ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 178, FRACCIONES I, II, -EN LAS PORCIONES NORMATIVAS QUE ESTABLECEN, RESPECTIVAMENTE, "... LAS CUALES NO PODRÁN SER INTEGRADAS POR PARIENTES POR CONSANGUINIDAD O AFINIDAD EN PRIMER GRADO ..." Y "... SIN QUE ESTAS LISTAS SEAN INTEGRADAS POR PARIENTES CONSANGUÍNEOS O AFINES EN PRIMER GRADO ..."- Y III, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 169, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008, VIOLA EL ARTÍCULO 35, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 337 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 169, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008, AL ESTABLECER QUE DOS MAGISTRADOS DE LOS CINCO QUE INTEGRAN EL TRIBUNAL ELECTORAL SERÁN PROPUESTOS POR EL EJECUTIVO LOCAL, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL NI EL DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL CONSIGNADO EN EL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA REFORMA O ADICIÓN A UNA NORMA GENERAL AUTORIZA SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DE ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, AUN CUANDO SE REPRODUZCA ÍNTEGRAMENTE LA DISPOSICIÓN ANTERIOR, YA QUE SE TRATA DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 110/2008 Y SU ACUMULADA 111/2008. COMISIÓN COORDINADORA NACIONAL DEL PARTIDO DEL TRABAJO Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: LUIS ÁVALOS GARCÍA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciocho de noviembre de dos mil ocho.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el dos de octubre de dos mil ocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yáñez, Rubén Aguilar Jiménez y Ricardo Cantú Garza, en su carácter de integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez del artículo 178, fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, publicado mediante Decreto 169, en el "Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato", el dos de septiembre de dos mil ocho. Dicho precepto establece lo siguiente:
"Artículo 178. El registro de candidatos ...
"I. Las candidaturas de diputados por el principio de mayoría relativa serán registradas por fórmulas, integradas cada una por un propietario y un suplente, las cuales no podrán estar integradas por parientes por consanguinidad o afinidad en primer grado."
SEGUNDO. Los promoventes de esta acción estimaron que la disposición legal impugnada es violatoria de los artículos 1o. y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO. En sus conceptos de invalidez, los integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo, argumentaron lo siguiente:
1. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la garantía de igualdad y de no discriminación, que son principios esenciales de la naturaleza del hombre, reconocidos incluso internacionalmente; en función de lo cual, lo que incita a un trato no equitativo para cualquier persona, es discriminatorio. En este orden de ideas, la reforma al artículo 178, fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, de manera injustificada establece una discriminación, al excluir o no permitir aspirar a un cargo de elección popular o desempeñar un empleo sólo por el vínculo sanguíneo o filial que se tenga con una persona.
2. El artículo 178, fracción I, que se impugna, establece una cuestión de inelegibilidad por razón de parentesco, que es inconstitucional, irracional y discriminatoria, al no permitir el libre ejercicio del derecho fundamental de ser votado; de manera absurda e ilógica impone una restricción que afecta la libre asociación partidista para ejercer el derecho a participar en la conformación política del Estado, es desproporcional e innecesaria, porque no se prueba la lesividad a tercero o al sistema de partidos para poder justificar una restricción a este derecho fundamental.
En efecto, la norma cuestionada de invalidez establece que nadie podrá ser electo a un cargo de elección popular si es postulado en una fórmula en que se encuentre contendiendo un pariente por consanguinidad o afinidad en primer grado, de manera que el hecho de ser pariente de otro que también está en la lucha política le impide ejercer ese derecho, contrariando el derecho a ser votado previsto en los artículos 35 y 41 de la Constitución Federal; luego, el hecho de que dos ciudadanos pertenezcan a un mismo partido en un determinado contexto de su carrera política, no puede justificar la renuncia ni la sanción, mucho menos el impedimento para ser electo, sin que el parentesco justifique esa restricción.
3. La norma en cuestión implica una intromisión en la vida interna de los partidos políticos al imponerles restricciones a la postulación de candidatos, toda vez que es una prerrogativa de los partidos políticos postular candidatos a cargos de elección popular con base en su normatividad interna, la que contempla, en la generalidad de los institutos políticos, la posibilidad de postular candidatos ciudadanos o externos, sin que sean militantes de sus partidos, como parte de una actitud incluyente o como parte de una estrategia electoral legítima, o de un proceso de apertura democrática a los ciudadanos para que puedan ser postulados a cargos de elección popular y dejando de lado el tema del parentesco cuando se trata de individuos con perfiles que cumplan las exigencias del puesto y el lugar en el cual se les pretende postular, y en muchas ocasiones los candidatos externos o ciudadanos no tienen militancia en los partidos que los postulan o su militancia es reciente, por lo que el requisito previsto en la norma impugnada, es inconstitucional, excesivo y contrario a la democracia.
TERCERO. Por acuerdo de tres de octubre de dos mil ocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad con el número 110/2008; así como enviar el asunto al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien por razón de turno, fue designado instructor del procedimiento.
CUARTO. Por otra parte, mediante escrito presentado el dos de octubre de dos mil ocho en el domicilio de la autorizada para recibir promociones fuera del horario de labores de este Alto Tribunal, Guadalupe Acosta Naranjo en cuanto presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 337 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, publicado mediante Decreto 169, en el "Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato", el dos de septiembre de dos mil ocho. Dicho precepto establece lo siguiente:
"Artículo 337. Los Magistrados propietarios que integren el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, dos a propuesta en ternas del titular del Poder Ejecutivo y tres a propuesta por ternas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
"Los Magistrados supernumerarios serán nombrados por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado a propuesta por terna del titular del Poder Ejecutivo."
QUINTO. El promovente de esta acción estima que la disposición legal impugnada es violatoria de los artículos 1o., 14; 16; 41, fracción VI; 116, fracción IV, inciso c) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEXTO. En sus conceptos de invalidez, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática argumentó lo siguiente:
El artículo electoral estatal que se impugna es a todas luces inconstitucional, pues si bien en esa disposición se señala que debe existir un órgano que garantice los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, también es cierto que se corre el riesgo de que los integrantes del órgano jurisdiccional, al ser propuestos por el Poder Ejecutivo, pierdan la plena autonomía y legalidad que debe regir en sus actuaciones; ello, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 41, fracción VI, así como al numeral 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, que deben prevalecer, atento al principio de supremacía constitucional.
El Tribunal Electoral del Estado es un órgano que debe resolver los conflictos que se le presenten sobre la base de los principios rectores de la materia electoral: autonomía e independencia, los que quedarían trastocados si se autoriza al Poder Ejecutivo a proponer al Congreso del Estado a dos de sus integrantes, impidiendo que dicho órgano electoral genere todos los elementos de certeza jurídica que se requieren en la materia, pues esa intervención pone en grave peligro la objetividad, legalidad e imparcialidad a la que debe estar sujeto dicho organismo, ya que el Gobierno del Estado no deja de tener un origen partidista y, por tanto, la reforma que se impugna le otorga la oportunidad de que se involucre en la sentencias que se deban pronunciar en la materia electoral.
SÉPTIMO. Por acuerdo de tres de octubre de dos mil ocho el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad con el número 111/2008; así como enviar el asunto al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien fue designado instructor del procedimiento, atento a la conexidad que existe con la acción de inconstitucionalidad 110/2008; y, finalmente, se decretó la acumulación de aquel expediente a éste.
OCTAVO. Por auto de seis de octubre de dos mil ocho el Ministro instructor admitió la demanda de acción de inconstitucionalidad 110/2008 y su acumulada 111/2008, promovidas por los integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo y el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, y ordenó dar vista al Congreso y al gobernador del Estado de Guanajuato quienes, respectivamente, emitieron y promulgaron las normas impugnadas, para que rindieran sus respectivos informes.
De igual forma, dio vista al procurador general de la República para que formule el pedimento que le corresponde; requirió al Congreso del Estado de Guanajuato para que enviara copia certificada de todos los antecedentes legislativos de las normas impugnadas; requirió al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para que informara la fecha en que inicia el próximo proceso electoral; requirió al presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, a efecto de que exhibiera los estatutos vigentes del Partido del Trabajo y del Partido de la Revolución Democrática, y solicitó a la presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitiera opinión en relación a este asunto.
Por autos de catorce y quince de octubre de dos mil ocho, se tuvo al secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral y al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, respectivamente, cumpliendo con los requerimientos. En proveído de dieciséis de ese mismo mes y año, se tuvo por rendida la opinión que formuló la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Mediante proveídos de veinte y veintiuno de octubre de dos mil ocho, el Ministro instructor tuvo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guanajuato rindiendo los informes solicitados.
NOVENO. El presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Legislatura del Estado de Guanajuato, al rendir su informe, señaló:
1. Que es cierto que el Congreso del Estado de Guanajuato expidió el Decreto Número 169 de fecha treinta y uno de agosto de dos mil ocho, mediante el cual se reforman diversos artículos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado, entre los que se encuentran los artículos 178, fracción I y 337; decreto que fue publicado en el Periódico Oficial Número 141, tercera parte, del dos de septiembre de esa anualidad.
La intención del legislador para modificar ese código se realizó de conformidad con la exposición de motivos, contenida en la iniciativa que dio origen a la reforma; sustentándose en el artículo 116 de la Constitución Federal, 56 de la Constitución Local y 146 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por lo que el proceso legislativo de esa reforma se apegó estrictamente a derecho.
2. En torno a los conceptos de invalidez producidos por el Partido del Trabajo con relación al artículo 178, fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, deben declararse infundados, en razón de que con la reforma se pretende establecer una participación plural de la sociedad en los conflictos electorales y permitir el acceso de la ciudadanía en general al ejercicio del poder público, limitando el control que unos cuantos pudieran llegar a tener. De manera que no se limita el sufragio pasivo, pues no contraviene el derecho del ciudadano a ser votado para todos los cargos de elección popular; sin embargo, ese derecho no es ilimitado, sino que en el caso se establece un requisito razonable, al introducir una modalidad al sufragio pasivo que respeta los principios constitucionales, mismos que el legislador salvaguarda al no permitir el registro de fórmulas integradas por parientes consanguíneos o afines hasta el primer grado, por atentar en contra de un bien jurídico mayor, que es el de la participación ciudadana en la vida democrática en igualdad de circunstancias.
El aceptar el registro de este tipo de fórmulas sería contrario a los fines perseguidos por nuestra Norma Fundamental, en cuanto a participación ciudadana se refiere, dado que las "candidaturas familiares" vulneran el derecho de una participación en comicios electorales en igualdad de circunstancias, permitiendo hacer de ello, en determinado momento, la participación de sólo unas cuantas familias, rompiendo con el sistema que da sustento a la vida democrática y representativa del país. Además, no demerita el hecho de que los interesados en contender por un puesto de representación popular, puedan ejercer tal derecho, en otra fórmula o en cargo diverso.
3. En relación al concepto de invalidez que hace valer el presidente del Comité Ejecutivo del Partido de la Revolución Democrática, en torno al artículo 337 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, debe señalarse que, si bien, el precepto impugnado sufrió modificaciones, éstas fueron para adecuar el nombre actual del organismo autónomo y con la precisión de que la designación de Magistrados será por las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso, quedando intocadas sus determinaciones esenciales.
La autonomía e independencia del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato no se afecta por el procedimiento llevado a cabo para su integración, pues el que el Poder Ejecutivo y el Judicial propongan al Legislativo la terna de los Magistrados para su nombramiento, corresponde al principio de colaboración entre poderes a fin de obtener neutralización política en el órgano jurisdiccional electoral. Sin que se atente contra la independencia del órgano jurisdiccional electoral de la entidad, pues se encuentra regido por los lineamientos que garantizan los principios señalados en la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Federal, en el sentido de que las elecciones se realicen mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, regidos por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad, llevados a cabo por una autoridad jurisdiccional con plena autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.
DÉCIMO. El Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato rindió su contestación en los términos siguientes:
1. Con relación a las demandas, ni se afirma ni se niegan los antecedentes 1 y 2, por no ser propios de ese poder. Por otro lado, es cierto que el dos de septiembre de dos mil ocho, por orden de esa autoridad se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, Número 141, tercera parte, el Decreto 169, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, actuar que se encuentra establecido en la fracción II del artículo 77 de la Constitución Política para ese Estado, además de que se ajusta a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 116 de la Constitución Federal.
2. Con relación a los conceptos de invalidez del Partido del Trabajo, en torno a la reforma de la fracción I del artículo 178 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guanajuato, son infundados, ya que los derechos de participación política no son absolutos y pueden ser válidamente limitados cuando razonablemente las limitantes sean acordes con una sociedad plural y democrática; la condición establecida en el precepto impugnado no resulta irrazonable, toda vez que esa reforma se encuentra encaminada a fomentar la plural participación de todos los ciudadanos del Estado en las elecciones, así como incentivar a los partidos políticos a acercarse a todos los ciudadanos y no sólo a individuos de ciertas familias, con lo que se logra el fortalecimiento de los partidos políticos en lo particular y, en general, de una democracia participativa.
La reforma en cuestión no debe entenderse como excesiva limitación de ejercicio que vulnere el derecho al voto pasivo, pues es perfectamente posible su ejercicio en otras condiciones de tiempo, por lo que no es excesiva, sino que responde a una racionalidad jurídica y política, toda vez que en términos del artículo 41 de la Constitucional Local, el Congreso se compone de representantes populares electos en su totalidad cada tres años, y conforme a su artículo 47, los diputados no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente. En tal virtud, suponiendo que existan familiares en primer grado con aspiración al cargo de diputado, bastará esperar el plazo de tres años para que aquel que no pudo contender en la primera ocasión, lo haga en la segunda, ya que el familiar que integró la fórmula de la candidatura no podrá participar en la elección inmediata.
Además que no debe pasarse por alto que el suplente sólo entra en funciones en las ausencias del propietario, de suerte que aun ante la inexistencia de la disposición impugnada, no es factible que simultáneamente ejerzan el cargo el diputado propietario y el suplente, como parece entenderlo el partido político demandante.
En cuanto a la cuestión de hacer política en un mismo momento por dos familiares en primer grado, ni la reforma reclamada o alguna otra disposición lo prohíbe, tan sólo que ese quehacer político deberá realizarse uno mediante su función en la diputación y otro desde un cargo diverso.
Por lo anterior, tampoco existe violación a la garantía de igualdad, pues justo para garantizar la igual protección de los derechos humanos, los Estados pueden establecer ciertas limitaciones que persigan un fin legítimo, siempre que la condición sea razonable y se relacione con el fin perseguido, lo cual se cumple en el caso.
3. Respecto a los motivos de invalidez propuestos por el Partido de la Revolución Democrática, en torno al artículo 337 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, es infundado, en atención a que ese precepto únicamente fue reformado en su primer párrafo, por lo que el segundo de ese mismo dispositivo no puede formar parte de la litis constitucional de este proceso.
Además, la parte demandante no señala las razones por las cuales se violan los artículos 1o., 14, 16 y 41, fracción VI, de la Constitución Federal.
Por otra parte, la facultad concedida al gobernador tan sólo corresponde a la posibilidad de proponer a dos de los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, pero siempre en última instancia la facultad de elegir y conceder el nombramiento recae en el órgano plural y democrático por antonomasia: El Congreso del Estado, el cual podría rechazar la propuesta; máxime que es requisito para la elección del Magistrado, una votación calificada de dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso.
La reforma no afecta la sustancia del quehacer jurisdiccional de los Magistrados en sus funciones, pues aun lo órganos del Estado deben estar sujetos a pesos y contrapesos que los controlen, lo cual se realiza con la participación de los demás poderes, todos los cuales, combinan entre sí una serie de acciones que impiden la prevalencia de uno sobre los otros.
Aunado a que la designación de los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato no es caprichosa o fortuita, dado que quienes sean propuestos por el Ejecutivo, deben satisfacer los mismos requisitos que la propia Constitución impone para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, además de no tener antecedentes de militancia partidista como lo exige en su artículo 31.
DÉCIMO PRIMERO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al formular su opinión, en síntesis, señaló lo siguiente:
1. Por lo que se refiere a la demanda del Partido del Trabajo, el precepto es inconstitucional, por limitar el derecho fundamental a ser votado para un cargo de elección popular, al imponer un requisito que no es igualitario o equitativo, como lo es el parentesco, requisito que tampoco es racional y, en cambio, es discriminatorio.
2. En cuanto a la demanda del Partido de la Revolución Democrática, se considera que el precepto impugnado no vulnera los principios de autonomía, independencia e imparcialidad de que deben gozar las autoridades jurisdiccionales en materia electoral, con motivo de la participación del titular del Ejecutivo Estatal en el procedimiento de integración del Tribunal Electoral de la entidad, toda vez que se limita a la simple propuesta para designar a dos de los integrantes de dicho órgano jurisdiccional, la cual es sometida a la decisión del Congreso Local, órgano en el cual se encuentran representadas todas las fuerzas políticas de la entidad.
Además, que en el procedimiento de integración del tribunal local mencionado participan los poderes del Estado de Guanajuato, es decir, el titular del Ejecutivo Estatal, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y el Congreso Local, lo que permite advertir una sana participación en el procedimiento de integración cuestionado. En atención a lo cual, se estima que el precepto en análisis no adolece de inconstitucionalidad.
DÉCIMO SEGUNDO. Por acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil ocho, el Ministro instructor tuvo por recibidos los alegatos expresados por el procurador general de la República y la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo, y se procedió a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo y el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática plantean, por su orden, la posible contradicción entre el artículo 178, fracción I y 337 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, publicados mediante Decreto 169, en el "Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato", el dos de septiembre de dos mil ocho, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO. En primer lugar, se analizará si las acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas oportunamente.
De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cómputo del plazo de treinta días naturales para ejercer la acción de inconstitucionalidad debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó en el medio de difusión oficial la norma impugnada. Tal precepto establece:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
"En materia electoral, para el cómputo de los plazos todos los días son hábiles."
Ahora bien, el decreto por el que se dieron a conocer los preceptos impugnados fue publicado en el "Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato", el dos de septiembre de dos mil ocho; por tanto, el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad inició el tres de septiembre y concluye el dos de octubre del mismo año, de conformidad con el artículo 60 antes referido.
En este tenor, toda vez que los escritos en que ambos promoventes formulan sendas acciones de inconstitucionalidad se recibieron el dos de octubre de dos mil ocho, según se advierte del sello y la certificación que obran al reverso de las fojas 52 y 97 de autos, es decir, el último día del plazo, es evidente que su presentación fue oportuna. En la inteligencia de que las normas generales impugnadas, son propias de la materia electoral y, por tanto, para el cómputo de los plazos todos los días son hábiles.
Lo antes dicho se corrobora con el siguiente calendario:
Ver calendario
TERCERO. A continuación se procede a analizar la legitimación de los promoventes, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
En el artículo 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal, se dispone:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señala la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
"...
"f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro."
En los mismos términos, en el artículo 62, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional se establece:
"Artículo 62. ...
"En los términos previstos por el inciso f) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considerarán parte demandante en los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, además de las señaladas en la fracción I del artículo 10 de esta ley, a los partidos políticos con registro por conducto de sus dirigentes nacionales o estatales, según corresponda, a quienes les será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los dos primeros párrafos del artículo 11 de este mismo ordenamiento."
Ahora bien, conforme a los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, último párrafo, de su ley reglamentaria, los partidos políticos podrán promover la acción de inconstitucionalidad, para lo cual deben colmar los requisitos siguientes:
a) Que el partido político cuente con registro ante la autoridad electoral correspondiente; b) Que el partido político promueva por conducto de sus dirigencias (nacional o local según sea el caso), y c) Que quien suscribe a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para ello.
En este orden de ideas, procede ahora el estudio de la legitimación de cada uno de los promoventes de la presente acción de inconstitucionalidad.
A. Demanda suscrita por Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yáñez, Rubén Aguilar Jiménez y Ricardo Cantú Garza, en cuanto integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo.
Acreditan el carácter con que actúan, con la certificación expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, relativa a la integración de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo (foja 54 del expediente).
Ahora, en los artículos 23, inciso d); 43; 44, incisos c) e i); de los estatutos del indicado partido político (fojas 172 a 219 del expediente), se señala:
"Artículo 23. Las instancias de dirección del Partido del Trabajo son:
"...
"d) Comisión Coordinadora Nacional."
"Artículo 43. La Comisión Coordinadora Nacional se integrará con nueve miembros que se elegirán en cada congreso nacional ordinario y será la representación política y legal del Partido del Trabajo y de su dirección Nacional. Deberá ser convocada por lo menos con tres días de anticipación de manera ordinaria una vez a la semana y de manera extraordinaria por lo menos con un día de anticipación, cuando así se requiera por cual quiera (sic) de sus miembros. El quórum legal para sesionar se integrará con la asistencia de la mayoría de sus integrantes. Todos los acuerdos, resoluciones y actos de la Comisión Coordinadora nacional tendrán plena validez en su caso, con la aprobación y firma de la mayoría de sus integrantes."
"Artículo 44. Son atribuciones y facultades de la Comisión Coordinadora Nacional:
"...
"c) La Comisión Coordinadora Nacional estará legitimada para interponer, en términos de la fracción II, del artículo 105 constitucional, las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral que estime pertinentes.
"...
"i) Todas las facultades y atribuciones otorgadas a la Comisión Coordinadora Nacional por los presentes estatutos pueden ser instrumentadas en su caso, con las firmas del 50% más uno de los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional."
De los numerales transcritos deriva que es necesario para instrumentar los actos de la Comisión Coordinadora Nacional, la firma de la mayoría de sus integrantes; en el caso, de acuerdo con la certificación del secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, dicha comisión se integra por seis miembros; por tanto, como el escrito inicial es fir
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21335-28a250f7/accion-de-inconstitucionalidad-el-articulo-178-fracciones-i · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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