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Modo: Corpus Pro

CONSEJEROS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS PRECEPTOS DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DE ESA ENTIDAD, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE ABRIL DE 2008, VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 80/2008. · Registro digital (IUS): 21185
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDO POLÍTICO NACIONAL CONVERGENCIA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, , Pág. 1110.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 80/2008. PARTIDO POLÍTICO NACIONAL CONVERGENCIA.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día nueve de julio de dos mil ocho.

VISTOS;Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la acción, autoridades (emisora y promulgadora) y norma impugnada. Por oficio presentado el veintiocho de mayo de dos mil ocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Maldonado Venegas, ostentándose como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político Nacional Convergencia, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de las normas generales emitidas y promulgadas por los órganos que a continuación se mencionan:

a) Autoridad emisora: Congreso de la Unión.

Cámara de Senadores como instancia de origen.

Cámara de Diputados como instancia revisora.

b) Autoridad promulgadora:

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Secretario de Gobernación.

Director del Diario Oficial de la Federación.

Las normas impugnadas se hacen consistir en:

a) Decreto por el que se reforman los artículos 37, 106, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 132 y 134 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de dos mil ocho.

b) De manera particular, los artículos 37, 121, 124, 125 y 132 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, así como el segundo transitorio del referido decreto.

SEGUNDO. Conceptos de invalidez. El promovente esgrimió, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:

1. El partido accionante hace valer que durante el procedimiento legislativo se cometieron violaciones que dan lugar a la invalidación de las normas impugnadas porque la aprobación del decreto no se ajustó al procedimiento legislativo, debido a que se dispensaron diversos trámites parlamentarios a fin de que el acto reclamado se aprobara con la antelación de 90 días a que se refiere el artículo 105, fracción II, de la Constitución General, como expresamente fue solicitado por uno de los integrantes de la Cámara de Diputados; sin embargo, tal plazo no puede emplearse como razón para calificar de urgente la dispensa de trámite de una iniciativa de reforma legal, cuando se analiza una reforma que modifica aspectos sustanciales inherentes a un proceso electoral.

2. El artículo 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiocho de abril de dos mil ocho, viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que transgrede el principio de certeza electoral, no está fundado ni motivado, fue emitido por órgano incompetente para emitir una determinación de tal naturaleza, vulnera el derecho exclusivo de los partidos políticos a registrar candidatos, interviene en la vida interna de los partidos políticos, al establecer un método obligatorio de selección de candidatos, y viola el principio de definitividad de la etapa de preparación del proceso electoral (es preciso señalar que el partido político impugna el artículo 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, específicamente las siguientes porciones normativas: párrafos quinto, inciso d), sexto, séptimo, octavo y noveno).

3. Los artículos 125, párrafo primero, y 132 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiocho de abril de dos mil ocho, carecen de fundamentación y motivación, toda vez que no se expidieron en estricta observancia al "bloque de constitucionalidad" en materia electoral para el Distrito Federal.

4. En el cuarto concepto de invalidez la parte actora manifiesta en síntesis lo siguiente:

a) El artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman los artículos 37, 106, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 132 y 134 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, contiene un mandato que, en sí mismo, contraría el principio de irretroactividad consagrado en el artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) Lo anterior porque contiene un mandato dirigido a la Asamblea Legislativa, para que mediante la definición de un procedimiento, determine la aplicación del artículo 125 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a una situación jurídica generada con anterioridad a la fecha de expedición del Decreto de 28 de abril de 2008.

c) El 22 de diciembre de 2005, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó proponer al Pleno del propio cuerpo legislativo, a diversos ciudadanos para ocupar el cargo de consejero presidente, consejeros electorales propietarios y consejeros electorales suplentes, respectivamente.

d) El 23 de diciembre de 2005, y con base en la propuesta presentada por la Comisión de Gobierno, el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal determinó que el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal quedaría integrado en la forma en que se indicó.

e) El nombramiento constituye el acto jurídico formal en cuya virtud la entidad pública designa a una persona como funcionario o empleado y la somete al régimen que, conforme a la ley, le es aplicable específicamente a la función pública. En este sentido, el nombramiento constituye la etapa final de designación; procedimiento que implica una previa selección del aspirante y, en su caso, la comprobación de éste respecto de los requisitos marcados para el ejercicio del cargo o comisión.

f) Los nombramientos del consejero presidente y consejeros electorales, propietarios y suplentes, del Instituto Electoral del Distrito Federal, se aprobaron por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con base en las disposiciones que expresamente le asisten.

g) El consejero presidente y consejeros electorales actualmente en funciones, fueron designados para una gestión de siete años improrrogables y el cumplimiento de la temporalidad de ese nombramiento no se sujetó a ninguna modalidad, ni se impuso una condición resolutiva o suspensiva.

h) Por tanto, los consejeros no pueden ser separados, renovados o escalonados de su cargo antes de concluir el periodo para el que fueron nombrados, salvo que incurran en actos graves que encuadren en alguna de las hipótesis contenidas en la ley de la materia, previa garantía de audiencia, y con la aprobación de la mayoría calificada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, según lo dispuesto en el artículo 92, fracción V, del Código Electoral del Distrito Federal.

i) Con base en lo anterior, es dable afirmar que el Congreso de la Unión debió observar el principio de irretroactividad y abstenerse de instruir a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que aplique a los consejeros electorales actualmente en funciones, la hipótesis de renovación escalonada incluida en el artículo 125 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en virtud del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación de 28 de abril de 2008. Máxime, si se tiene en consideración que conforme al primer transitorio del decreto mencionado, éste entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 29 de abril de 2008. Por tanto, no puede, por su propia naturaleza, retrotraer sus efectos hacia el pasado y menos para modificar o extinguir derechos adquiridos.

5. En el quinto concepto de invalidez, la parte actora manifiesta en lo esencial, lo siguiente:

a) El artículo 121 de la reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, realizada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2008 no está fundado ni motivado en la Constitución General, lo cual viola los artículos 16, 41, fracción I, 116, fracción IV, incisos b) al n), y 122, párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, apartados A, B y C, base primera, fracción V, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) El artículo 121 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establece que en las elecciones locales del Distrito Federal podrán participar tanto los partidos políticos locales con registro político nacional, como los partidos políticos con registro local en el Distrito Federal.

c) El motivo de tal reforma se debió a la supresión en el texto del inciso f) de la fracción V de la base primera del apartado C del artículo 122 constitucional, del texto que ordenaba que sólo los partidos políticos nacionales podían participar en los procesos electorales locales; esto bastó para que de manera automática se entendiera que se le facultaba para emitir una disposición dentro del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en la que se estableciera la creación de partidos políticos locales, sujetos de participar en los comicios locales.

d) El Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar sobre la constitución de partidos políticos locales en el Distrito Federal, de acuerdo con el régimen de distribución de competencias entre los Poderes de la Unión y las autoridades locales del Distrito Federal, previsto en el artículo 122 de la Constitución General.

TERCERO. Artículos constitucionales que el promovente aduce violados. Los preceptos constitucionales que se estiman infringidos son los artículos 1o., 14, 16, 41, 105, fracción II, penúltimo párrafo, 116, fracción IV, incisos b) a n) y 122, párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, apartados A, B y C, base primera, fracción V, inciso f).

CUARTO. Admisión y trámite. Mediante proveído de veintiocho de mayo de dos mil ocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad bajo el número 80/2008 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro José Fernando Franco González Salas.

En proveído de veintinueve de mayo de dos mil ocho, el Ministro instructor admitió la demanda relativa y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, quienes respectivamente, emitieron y promulgaron la norma general impugnada, para que rindieran sus respectivos informes, así como al procurador general de la República para que formulara su pedimento y solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que expresara su opinión.

QUINTO. Informe de la autoridad promulgadora de la norma impugnada. El Poder Ejecutivo Federal rindió su informe dentro del plazo establecido para ello, en los siguientes términos:

a) La presente acción de inconstitucionalidad no admite la suplencia de los conceptos de invalidez y deberá resolverse exclusivamente a la luz de los preceptos constitucionales que el promovente señaló como vulnerados.

Constitucionalidad del proceso legislativo que culminó con la emisión del decreto impugnado.

a) La participación del Ejecutivo Federal en el referido proceso legislativo se limitó a la promulgación y orden de publicación que le corresponden, en términos de lo dispuesto por los artículos 72 y 89, fracción I, de la Constitución Federal.

b) Al promulgar el decreto impugnado en la presente acción de inconstitucionalidad, el presidente de la República procedió conforme a los preceptos constitucionales que prevén su intervención en la aludida etapa del procedimiento legislativo.

c) Para el cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación del acto de promulgación, sólo se requiere que éste provenga de una autoridad competente para ordenarlo y que se cumplan las formalidades exigidas por la ley para ello, a fin de que la nueva ley pueda ser conocida, requisitos que en el presente caso quedaron satisfechos.

d) En el marco de reformas a la Constitución Federal en materia electoral, el Congreso de la Unión tenía la obligación constitucional de adecuar el contenido del Estatuto de Gobierno con las nuevas directrices que en materia electoral establece la Constitución.

e) Por ello, es inexacto que las dispensas parlamentarias se hayan hecho exclusivamente en atención a lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, de la Constitución respecto al plazo de noventa días que ahí se establece.

f) Aun en el supuesto de que se hubiese verificado alguna de las violaciones al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ello no podría tener el efecto de invalidar la reforma o adición realizada en términos del artículo 71 constitucional que se intenta, porque se trataría de violaciones que no trascienden al sentido de la norma.

Constitucionalidad del sistema para la designación de diputados de representación proporcional, previsto en el artículo 37 del Estatuto de Gobierno.

a) Todo sistema electoral reúne un conjunto de factores que permiten el acceso de la ciudadanía a los cargos públicos de elección popular. Los sistemas electorales contienen, desde el punto de vista técnico, el modo según el cual el elector manifiesta por medio del voto el partido o el candidato de su preferencia, y según el cual esos votos se convierten en escaños.

b) La Constitución prevé los dos tipos de elección parlamentaria para el caso del Distrito Federal. La elección de diputados en el Distrito Federal deberá realizarse a través de dos sistemas, el de votación directa o mayoría relativa y el de representación proporcional.

c) El legislador ordinario no se encuentra obligado a adoptar una determinada fórmula para la distribución de escaños de representación proporcional, basta con que se voten listas en una sola circunscripción, para que el mecanismo sea válido constitucionalmente.

d) El artículo 37 del estatuto es acorde con el marco normativo constitucional, pues únicamente reitera la voluntad del Poder Reformador de la Constitución reflejada en el artículo 122 de dicho cuerpo normativo fundamental. El objetivo de la representación proporcional es reflejar la voluntad del electorado en la conformación de los órganos parlamentarios.

e) Para analizar la validez constitucional de una norma local que regula el sistema de representación proporcional, deberá verificarse que cumpla con el fin de que los institutos políticos con una representación minoritaria; pero suficiente para efectos de la fórmula, puedan participar en la vida política de su localidad. En este sentido, es inexacto lo afirmado por el partido promovente en el sentido de que el mecanismo propuesto por el artículo 37 citado viole los principios de certeza y definitividad, pues, por el contrario, establece en forma clara el procedimiento para la distribución de los escaños y favorece el pluralismo y la representación de las minorías.

f) El principio de representación proporcional pura, propuesto por legislador en el Estatuto de Gobierno, se centra en el grado de representatividad de un determinado partido político, motivado por el nivel de votación obtenido por sus candidatos de mayoría relativa en una elección. No se impide al elector conocer a cabalidad quiénes podrán o podrían ser designados para integrar el órgano legislativo por la vía proporcional, pues el votante tiene conocimiento tanto de las listas propuestas por los partidos, como de los candidatos de mayoría relativa que podrían integrarse a tales listas en caso de resultar perdedores.

g) No se viola el derecho de los partidos para registrar a sus candidatos, pues para conformar la lista A, cada instituto deberá registrarla ante la autoridad local, y para designar a los candidatos de la lista B, éstos deberán ser registrados previamente como contendientes de mayoría relativa.

h) El Pleno de ese Alto Tribunal ya resolvió acerca de la constitucionalidad del sistema, determinando la validez del método propuesto en el Código Electoral Local y ahora en el Estatuto de Gobierno. Por lo anterior, debe declararse la validez del artículo 37 del Estatuto de Gobierno.

Constitucionalidad del nombramiento escalonado de los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, así como de los Magistrados electorales establecido en los artículos 125 y 132 respectivamente, del Estatuto de Gobierno.

a) Es facultad del Congreso de la Unión expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, sujetándose a las bases señaladas en los artículos 122 y 116 constitucionales; es facultad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal expedir las disposiciones que rijan las elecciones locales en el Distrito Federal, sujetándose a las bases que para ello establezca el Estatuto de Gobierno; el Estatuto de Gobierno deberá tomar en cuenta los principios establecidos en los incisos b) al n) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Federal.

b) Por lo que se refiere a la materia electoral en el Distrito Federal, existe un bloque de constitucionalidad integrado por las disposiciones constitucionales referidas y las que en particular establezca el legislador federal en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, ya que el propio artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso f), de la Constitución señala que las disposiciones que rijan en la materia electoral en el Distrito Federal, deben sujetarse a lo que establezca el Estatuto de Gobierno, el cual tomará en cuenta los principios establecidos en los incisos b) al n) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución.

c) De ello se desprende que es constitucionalmente válido que el estatuto garantice a través de la creación de órganos autónomos, la realización de los procesos electorales y, en su caso, la solución jurisdiccional de las posibles controversias que se susciten. Evidentemente, las disposiciones que el estatuto establezca deberán sentar las bases generales de organización de dichos órganos, y permitir que la Asamblea Legislativa regule a detalle el funcionamiento de los mismos.

d) Por tanto, es inexacto que el bloque de constitucionalidad no permita establecer la renovación escalonada de los consejeros del Instituto Electoral Local y de los Magistrados correspondientes; por el contrario, el legislador está obligado a sentar las directrices de conformación y operación de dichos órganos y deberá remitir a la ley para regular su procedimiento.

Constitucionalidad del artículo segundo transitorio del decreto de reformas impugnado, respecto del escalonamiento de los consejeros electorales que actualmente conforman el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.

a) El artículo segundo transitorio de la norma impugnada no viola la garantía de irretroactividad pues no afecta ningún tipo de derecho adquirido. El nombramiento de los consejeros electorales les otorgó el derecho a ejercer el cargo, situación que permanece intacta hasta el momento, pues el transitorio tildado de inconstitucional no establece que deberán separarse del cargo en forma inmediata, por el contrario, señala que la Asamblea Legislativa deberá diseñar el mecanismo para implementar la salida escalonada de los consejeros en funciones, lo cual no afecta el derecho adquirido a ejercer la función pública.

b) Ahora bien, bajo la teoría de los componentes de la norma, tampoco se violaría derecho alguno, puesto que la duración en el cargo es un factor que debe decidir el legislador ordinario y que por supuesto puede modificar. Es así que el primer supuesto de la norma jurídica era nombrar a los consejeros, lo cual generó el derecho de ejercer el empleo público, pero ello no implica que se generara automáticamente el derecho a ejercerlo por un determinado tiempo. Por el contrario, el Estatuto de Gobierno podrá variar el periodo de la función pública a desempeñar, pues es del interés social que dichos cargos se ocupen por determinado tiempo y, en consecuencia, es el interés público soberano, quien podrá modificar la duración de los mismos.

c) El análisis al texto de la norma que se impugna se desprende que en ella se contempla una hipótesis normativa que por sí misma no implica afectación o detrimento de los derechos adquiridos que pueden ser atribuidos a los consejeros electorales actualmente en funciones. En efecto, en lo que aquí interesa, lo que la norma impugnada establece es que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal "deberá determinar el procedimiento y el número de consejeros electorales actualmente en funciones, que serán sujetos de la renovación escalonada a que hace mención el artículo 125 contenido en el presente decreto", de lo que no se infiere que necesariamente los citados consejeros electorales deberán separarse de su encargo con anterioridad al periodo original para el que fueron designados, pues será el órgano legislativo local el que determinará lo conducente para el establecimiento del sistema escalonado a que se refiere el Estatuto de Gobierno.

Constitucionalidad del artículo 121 del Estatuto de Gobierno, el cual establece la posibilidad de que existan Partidos Políticos con registro local otorgado por el Instituto Electoral del Distrito Federal.

a) Al abrirse la posibilidad de que existan partidos políticos en el Distrito Federal, el Congreso de la Unión tenía la obligación de legislar lo correspondiente en el Estatuto de Gobierno, tal como se señaló en el artículo tercero transitorio del decreto de reformas constitucionales, el cual señala: "Artículo tercero. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes federales en un plazo máximo de treinta días naturales contados a partir del inicio de la vigencia de este decreto.". En cumplimiento a lo ordenado por el numeral citado, se propuso en la Cámara de Senadores, la reforma correspondiente al Estatuto de Gobierno, la cual expuso, entre otros, los siguientes motivos: "Como se puede observar, una de las repercusiones más importantes de la reforma electoral relativa exclusivamente al Distrito Federal, fue la eliminación, en el inciso f) de la fracción V de la base primera del apartado C del artículo 122 constitucional, del siguiente texto: ‘En estas elecciones sólo podrán participar los partidos políticos con registro nacional’, abriéndose así la posibilidad a la participación de partidos con registro local en las elecciones locales del Distrito Federal, en los términos que establezca la legislación secundaria."

b) Los conceptos de invalidez son infundados e inatendibles, toda vez que el Estatuto de Gobierno es la norma esencial que expedida por el Congreso de la Unión desarrolla el contenido del artículo 122 constitucional y, por tanto, este precepto constitucional es su fundamento. La remisión al artículo 116, fracción IV, constitucional, obliga a que el Estatuto de Gobierno se ciña a los principios establecidos en él y que, en consecuencia, disponga lo necesario para que los mismos sean garantizados.

SEXTO. Informe de la autoridad emisora de la norma impugnada. Por su parte, al rendir su informe el Congreso de la Unión, manifestó:

Violación al proceso legislativo.

a) La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en su carácter de colegisladora del Poder Legislativo Federal, de acuerdo a su competencia y en ejercicio de sus facultades y atribuciones constitucionales derivadas del artículo 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Federal, expidió las normas generales impugnadas bajo el procedimiento legislativo previsto en los artículos 71 y 72 constitucionales, sin contravenir lo dispuesto por los preceptos 16, 39, 40, 41, 71, 72, 105, fracción II, penúltimo párrafo, 116, fracción IV, inciso b), y 122, apartados A, fracción II y C, base primera, fracción V, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) Hay constancia de la votación que se llevó a cabo para la dispensa de los trámites legislativos del decreto impugnado, toda vez que en sesión plenaria de fecha 24 de abril de 2008, se consultó al Pleno de esta Cámara de Diputados, si se dispensaban todos los trámites y se ponía a discusión y votación de inmediato, obteniéndose una votación afirmativa, tal y como se advierte de la cita del Diario de los Debates de ese órgano legislativo.

c) La minuta se publicó en la Gaceta Parlamentaria de esa misma fecha y, por tanto, el contenido de la minuta era del pleno conocimiento de todos los legisladores integrantes de esta Cámara de Diputados, debido a que la Gaceta Parlamentaria como medio de difusión interno de esta Cámara de Diputados se publica tanto el orden del día de la sesión como los asuntos que se van a desahogar, de manera que todos los grupos parlamentarios tuvieron la oportunidad de pronunciarse al respecto, sin embargo no fue así, ya que como se desprende del Diario de los Debates de la sesión de fecha 24 de abril del año en curso, una vez que se aprobó la dispensa de los trámites de la minuta citada, y en virtud de que ésta se encontraba publicada en la Gaceta Parlamentaria la cual fue distribuida entre todos los legisladores, se puso a discusión en lo general, y no habiéndose registrado ningún orador de diputados para fijar su postura de sus grupos parlamentarios, lo que lleva a determinar que el partido promovente consintió en sus términos el decreto impugnado o que tuvo razones específicas para omitir fijar su posición ante el Pleno de esta Cámara de Diputados, por tanto, al sí haber tenido la posibilidad de hacerse oír mediante un debate real, no puede decirse que se trasgreden en su perjuicio los principios rectores de la materia electoral y los valores de la democracia representativa, toda vez que en el momento que pudieron hacer valer dichos principios y valores los omitieron por así convenir a sus intereses de grupo partidista.

d) No existe violación al principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, por parte del legislador al haber expedido las normas generales impugnadas en razón de que quien tiene la facultad para expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, es facultad exclusiva del Congreso de la Unión tal y como lo establece el artículo 122, letra A, fracción II, base primera, fracción V, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tanto, se expidieron conforme a lo establecido en la Carta Magna con el objeto de adecuar la reforma constitucional en materia electoral a este cuerpo normativo de carácter federal.

Artículo 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, no vulnera los artículos 16, 41, fracciones I y VI, 116, fracción IV, incisos b), e) y f) y 122, apartado C, base primera, fracciones I y V, inciso f), de la Constitución Federal.

a) El promovente hace una interpretación aislada del artículo 37 de la reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, sin embargo, a fin de desentrañar y comprender el contenido y alcance de la norma impugnada el intérprete no debe limitarse a utilizar el método gramatical sino que debe acudir a otros métodos como lo es el armónico, el sistemático, el histórico, el genético teleológico, así como a los principios de interpretación constitucional.

b) Es necesario vincular tales argumentos y preceptos con los artículos 16, 41, fracciones I y VI, 116, fracción IV, incisos b), e) y f) y 122, apartado C, base primera, fracciones I y V, inciso f), de la Constitución Federal, del mismo Ordenamiento Supremo ya que atendiendo a los principios de unidad y coherencia que rigen a la interpretación constitucional las disposiciones de la Carta Magna en su conjunto forman una unidad.

c) El concepto de invalidez es infundado toda vez que los partidos políticos podrán registrar simultáneamente, en un mismo proceso electoral, hasta cinco fórmulas de candidatos a la Asamblea Legislativa por mayoría relativa y por representación proporcional, esto en razón de que los partidos tienen mayor oportunidad de acceder a una curul en la asamblea, es decir, contrario a lo aseverado por el promovente el principio de representación proporcional en el nuevo procedimiento tiene como objetivo primordial la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, es que un mayor número de diputados por este principio hagan campaña y luchen por el respaldo popular, asegurándoles a quienes no obtienen triunfo de mayoría, pero si una alta votación, que puedan ocupar una curul.

d) En este orden de ideas, la fórmula de asignación contenida en el artículo 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, trae como consecuencia que los partidos más débiles puedan participar si tienen por lo menos el dos por ciento del total de la votación emitida, lo que significa elegir diputados de los partidos políticos más pequeños una vez que conozcan el resultado de las elecciones de los candidatos uninominales y adviertan que no resultaron triunfadores en su distrito, sin embargo, pueden integrar la lista con esos candidatos o con éstos y los registrados en la lista de representación proporcional, en consecuencia, esta disposición no contraviene el principio de certeza establecido en los preceptos constitucional y estatutario antes referidos.

e) En atención a lo anterior, los numerales impugnados, lejos de establecer una limitante a los derechos de los partidos, les permite registrar a los partidos políticos simultáneamente, en un mismo proceso electoral, hasta cinco fórmulas de candidatos a diputados a la Asamblea Legislativa por mayoría relativa y por representación proporcional, la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura determinará el número de diputados que corresponda a cada partido por este principio, cuidando con ello que todos los partidos políticos sean representados en el Congreso de la Unión salvaguardando así una composición pluripartidista en el Poder Legislativo Federal y, por ende, se da certeza jurídica a todos los partidos políticos y se cumple con las garantías de fundamentación y motivación.

Los artículos 125, primer párrafo y 132 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, no

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21185-9914a728/consejeros-electorales-del-distrito-federal-el-articulo-segundo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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