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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. FECHA QUE DEBE CONSIDERARSE PARA EFECTOS DE LA OPORTUNIDAD, TRATÁNDOSE DE PROMOCIONES PRESENTADAS EN EL DOMICILIO DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO. CONVENIOS EN MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN XI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DE QUE GOZAN LOS INSTITUTOS ELECTORALES LOCALES.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 92/2008. · Registro digital (IUS): 21200
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, , Pág. 1238.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 92/2008. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.

SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dieciocho de septiembre de dos mil ocho.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito recibido el dos de agosto de dos mil ocho, en el domicilio particular del funcionario autorizado para recibir promociones fuera del horario de labores de este Alto Tribunal, Eduardo Medina-Mora Icaza, en su carácter de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:

"I. Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada. a) Autoridad emisora: Congreso del Estado de Jalisco, Palacio Legislativo, calle Hidalgo número 222, colonia Centro, código postal 44100, Guadalajara, Jalisco. b) Autoridad promulgadora: Gobernador del Estado de Jalisco, Palacio de Gobierno, avenida Corona y Pedro Moreno, colonia Centro, código postal 44100, Guadalajara, Jalisco. II. Norma general cuya invalidez se reclama. Se demanda la invalidez de la fracción XI del artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, publicada en el Periódico Oficial de la entidad, el 5 de julio de 2008, cuyo ejemplar se anexa en copias certificadas al presente oficio."

SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente son, en síntesis, los siguientes:

a) El artículo 12, fracción XI, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, viola lo dispuesto por los artículos 41, base V y 116, fracción IV, incisos c) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente:

El artículo 41, base V, de la Constitución Federal, establece que la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, así como que, en el ejercicio de esta función estatal, la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad y la objetividad son principios rectores.

Asimismo, establece que el Instituto Federal Electoral podrá, mediante convenio que celebre con las autoridades electorales locales, organizar los procesos electorales de las entidades federativas.

En nuestro país, la función electoral ha estado tradicionalmente a cargo de autoridades gubernamentales. En forma básica, han sido los Poderes Ejecutivo y Legislativo los que han tenido injerencia en la organización de las elecciones. También los ciudadanos y los partidos políticos participan al interior de los organismos electorales, con el propósito de coadyuvar con las autoridades gubernamentales a garantizar la efectividad del sufragio y la autenticidad e imparcialidad en las elecciones.

Sin embargo, las diversas reformas constitucionales en materia electoral y, en particular, las referentes a los organismos estatales encargados de organizar los procesos electorales, los han dotado de plena autonomía para ejercer tales funciones.

En este contexto, fue que se confirió al Instituto Federal Electoral la categoría de organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, independiente en sus decisiones y en su funcionamiento y profesional en su desempeño.

En suma, el artículo 41 constitucional permite identificar la naturaleza y los fines del Instituto Federal Electoral y, correlativamente, distinguir a la autoridad electoral encargada de la organización de los procesos electorales, sus funciones y los principios que la rigen.

Luego, tomando en consideración la amplia gama de funciones que se encomiendan a dicha autoridad electoral, puede válidamente concluirse que dada la propia y especial naturaleza del órgano electoral federal, creado ex profeso para los fines señalados, es a éste a quien corresponde la organización de las elecciones federales.

En este orden de ideas, puede decirse que, en el ámbito local, en el que se incluyeron esencialmente instituciones y principios similares, deben operar, en términos generales, los mismos lineamientos antes expuestos.

En efecto, el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Federal obliga a los Estados a garantizar en su régimen interior que, en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, legalidad, imparcialidad e independencia y que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, así como las autoridades jurisdiccionales en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

Así las cosas, la autonomía que deben tener los órganos electorales en la organización de los procesos electorales debe ejercerse de manera independiente, sin sujeción a otro órgano y las leyes que rijan su existencia deben reconocer su carácter de autoridad en la materia.

Dentro de este tipo de autonomía, puede también distinguirse la autonomía plena -cuando el órgano no está supeditado a poder alguno y, por tanto, es la máxima autoridad electoral-, la autonomía parcial -cuando algún poder tiene injerencia en el desarrollo de la función electoral- y la autonomía nula -cuando el órgano electoral está supeditado a otro poder-.

De lo expuesto, puede concluirse que los organismos electorales gozan de autonomía plena, lo que se traduce en un funcionamiento autónomo y en la independencia de sus decisiones.

Lo anterior implica una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los partidos políticos, que se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus resoluciones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable, sin tener que someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros poderes del Estado o, incluso, de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.

Derivado de lo anterior, se ha dotado a los organismos electorales de facultades como la que se establece en los artículos 41, base V y 116, fracción IV, inciso d), de la Constitución Federal, en la que se prevé que el Instituto Federal Electoral puede celebrar convenios con los organismos estatales electorales, para que el primero organice las elecciones en las entidades federativas, sin que medie la autorización de otro poder o ente de gobierno ajeno a la materia electoral.

Cabe mencionar que, antes de la reforma de doce de noviembre de dos mil siete, dicha facultad no se contemplaba en nuestro régimen constitucional electoral, como se desprende de la tesis de rubro: "MATERIA ELECTORAL. LOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y EL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN NO PUEDEN COMPRENDER ATRIBUCIONES PROPIAS DE ÉSTE."

Ahora bien, el supuesto normativo previsto en los preceptos fundamentales antes citados fue regulado en el artículo 118 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el que se establece que, previa aprobación del Consejo General, la Junta General Ejecutiva formulará los estudios en los que se fijen las condiciones, costos y plazos para que el Instituto Federal Electoral asuma la organización de los procesos electorales locales.

Por su parte, el artículo 12, fracción XI, de la Constitución Política del Estado de Jalisco establece que en caso de que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, como órgano autónomo, decida convenir con el Instituto Federal Electoral, para que éste organice las elecciones locales, es requisito sine qua non contar con la autorización previa de la Legislatura Estatal, la cual debe ser aprobada con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.

Frente a tal situación, es claro que este artículo vulnera lo dispuesto en los artículos 41, base V y 116, fracción IV, de la Constitución Federal, por cuanto hace al principio de autonomía en ellos consagrado, toda vez que el precepto impugnado exige, para la celebración del convenio, la aprobación de un Poder Constituido, como lo es el Legislativo del Estado, supeditando, en consecuencia, su actuar autónomo al de un poder distinto a él.

De esta forma, al preverse que el Instituto Electoral Local tendrá que obtener previamente la autorización del Congreso del Estado para la celebración de los referidos convenios, se rompe con el esquema constitucional establecido con posterioridad a la reforma electoral de finales de dos mil siete, del que no se desprende que haya sido intención del Constituyente establecer que los Institutos Electorales Locales, al momento de convenir con el Instituto Federal Electoral la organización de los comicios, tengan que recabar autorización por parte de la legislatura.

Por tanto, si dicho organismo electoral goza de plena autonomía respecto de la organización, el funcionamiento y la vigilancia de las elecciones en el Estado, no tiene razón de ser que el legislador estatal haya establecido, como requisito, que tenga que solicitar autorización de un órgano distinto a él para organizar las elecciones con la colaboración del Instituto Federal Electoral, de ahí que la norma impugnada sea inconstitucional y deba declararse su invalidez.

b) El artículo 12, fracción XI, de la Constitución Política del Estado de Jalisco viola lo dispuesto por los artículos 16, párrafo primero y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que al prever una hipótesis contraria al mandato previsto en los artículos 41 y 116, el Congreso del Estado se extralimita en sus funciones, vulnerando, con ello, el principio de supremacía constitucional, que impone la existencia de un orden jurídico creado y organizado por la propia Norma Fundamental, al que deben sujetarse todos los órganos del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones.

TERCERO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos, son los artículos 16, párrafo primero, 41, base V, 116, fracción IV, incisos c) y d), y 133.

CUARTO. Mediante proveído de cinco de agosto de dos mil ocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 92/2008 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Sergio A. Valls Hernández.

Por auto de seis de agosto siguiente, el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma impugnada y al ejecutivo que la promulgó, para que rindieran sus respectivos informes.

QUINTO. Al rendir su informe, el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco manifiesta que únicamente participó en la sanción, promulgación y publicación del decreto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31, 32 y 50, fracción I, de la Constitución Política del Estado, que establecen que las iniciativas adquirirán carácter de ley cuando sean aprobadas por el Congreso y promulgadas por el Ejecutivo y que, entre las facultades y obligaciones del gobernador, se encuentra el promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, por lo que, en observancia a dichos preceptos, fue que dio autenticidad al referido decreto, publicándolo, por conducto de la Secretaría General de Gobierno, en términos de la fracción III del artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Estatal.

Asimismo, señala que los actos que integran el procedimiento legislativo deben emanar de órganos constituidos que se conduzcan conforme a los lineamientos establecidos en los ordenamientos legales correspondientes, lo que, en la especie, a su parecer, se cumple, al haberse actuado en ejercicio de las atribuciones establecidas en la Constitución Política Local y en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Estatal.

Finalmente, aclara que no se requiere demostrar la existencia de leyes, reglamentos y acuerdos de interés general, pues basta que estén publicados en el Periódico Oficial del Estado para que el órgano jurisdiccional deba tomarlos en cuenta, lo anterior, de conformidad con la tesis de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. LA EXISTENCIA DEL ORDENAMIENTO LEGAL RECLAMADO NO DEPENDE DE LOS INFORMES QUE RINDAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, PUES EL DERECHO NO ES OBJETO DE PRUEBA."

SEXTO. Al rendir su informe, el Poder Legislativo del Estado de Jalisco aduce, en síntesis, lo siguiente:

a) Se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en relación con el 59 y 65 del propio ordenamiento, por lo siguiente:

El precepto impugnado en la presente acción, fue reformado mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el cinco de julio de dos mil ocho, por lo que, de conformidad con el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia, el plazo para denunciar su inconstitucionalidad transcurrió del seis de julio al cuatro de agosto de este año.

Aun cuando el escrito respectivo fue recibido el dos de agosto de dos mil ocho, en el domicilio particular del funcionario autorizado para recibir promociones fuera del horario de labores de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, la fecha que debe tenerse en cuenta para efectos del cómputo del plazo es la de su recepción en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de ese Alto Tribunal, el cinco de agosto siguiente.

Lo anterior, en virtud de que el accionante no se encontraba en la hipótesis a que se refiere el artículo 7o. de la ley reglamentaria, que prevé que las demandas o promociones de término pueden presentarse fuera del horario de labores, ante el secretario general de Acuerdos o ante la persona designada por éste, puesto que el plazo para promover la acción vencía hasta el cuatro de agosto.

En este sentido, si bien es cierto que el secretario general de Acuerdos o la persona designada por éste, deben recibir las promociones que se les presenten, aun cuando éstas no sean realmente de término y depositarlas al día hábil siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, también lo es que, para efectos del cómputo respectivo, deberá tenerse como fecha de presentación del escrito la de su ingreso en las oficinas de ese Alto Tribunal y no la de su recepción por el funcionario autorizado, máxime si se tiene en cuenta que el domicilio oficial del promovente se ubica en la ciudad donde tiene su sede esa Suprema Corte de Justicia de la Nación y que la fecha que aparece al final del escrito corresponde al cuatro de agosto de este año.

Además, debe recordarse que las promociones de las partes tienen trascendencia y efectos jurídicos hasta que son presentadas ante el órgano jurisdiccional correspondiente, directamente o a través de los mecanismos establecidos en ley, porque es al momento de ser entregadas y recibidas oficialmente por el citado órgano, cuando se hacen de su conocimiento y se excita la función jurisdiccional y, por ende, cuando trascienden al ámbito procesal y surten efectos para las demás partes.

Consecuentemente, procede decretar el sobreseimiento de la presente acción de inconstitucionalidad, con fundamento en los artículos 19, fracción VII y 20, fracción II, en relación con los diversos 59 y 65 de la ley reglamentaria de la materia, dada la extemporaneidad en la presentación del escrito respectivo.

b) Es cierto que en sesión celebrada el treinta de mayo de dos mil ocho, el Congreso del Estado de Jalisco aprobó la minuta proyecto de Decreto Número 22228/LVIII/08, mediante el cual se reforman los artículos 12, 13, 18, 20, 24, 35, 38, 42, 57, 70, 73 y 75, y se adiciona el artículo 116-Bis de la Constitución Política del Estado.

Posteriormente, con fundamento en el artículo 117 de la Constitución Política Local, la minuta proyecto de decreto fue remitida a los Ayuntamientos de los Municipios que conforman el Estado, para el efecto de que emitieran su voto, aprobando o rechazando las reformas al citado ordenamiento.

Finalmente, en sesión de veintitrés de junio de dos mil ocho, el Congreso del Estado aprobó el Acuerdo Legislativo 552-LVIII-08, que declara aprobada la minuta de decreto, publicándose como tal en el Periódico Oficial Estatal, el cinco de julio del mismo año.

c) Son infundados los conceptos de invalidez hechos valer por el accionante, en virtud de que la norma impugnada fue emitida en estricto apego a los lineamientos constitucionales en materia electoral, establecidos en los artículos 41, 115 y 116 de la Norma Fundamental.

El artículo 12, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Jalisco establece que la organización de los procesos electorales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo, los partidos políticos y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley.

Del mismo modo, la fracción IV de dicho precepto establece que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.

Como se observa, las disposiciones contenidas en el artículo impugnado tienen como finalidad el respeto y la salvaguarda de la autonomía e independencia en el funcionamiento del organismo electoral local, lo anterior, bajo la premisa de que la Constitución Federal únicamente establece que las Constituciones y leyes de los Estados garantizarán que, en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia y que aquéllas gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, dejando en el legislador local la regulación específica de tales postulados.

La autonomía en el funcionamiento y la independencia en las decisiones han sido interpretadas por ese Alto Tribunal, como una garantía constitucional en favor de los ciudadanos y de los partidos políticos, que se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable, sin tener que someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros poderes del Estado o, incluso, de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.

El precepto que se combate no debe ser interpretado como erróneamente lo hace el promovente, en el sentido de que el hecho de que el Instituto Estatal Electoral deba previamente solicitar la autorización del Congreso del Estado para celebrar convenios con el Instituto Federal Electoral, con objeto de que éste asuma la organización de los procesos electorales locales, vulnera la anterior garantía, puesto que, se reitera, la autonomía se refiere a la situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable.

La autonomía no significa manejarse libremente sin sujeción a la normatividad y tampoco puede equipararse al concepto de autarquía, en el que se cuenta con facultades de autogobierno, sino que debe entenderse a partir de los postulados en materia electoral establecidos en la Constitución Federal, cuya regulación específica se ha encargado al legislador local.

d) De igual forma, no le asiste la razón al promovente cuando señala que el artículo impugnado viola lo dispuesto en los artículos 16 y 133 constitucionales, puesto que, según consta en el dictamen del Decreto Número 22228/LVIII/08, las reformas a la Constitución Política del Estado de Jalisco se efectuaron conforme al mandato establecido en el artículo sexto transitorio del decreto de reformas a la Constitución Federal, de trece de noviembre de dos mil siete, en el que se estableció el plazo de un año para que las Legislaturas de los Estados adecuaran su legislación a dichas reformas.

SÉPTIMO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto de la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa, emitió opinión, en la que señaló:

a) Con la intervención de la Legislatura Local en la aprobación de la determinación del organismo local que autorice y justifique la celebración del convenio respectivo, es claro que la actuación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco no podrá darse de manera autónoma e independiente de las decisiones de ese diverso órgano estatal, puesto que el acto de aprobación implica que el acto original no adquiera plena vigencia y efectos, sino hasta que haya sido aceptado por una voluntad distinta a la del órgano que lo emitió.

Conforme a lo expuesto, resulta indudable que, en el acto de aprobación mencionado, será la voluntad de la Legislatura Local la que se superponga a la del Instituto Estatal Electoral y, con ello, se verá vulnerada la autonomía del órgano encargado de la función electoral en el Estado.

De otra parte, la afectación de la autonomía del mencionado órgano electoral estatal se traduce en la violación de los principios que rigen la función electoral en el Estado de Jalisco, debido a que, al estar supeditada su voluntad de decidir sobre la celebración de convenios con el Instituto Federal Electoral, en los términos que estime apropiados para la organización de las elecciones locales, estarán en riesgo la independencia e imparcialidad con que se debe conducir en el ejercicio de sus funciones.

Por lo anterior, puede concluirse que el artículo 12, fracción XI, de la Constitución Política del Estado de Jalisco no es conforme con lo dispuesto en los artículos 41, base V y 116, fracción IV, incisos c) y d), de la Constitución Federal, por afectar la autonomía en la actuación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, en el ejercicio de la facultad de celebrar convenios con el Instituto Federal Electoral, para que asuma la organización de las elecciones locales e impedir, con ello, el pleno ejercicio de dicha facultad.

Asimismo, el numeral que se tilda de inconstitucional exige mayores requisitos que los previstos en los citados preceptos fundamentales para que el Instituto Estatal Electoral celebre convenios con el Instituto Federal Electoral, a fin de que este último asuma la organización de las elecciones locales.

En efecto, los únicos requisitos regulados en tales normas de la Constitución Federal, para la celebración y aprobación de los referidos convenios, estriban en el objeto del convenio, la competencia de las autoridades solicitantes y la instancia de aquéllas ante la autoridad federal.

Como se observa, no se prevé que, en la celebración y aprobación de dichos convenios, deba intervenir algún órgano distinto al Instituto Federal Electoral y a las autoridades electorales competentes de carácter administrativo.

En esa virtud, al establecerse en la Constitución Política del Estado de Jalisco que el instituto local podrá celebrar convenios con el federal, previa aprobación de las dos terceras partes de los diputados que integran la Legislatura Estatal, se le supedita a la autorización del órgano legislativo -el cual es distinto del administrativo competente para organizar las elecciones-, lo que resulta contrario a lo dispuesto en los citados preceptos constitucionales.

En cuanto a la expresión "en los términos que disponga la legislación aplicable", contenida en el artículo 41, base V, de la Constitución Federal, ésta se refiere a que la organización de las elecciones por parte del Instituto Federal Electoral se efectúe en los términos previstos en la Ley Electoral aplicable, mas no a que, en ley, pueda establecerse la concurrencia de otro órgano del Estado en la aprobación de los convenios.

b) El diverso concepto de invalidez que se formula, en el sentido de que el numeral impugnado viola lo dispuesto por los artículos 16 y 133 de la Constitución Federal, no requiere opinión especializada de esta Sala Superior, toda vez que no es un tema exclusivo del derecho electoral, sino que pertenece a la ciencia del derecho en general y del derecho constitucional, en lo particular, por involucrar argumentos relacionados con la delimitación de la esfera competencial del Congreso del Estado de Jalisco y el principio de supremacía constitucional que, incluso, se hacen depender de lo fundado o infundado que resulte el primer planteamiento expuesto.

OCTAVO. Recibidos los informes de las autoridades y la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre el artículo 12, fracción XI, de la Constitución Política del Estado de Jalisco y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. Por cuestión de orden, se debe analizar, en primer lugar, si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.

El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal dispone:

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnados sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse al primer día hábil siguiente.

"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."

Conforme a este artículo, el plazo para la presentación de la acción será de treinta días naturales y el cómputo respectivo deberá hacerse a partir del día siguiente al en que se hubiere publicado la norma impugnada, considerando, en materia electoral, todos los días como hábiles.

En el caso, el Decreto Número 22228/LVIII/08, mediante el cual se reforman los artículos 12, 13, 18, 20, 24, 35, 38, 42, 57, 70, 73 y 75 y se adiciona el artículo 116-Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el sábado cinco de julio de dos mil ocho, como se advierte del ejemplar que obra a fojas dieciocho a veintinueve del expediente.

Por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover la acción inició el domingo seis de julio y venció el lunes cuatro de agosto de dos mil ocho.

Ahora bien, la acción de inconstitucionalidad promovida por el procurador general de la República se presentó el sábado dos de agosto de dos mil ocho, en el domicilio del funcionario autorizado para recibir promociones fuera del horario de labores de este Alto Tribunal (según se desprende de la razón que consta al reverso de la foja dieciséis del expediente), esto es, se recibió dentro del plazo establecido al efecto, por lo que, se concluye, fue presentada en forma oportuna, conforme a lo dispuesto por el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia.

No es óbice a lo anterior lo manifestado por el Poder Legislativo del Estado, en el sentido de que la fecha que debe tenerse en cuenta para efectos del cómputo del plazo es la de la recepción del escrito en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de agosto de dos mil ocho, en atención a las siguientes consideraciones:

Las promociones tienen trascendencia y efectos jurídicos hasta que son presentadas ante el órgano jurisdiccional, directamente o a través de los medios establecidos en la ley.

El artículo 7o. de la ley reglamentaria de la materia prevé que las demandas o promociones de término puedan presentarse fuera del horario de labores ante el secretario general de Acuerdos o ante la persona designada por éste, esto es, la propia ley de la materia prevé un mecanismo de recepción de promociones, además de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de salvaguardar el acceso a la justicia, garantizado constitucionalmente.

Así, en términos de la citada disposición y con fundamento, además, en el artículo 68, fracción X, del Reglamento Interior de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el secretario general de Acuerdos, mediante oficio de diez de julio de dos mil ocho, designó, entre otros, a la licenciada Margarita Climent y Bonilla, como autorizada para recibir fuera del horario de labores de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, este tipo de escritos.

En la razón que consta al reverso de la foja dieciséis de este expediente, se asentó que el escrito por el que se promueve la acción fue presentado en el domicilio particular de la citada funcionaria, el sábado dos de agosto de dos mil ocho, a las veintidós horas; debiendo depositarse el día hábil siguiente, esto es, el lunes cuatro de agosto, dentro del horario de labores de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia.

Sin embargo, como se desprende del sello impreso en dicha foja, no fue sino hasta el martes cinco de agosto de dos mil ocho, a las ocho horas con cincuenta y tres minutos, cuando se recibió el escri

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21200-3f6c7df2/accion-de-inconstitucionalidad-fecha-que-debe-considerarse-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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