INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LOS ARTÍCULOS 216, PÁRRAFO SEGUNDO, 221, FRACCIÓN IV, PÁRRAFO TERCERO Y 238, FRACCIÓN III, INCISOS C) Y D), DE LA LEY RELATIVA, AL CONDICIONAR LAS PRECAMPAÑAS A LA EXISTENCIA DE DOS O MÁS PRECANDIDATOS, NO TRANSGREDEN LAS GARANTÍAS INSTITUCIONALES DE AUTO-ORGANIZACIÓN Y AUTO-DETERMINACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, NI EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN LA CONTIENDA. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LOS ARTÍCULOS 216, PÁRRAFO SEGUNDO Y 221, FRACCIÓN IV, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY RELATIVA, AL CONDICIONAR LAS PRECAMPAÑAS A LA EXISTENCIA DE DOS O MÁS PRECANDIDATOS, NO TRANSGREDEN LOS ARTÍCULOS 41, BASE III, APARTADO B Y 116, FRACCIÓN IV, INCISO I), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LOS ARTÍCULOS 216, PÁRRAFO SEGUNDO Y 221, FRACCIÓN IV, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY RELATIVA, AL CONDICIONAR LAS PRECAMPAÑAS A LA EXISTENCIA DE DOS O MÁS PRECANDIDATOS, NO VIOLAN EL DERECHO A SER VOTADO.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 85/2009. PARTIDO POLÍTICO CONVERGENCIA.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIO: JOSÉ FRANCISCO CASTELLANOS MADRAZO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de febrero de dos mil diez.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito recibido el veintiocho de noviembre de dos mil nueve, en el domicilio particular del secretario autorizado para recibir promociones de término, fuera del horario de labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Maldonado Venegas, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Convergencia, Partido Político Nacional, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas y promulgadas por las autoridades que a continuación se precisan:
Autoridades responsables:
1. Congreso del Estado de Baja California.
2. Gobernador del Estado de Baja California.
3. Director del Periódico Oficial del Estado de Baja California.
Norma cuya invalidez se demanda:
Decreto Número 293, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el treinta de octubre de dos mil nueve, mediante el cual se reforman los artículos 216, 221 y 238 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California.
SEGUNDO. Los conceptos de invalidez esgrimidos por el partido promovente son, en síntesis, los siguientes:
1. El artículo 216, segundo párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California, al establecer la obligatoriedad a los partidos políticos de que existan dos o más precandidatos en busca de la nominación a un mismo cargo de elección popular, para poder otorgar la autorización para realizar actividades proselitistas tendentes a esa nominación, vulnera la prerrogativa del ciudadano de poder ser votado para todo cargo de elección popular, al tener que ir forzosamente acompañado en la contienda interna de otro precandidato.
2. Los artículos 216, 221 y 238 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California, al establecer que los partidos políticos y los precandidatos que incumplan con las disposiciones de la ley, concretamente en materia de precampañas electorales, podrán hacerse acreedores a la pérdida del registro de candidatos, vulnera el principio de auto-organización y auto-determinación de los institutos políticos, ya que tales normas intervienen de modo inconstitucional en la vida interna de los partidos.
Asimismo, el partido accionante aduce que los preceptos reclamados, al prever que quienes fueren designados como candidatos a cargos de elección popular en forma directa, sin que mediare proceso democrático de selección interna, no podrán realizar actos o propaganda de precampaña electoral, vulnera el principio de equidad, ya que en ocasiones los partidos realizan acuerdos internos y con otros partidos con los que se coaligan, tendentes a postular a los ciudadanos que representan el mejor capital político, motivo por el cual se origina la figura de candidato designado en forma directa, por lo que al no poder realizar actos o propaganda de precampaña electoral, se lesionan sus derechos políticos electorales.
3. En su último argumento de invalidez, el Partido Convergencia esgrime que los artículos 216, segundo párrafo y 221, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California, al condicionar a los partidos políticos la posibilidad de expedir la autorización para realizar actos de precampaña e impedir directamente a los precandidatos la realización de esas actividades o las de propaganda, a la existencia de dos o más precandidatos, violan el derecho de esos institutos de hacer uso de los tiempos oficiales de radio y televisión, a través de los cuales y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217, fracción I, última parte, del ordenamiento jurídico reclamado, pueden dar difusión a su proceso de selección interna.
TERCERO. El promovente estima infringidos los preceptos 1o., 14, 16, 35, 40, 41, 116, fracciones II y IV, incisos a), b), d), l) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO. Mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil nueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 85/2009 y, por razón de turno, designó al Ministro Juan N. Silva Meza, para que actuara como instructor en el procedimiento.
Por auto de uno de diciembre de dos mil nueve, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al Congreso y al gobernador del Estado de Baja California, para que rindieran sus respectivos informes dentro del plazo de seis días naturales.
QUINTO. Al rendir su informe, la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California expuso, en síntesis, lo siguiente:
1. Resulta infundado el primer concepto de invalidez que hace valer el promovente, toda vez que de ninguna parte del texto del artículo 216 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California, se desprende que el mismo impida a los ciudadanos a ser votados para cualquier cargo de elección popular, o que prohíba a los partidos políticos ponderar libremente a sus precandidatos para efectos de que hagan proselitismo. El precepto regula la precampaña electoral y, únicamente, establece una condición para que los partidos puedan otorgar la autorización a los precandidatos para hacer proselitismo de manera previa a la designación de candidatos.
2. De igual manera, deviene infundado el concepto de invalidez referente al artículo 221 de la citada ley, toda vez que del texto del numeral se advierte que su disposición, lejos de violar la garantía de equidad, la fortalece, pues permitir que el candidato designado en forma directa realice actos de proselitismo electoral en la etapa de precampaña, debilita la democracia en la ciudadanía, así como la de los partidos políticos hacia su interior, ya que se generan violaciones al principio de equidad en la contienda electoral, en perjuicio de precandidatos de otros partidos que aún no concluyen esa etapa y que compiten por el mismo cargo de elección popular; lo que, además de añadir un daño irreparable para dichos precandidatos, que aun no tienen certeza de ser seleccionados por su partido, permite injustificadamente posicionar la imagen personal y realizar proselitismo, al que ya es en los hechos un candidato designado.
3. Resulta inoperante el argumento de que lo establecido en los incisos c) y d) del artículo 238 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California, contraviene el contenido jurídico de los preceptos 216 y 221 de la misma ley, toda vez que en las acciones de inconstitucionalidad se realiza un control abstracto de la conformidad de las normas impugnadas con la Constitución Federal y no con otras normas de menor nivel jerárquico, como acontece en la especie.
4. Por otra parte, es infundado lo manifestado en relación con que los artículos 216, 221 y 238 de la ley combatida, vulneran el principio de auto-organización y auto-determinación de los partidos políticos, toda vez que el Congreso del Estado de Baja California se encuentra facultado para legislar en los términos de las reformas combatidas en la presente acción de inconstitucionalidad.
5. Finalmente, el argumento que señala que los artículos impugnados propician desigualdad en la contienda entre los partidos políticos, pues en los tiempos de precampaña se promueve no sólo la imagen de los contendientes, sino también la de los partidos, resulta infundado, toda vez que el partido que haya designado directamente a su candidato, o que tenga a un solo precandidato en busca de su nominación a un cargo popular, si bien no podrá autorizar a dicho candidato o precandidato para realizar actividades de proselitismo en tiempos de precampaña, pero sí podrá promover su plataforma electoral de forma institucional, refiriéndose al proceso de selección en conjunto; derecho que se garantizó a los partidos políticos.
SEXTO. Por su parte, el Congreso del Estado de Baja California, al rendir su informe, manifestó:
1. Es infundado el primer concepto de invalidez, en virtud de que la pretensión legislativa reclamada se enfocó a subsanar vacíos jurídicos y complementar las disposiciones en relación con las precampañas, a efecto de evitar que los precandidatos de algún partido político, en búsqueda de nuevos mecanismos de proselitismo y difusión electoral, abusen de vacios legales en la regulación de las precampañas para posicionarse ante el electorado como si ya fuesen candidatos registrados ante la autoridad electoral, vulnerando la equidad de la competencia.
2. No se vulneran los principios de auto-organización y auto-determinación de los institutos políticos plasmados en sus estatutos, ya que tomando en cuenta que la esencia de la precampaña consiste en fortalecer la democracia interna de los partidos, permitiendo la más amplia participación de los militantes en la elección, con la reforma se pretendió evitar violaciones al principio de equidad en la contienda electoral, en perjuicio de precandidatos de otros partidos que aún no concluyen esa etapa y que compiten por el mismo cargo de elección popular; lo que además de añadir un daño irreparable para dichos precandidatos, que aún no tienen certeza de ser seleccionados por su partido, se permite injustificadamente posicionar la imagen personal y realizar proselitismo, al que ya es en los hechos un candidato designado.
3. Es infundado el diverso concepto de invalidez en el que se alega violación al principio de equidad, toda vez que los preceptos legales que regulan las precampañas, en ningún momento interfieren con la postulación de candidatos, sino por el contrario, el propósito fundamental es el de salvaguardar el principio aludido, respecto de aquellos militantes o simpatizantes que deseen obtener una postulación, y las porciones normativas que se adicionaron no interfieren, ni coaccionan o condicionan las decisiones de los institutos políticos partidistas en cuanto a la postulación de candidatos se refiere, sólo clarifican a quién corresponde realizar actos de precampaña, y regulan aquellos de omisión o falta de observancia de las disposiciones normativas que al respecto aplican.
SÉPTIMO. Por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir su opinión, manifestó:
1. El artículo 216, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California, no contraviene la Constitución Federal, ya que se encuentra dentro de los márgenes autorizados por ésta, toda vez que otorga, en exclusiva, a los partidos políticos, la posibilidad de autorizar a sus simpatizantes o militantes para que hagan actividades de proselitismo en busca de su nominación a un puesto de elección popular, de manera previa a la postulación o a la designación de candidatos, siempre y cuando existan dos o más precandidatos en busca de la nominación a un mismo cargo, es decir, no se puede otorgar la mencionada autorización cuando solamente haya solicitado su registro un precandidato.
El precepto legal que se analiza no hace nugatorio el derecho de los ciudadanos a ser votados porque el artículo no limita la posibilidad de los ciudadanos de contender como candidatos a un cargo público, sino que establece una condición para que los partidos autoricen a sus simpatizantes o militantes a hacer propaganda en las precampañas.
El artículo controvertido, al condicionar que los partidos políticos autoricen a sus simpatizantes y militantes a hacer propagandas en la precampaña electoral, a que contiendan dos o más precandidatos, en modo alguno se podría calificar como una disposición que imponga una condición arbitraria, innecesaria, desproporcional o ajena a los criterios de razonabilidad, porque precisamente la finalidad de las precampañas consiste en dar a conocer a los precandidatos con el objeto de elegir de entre varios, por tanto, si solamente se registró un precandidato o el partido optó por la designación directa es innecesario que se lleven a cabo las actividades tendentes a la elección del candidato.
2. Los artículos 221, fracción IV, párrafos segundo y tercero, así como el artículo 238, fracción III, incisos c) y d), de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California, no contravienen a la Constitución Federal pues lejos de generar una violación a ésta, lo que genera es certeza respecto de las precampañas electorales, ya que la circunstancia de que el legislador haya establecido que cuando se haga propaganda durante el periodo de precampaña, siendo que la designación del candidato haya sido directa, se aplicará como sanción a los partidos políticos o precandidatos la pérdida del derecho a registrar como candidato al precandidato infractor ante el órgano administrativo electoral o a cancelar el registro, según sea el caso, no vulnera la capacidad de auto-organización y auto-determinación de los partidos, en su calidad de entes de interés público, ni conculca la normativa interna de los partidos, toda vez que no se establecen limitaciones o restricciones en cuanto a la manera en que los partidos se habrán de organizar, a fin de determinar el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos.
Al contrario, del contenido del precepto cuya invalidez se reclama, se advierte que el legislador estableció una sanción para aquellos partidos y precandidatos que incumplan con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 216 y los últimos dos párrafos del artículo 221 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California, en los que se prevé que los candidatos designados de manera directa por el partido o el precandidato único no podrán realizar actividades de precampaña electoral, lo cual deben determinar los propios partidos, conforme a sus estatutos, de manera que, lejos de establecer una sanción fuera de los parámetros constitucionales, el legislador respetó la vida interna de los partidos en cuanto a la elección y determinación de sus procedimientos de selección de candidatos, al constreñirlos a lo que disponga la normativa intrapartidista.
La prohibición que se impone a los candidatos designados de manera directa, así como a los precandidatos únicos de hacer propaganda en el periodo de precampaña, no es sino con el ánimo de que en las precampañas solamente intervengan aquellos precandidatos que realmente participen en una contienda interna.
El artículo 238, fracción III, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California, no afecta el derecho de autorregulación interna de los partidos, puesto que deja en libertad a éstos de determinar el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos, tampoco modifica la ejecución de sus procedimientos internos, pues la norma que se tilda de inconstitucional busca garantizar que las precampañas electorales solamente hagan propaganda aquellos que realmente están participando en un procedimiento de selección interna.
Contrario a lo aducido por el actor, la prohibición de que los candidatos designados de forma directa no puedan hacer precampaña electoral, lo perjudica a él como al partido político; no rompe con el principio de equidad en la contienda electoral, en tanto que la finalidad de la precampaña es distinta a la de la campaña electoral, por tanto, si no hay procedimiento interno de selección de candidatos o únicamente se registró un precandidato, se justifica racionalmente que en la legislación de Baja California se prohíba hacer propaganda de precampaña en estos supuestos.
Los actos de precampaña se caracterizan porque solamente se trata de actividades llevadas a cabo para la selección interna de candidatos o de la difusión de las personas que fueron electas, sin que tenga como objeto la propagación de la plataforma electoral de un partido político, ni la obtención del voto de los electores para la integración de los distintos órganos de representación popular el día de la jornada electoral.
Las mencionadas actividades siempre tienden a lograr el consenso para elegir a las personas que reúnan los requisitos legales necesarios para ser candidatos y que cuenten con el perfil que se identifique con la ideología sustentada por el propio partido, por lo que se considera conforme con la Constitución las modificaciones a la normativa electoral estatal.
OCTAVO. El procurador general de la República, al emitir su opinión, externó, en síntesis, lo siguiente:
1. Es infundado el concepto de invalidez enderezado contra el artículo 216, segundo párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California, en atención a que la norma impugnada únicamente establece una condición para que el partido político autorice a sus militantes o simpatizantes la realización de actividades proselitistas en busca de su nominación a un puesto de elección popular, de manera previa al evento de designación de candidatos, que consiste en que existan dos o más precandidatos, lo cual de ninguna manera vulnera el derecho que tiene todo ciudadano a poder ser votado, ya que en ningún momento restringe dicha prerrogativa, pues quien se considere apto para postularse a un cargo de elección popular, cuenta con la garantía de hacerlo y, por tanto, que la ciudadanía pueda en su momento votar por él.
Lo anterior, toda vez que la norma impugnada no está prohibiendo que un ciudadano se postule como candidato, sino que para que exista una contienda es necesario que haya más de un precandidato; además, esta condición en nada imposibilita al instituto político a ponderar libremente a sus precandidatos, toda vez que lo que busca es que cuando exista sólo un precandidato para la asignación de un cargo de elección popular, no se realicen actos proselitistas, lo cual resulta lógico, si se toma en cuenta que esa persona no contenderá con ninguna otra, de ahí que no sea necesario realizar actividades de precampaña.
2. El argumento del accionante en el sentido de que el precepto 221 de la citada ley, violenta el principio de equidad preponderante de toda contienda electoral, es infundado, toda vez que se trata de una designación de personas que no se registran como precandidatos, es decir, su designación es directa, por tanto, no es necesario que realicen actos de precampaña, ya que en el proceso de elección interna no tienen contendientes, esto es, no hay más postulaciones que la de ellos.
En razón de lo anterior, el numeral impugnado en nada afecta el principio de equidad en materia electoral, pues los partidos políticos seguirán recibiendo de forma equilibrada el financiamiento que les corresponde conforme a las leyes que rigen la materia.
3. No asiste la razón al partido promovente en torno al artículo 238 de la multicitada ley, toda vez que no puede ser considerado como una intromisión en la vida interna de los partidos, el establecer como sanción la pérdida del derecho a registrar como candidato al precandidato cuando se realicen actos o propaganda de campaña electoral que no se ajusten a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 216, o se infrinjan prohibiciones a que se refiere los últimos dos párrafos del diverso 221, ambos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California.
Lo anterior, puesto que los partidos políticos son el medio a través del cual los ciudadanos tienen acceso al poder público, por lo que es necesario que se ajusten a lo que establecen las leyes que rigen la materia; además, la norma combatida únicamente establece las bases a través de las cuales los partidos deben ajustarse para tener una contienda democrática.
Lo que prohíbe la Ley Fundamental es que las autoridades electorales, al ejercer sus atribuciones se entrometan en la vida interna de los partidos políticos, mas no así por lo que hace a los Poderes Legislativos al regular la materia, en virtud de que es por conducto de las normas generales que emiten dichos órganos, por medio de las cuales se establecen las bases generales que regirán al interior de dichos institutos políticos.
NOVENO. Recibidos los informes de las autoridades y las opiniones de la Sala Superior del Tribunal Electoral y del procurador general de la República, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 68, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, toda vez que en ella se plantea una posible contradicción entre diversos artículos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO. La demanda de acción de inconstitucionalidad fue presentada de manera oportuna, tal como se demuestra enseguida.
El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, dispone:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse al primer día hábil siguiente.
"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."
Conforme al precepto antes transcrito, el cómputo respectivo debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicaron los preceptos impugnados, considerando todos los días como hábiles.
El Decreto 293 que contiene los artículos materia de estudio fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el treinta de octubre de dos mil nueve, por lo que el cómputo debe hacerse a partir del día siguiente a dicha publicación, esto es, el treinta y uno de octubre siguiente.
Tomando en cuenta la fecha de publicación, resulta que el plazo de treinta días para la impugnación de las referidas reformas transcurrió del treinta y uno de octubre al veintinueve de noviembre del dos mil nueve; por tanto, si la demanda promovida por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político Convergencia, se presentó a las veintiún horas con treinta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil nueve, debe considerarse que su promoción se realizó dentro del plazo legal correspondiente, por lo que ésta resulta oportuna.
TERCERO. A continuación, conviene analizar si a juicio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el promovente está legitimado para acudir a la acción de inconstitucionalidad.
Los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal y 62, último párrafo, de su ley reglamentaria, disponen:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
"...
"f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal; a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorga el registro."
Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Artículo 62. (Último párrafo) En los términos previstos por el inciso f) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considerarán parte demandante en los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, además de los señalados en la fracción I del artículo 10 de esta ley, a los partidos políticos con registro por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales, según corresponda, a quienes les será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los dos primeros párrafos del artículo 11 de este ordenamiento."
De conformidad con los artículos transcritos, los partidos políticos con registro podrán ejercer la acción de inconstitucionalidad, siempre que satisfagan los siguientes extremos:
a) Que el partido político cuente con registro definitivo ante la autoridad electoral correspondiente;
b) Que el partido político haga la promoción por conducto de su dirigencia (nacional o local según sea el caso);
c) Que las leyes impugnadas sean de naturaleza electoral; y,
d) Que quien suscriba a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para ello.
Ahora bien, en el caso de Convergencia, se trata de un partido político nacional con registro definitivo ante el Instituto Federal Electoral, según certificación expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, visible a foja 23 del expediente.
Por otra parte, según la certificación expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, visible a foja 22 del expediente, se hace constar que Luis Maldonado Venegas se encuentra registrado como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del propio partido político.
Desde otra óptica, al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de los Estatutos Generales de Convergencia, el Comité Ejecutivo Nacional es el órgano que cuenta con facultades para representar al partido en todo el país y, particularmente, el presidente de dicho comité cuenta con atribuciones de representación ante las autoridades federales.
Dichos preceptos literalmente establecen lo siguiente:
"Artículo 16
"Del Comité Ejecutivo Nacional
"1. El Comité Ejecutivo Nacional es el órgano permanente del partido que se constituye para representarlo en todo el país y para dirigir la iniciativa política que oriente el trabajo en todas sus instancias, órganos, mecanismos y estructuras de conformidad con lo estipulado en la declaración de principios, programa de acción y los presentes estatutos y en las directrices y determinaciones de la asamblea, de la convención y del consejo nacionales.
"2. Está integrado por el presidente, el secretario general, los secretarios y el tesorero del Comité Ejecutivo Nacional, los titulares nacionales de Convergencia de Mujeres, Convergencia de Jóvenes, Convergencia de Trabajadores y Productores y diez militantes destacados nombrados por el propio presidente del comité.
"3. Corresponde al Comité Ejecutivo Nacional:
"a) Cumplir y hacer cumplir por parte de todos los órganos y militantes del partido la declaración de principios, el programa de acción, los estatutos, los reglamentos, las determinaciones de la asamblea, de la convención y del consejo nacionales.
"b) Convocar directamente a la asamblea y a la convención nacional.
"c) Autorizar previamente y por escrito las convocatorias que emitan los comités directivos estatales tanto para celebrar asambleas estatales como municipales, así como para la celebración de las convenciones estatales, distritales y municipales. El Comité Ejecutivo Nacional podrá emitirlas de manera directa.
"d) Sesionar cuando menos una vez al mes, para atención de todos los asuntos de su competencia.
"e) Elaborar, aprobar y evaluar periódicamente el programa general de actividades que se integrará considerando los programas de cada secretaría y de los distintos órganos de la estructura del Comité Ejecutivo Nacional y evaluar periódicamente su desarrollo.
"f) Rendir el informe general de actividades del partido ante la asamblea nacional.
"g) Coordinar permanentemente las actividades de los comités directivos de las entidades federativas.
"h) Elaborar los proyectos de los reglamentos del partido y someterlos a la aprobación del consejo nacional.
"i) Verificar con los comités directivos de las entidades federativas la actualización permanente del padrón de afiliadas y afiliados del partido, por lo menos cada seis meses.
"j) Registrar las candidaturas a cargos de elección popular de carácter federal ante el Instituto Federal Electoral, así como, en su caso, la sustitución de los mismos.
"k) Registrar en casos especiales, y conforme a lo establecido en el reglamento de elecciones, las candidaturas a cargos de elección popular de carácter local ante los organismos electorales estatales, distritales y municipales.
"l) Acreditar la representación del partido ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral.
"m) Acreditar la representación del partido ante los organismos electorales estatales, distritales y municipales en los casos de excepción establecidos en el reglamento.
"n) Acreditar la representación del partido en actividades internacionales.
"o) Rendir un informe sobre las actividades del partido en cada una de las reuniones del Consejo Nacional.
"p) Elaborar el presupuesto de ingresos y egresos para su aprobación por el Consejo Nacional, e informar periódicamente de su ejercicio.
"q) Las demás que le asignen los presentes est
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22078-1218a773/instituciones-y-procedimientos-electorales-del-estado-de-baja · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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