Corpus
Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 11, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 163, PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD, EL 9 DE MAYO DE 2008, AL ESTABLECER QUE EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO ELECTORAL LOCAL CON EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL A FIN DE QUE ÉSTE SE HAGA CARGO DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES, SEA SOMETIDO A RATIFICACIÓN Y, EN SU CASO, A LA APROBACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO ESTATAL, VIOLA LOS ARTÍCULOS 41, BASE V Y 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 12, SÉPTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 163, PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD, EL 9 DE MAYO DE 2008, AL ESTABLECER COMO REQUISITO PARA REGISTRARSE A LA CONTIENDA POR UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR, NO HABER PARTICIPADO EN UN PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE UN PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN DISTINTO AL QUE PRETENDE REGISTRARLO COMO CANDIDATO, ATENTA CONTRA EL DERECHO A SER VOTADO Y LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN EN MATERIA ELECTORAL PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 35, FRACCIÓN II Y 41, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 82/2008 Y SU ACUMULADA 83/2008. · Registro digital (IUS): 21141
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, , Pág. 443.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 82/2008 Y SU ACUMULADA 83/2008. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: LUIS ÁVALOS GARCÍA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiuno de agosto de dos mil ocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el siete de junio de dos mil ocho en el domicilio de la autorizada para recibir promociones fuera del horario de labores de este Alto Tribunal, Eduardo Medina-Mora Icaza, en su carácter de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 11, último párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, publicada mediante Decreto 163, en la "Gaceta del Gobierno", el nueve de mayo de dos mil ocho. Dicho precepto establece lo siguiente:

"Artículo 11. ...

"El acuerdo del consejo general que autorice la celebración del convenio, antes del inicio del proceso, deberá ser sometido a ratificación de la legislatura, la que, en su caso, deberá aprobarlo por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. Para la aprobación del convenio deberán observarse los lineamientos que para ese fin disponga la ley de la materia."

SEGUNDO. El promovente de esta acción estima que la disposición legal impugnada es violatoria de los artículos 16, párrafo primero; 41, base V; 116, fracción IV, incisos c) y d), y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO. En sus conceptos de invalidez, el procurador general de la República, argumenta lo siguiente:

1. El artículo 41 de la Carta Magna permite identificar la naturaleza y fines del Instituto Federal Electoral y, correlativamente, permite distinguir claramente a la autoridad electoral encargada de la organización de los procesos electorales, sus funciones y los principios que la rigen. Tomando en consideración la amplia gama de las funciones propias de los procesos electorales que se encomiendan a dicha autoridad electoral, apoyada en su autonomía, profesionalización, independencia en sus decisiones y funcionamiento, y en los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad, puede válidamente concluirse que dada la propia y especial naturaleza del órgano electoral federal, creado ex profeso para los fines señalados, a él corresponde la organización de las elecciones federales.

En este orden de ideas, puede decirse que en el ámbito local, en el que se incluyeron esencialmente similares instituciones y principios, deben operar en términos generales los mismos lineamientos generales antes expuestos. En efecto, el artículo 116 de la Constitución Federal obliga a los Estados a garantizar, en su régimen interior, que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, y que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, así como las autoridades jurisdiccionales en esta materia, gocen de autonomía en su funcionamiento y de independencia en sus decisiones.

Entonces, los organismos electorales gozan de autonomía plena, lo que se traduce en un funcionamiento autónomo e independiente en sus decisiones; lo anterior implica una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes, ya sea de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o, incluso, de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.

De esa gama de facultades, se pueden enunciar las que se establecen en los artículos 41, base V, y 116, fracción IV, inciso d), ambos de la Constitución Federal, en los cuales se señala que el Instituto Federal Electoral, puede celebrar con los organismos estatales electorales, convenios para que el primero organice las elecciones en las entidades federativas, sin que medie la autorización de otro ente de gobierno o de otro poder ajeno a la materia electoral.

Ahora bien, el precepto que se tilda de inconstitucional señala que dado el caso de que el Instituto Electoral del Estado de México, como órgano autónomo, decidiera convenir con el Instituto Federal Electoral para que éste organice la elección estatal, es requisito sine qua non la autorización previa de la Legislatura Local, la cual deberá llevarse a cabo con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes que estén presentes.

Ante tal situación, es claro que el último párrafo del artículo 11 de la Constitución Política del Estado de México, vulnera los artículos 41, base V, último párrafo, y 116, fracción IV, de la Carta Magna, por cuanto hace al principio de autonomía consagrado en los mismos, ya que el numeral impugnado exige para la celebración del convenio, la aprobación de un Poder Constituido, como lo es el Legislativo del Estado de México, supeditando, en consecuencia, su actuar autónomo a un poder distinto a él.

2. El numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el principio rector de que los actos de autoridad sean dictados por un órgano competente para ello, que dicho mandato sea por escrito, en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento. Dicha garantía de legalidad contiene un mandato para todas las autoridades, esto es, para las de cualquier orden y nivel de gobierno, incluyendo, naturalmente, al Poder Legislativo.

Luego, al prever el último párrafo del artículo 11 de la Constitución Política del Estado de México, una hipótesis contraria al mandato constitucional previsto en los artículos 41 y 116, por las razones explicadas en el primer concepto de invalidez, el Congreso del Estado de México se extralimita en sus funciones, contraviniendo con ello lo dispuesto por el numeral 16 de la Ley Suprema y, por ende, violenta lo dispuesto por el ordinal 133 de la Constitución Federal.

TERCERO. Por acuerdo de nueve de junio de dos mil ocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad con el número 82/2008; así como enviar el asunto al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano quien, por razón de turno, fue designado instructor del procedimiento.

CUARTO. Por otra parte, mediante escrito presentado el siete de junio de dos mil ocho en el domicilio de la autorizada para recibir promociones fuera del horario de labores de este Alto Tribunal, Guadalupe Acosta Naranjo, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de los artículos 11, último párrafo; 12, párrafos quinto y séptimo; sexto y séptimo transitorios de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, publicada mediante Decreto 163, en la "Gaceta del Gobierno", el nueve de mayo de dos mil ocho. Dichos preceptos establecen lo siguiente:

"Artículo 11. ...

"El acuerdo del consejo general que autorice la celebración del convenio, antes del inicio del proceso, deberá ser sometido a ratificación de la legislatura, la que, en su caso, deberá aprobarlo por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. Para la aprobación del convenio deberán observarse los lineamientos que para ese fin disponga la ley de la materia."

"Artículo 12. ...

(Quinto párrafo)

"La solicitud de registro de candidaturas comunes deberá presentarse ante el consejo general, previo acuerdo estatutario que emitan los partidos políticos, a más tardar tres días antes de la fecha en la que ese órgano sesione con el objeto de otorgar el registro a los candidatos de la elección de que se trate.

"...

(Séptimo párrafo)

"Quien haya participado en un proceso interno de selección de un partido político como aspirante o precandidato, no podrá ser registrado como candidato por otro partido político o coalición en el proceso electoral correspondiente. Esta restricción no aplicará para los candidatos postulados por una coalición o en candidatura común de las que forme parte el partido político que organizó el referido proceso interno."

Transitorios

"Sexto. Los Ayuntamiento que resulten electos el primer domingo de julio del año 2009, iniciarán su ejercicio constitucional el 18 de agosto de ese mismo año y lo concluirán el 31 de diciembre de 2012."

"Séptimo. Los Ayuntamientos que resulten electos el primer domingo de julio de 2012, iniciarán su ejercicio constitucional el 1 de enero de 2013 y lo concluirán el 31 de diciembre de 2015."

QUINTO. El promovente de esta acción estima que la disposición legal impugnada es violatoria de los artículos 1o., 16, 17, 41, 116, fracción IV y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEXTO. En sus conceptos de invalidez, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, argumenta lo siguiente:

1. El último párrafo del artículo 11 de la Constitución Política del Estado de México es inconstitucional, al exigir mayores requisitos a los establecidos en la Constitución Federal, para que pueda celebrarse un convenio entre el Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México, para que el primero se encargue eventualmente de la organización de las elecciones estatales.

En efecto, el precepto cuya invalidez se combate, pretende que dicho convenio sea sometido a la ratificación de la Legislatura del Estado, por el voto de dos terceras partes de sus miembros, lo que no exige la Constitución Federal, ya que ésta solamente exige que la autoridad electoral local lo solicite al Instituto Federal Electoral en los términos que establezca la legislación aplicable, es decir, se debe regular la forma en que se tomará la decisión de solicitar a dicho instituto que se encargue de la organización de la elección, así como el contenido del mencionado convenio, pero la coordinación debe depender en todo momento exclusivamente de ambos institutos y no quedar supeditada a lo que disponga la Legislatura Local, éste es un requisito adicional que no exige la Carta Magna.

En este orden de ideas, partiendo de que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, deben gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, lo que incluye a la actividad de convenir la organización de las elecciones; entonces, la fracción normativa impugnada contraviene las garantías de autonomía e independencia de las autoridades electorales, transgrediendo los artículos 41, base V, último párrafo y 116, fracción IV, incisos c) y d), de la Constitución Federal.

2. El artículo 12, párrafo séptimo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México transgrede los artículos 1o., 14, 16, 35, fracción II, 41, base I, 116, fracción IV y 133 de la Constitución Federal, ya que dentro del catálogo de derechos político-electorales del ciudadano que consigna la Carta Magna, se encuentra el derecho de los ciudadanos a ser votados para todos los cargos de elección popular, siendo los partidos políticos el medio para acceder a dichos cargos.

Sin embargo, es inconstitucional que derivado de un procedimiento de selección interno de un partido político, en que hubiere participado un ciudadano, se le coarte su derecho a ser votado por otro partido, pues con tal disposición se limita el derecho a ser votado a cargos de elección popular y también vulnera el diseño constitucional de los partidos políticos como conducto de la ciudadanía para llegar a esos cargos.

SÉPTIMO. Por acuerdo de nueve de junio de dos mil ocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad con el número 83/2008; así como enviar el asunto al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien por razón de turno, fue designado instructor del procedimiento; y, finalmente, se decretó la acumulación de ese expediente a la diversa acción de inconstitucionalidad 82/2008.

OCTAVO. Por auto de diez de junio de dos mil ocho el Ministro instructor admitió la demanda de acción de inconstitucionalidad 82/2008 y su acumulada 83/2008, promovidas por el procurador general de la República y el Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de México, quienes, respectivamente, emitieron y promulgaron las normas impugnadas, para que rindieran sus respectivos informes. De igual forma requirió al secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, a efecto de que exhibiera copia certificada de los estatutos vigentes del Partido de la Revolución Democrática, y solicitó a la presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitiera opinión en relación con este asunto.

Mediante proveído de diecinueve de junio de dos mil ocho, el Ministro instructor tuvo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de México, rindiendo el informe solicitado, y por recibida la opinión de los Magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, requirió al Poder Legislativo del Estado de México y al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, para que enviaran los antecedentes legislativos de las normas impugnadas y se informara la fecha en que inicia el próximo proceso electoral, respectivamente.

NOVENO. Las autoridades emisora y promulgadora de las normas generales impugnadas, al rendir sus informes manifestaron en síntesis lo siguiente:

Se tiene que tanto el presidente de la LVI Legislatura del Estado de México, como el gobernador constitucional de esa entidad federativa, medularmente, coincidieron en señalar:

1. Que los conceptos de invalidez planteados aluden a la supuesta vulneración de un conjunto de preceptos de la Constitución General de la República, respecto de los cuales, en su mayoría, los promoventes fueron omisos en expresar argumentos de invalidez que demuestren fehacientemente la contradicción entre las normas locales y los imperativos específicos de la Constitución Federal; además de expresar argumentos que son inconducentes para demostrar la supuesta contradicción. Por otra parte, se basan en premisas incorrectas, toda vez que se limitan a realizar un examen literal de las normas, abstrayéndolas del sistema jurídico electoral del Estado de México y confrontándolas con normas y principios constitucionales que en modo alguno pueden tener los alcances que pretenden.

2. En relación con los conceptos de invalidez relativos al artículo 11, último párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se consideran equivocados, en razón de que las bases sobre las que se construyen derivan de errores conceptuales. Por lo que hace al concepto y alcance de los principios de independencia y autonomía, debe tenerse presente que la doctrina especializada reconoce diferencias sustanciales entre esos principios y el de soberanía, ya que aquellos principios no admiten una concepción absoluta, de manera que los órganos del Estado pueden realizar sus funciones de una manera autónoma e independiente y al propio tiempo en forma coordinada con otros entes o Poderes Constituidos, entonces, la autonomía es una forma de división del poder, sin que ésta deba ser entendida como soberanía, sino como una distribución de competencias sobre determinadas materias.

Ahora, el mero hecho de que la ley confiera a un órgano el carácter de autónomo, en modo alguno significa que sus atribuciones puedan realizarse sin límite alguno o sin la injerencia de otros poderes, por el contrario, implica que han de desarrollarse dentro de los parámetros de la competencia asignada por la ley y, en su caso, en coordinación con otras instancias; por tanto, el hecho de que el Instituto Electoral del Estado de México sea autónomo, no significa que deba prescindir de autorización de la legislatura para celebrar convenidos con el Instituto Federal Electoral a fin de que éste realice las elecciones. Agregan que la independencia no puede entenderse en forma absoluta, ya que los órganos electorales no son omnipotentes ni árbitros definitivos del sistema electoral.

Las reglas previstas en los dos últimos párrafos del artículo 11 de la Constitución Política del Estado de México, no conceden un poder de decisión definitivo a favor de la legislatura, toda vez que debe regirse conforme a los parámetros que allí mismo se fijan, de esta manera la decisión de la legislatura es de carácter materialmente administrativo electoral y como tal debe ser emitida debidamente fundada y motivada, en el marco de los conceptos de ponderación y requisitos exigidos por la Constitución. Y en todo caso, la ratificación o no de la propuesta de coordinación podrá ser impugnada ante las instancias jurisdiccionales, lo que implica que esa decisión no está supeditada en forma final o inatacable al mero arbitrio de la legislatura.

Los requisitos fijados por el Poder Reformador de la Constitución, están esencialmente relacionados con la aplicación de los recursos económicos con que se dota al Instituto Electoral del Estado de México para que lleve a cabo la función de organizar, desarrollar y vigilar las elecciones; para la determinación de esa dotación financiera, el instituto ejerce atribuciones en forma coordinada con los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, participando todos en estricto apego a sus respectivas facultades.

En consecuencia, si la Constitución Local, con apego al principio de coordinación de las funciones de los órganos del Estado, dispone una participación coordinada de distintos entes para fijar el presupuesto de egresos del Instituto Electoral del Estado de México y su correcta aplicación, por tanto, es congruente e igualmente ajustado a los principios fijados por la Constitución Federal, que frente a la realización de un acto, en el que regularmente habrán de verse modificados los conceptos de aplicación del citado presupuesto, como lo es el convenio con el Instituto Federal Electoral para que asuma la organización de las elecciones, se disponga un procedimiento con características similares a aquel en que se aprobaron las partidas presupuestarias originales para que el órgano electoral local cumpliera con su función específica, por sí mismo.

No es admisible que en aras de respetar un mal entendido principio de autonomía (financiera o de organización u operativa de los poderes y órganos autónomos), la función de la legislatura en la determinación del presupuesto de egresos que finalmente habrá de erogarse en la organización de las elecciones, deba ser ilimitada, sin que pueda realizar un ulterior análisis de ponderación y pertinencia del proyecto de convenio aprobado por el consejo general, pues tal entendimiento y proceder, evidentemente iría en contra del interés social y en contra de la intención plasmada en la Constitución de que la determinación de los montos a erogar en la organización de las elecciones tuviera participación de la Legislatura Estatal.

No es óbice el principio de autonomía financiera de que gozan los organismos autónomos, toda vez que implica la plena capacidad para establecer su presupuesto de conformidad con sus estructuras y cometidos, sin que ningún órgano pueda interferir en su conformación y posterior presentación ante las instancias de decisión correspondientes; debiendo resaltarse que conforme a nuestro sistema jurídico, el único órgano que no se encuentra vinculado por el contenido del presupuesto presentado por otros poderes o por los organismos autónomos, es el Poder Legislativo; luego, la participación de la legislatura en la determinación del presupuesto de egresos y de su correcta aplicación por parte de todos los entes que participan del mismo, es legítima conforme a nuestro sistema jurídico.

Que resulta incongruente sostener, por una parte, que la Constitución y la ley dispusieron la creación de un órgano autónomo al que se encomendó la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales y la función de garantizar los derechos y vigilar las actividades de los actores políticos y que para el desempeño de sus funciones la ley estableció a favor de ese órgano, como mecanismo de garantía, un principio de independencia, con la finalidad de propiciar la certeza que deben generar las elecciones, y por otra parte, invocar precisamente esa autonomía e independencia, para sostener que el órgano electoral pueda decidir, por sí solo, no realizar los actos de organización de las elecciones y los montos que deben cubrirse a quien por esa decisión y en vía de delegación ha de organizarlas.

3. En relación con los conceptos de invalidez relativos al artículo 12, séptimo párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, debe decirse que de la Constitución Federal, así como de los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por México, no cabe desprender que el derecho de los ciudadanos a ser votados sea absoluto y no se pueda establecer en torno a este derecho límite legal alguno; de manera que las limitaciones que se establecen en la legislación secundaria no resultan por ese hecho inconstitucionales, sino que lo prohibido es que tales limitaciones sean irracionales, injustificadas, desproporcionadas o que se traduzcan en privar de su esencia a cualquier derecho, fin, principio o valor constitucional o electoral fundamental.

En este orden de ideas, la norma cuestionada se ajusta al texto de la Constitución Federal, porque es acorde con la base constitucional de fortalecimiento y preservación de un sistema plural de partidos políticos, pues debe tenerse en cuenta que la realización de procesos internos de selección de candidatos genera inevitablemente tensiones entre los diferentes aspirantes y los grupos que los apoyan y, en muchas ocasiones, esas diferencias entre distintas fuerzas pueden llegar a un rompimiento, esta posibilidad se acrecienta si los aspirantes perdedores pueden negociar con otros institutos políticos su eventual postulación como candidatos, lo que va contra el fortalecimiento de los partidos.

La norma es acorde con el principio de certeza del que deben estar investidos todos los procesos comiciales, relativo a que todos los actores políticos conozcan, con anterioridad y claridad, las reglas a que debe sujetarse la actuación de las autoridades electorales; en este contexto, se estima inadecuada y atentatoria al principio de certeza, la participación en un mismo proceso electoral, de personas que en la etapa de precampaña se presenten ante la ciudadanía asumiendo la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos de un instituto político y de manera contraria, en la etapa de campaña se presenten ante sus conciudadanos, bajo la declaración, programa, estatutos o plataforma electoral de un partido político diverso. Este tipo de situaciones atenta contra la función proselitista y de orientación que deben realizar los partidos, propicia la confusión de la ciudadanía y entorpece el conocimiento que deben tener los ciudadanos de los distintos candidatos, partidos y ofertas políticas en un proceso comicial.

La norma se dirige a los partidos políticos y respeta de manera absoluta la libertad de afiliación consagrada en la Constitución, como derecho fundamental de los ciudadanos, toda vez que a los ciudadanos no se les impone sanción o pena alguna por el hecho de pertenecer a un partido político, ni por cambiar su afiliación a un instituto político distinto, ni por decidir, en su caso, no afiliarse a partido político alguno; entonces, la prohibición impuesta a los partidos políticos para registrar como candidato, en un mismo proceso electoral, a una persona que hubiese participado como aspirante o precandidato en el proceso de selección interna de otro partido, no guarda relación alguna con el derecho de afiliación.

Las limitaciones al derecho a ser votado que se establecen en la norma cuestionada no afectan en forma o número sustancial a los ciudadanos mexiquenses, porque si bien pudiera afectar a un escaso número de ciudadanos, procura armonizar el derecho a ser votado con los demás derechos políticos a través de la salvaguarda de la democracia representativa, la celebración de elecciones libres y auténticas, el fortalecimiento y preservación de un sistema plural de partidos políticos, así como los principios de certeza y objetividad que deben orientar la función estatal electoral, y aunque se limita el derecho constitucional a ser votado, se procura al propio tiempo otorgarle la mayor extensión posible y el más alto grado de libertad e igualdad.

La norma cuestionada procura propiciar que las contiendas electorales, los precandidatos o aspirantes de los procesos internos de selección de candidatos y los candidatos en las campañas electorales se presenten ante la ciudadanía de una manera respetuosa y que genere certeza.

Adicionalmente, el presidente de la LVI Legislatura del Estado de México, hizo valer una causal de sobreseimiento, en los términos siguientes:

En la presente acción de inconstitucionalidad se impugnan los artículos 11, último párrafo, y 12, párrafo quinto y séptimo, así como los numerales sexto y séptimo transitorios de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, sin que se formule concepto de invalidez respecto al artículo 12, párrafo quinto y a los artículos sexto y séptimo transitorios. Por tanto, al no plantearse conceptos de invalidez, debe decretarse el sobreseimiento de la presente acción de inconstitucionalidad respecto de esos numerales, en términos de lo dispuesto en los artículos 19, fracción VIII y 20, fracción II, en relación con el 61, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General de la República.

DÉCIMO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al formular su opinión, en síntesis, señaló lo siguiente:

1. En relación con el artículo 11, último párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, opina que no es conforme con lo dispuesto en los artículos 41, base V, último párrafo, y 116, fracción IV, incisos c) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por afectar la autonomía en la actuación del Instituto Electoral del Estado de México, en el ejercicio de la facultad de celebrar convenios con el Instituto Federal Electoral, para que asuma la organización de las elecciones locales, además de imponer mayores requisitos que los previstos en los artículos citados, para el fin que regulan.

Que el concepto de invalidez formulado por el procurador general de la República, en torno a que el precepto en examen no es conforme con los artículos 16, primer párrafo, y 133 de la Constitución Federal, no requiere opinión especializada de la Sala Superior, en razón de que no son temas exclusivos del derecho electoral.

2. En relación con el artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Sala Superior no emite más opinión que el señalamiento de que sobre el tema esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado su posición en torno a los requisitos que deben cumplir los ciudadanos mexicanos para tener acceso a los cargos de elección popular, al resolver la acción de inconstitucionalidad 158/2007 y sus acumuladas 159/2007, 160/2007, 161/2007 y 162/2007.

3. En relación con los artículos sexto y séptimo transitorios de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, el Partido de la Revolución Democrática aduce en el proemio de su demanda, que el contenido de esos artículos no es conforme con la Constitución Federal; sin embargo, en el desarrollo de sus conceptos de invalidez, no expresa argumento alguno al respecto. En consecuencia, la Sala Superior no emite opinión sobre tales artículos transitorios.

DÉCIMO PRIMERO. Mediante proveídos de veinte, veinticuatro y veinticinco de junio de dos mil ocho, el Ministro instructor tuvo al secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y al presidente de la LVI Legislatura del Estado de México, por su orden, desahogando los requerimientos ordenados.

DÉCIMO SEGUNDO. Por acuerdo de primero de abril de dos mil ocho, el Ministro instructor tuvo por recibidos los alegatos expresados por el Poder Ejecutivo del Estado de México y por el procurador general de la República; se declaró cerrada la instrucción, y se procedió a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, incisos c) y f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el procurador general de la República plantea la posible contradicción entre el artículo 11, último párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, publicada mediante Decreto 163, en la "Gaceta del Gobierno", el nueve de mayo de dos mil ocho, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mientras que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21141-228cf727/accion-de-inconstitucionalidad-el-articulo-11-ultimo-parrafo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.