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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL CAMBIO DE LA IDENTIFICACIÓN NUMÉRICA DE UNA NORMA GENERAL NO CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO PARA EFECTOS DE SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DE AQUEL MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL. CONVENIOS EN MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 43, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 250 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 11 DE JULIO DE 2008, AL SUBORDINAR LA FACULTAD DE LA COMISIÓN ELECTORAL DE CELEBRARLOS CON EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL PARA QUE ÉSTE SE HAGA CARGO DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES, A LA PREVIA AUTORIZACIÓN DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO LOCAL, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DE QUE GOZAN LOS ÓRGANOS ELECTORALES ESTATALES.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 93/2008 Y SU ACUMULADA 94/2008. · Registro digital (IUS): 21222
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, , Pág. 497.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 93/2008 Y SU ACUMULADA 94/2008. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIO: ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciocho de septiembre de dos mil ocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el ocho de agosto de dos mil ocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina-Mora Icaza, en su carácter de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 43, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León.

SEGUNDO. El promovente de esta acción estima que las disposiciones legales impugnadas son violatorias de los artículos 41, base V, último párrafo, y 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO. En sus conceptos de invalidez, el procurador general de la República, argumenta lo siguiente:

1. El artículo 41 de la Carta Magna permite identificar la naturaleza y fines del Instituto Federal Electoral y, correlativamente, permite distinguir claramente a la autoridad electoral encargada de la organización de los procesos electorales, sus funciones y los principios que la rigen. Tomando en consideración la amplia gama de las funciones propias de los procesos electorales que se encomiendan a dicha autoridad electoral, apoyada en su autonomía, profesionalización, independencia en sus decisiones y funcionamiento, y en los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad, puede válidamente concluirse que dada la propia y especial naturaleza del órgano electoral federal, creado ex profeso para los fines señalados, a él corresponde la organización de las elecciones federales.

En este orden de ideas, puede decirse que en el ámbito local, en el que se incluyeron esencialmente similares instituciones y principios, deben operar en términos generales los mismos lineamientos generales antes expuestos. En efecto, el artículo 116 de la Constitución Federal obliga a los Estados a garantizar, en su régimen interior, que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, y que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, así como las autoridades jurisdiccionales en esta materia, gocen de autonomía en su funcionamiento y de independencia en sus decisiones.

Entonces, los organismos electorales gozan de autonomía plena, lo que se traduce en un funcionamiento autónomo e independiente en sus decisiones; lo anterior implica una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes, ya sea de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o, incluso, de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.

De esa gama de facultades, se pueden enunciar las que se establecen en los artículos 41, base V, y 116, fracción IV, inciso d), ambos de la Constitución Federal, en los cuales se señala que el Instituto Federal Electoral, puede celebrar, con los organismos estatales electorales, convenios para que el primero organice las elecciones en las entidades federativas, sin que medie la autorización de otro ente de gobierno o de otro Poder ajeno a la materia electoral.

Ahora bien, el precepto que se tilda de inconstitucional señala que dado el caso de que la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, como órgano autónomo, decidiera convenir con el Instituto Federal Electoral para que éste organice la elección estatal, es requisito sine qua non la autorización previa de la Legislatura Local, la cual deberá llevarse a cabo con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes que estén presentes.

Ante tal situación, es claro que el segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, vulnera los artículos 41, base V, último párrafo, y 116, fracción IV, de la Carta Magna, por cuanto hace al principio de autonomía consagrado en los mismos, ya que el numeral impugnado exige para la celebración del convenio, la aprobación de un Poder Constituido, como lo es el Legislativo del Estado de Nuevo León, supeditando, en consecuencia, su actuar autónomo a un Poder distinto a él.

2. El numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el principio rector de que los actos de autoridad sean dictados por un órgano competente para ello, que dicho mandato sea por escrito, en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento. Dicha garantía de legalidad, contiene un mandato para todas las autoridades, esto es, para las de cualquier orden y nivel de gobierno, incluyendo, naturalmente, al Poder Legislativo.

Luego, al prever el segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, una hipótesis contraria al mandato constitucional previsto en los artículos 41 y 116, por las razones explicadas en el primer concepto de invalidez, el Congreso del Estado de Nuevo León se extralimita en sus funciones, contraviniendo con ello lo dispuesto por el numeral 16 de la Ley Suprema y, por ende, violenta lo dispuesto por el ordinal 133 de la Constitución Federal.

CUARTO. Mediante proveído del once de agosto de dos mil ocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 93/2008 y, por razón de turno, designó al Ministro José Fernando Franco González Salas para que actuara como instructor en el procedimiento.

QUINTO. Por otra parte, mediante escrito presentado el ocho de agosto de dos mil ocho en el domicilio de la persona autorizada para recibir promociones fuera del horario de labores de este Alto Tribunal, Guadalupe Acosta Naranjo, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de los artículos 42, noveno párrafo, 43, segundo párrafo y 45, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, reformadas mediante el Decreto 250, publicado en el Periódico Oficial el once de julio de dos mil ocho. Dichos preceptos establecen lo siguiente:

"Artículo 42.

"...

"El setenta por ciento del total del financiamiento público que se otorgue a los partidos políticos se distribuirá de acuerdo al porcentaje de votación que éstos hayan obtenido en la última elección de diputados locales. El treinta por ciento restante se asignará en forma igualitaria a los partidos políticos contendientes que tengan representación en el Congreso del Estado."

"Artículo 43. ...

"La Comisión Estatal podrá celebrar convenios de coordinación y colaboración con los organismos electorales federales. Tratándose de la organización de los procesos electorales del Estado de Nuevo León, la Comisión Estatal Electoral, previa autorización de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado, podrá convenir con el Instituto Federal Electoral que éste se haga cargo."

"Artículo 45. ...

"El organismo electoral competente con la participación del Gobierno del Estado, de los partidos políticos y los ciudadanos, actualizará permanentemente el padrón electoral."

SEXTO. El promovente de esta acción estima que las disposiciones legales impugnadas son violatorias de los artículos 1o., 14, 16, 17, 41, 116, fracción IV y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SÉPTIMO. En sus conceptos de invalidez, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, argumenta lo siguiente:

Artículo 42, párrafo noveno, de la Constitución Local

a) Que el artículo 42, párrafo noveno, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León vulnera el principio de equidad electoral para obtener financiamiento público, toda vez que lo sujeta a que los partidos políticos tengan representación en el Congreso del Estado, mientras que la Constitución Federal únicamente prevé que conserven su registro después de las elecciones; con lo anterior se rompe la intención del Constituyente de garantizar la igualdad entre los partidos políticos, pues es práctica común que algunos representantes populares, una vez electos, se declaren independientes, acto que generaría la imposibilidad de acceder al financiamiento público, con lo que ocurriría desigualdad e inequidad en la competencia electoral entre partidos políticos.

Artículo 43, párrafo segundo, de la Constitución Local

b) El partido político actor considera que el segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución del Estado de Nuevo León es inconstitucional en razón de que exige mayores requisitos a los establecidos en nuestra Carta Magna para celebrar un convenio entre el Instituto Federal Electoral y la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León para que el primero se encargue de la organización de las elecciones estatales; lo anterior, porque la Constitución Federal únicamente exige como requisito para celebrar el convenio antes mencionado que la autoridad electoral local lo solicite al Instituto Federal Electoral, pues se considera que las autoridades electorales son autónomas conforme al Texto Constitucional y que deben basar sus decisiones en los principios de certeza, legalidad, autonomía, independencia, imparcialidad y objetividad, mismos que se verían trastocados si se autoriza que el Congreso del Estado sea el encargado de autorizar un convenio de colaboración.

Artículo 45, párrafo tercero, de la Constitución Local

c) Se estima inconstitucional el tercer párrafo del artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, ya que afecta la autonomía e independencia con que debe conducirse un órgano electoral, puesto que de permitirse esta intromisión se produciría una lesión grave a la preparación de un proceso electoral, en específico, del padrón electoral, el cual es la base fundamental y herramienta indispensable a utilizar en el día de la jornada electoral, por lo que si se le dan facultades al Ejecutivo Local de intervenir en ese procedimiento, se ponen en peligro los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que deben regir en el desarrollo de una elección.

d) Que el artículo 45, párrafo tercero, de la Constitución del Estado de Nuevo León vulnera los artículos 41 y 116, fracción IV, de la Constitución Federal porque prevé que para la actualización del patrón electoral participará el Gobierno del Estado, lo que sin duda producirá una clara injerencia en la autonomía de la Comisión Estatal Electoral o del Instituto Federal Electoral ya que ni siquiera se precisa si el padrón es federal o local, además de que resulta palmario que el titular del Gobierno del Estado tiene una filiación partidista que puede poner en riesgo las funciones autónomas.

e) Que el padrón electoral constitucionalmente es el pilar que permite desarrollar con eficacia las elecciones y dar certeza a la vida democrática local, por lo que es un instrumento que no puede dar margen a la inequidad o parcialidad, ya "que recalcamos de nueva cuenta, en razón del contenido de la jurisprudencia que antecede, que ningún Gobierno Local ni Federal debe intervenir en la preparación del proceso electoral ya que violenta la autonomía e independencia del órgano electoral y sus auxiliares", máxime que la propia Ley Electoral del Estado de Nuevo León o el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no prevén la participación del Gobierno Local, de ahí que el precepto reclamado sea contrario al principio de certeza al no señalarse qué tipo de intervención tendrá en la actualización del padrón electoral.

OCTAVO. Por acuerdo del once de agosto de dos mil ocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad con el número 94/2008; así como enviar el asunto al Ministro José Fernando Franco González Salas, quien por razón de turno, fue designado instructor del procedimiento; y, finalmente, se decretó la acumulación de ese expediente a la diversa acción de inconstitucionalidad 93/2008.

NOVENO. Por auto del doce de agosto de dos mil ocho el Ministro instructor admitió la demanda de acción de inconstitucionalidad 93/2008 y su acumulada 94/2008, promovidas por el procurador general de la República y el Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, y requirió al Congreso y gobernador del Estado de Nuevo León, quienes, respectivamente, emitieron y promulgaron las normas impugnadas para que rindieran sus respectivos informes.

DÉCIMO. Las autoridades emisora y promulgadora de las normas generales impugnadas, al rendir sus informes manifestaron, en síntesis, lo siguiente:

A. El procurador general de Justicia, en representación del Poder Ejecutivo, manifestó que el acto promulgatorio que se le reclama se realizó en observancia a lo dispuesto en el artículo 86,(1) fracción III, en relación con el 151(2) de la Constitución de Nuevo León.

B. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Nuevo León manifestó que el artículo 43, segundo párrafo, de la Constitución Local no puede tildarse de inconstitucional, porque si lo que se reclama es la falta de independencia de la Comisión Electoral, entonces se debió reclamar, en primer lugar, el acto de formación del mismo, en el cual tiene injerencia el Congreso Estatal al designar a los consejeros electores, pues la instalación y conformación de la Comisión Estatal Electoral es por naturaleza el primer acto tendente a la organización de las elecciones que debe impugnarse.

En relación con el artículo 45, párrafo tercero, el Congreso Estatal alega que éste tiende a la participación e integración de Gobierno, Comisión Electoral y Ciudadanía, lo cual es en beneficio y perfeccionamiento del padrón mismo, sin que ello implique una intromisión en las decisiones que asuma la Comisión Estatal en relación con sus facultades para la conformación del padrón estatal de electores.

Por último, la autoridad aduce que la interpretación que realiza el accionante Partido de la Revolución Democrática respecto a que la separación de diputados de un grupo legislativo les privaría de la parte igualitaria del treinta por ciento del financiamiento público es incorrecta, toda vez que el derecho a dichas prerrogativas económicas está contemplado en el artículo 42, fracción III,(3) de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León por lo que aun en el caso referido por el accionante, el partido político contaría con recursos económicos para su mantenimiento.

DÉCIMO PRIMERO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al formular su opinión, en síntesis, señaló lo siguiente:

1. En relación con el artículo 43, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, opinó que no es conforme con lo dispuesto en los artículos 41, base V, último párrafo, y 116, fracción IV, incisos c) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por afectar la autonomía en la actuación de la Comisión Electoral del Estado de Nuevo León, en el ejercicio de la facultad de celebrar convenios con el Instituto Federal Electoral, para que asuma la organización de las elecciones locales, además de imponer mayores requisitos que los previstos en los artículos citados para el fin que regulan.

2. En relación con el artículo 45, párrafo tercero, de la Constitución Política de Nuevo León, opinó que la elaboración del padrón electoral es una actividad sumamente técnica que se encuentra reglada en la ley electoral, por lo que la intervención del Gobierno de un Estado es violatoria del principio de autonomía que debe regir el funcionamiento de todo Instituto Electoral; lo anterior, porque no se señalan las funciones específicas que desarrollará el gobierno de la entidad, siendo que, dado que es una actividad de suma importancia y que exige máxima secrecía "no se considera conveniente la integración a los mismos de un órgano eminentemente político como lo es el Gobierno de los Estados".

3. En relación con el artículo 42, párrafo octavo, de la Constitución Política de Nuevo León, consideró que es una disposición que viola los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal, pues al establecer que únicamente los partidos que tengan representación en el Congreso del Estado tendrán derecho a la participación igualitaria del treinta por ciento del financiamiento público, se agrega un requisito adicional a lo estipulado por el artículo 41 constitucional, lo que podría provocar un trato inequitativo para los partidos de nueva creación, siendo que cualquier limitación a la participación igualitaria contraviene los preceptos constitucionales en comento.

DÉCIMO SEGUNDO. Mediante proveído del veinte de agosto de dos mil ocho, el Ministro instructor tuvo por desahogado el requerimiento formulado al secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral.

DÉCIMO TERCERO. Por acuerdo del veintiséis de agosto de dos mil ocho, el Ministro instructor tuvo por desahogado el requerimiento formulado al comisionado presidente de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, y el veintisiete del mismo mes y año, puso los autos a la vista de las partes para que, en el plazo de dos días naturales, formularan alegatos.

DÉCIMO CUARTO. El tres de septiembre de dos mil ocho, el Ministro instructor tuvo por presentados los alegatos del procurador general de la República, así como rendida la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; finalmente, dio por cerrada la instrucción, a efecto de formular el proyecto de sentencia correspondiente; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, incisos c) y f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el procurador general de la República plantea la posible contradicción entre el artículo 43, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, reformado mediante Decreto 250 publicado en la "Gaceta de Gobierno", el once de julio de dos mil ocho y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mientras que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, propone la posible contradicción entre los artículos 42, párrafo noveno, 43, segundo párrafo, y 45, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, contenidos en el mismo decreto, y la Constitución Federal.

SEGUNDO. En primer lugar se analizará si las acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas oportunamente.

De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) el cómputo del plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad debe hacerse a partir del día siguiente al que se publicó en el medio de difusión oficial la norma impugnada.

Ahora bien, el decreto por el que se dieron a conocer los preceptos impugnados fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Nuevo León el once de julio de dos mil ocho; por tanto, el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad inició el doce de julio de dos mil ocho y concluyó el diez de agosto del mismo año, de conformidad con el artículo antes referido.

En este tenor, toda vez que las demandas en que ambos promoventes formulan sendas acciones de inconstitucionalidad se recibieron el ocho de agosto de dos mil ocho, según se advierte de las certificaciones que obran en autos, es evidente que su presentación fue oportuna, en el entendido de que las normas generales impugnadas, son propias de la materia electoral y, por tanto, para el cómputo de los plazos todos los días son hábiles, lo anterior, de conformidad con el siguiente calendario:

Ver calendario

Cabe destacar que esta consideración se refiere solamente a la oportunidad en la presentación de la acción de inconstitucionalidad, sin prejuzgar si respecto de cada artículo reclamado se actualizan o no causas de improcedencia en su contra, entre ellos, el problema de extemporaneidad.

TERCERO. A continuación procede analizar la legitimación de los promoventes, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

El artículo 105, fracción II, incisos c) y f), de la Constitución Federal, dispone:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señala la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

"...

"c) El procurador general de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano;

"...

"f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro."

A. Demanda suscrita por Eduardo Medina-Mora Icaza, en su carácter de procurador general de la República.

Acredita el carácter con que actúa, con la copia certificada de su designación en ese cargo por parte del Presidente de la República.

De acuerdo con lo previsto por el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal, si en el caso se plantea la inconstitucionalidad del artículo 43, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, ordenamiento que tiene el carácter de estatal, el procurador general de la República cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.

Apoya la conclusión anterior, la jurisprudencia 98/2001, cuyos rubro, texto y datos de publicación son los siguientes:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES. El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al procurador general de la República para impugnar, mediante el ejercicio de las acciones de inconstitucionalidad, leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como tratados internacionales, sin que sea indispensable al efecto la existencia de agravio alguno, en virtud de que dicho medio de control constitucional se promueve con el interés general de preservar, de modo directo y único, la supremacía constitucional, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma. En otras palabras, no es necesario que el procurador general de la República resulte agraviado o beneficiado con la norma en contra de la cual enderece la acción de inconstitucionalidad ni que esté vinculado con la resolución que llegue a dictarse, pues será suficiente su interés general, abstracto e impersonal de que se respete la supremacía de la Carta Magna". (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, septiembre de 2001, tesis P./J. 98/2001, página 823).

B. Demanda formulada por Guadalupe Acosta Naranjo, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática.

Siguiendo con el estudio de la legitimación, debe considerarse que conforme a los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, último párrafo, de su ley reglamentaria, los partidos políticos podrán promover la acción de inconstitucionalidad, para lo cual deben colmar los requisitos siguientes:

a) Que el partido político cuente con registro ante la autoridad electoral correspondiente;

b) Que el partido político promueva por conducto de sus dirigencias (nacional o local según sea el caso); y,

c) Que quien suscribe a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para ello.

Ahora, como se dijo, la demanda fue formulada por Guadalupe Acosta Naranjo, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, lo que se justifica con la certificación expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, relativa a la integración del Comité Ejecutivo de ese partido político.

Luego, la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido de la Revolución Democrática, fue hecha valer por parte legitimada para ello, en términos del artículo 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal y 62 de su ley reglamentaria, en virtud de que se trata de un partido político nacional con registro acreditado ante la autoridad electoral correspondiente; fue suscrita por quien cuenta con facultades para ello de acuerdo con los estatutos del partido, y se plantea la inconstitucionalidad de los artículos 42, párrafo noveno, 43, párrafo segundo, y 45, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, contenidos en el Decreto Número 250, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el once de julio de dos mil ocho, preceptos que a propósito se refieren a la materia electoral estatal.

CUARTO. Por razón de método, debe abordarse el examen de las causas de improcedencia sea que las partes las invoquen o no, al ser su estudio preferente y oficioso en términos del último párrafo del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia.

Así, es necesario significar que los artículos de la Constitución Local reclamados antes y después de la reforma señalan:

Ver cuadro comparativo

El análisis comparativo entre las disposiciones transcritas pone de manifiesto que los párrafos noveno del artículo 42 y tercero del artículo 45, son los mismos que anteriormente preveían los artículos en sus párrafos sexto y segundo, respectivamente, y que sólo cambiaron de ubicación en virtud de los nuevos párrafos que se incorporaron en cada uno de los artículos.

De lo anterior se advierte, que los artículos 42, párrafo noveno, y 45, párrafo tercero, de la Constitución Política de Nuevo León, al ser los mismos que existían, no entrañan un nuevo acto legislativo, situación que se confirma con lo expresado en el Dictamen de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de Congreso de Nuevo León del veinticuatro de junio de dos mil ocho, que en su parte conducente señala:

"Dictamen.

"...

"Los párrafos quinto y sexto anteriores del artículo 42 permanecen en sus términos como octavo y noveno respectivamente.

"...

"El actual párrafo segundo del artículo 45 se recorre como un tercer párrafo del mismo artículo 45."

Cabe destacar que este Tribunal Pleno, en la jurisprudencia 96/2007, publicada en la página 742 del Tomo XXVI, diciembre de 2007 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL CAMBIO DE LA IDENTIFICACIÓN NUMÉRICA DE UNA NORMA GENERAL, NO CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO PARA EFECTOS DE SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DE AQUEL MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL.",(5) sostuvo que cuando la reforma o adición no va dirigida, esencialmente, al contenido normativo del precepto impugnado, sino sólo a su identificación numérica que se ajusta para darle congruencia al ordenamiento, ley o codificación, no puede considerarse como un acto legislativo nuevo que autorice su impugnación a través del referido medio de control constitucional, habida cuenta que no es intención del Poder Legislativo modificar el texto correspondiente, su alcance jurídico o precisar un punto considerado ambiguo u oscuro, para que pueda estimarse, desde el punto de vista legislativo, que se alteró el texto original, ya que es muy común -por práctica parlamentaria- que a las leyes, códigos u ordenamientos se les corrijan problemas de ortografía, se cambien de orden temático en ellas algunas normas para una mejor ubicación o se sustituyan incisos por fracciones o por números sean arábigos o cardinales, en donde queda claro que la modificación proviene de aspectos propiamente formales, que en ningún momento alteran el texto anterior o pretenden darle una nueva interpretación, como sucedió en la especie respecto de los artículos 42, párrafo noveno, y 45, párrafo tercero, de la Constitución del Estado de Nuevo León, ya que quedó en evidencia que los numerales referidos, a pesar de haberse publicado nuevamente, no fueron reformados; además, se advierte que la reforma analizada no afectó las condiciones de aplicación de la norma existente con anterioridad, por lo que si simplemente es una reiteración de las condiciones de orden, ello no puede considerarse como un acto

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21222-c7df22f2/accion-de-inconstitucionalidad-el-cambio-de-la-identificacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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