ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 86, PUNTO 4, DEL CÓDIGO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE JALISCO QUE AUTORIZA A LAS ESTACIONES DE RADIO Y CANALES DE TELEVISIÓN PARA SUSPENDER LOS MENSAJES QUE CORRESPONDAN A LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y A LAS AUTORIDADES ELECTORALES DURANTE LA TRANSMISIÓN EN VIVO DE LOS DEBATES DE CANDIDATOS A OCUPAR EL CARGO DE GOBERNADOR ESTATAL, ES INCONSTITUCIONAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 104/2008. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.
SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al seis de noviembre de dos mil ocho.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito recibido el cinco de septiembre de dos mil ocho, en el domicilio particular del funcionario autorizado para recibir promociones fuera del horario de labores de este Alto Tribunal, Guadalupe Acosta Naranjo, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, promovió acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:
"Órganos responsables: Lo es el Congreso del Estado Libre y Soberano de Jalisco, como autoridad que emite la ley que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Electoral y de Participación Ciudadana en el Estado de Jalisco.
"Lo es el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, como autoridad que promulgó y publicó en la Gaceta de Gobierno del Estado de Jalisco, las reformas del Código Electoral y de Participación Ciudadana en el Estado de Jalisco.
"Norma general cuya invalidez se reclama. El decreto 22272/LVIII/08 (veintidós mil doscientos setenta y dos) por el que se reforman diversas disposiciones del Código Electoral y Participación Ciudadana en el Estado de Jalisco, y que para el caso que nos ocupa se considera como inconstitucional los artículos (sic)."
SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente son, en síntesis, los siguientes:
a) Son inconstitucionales los artículos 85, 86, 87 y 88 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, toda vez que en dicho código, el Instituto Electoral del Estado, pretende regular los tiempos de radio y televisión que les corresponde a los partidos políticos como prerrogativa estatal, actitud contraria a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en sus artículos 41, fracción III, apartado B y 116 estatuye, claramente, que es competencia exclusiva del Instituto Federal Electoral administrar el tiempo de radio y televisión a nivel tanto federal como local.
El artículo 85 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, violenta el Pacto Federal, en razón de que el Congreso Local del Estado estatuye que los partidos políticos deberán sufragar sus gastos de producción de radio y televisión, situación que no le corresponde regular, pues, como se dijo anteriormente, es competencia exclusiva del Instituto Federal Electoral, administrar los tiempos de acceso a dichos medios, tanto en la Federación como en los Estados.
Asimismo, el Congreso del Estado se excede en sus facultades, al establecer, en el artículo 86 del Código Electoral y de Participación Ciudadana, que las estaciones y canales que decidan transmitir en vivo, los debates a los que se refiere el artículo en mención, quedan autorizadas para suspender la transmisión de los mismos y que correspondan a los partidos políticos y a las autoridades electorales; lo que deviene inconstitucional por la razón expuesta con anterioridad, pues de ninguna manera es competencia del Congreso Local legislar respecto de la administración de los tiempos de radio y televisión a nivel federal o local, pues esta facultad corresponde, exclusivamente, al Instituto Federal Electoral por disposición constitucional.
De igual forma, el Congreso Local del Estado de Jalisco, en el artículo 87 del Código Electoral que se impugna, indebidamente establece que en las propuestas de pauta, deberá designarse, previamente, para cada mensaje, la estación o canal, el día y hora, en que deban transmitirse los mismos, por lo que, al versar esta disposición sobre la administración del tiempo de radio y televisión a nivel local, se tiene que, nuevamente el Congreso del Estado se extralimita en sus facultades, pues dentro de ellas no está conferida la de legislar en esta materia.
Consecuentemente, deviene inconstitucional el artículo 88 del Código Electoral del Estado de Jalisco, pues en él, no puede disponerse que el Instituto Electoral del Estado, tenga facultades para constituir un Comité de Radio y Televisión, dado que el Instituto Electoral Local, no es un órgano dotado de facultades para asegurar a los partidos políticos la debida participación en la materia, pues no goza de independencia; en el último de los casos, éste sólo podría coadyuvar en hacer efectivo el cumplimento de lo que llegue a determinar el Instituto Federal Electoral para el Estado de Jalisco en la materia.
Por lo que, al pretender el Congreso del Estado de Jalisco regular disposiciones que son competencia exclusiva del Instituto Federal Electoral, deben ser declarados inconstitucionales los artículos del Código Electoral y de Participación Ciudadana impugnados, por las razones ya relatadas y, además, porque dichas normas no guardan concordancia con el principio de supremacía constitucional, establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al hacer caso omiso de las disposiciones plasmadas en la misma, y establecer una ley local que no coincide con el mandato que en ella se estatuye.
b) Se considera inconstitucional el artículo 231 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, toda vez que contraviene lo dispuesto por los artículos 1o., 41, 116, fracción IV y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente:
La norma general impugnada, en su primer punto, dispone que los partidos políticos, conforme a sus estatutos, deberán establecer el órgano interno responsable de la organización de los procesos de selección de sus candidatos y, en su caso, de las precampañas, lo cual evidentemente transgrede la autonomía e independencia de los partidos políticos, pues si bien es cierto que debe existir un órgano responsable de organizar los procesos de selección de sus postulados, también lo es, que el partido político debe actuar, con base en sus propios estatutos y reglamentos, que fueron previamente acordados respecto de su procedencia y constitucionalidad, mediante un procedimiento específico, llevado a cabo por el propio Consejo General del Instituto Federal Electoral, por lo que es evidente que si los estatutos de un partido político, desde un inicio, no estuvieron acordes con el Pacto Federal, no podría haberse declarado la validez y procedencia de dicho ordenamiento y, por tanto, la existencia del partido político no hubiera sido posible.
El segundo punto del artículo 231 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, textualmente refiere que:
"2. Los precandidatos podrán impugnar, ante el órgano interno competente, los reglamentos y convocatorias; la integración de los órganos responsables de conducir los procesos internos, los acuerdos y resoluciones que adopten, y en general los actos que realicen los órganos directivos, o sus integrantes, cuando de los mismos se desprenda la violación de las normas que rijan los procesos de selección de candidatos a cargos de elección popular. Cada partido emitirá un reglamento interno en el que se normarán los procedimientos y plazos para la resolución de tales controversias. ..."
Dispositivo que presenta una serie de elementos equívocos, en el sentido de que la posibilidad de recurrir a un medio de defensa es, además de un derecho constitucional, una prerrogativa que se da al interior de cada partido y del que goza todo militante, por lo que los procedimientos y plazos para resolver las controversias, son elementos que indispensablemente se contemplan dentro de la normatividad interna de un partido local, consecuentemente, resulta innecesario redundar en la disposición dentro de la ley electoral pues, como ya se dijo, éstos son aspectos que se observan de antemano por un partido político, al momento de establecer su organización interna.
Se violenta también, la vida al interior del partido político, al establecer plazos específicos para regular los medios de impugnación que, en su caso, presenten los precandidatos del partido. En específico, se violenta la vida interna del Partido de la Revolución Democrática, pues acatar el mandato legal estatuido por el Congreso Local del Estado de Jalisco, implica que el término establecido en los estatutos del partido, para la interposición de un medio de impugnación, se modifique, ya que en la normativa interna del partido se establece un plazo de cuatro días, y en el Código Electoral impugnado uno de setenta y dos horas, por lo que el partido se vería obligado a reducir el ya establecido, situación que deja en un estado de total indefensión a los militantes, tanto, que podría desembocar en la promoción de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
Aunado a lo anterior, el legislador local, infundadamente, establece que:
"Los medios de impugnación internos que se interpongan con motivo de los resultados de los procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular deberán quedar resueltos en definitiva a más tardar catorce días después de la fecha de realización de la consulta mediante voto directo, o de la asamblea en que se haya adoptado la decisión sobre candidaturas."
Con lo cual, nuevamente se estaría interviniendo en la vida interna del partido político accionante, pues la obligación establecida en el citado párrafo del artículo 231 del ordenamiento electoral local, que impone a los partidos políticos que los medios de impugnación que se promuevan, al interior del partido, con motivo del proceso de selección interna de candidatos, deban quedar resueltos, a más tardar, catorce días después de la fecha de la celebración del acto que se impugne, no respeta la libre auto organización partidaria, pues los términos infundadamente señalados en el Código Electoral impugnado, podrían diferir de los ya señalados en el estatuto y/o reglamento interno de los partidos políticos.
A su vez, en el numeral cinco, del precepto impugnado, establece que:
"Solamente los precandidatos debidamente registrados por el partido de que se trate podrán impugnar el resultado del proceso de selección de candidatos en que hayan participado."
Texto que es notoriamente frívolo, al resultar innecesario lo que en él se establece, pues es evidente que sólo los precandidatos debidamente registrados por el partido de que se trate pueden impugnar el resultado del proceso de selección.
Por último, el numeral seis del artículo que por esta vía se impugna, establece que:
"Es competencia directa de cada partido político, a través del órgano establecido por sus Estatutos, o por el reglamento o convocatoria correspondiente, negar o cancelar el registro a los precandidatos que incurran en conductas contrarias a este código o a las normas que rijan el proceso interno, así como confirmar o modificar sus resultados, o declarar la nulidad de todo el proceso interno de selección, aplicando en todo caso los principios legales y las normas establecidas en sus estatutos o en los reglamentos y convocatorias respectivas. Las decisiones que adopten los órganos competentes de cada partido podrán ser recurridas por los aspirantes o precandidatos mediante el medio de impugnación jurisdiccional que corresponda."
Ordenanza que, además de redundante, es contradictoria con lo establecido en los demás puntos del propio artículo 231 del Código Electoral impugnado, pues si el legislador del Estado, en esta parte refiere que es facultad del partido político negar o cancelar el registro a los precandidatos que incurran en conductas contrarias al propio código o a las normas que rijan el proceso interno, así como confirmar o modificar sus resultados, o declarar la nulidad de todo el proceso interno de selección, entonces, es contradictorio que en los puntos anteriores a éste, establezca reglas sobre las cuales sólo los partidos políticos pueden estatuir, por lo que, resultan innecesarias las disposiciones legales referidas en los cinco párrafos que le preceden a éste.
Además, la pretensión de la Legislatura del Estado de Jalisco de regular de manera diversa a la ya establecida en el interior del partido por su propio estatuto, respecto del procedimiento de elección interna de sus precandidatos, es carente de la debida fundamentación y motivación, lo que transgrede lo dispuesto en las bases constitucionales y legales establecidas en los artículos 41, fracción I, segundo párrafo, y 116, fracción IV, inciso f) de la Constitución Federal, así como el artículo 46, párrafo tres, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Lo anterior es así, pues en el código impugnado, se pretenden establecer disposiciones que modifican la ejecución de los procesos internos de autogestión y organización, siendo que los ya estatuidos, son revisados y declarados constitucionales por la autoridad electoral y, en su caso, jurisdiccional correspondiente, por lo que la norma combatida, pretende ir más allá de las disposiciones estatuarias del partido, limitándolas y/o modificándolas, vulnerando el derecho constitucional de asociación política y las demás prerrogativas constitucionales federales de carácter partidario.
Por lo anteriormente expuesto, se considera que la incapacidad legislativa del Congreso del Estado de Jalisco, a todas luces, vulnera la tranquilidad y estabilidad interna de los partidos políticos, así como la seguridad jurídica del militante, al legislar, en aspectos y materias que acorde con lo dispuesto en el texto constitucional, no son facultad del órgano emisor responsable, pues estas facultades, como se ha venido diciendo, sólo están reservadas, en materia de administración de los tiempos de radio y televisión, al Instituto Federal Electoral y respecto de la intervención en la vida interna de los partidos políticos a los casos previamente establecidos por la propia Constitución Federal.
TERCERO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos, son los artículos 1o., 14, 16, 17, 41, fracción III, apartado B, 116, fracción IV, inciso i) y 133.
CUARTO. Mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil ocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 104/2008 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Sergio A. Valls Hernández.
Por auto de ocho de septiembre siguiente, el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió las normas impugnadas y al Ejecutivo que las promulgó, para que rindieran sus respectivos informes; al procurador general de la República para que formulara el pedimento que le corresponde, así como a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial para que expresara su opinión en relación con la presente acción.
QUINTO. El gobernador del Estado de Jalisco, al rendir su informe, señaló sustancialmente, lo siguiente:
Que dicha actuación es legal de conformidad a lo dispuesto en los artículos 31, 32 y 50, fracción I, de la Constitución Política del Estado, que establecen que las iniciativas adquirirán el carácter de ley cuando sean aprobadas por el Congreso y promulgadas por el Ejecutivo y que le confieren al gobernador del Estado, las facultades y obligaciones de promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, por lo que, en atención a dicha obligatoriedad, el Ejecutivo Local revistió de autenticidad al decreto de reforma que impugna la parte actora y lo publicó, por conducto de la Secretaría General de Gobierno, como lo dispone el artículo 30, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.
Considera que resulta aplicable al caso, la tesis P. C/97, cuyo rubro indica: "PROMULGACIÓN DE LEYES. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESTE ACTO."
Señala que los actos que integran el procedimiento legislativo y que culminan en la creación de un ordenamiento legal, su reforma, adición, derogación o abrogación deben emanar de órganos constituidos que ajustan su actuar a las formas o esencias consagradas en los ordenamientos correspondientes, requisito que ha cumplido a cabalidad esta autoridad, con la emisión de los actos que ahora se reclaman.
Asimismo, respecto de leyes, reglamentos y acuerdos de interés general, no se requiere demostrar su existencia, pues basta que estén publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", para que sea obligación de la autoridad judicial tomarlos en cuenta.
SEXTO. Al rendir su informe, el Poder Legislativo del Estado de Jalisco aduce, en síntesis, lo siguiente:
a) Que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en relación con los artículos 59 y 65 del propio ordenamiento, por lo siguiente:
Que los preceptos impugnados en la presente acción, fueron reformados mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el cinco de agosto de dos mil ocho, por lo que, de conformidad con el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia, el plazo para denunciar su inconstitucionalidad transcurrió del seis de agosto al cuatro de septiembre de este año.
Que aun cuando el escrito respectivo fue recibido el cuatro de septiembre de dos mil ocho, en el domicilio particular de la funcionaria autorizada para recibir promociones fuera del horario de labores de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, la fecha que debe tenerse en cuenta para efectos del cómputo del plazo es la de su recepción en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de ese Alto Tribunal (5 de septiembre de 2008).
Lo anterior, en virtud de que el partido accionante no se encontraba en la hipótesis a que se refiere el artículo 7o. de la ley reglamentaria, que prevé que las demandas o promociones de término pueden presentarse fuera del horario de labores, ante el Secretario General de Acuerdos o ante la persona designada por éste, puesto que el plazo para promover la acción vencía hasta el cuatro de septiembre.
Que en este sentido, si bien es cierto que el secretario general de Acuerdos o la persona designada por éste, deben recibir las promociones que se les presenten, aun cuando éstas no sean realmente de término y depositarlas al día hábil siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, también lo es que, para efectos del cómputo respectivo, deberá tenerse como fecha de presentación del escrito, la de su ingreso en las oficinas de ese Alto Tribunal y no la de su recepción por el funcionario autorizado, máxime si se tiene en cuenta que el domicilio oficial del promovente se ubica en la ciudad donde tiene su sede esa Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Que la finalidad que se busca, al permitir la presentación de la demanda o promociones el día en que concluya el plazo legal para hacerlo, fuera del horario de labores, es dar oportunidad a que las partes ejerzan con plenitud sus derechos, desde el primer momento en que nacen, hasta el último minuto del plazo que la ley les otorga para ello.
Que además, debe recordarse que las promociones de las partes tienen trascendencia y efectos jurídicos hasta que son presentadas ante el órgano jurisdiccional correspondiente, directamente o a través de los mecanismos establecidos en ley, porque es al momento de ser entregadas y recibidas oficialmente por el citado órgano, cuando se hacen de su conocimiento y se excita la función jurisdiccional y, por ende, cuando trascienden al ámbito procesal y surten efectos para las demás partes.
Consecuentemente, procede decretar el sobreseimiento de la presente acción de inconstitucionalidad, con fundamento en los artículos 19, fracción VII y 20, fracción II, en relación con los diversos 59 y 65, de la ley reglamentaria de la materia, dada la extemporaneidad en la presentación del escrito respectivo.
b) Que es cierto que, en sesión celebrada el veintisiete de julio de dos mil ocho, el Congreso del Estado de Jalisco aprobó la minuta de proyecto de decreto 22272/LVIII/08, el que se publicó el cinco de agosto de dos mil ocho en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.
c) Que son infundadas las manifestaciones expresadas por el presidente del Partido Nacional de la Revolución Democrática en el primer concepto de invalidez, en el que aduce, sustancialmente, que los artículos 85, 86, 87 y 88 del Código Electoral y de Participación Ciudadana, contravienen lo dispuesto en el artículo 41, apartado B, base tercera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que regulan temas relativos a los tiempos de acceso en radio y televisión, que por prerrogativa constitucional tienen los partidos políticos.
Que se afirma lo anterior, porque el Código Electoral y de Participación Ciudadana, no menciona, en ninguna de sus partes, disposición alguna que se refiera a la administración del tiempo destinado a los partidos políticos en radio y televisión, por lo que para demostrar tal afirmación, es necesario resaltar las consideraciones expuestas por el legislador local en el texto de la iniciativa de decreto 22271/LVIII/08, que es antecedente directo del diverso 22272/LVIII/08 combatido, y que en la parte que interesa dice:
"Los partidos políticos acceden a la Radio y Televisión conforme a las normas establecidas en el apartado B, base III, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, será el IFE la autoridad responsable de garantizar este derecho, conforme a la legislación que especialmente se aprueba para esos efectos, de tal manera que debe facultarse a las autoridades locales para establecer criterios de acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación señalados. Los puntos generales que deben ser de conocimiento general se refieren a lo siguiente:
"El IFE administrará tiempos en radio y televisión (exclusivamente para fines electorales).
"a) Procesos electorales locales coincidentes con federales: a), b) y c) del apartado A;
"b) Procesos locales no coincidentes: en términos de ley y
"c) Distribución de tiempos entre partidos políticos: criterios del apartado A y legislación aplicable.
"d) IFE: es la autoridad única para administrar tiempo en radio y televisión destinado a sus fines y al derecho los PP del uso de los medios de comunicación social.
"e) Ni los partidos políticos, ni ninguna otra persona física o moral pueden contratar o adquirir tiempos en radio y televisión para fines electorales.
"f) No se considera a la prensa escrita."
Que con lo anterior, acredita que la regulación que se hace en el código impugnado, son únicamente pautas y criterios, que en nada intervienen con la administración del tiempo aire de radio y televisión, por lo que no constituyen una violación al ordenamiento constitucional federal, por el contrario, complementan diversos ordenamientos del Código Electoral de referencia, pues procura el cumplimiento cabal de sus disposiciones, al establecerse en ellos pautas específicas que nada tiene que ver con la administración de los tiempos de radio y televisión que debe suministrarse a los partidos políticos del Estado.
Que tampoco constituyen una violación al apartado B, de la base tercera del artículo 41 de la Constitución Federal, las facultades otorgadas al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, para monitorear la publicidad de los partidos políticos en prensa, radio y televisión así como la publicación de los resultados de dicho monitoreo, pues no se traduce en una intromisión al suministro del tiempo en radio y televisión a favor de los partidos políticos.
d) Respecto del segundo concepto de invalidez que hace valer el promovente de la acción, en el que sostiene que el artículo 231 del Código Electoral y de Participación Ciudadana, es inconstitucional por contravenir el texto de los artículos 1o., 41, 116, fracción IV y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al considerar que se interviene en la vida interna de los partidos políticos y que, consecuentemente, le ocasiona una inseguridad jurídica que implicaría reformar los estatutos internos del partido al establecer plazos distintos para la impugnación de los procesos de selección interna de candidatos, no le asiste la razón al partido político accionante, al manifestar que los dispositivos impugnados, carecen de la debida fundamentación y motivación, pues esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido que dichos requisitos se satisfacen cuando el Congreso que expide la ley está debidamente facultado para ello (fundamentación) y cuando las leyes que emite versan sobre acciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación), sin que sea necesario que todos y cada uno de los artículos que integren el ordenamiento legal, deban ser materia de una motivación específica, criterio que se encuentra reflejado en la tesis de jurisprudencia de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA."
SÉPTIMO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto de la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa, emitió opinión, en la que señaló, en síntesis, lo siguiente:
Que previamente al análisis de los conceptos de invalidez, hechos valer por el partido político, estima necesario precisar que en el artículo 41 constitucional, base III, apartados A y B, así como 116, fracción IV, inciso i), se establecen criterios referentes al acceso de los partidos políticos a la radio y televisión, en los que se designa un sistema de comunicación que debe regir entre los partidos políticos y la sociedad, tanto a nivel federal como estatal; en dichos principios, se reconoce al Instituto Federal Electoral, como la única autoridad competente para administrar los tiempos que corresponden al Estado en materia de radio y televisión, en las estaciones y canales de cobertura en la entidad federativa de que se trate.
Que en términos de los artículos 25 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de radio y televisión, corresponde a la Nación el dominio directo de su espacio territorial, por lo que el uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencia para prestar el servicio de radiodifusión o televisión, sólo podrá hacerse previa concesión o permiso que el Ejecutivo Federal otorgue de acuerdo con la Ley Federal de Radio y Televisión; por ende, los medios de comunicación de los Gobiernos de los Estados, quedan sujetos a lo que la referida ley establece.
Que el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión establece la obligación de las estaciones o canales de dichos medios de comunicación para incluir, gratuitamente, en su programación diaria, tiempos de Estado con transmisiones gratuitas, de hasta treinta minutos para difundir temas educativos, culturales y de orientación social; lo que se denomina como "tiempo oficial" y que en conjunto con el "tiempo fiscal" configuran los llamados "tiempos del Estado", y que constituyen la prerrogativa de los partidos políticos y coaliciones, de acceder al tiempo de radio y televisión en los procesos electorales.
Que el artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señala el procedimiento que el Consejo General del Instituto Federal Electoral, debe llevar a cabo para acordar con los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, a fin de establecer los lineamientos generales, respecto de la información y difusión de actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos, mismos que serán formalizados por las partes y de conocimiento público.
Que el artículo 41 constitucional, base III, apartado D, establece la atribución del Instituto Federal Electoral para sancionar a concesionarios y permisionarios por transmisiones de radio y televisión que resulten violatorias de la ley, esto mediante procedimientos expeditos, que podrán incluir la orden de cancelación, lo cual implica que la regulación constitucional es de carácter omnicomprensiva, pues impacta tanto a concesionarios como a permisionarios.
Que a su vez, el artículo 116 constitucional, establece que, por lo que hace a las elecciones de las entidades federativas, las Constituciones y las leyes secundarias de los Estados en materia electoral, deben garantizar que los partidos políticos accedan a la radio y televisión, en los términos del artículo 41 constitucional.
Resalta que en términos del artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la regulación de las prerrogativas de los partidos políticos en materia de los tiempos de radio y televisión que les corresponden, se federalizó en virtud de la reforma al artículo 41 de la Constitución Federal, realizada el trece de noviembre de dos mil siete, por lo que es evidente que no existe facultad concurrente por parte de las entidades federativas para legislar en esa materia.
Por lo anterior, la Sala Superior estima que la intención del Constituyente fue la de regular el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación, estableciendo que el Instituto Federal Electoral será la única instancia a nivel tanto federal como estatal, para administrar el tiempo que disponen los partidos políticos para acceder a los tiempos de radio y televisión, tanto en épocas de proceso electoral como fuera de él, ya que dicho tiempo será parte del tiempo del Estado y, para ello, se fijarán los parámetros de asignación y distribución del tiempo en dichos medios de comunicación.
Precisado lo anterior, procedió a pronunciar su opinión, res
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21407-0232cd21/accion-de-inconstitucionalidad-el-articulo-86-punto-4 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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