes les será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los dos primeros párrafos del artículos 11 de este ... ordenamiento."
De conformidad con los artículos transcritos, los partidos políticos con registro podrán ejercer la acción de inconstitucionalidad, para lo cual deben satisfacer los siguientes extremos:
a) Que el partido político cuente con registro definitivo ante la autoridad electoral correspondiente;
b) Que el partido político promueva por conducto de su dirigencia (nacional o local según sea el caso);
c) Que las leyes impugnadas sean de naturaleza electoral; y,
d) Que quien suscriba a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para ello.
En el caso de Convergencia, es un partido político nacional con registro ante el Instituto Federal Electoral, según certificación expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, visible a foja 40 del expediente.
Por otra parte, según la certificación también expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, visible a foja 39 del expediente, se hace constar que Luis Maldonado Venegas se encuentra registrado como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del propio partido político.
Desde otra óptica, al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de los Estatutos Generales de Convergencia, el Comité Ejecutivo Nacional es el órgano que cuenta con facultades para representar al partido en todo el país y, particularmente, el presidente de dicho comité cuenta con atribuciones de representación ante las autoridades federales.
Dichos preceptos literalmente establecen lo siguiente:
"Artículo 16
"Del Comité Ejecutivo Nacional
"1. El Comité Ejecutivo Nacional es el órgano permanente del partido que se constituye para representarlo en todo el país y para dirigir la iniciativa política que oriente el trabajo en todas sus instancias, órganos, mecanismos y estructuras de conformidad con lo estipulado en la Declaración de Principios, Programa de Acción y los presentes estatutos y en las directrices y determinaciones de la asamblea, de la convención y del Consejo Nacionales.
"2. Está integrado por el presidente, el secretario general, los secretarios y el tesorero del Comité Ejecutivo Nacional, los titulares nacionales de Convergencia de Mujeres, Convergencia de Jóvenes, Convergencia de Trabajadores y Productores y diez militantes destacados nombrados por el propio presidente del comité.
"3. Corresponde al Comité Ejecutivo Nacional:
"a) Cumplir y hacer cumplir por parte de todos los órganos y militantes del partido la Declaración de Principios, el Programa de Acción, los estatutos, los reglamentos, las determinaciones de la asamblea, de la convención y del Consejo Nacionales.
"b) Convocar directamente a la asamblea y a la convención nacional.
"c) Autorizar previamente y por escrito las convocatorias que emitan los comités directivos estatales tanto para celebrar asambleas estatales como municipales, así como para la celebración de las convenciones estatales, distritales y municipales. El Comité Ejecutivo Nacional podrá emitirlas de manera directa.
"d) Sesionar cuando menos una vez al mes, para atención de todos los asuntos de su competencia.
"e) Elaborar, aprobar y evaluar periódicamente el programa general de actividades que se integrará considerando los programas de cada secretaría y de los distintos órganos de la estructura del Comité Ejecutivo Nacional y evaluar periódicamente su desarrollo.
"f) Rendir el informe general de actividades del partido ante la asamblea nacional.
"g) Coordinar permanentemente las actividades de los comités directivos de las entidades federativas.
"h) Elaborar los proyectos de los reglamentos del partido y someterlos a la aprobación del Consejo Nacional.
"i) Verificar con los comités directivos de las entidades federativas la actualización permanente del padrón de afiliadas y afiliados del partido, por lo menos cada seis meses.
"j) Registrar las candidaturas a cargos de elección popular de carácter federal ante el Instituto Federal Electoral, así como, en su caso, la sustitución de los mismos.
"k) Registrar en casos especiales, y conforme a lo establecido en el reglamento de elecciones, las candidaturas a cargos de elección popular de carácter local ante los organismos electorales estatales, distritales y municipales.
"l) Acreditar la representación del partido ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral.
"m) Acreditar la representación del partido ante los organismos electorales estatales, distritales y municipales en los casos de excepción establecidos en el reglamento.
"n) Acreditar la representación del partido en actividades internacionales.
"o) Rendir un informe sobre las actividades del partido en cada una de las reuniones del Consejo Nacional.
"p) Elaborar el presupuesto de ingresos y egresos para su aprobación por el Consejo Nacional, e informar periódicamente de su ejercicio.
"q) Las demás que le asignen los presentes estatutos, reglamentos y la asamblea y Consejo Nacionales."
"Artículo 17
"Del presidente(a) del Comité Ejecutivo Nacional
"1. El presidente(a) del Comité Ejecutivo Nacional es la más alta autoridad ejecutiva, administrativa y representativa del partido. Será elegido para un periodo de tres años por la mayoría de votos de los delegados presentes en la asamblea nacional.
"2. En caso de renuncia o ausencia definitiva, el Consejo Nacional designará a la persona que lo sustituya hasta la terminación del periodo para el cual fue electo.
"3. El presidente(a) del Comité Ejecutivo Nacional lo es igualmente de la asamblea, de la convención y de la comisión política nacional con los deberes y atribuciones siguientes:
"a) Representar al partido y mantener sus relaciones con los poderes federales, estatales y municipales, así como con organizaciones sociales y políticas.
"b) Representar legalmente al Comité Ejecutivo Nacional ante las autoridades electorales, judiciales y administrativas en sus tres niveles: federal, estatal y municipal, y delegar los que sean necesarios, a excepción de la titularidad y representación de la relación laboral que corresponde al tesorero de cada instancia, en términos de lo establecido en el artículo 46, numeral 10.
"c) Designar libremente a los responsables de la estructura organizacional del p
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21899-595a2b21/convenios-en-materia-electoral-los-articulos-16-apartado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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