ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 23, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 823, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 16 DE JULIO DE 2008, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE "... PREVIA AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO ...", VIOLA LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA ELECTORAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 23, FRACCIÓN VI, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 822, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 16 DE JULIO DE 2008, NO ES UNA NORMA DE NATURALEZA ELECTORAL PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE AQUELLA VÍA, POR NO RELACIONARSE CON LOS PROCESOS ELECTORALES.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 98/2008. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.
SECRETARIO: MARIO CÉSAR FLORES MUÑOZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintidós de septiembre de dos mil ocho.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el quince de agosto de dos mil ocho, en el domicilio de la funcionaria autorizada para recibir promociones fuera del horario de labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guadalupe Acosta Naranjo, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 23, fracción III, segundo párrafo; y fracción VI, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicado mediante Decretos 822 y 823, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos el dieciséis de julio de dos mil ocho.
Tal precepto, en lo conducente, establece:
"Artículo 23. Los procesos electorales ...
"III. La organización, dirección ...
"El Instituto Estatal Electoral podrá convenir con el Instituto Federal Electoral que éste se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales previa autorización del Congreso del Estado en los términos que establezca la ley de la materia.
"VI. Para garantizar los principios de legalidad y constitucionalidad ...
"El Tribunal Estatal Electoral administrará sus recursos a través del Magistrado presidente y propondrá su presupuesto de egresos al titular del Poder Judicial, quien lo integrará al presupuesto de egresos de dicho poder. La fiscalización de los recursos del Tribunal Estatal Electoral estará a cargo de la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado."
SEGUNDO. El promovente de esta acción en sus conceptos de invalidez argumenta lo siguiente:
I. Estima que el artículo 23, fracción III, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado de Morelos es violatorio de los artículos 1o., 4o., 16, 41, 116, fracción IV, incisos c) y d) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sostiene que es inconstitucional al exigir mayores requisitos a los establecidos en la Constitución Federal para que pueda celebrarse un convenio entre el Instituto Federal Electoral y el Instituto Estatal Electoral de Morelos, a fin de que el primero se encargue, eventualmente, de la organización de las elecciones estatales.
En efecto, el precepto cuya invalidez se demanda pretende que tal convenio sea sometido a la autorización de la Legislatura del Estado de Morelos, condición que no exige la Constitución Federal, ya que ésta solamente prevé que la autoridad electoral local lo solicite al Instituto Federal Electoral en los términos que establezca la legislación aplicable, es decir, se debe regular la forma en que se tomará la decisión de solicitar a dicho instituto que se encargue de la organización de la elección, así como el contenido del mencionado convenio, pero la coordinación debe depender en todo momento exclusivamente de ambos institutos y no quedar supeditada a lo que disponga el Congreso del Estado; así, se crea indebidamente un requisito adicional que no exige la Carta Magna, violándose al mismo tiempo el principio de supremacía previsto en el artículo 133 constitucional.
En consecuencia, tomando en consideración que las autoridades que tienen a su cargo la preparación de las elecciones deben gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, actividades entre las que se encuentra la de realizar convenios para la organización de los comicios en los términos expresados en los referidos preceptos constitucionales, resulta que la fracción normativa impugnada contraviene precisamente las mencionadas garantías de autonomía e independencia de las autoridades electorales, viéndose transgredidos de ese modo los artículos 41, base V, último párrafo y 116, fracción IV, incisos c) y d), de la Constitución Federal.
II. En lo que respecta a la fracción VI, tercer párrafo, del aludido artículo 23 de la Constitución Política del Estado de Morelos, considera que transgrede los artículos 1o., 17, 41, 116, fracción IV y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Aduce que la disposición genera una falta de certeza, legalidad y profesionalismo del Tribunal Electoral del Estado, y más directamente de los principios de independencia y autonomía judicial, en mérito a que conforme a ese precepto será el presidente de ese órgano jurisdiccional el que tendrá prácticamente el monopolio de la administración de los recursos, impidiendo que las decisiones se tomen colegiadamente conforme a la propia naturaleza de ese tipo de órganos, lo cual puede afectar su correcto funcionamiento.
Señala que en el país los propios órganos jurisdiccionales se encargan de su administración, o bien, son auxiliados por diversos órganos como los Consejos de la Judicatura, pero siempre sobre la base de la toma de decisiones colegiadas.
Conforme a la disposición en comento, al dejar en manos de una sola persona la administración de los recursos (sin verse vinculada a la decisión colegiada de los otros miembros del tribunal) es posible que se vea afectada la remuneración de los Magistrados, así como la nómina de las ponencias, lo que redunda en una indebida actividad de dicho órgano; una atribución excedida de esa índole, señala el promovente, no permitirá tomar adecuadamente las decisiones que competen al Tribunal Electoral de que se trata, lo que rompe con los aludidos principios de independencia, autonomía y funcionamiento profesional y eficiente.
TERCERO. Por acuerdo de veinte de agosto de dos mil ocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad con el número 98/2008; asimismo, determinó enviar el asunto al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo quien, por razón de turno, fue designado instructor del procedimiento.
CUARTO. Por auto de veinte de agosto de dos mil ocho, el Ministro instructor admitió la demanda de acción de inconstitucionalidad 98/2008, promovida por el Partido de la Revolución Democrática y ordenó dar vista al procurador general de la República para que formulara su pedimento respectivo; y a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, quienes, respectivamente, emitieron y promulgaron las normas impugnadas, para que rindieran sus respectivos informes. De igual forma, requirió al secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, a efecto de que exhibiera copia certificada de los estatutos vigentes del Partido de la Revolución Democrática, y solicitó a la presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitiera opinión en relación a este asunto.
QUINTO. Mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil ocho, el Ministro instructor tuvo al consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Morelos y al secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, dando cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veinte de agosto del mismo año, y por rendido el informe relativo a la fecha de inicio del próximo proceso electoral en dicha entidad federativa, el cual comenzará el dos de enero de dos mil nueve.
SEXTO. Mediante proveído de veintiocho de agosto de dos mil ocho, el Ministro instructor tuvo por recibida la opinión de los Magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Asimismo, mediante acuerdos de uno y dos de septiembre el Ministro instructor tuvo a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos, respectivamente, rindiendo el informe solicitado.
SÉPTIMO. Las autoridades emisora y promulgadora de las normas generales impugnadas, al rendir sus informes manifestaron en síntesis lo siguiente:
• Gobernador del Estado de Morelos
En relación con los hechos descritos por la parte promovente en su escrito de demanda, el Ejecutivo de la entidad señaló que son ciertos los actos atribuidos, los cuales se emitieron en términos de las facultades constitucionales con que cuenta esa autoridad conforme a lo dispuesto en el artículo 70, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, actos que, indica, no se impugnaron por vicios propios.
• La presidenta de la L Legislatura del Estado de Morelos medularmente señaló:
1. Los conceptos de invalidez relativos al artículo 23, fracción III, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se consideran infundados, en mérito a que la reforma combatida de ninguna manera debe interpretarse como un exceso del Congreso de Morelos para legislar en torno a aquello que no le corresponde.
Sostiene que conforme lo dispuesto por el artículo 41, base V, último párrafo, constitucional, el órgano rector en materia electoral a nivel federal puede llevar a cabo las elecciones locales mediante la firma de un convenio con las autoridades locales en la materia, "en los términos que disponga la legislación aplicable"; con base en esa disposición, señala, el Poder Legislativo del Estado de Morelos, en ejercicio de su atribución primordial, que es legislar, aprobó la reforma al artículo 23, fracción III, impugnada, legislando precisamente los términos conforme a los cuales debe suscribirse el citado convenio en materia electoral, es decir, el Congreso del Estado hizo uso de la facultad que se otorga a las entidades federativas para legislar y operativizar los términos de los convenios, por lo que únicamente legisló aquello que mandata la norma constitucional federal, sin contravenirla.
Asimismo, aduce que con la reforma impugnada cumplió con la obligación prevista por el artículo 116, fracción IV, inciso d), de la Constitución Federal, por virtud de la cual los Congresos Locales deben garantizar en las leyes que expidan, la debida operación de los principios rectores del proceso electoral, conforme a los cuales tendrá que actuar la autoridad en esa materia. De ese modo, el Poder Legislativo de Morelos cumplió al constreñirse al mandato constitucional federal que permite la realización de los citados convenios en los términos que disponga la legislación aplicable.
2. Con relación a los conceptos de invalidez relativos al artículo 23, fracción VI, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos señaló que el Tribunal Estatal Electoral es un órgano colegiado que funciona siempre en Pleno y sus resoluciones se acuerdan por mayoría de votos, por lo que lo afirmado por el partido actor en el sentido de que se contravienen los principios de autonomía e independencia judicial resulta erróneo.
En este sentido, precisó que el artículo 86 de la Constitución Política del Estado de Morelos establece que el Tribunal Estatal Electoral forma parte de un órgano del Estado, el Poder Judicial del Estado de Morelos; disposición que se relaciona con el artículo 20 de la propia Constitución Local, que establece que el poder público del Estado se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y dado que el Tribunal Estatal Electoral forma parte del Poder Judicial, goza de autonomía e independencia que le otorga el principio de división de poderes consignado en la Carta Magna y en la Constitución Estatal.
Agregó que si bien es cierto que la administración de los recursos se presenta a través del presidente del Tribunal Estatal Electoral, y su presupuesto lo presenta al presidente del Tribunal del Poder Judicial, para integrarlo al presupuesto de dicho poder, es inexacto y erróneo que esto impida el funcionamiento de este órgano colegiado, ni tampoco atenta contra su naturaleza, que es ser un órgano de legalidad y máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en el Estado y únicamente el presidente, de acuerdo a su reglamento interior, establece lineamientos de carácter administrativo, dado que la presidencia de dicho tribunal es rotativa y no unipersonal y monopólica como afirma el promovente. Aún más, el segundo párrafo de la fracción impugnada señala que la fiscalización de los recursos de dicho tribunal estará a cargo de la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, órgano al cual el presidente en su carácter de representante de este órgano colegiado debe rendir cuenta del ejercicio de los recursos que le sean asignados a este órgano jurisdiccional en materia electoral.
Finalmente, aduce que la disposición en comento ya se encontraba prevista en la Constitución Local, antes de la reforma publicada el dieciséis de julio de dos mil ocho, desde el primero de octubre de mil novecientos noventa y nueve, fecha en que se publicó la reforma a la fracción VI del artículo 23 y se estableció en el párrafo tercero: "El Tribunal Estatal Electoral, administrará sus recursos a través del Magistrado presidente y presentará su presupuesto de egresos al titular del Poder Judicial, quien lo integrará al presupuesto de egresos de dicho poder. La fiscalización de los recursos del Tribunal Estatal Electoral, estará a cargo de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado."
OCTAVO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al formular su opinión, en síntesis, señaló lo siguiente:
1. En relación con el artículo 23, fracción III, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, opina que no es conforme con lo dispuesto en los artículos 41, base V, último párrafo, y 116, fracción IV, incisos c) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por afectar la autonomía en la actuación del Instituto Electoral del Estado de Morelos, en el ejercicio de la facultad de celebrar convenios con el Instituto Federal Electoral, para que asuma la organización de las elecciones locales, además de imponer mayores requisitos que los previstos en los artículos citados, para el fin que regulan.
2. Que el concepto de invalidez formulado por el presidente del Partido de la Revolución Democrática, en torno a la fracción VI, párrafo tercero, del artículo 23 de la Constitución Política del Estado de Morelos, no requiere opinión especializada de la Sala Superior, en razón de que no son temas exclusivos del derecho electoral, sino que pertenecen a la ciencia del derecho en general.
NOVENO. Por acuerdo de ocho de septiembre de dos mil ocho, el Ministro instructor tuvo por presentado el pedimento del procurador general de la República, donde medularmente señaló:
1. El segundo párrafo de la fracción III del artículo 23 de la Constitución Política del Estado de Morelos vulnera los artículos 41, Base V, último párrafo y 116, fracción IV, de la Carta Magna, por cuanto hace al principio de autonomía consagrado en los mismos, ya que indebidamente exige para la celebración del convenio la autorización de un Poder Constituido, como lo es Legislativo del Estado de Morelos, en consecuencia, supeditando su actuar autónomo a un poder distinto a él.
2. Por lo que hace a la impugnada fracción VI, párrafo tercero, del artículo 23 de la Constitución Política del Estado de Morelos se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, en relación con el 59, ambos de la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución Federal, toda vez que no constituye un nuevo acto legislativo que autorice la impugnación a través del presente medio de control constitucional, pues por virtud de la reforma impugnada sólo se cambió el nombre del órgano de fiscalización de la entidad, que antes se denominaba Organismo de Auditoría Superior Gubernamental y ahora, por efectos de la reforma, se nombra Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado.
DÉCIMO. Transcurrido el plazo legal de dos días concedido a las partes para que formularan alegatos, en el propio auto de ocho de septiembre de dos mil ocho, precisado en el apartado anterior, se declaró cerrada la instrucción y se procedió a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre el artículo 23, fracciones III, segundo párrafo y VI, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos (publicado mediante Decretos 822 y 823, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos el dieciséis de julio de dos mil ocho) y la Constitución Federal.
SEGUNDO. En primer término, se analizará si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.
De conformidad con el párrafo primero del artículo 60(1) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, el cómputo del plazo de treinta días naturales para ejercitar la acción de inconstitucionalidad debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó en el medio de difusión oficial la norma impugnada.
Ahora bien, los decretos por los que se dieron a conocer las fracciones del precepto impugnado fueron publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, el dieciséis de julio de dos mil ocho; por tanto, el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad inició el diecisiete de julio de dos mil ocho y concluyó el quince de agosto del mismo año, de conformidad con el artículo 60 antes referido.
En el caso concreto, según consta de la razón asentada al reverso de la foja quince vuelta del presente expediente, la demanda se presentó en el domicilio particular de la funcionaria autorizada para recibir promociones de término fuera del horario de labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el quince de agosto de dos mil ocho, esto es, el último día del plazo, por lo que es evidente que es oportuna.
Lo antes dicho se corrobora con el siguiente calendario:
Ver calendario
TERCERO. Por razón de orden, como una cuestión de estudio preferente, en primer lugar, se procederá a analizar la legitimación de quien promueve la acción de inconstitucionalidad respecto a la fracción VI, tercer párrafo, del artículo 23 de la Constitución Política del Estado de Morelos, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
Los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, último párrafo, de su ley reglamentaria disponen que los partidos políticos con registro podrán ejercer la acción de inconstitucionalidad, para lo cual deben satisfacer los siguientes requisitos:
a) Que el partido político cuente con registro definitivo ante la autoridad electoral correspondiente;
b) Que el partido político promueva por conducto de su dirigencia (nacional o local según sea el caso);
c) Que las leyes impugnadas sean de naturaleza electoral; y
d) Que quien suscriba a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para ello.
En el caso, el Partido de la Revolución Democrática es un partido político nacional con registro ante el Instituto Federal Electoral, según copia certificada expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral (foja 65 del expediente).
Asimismo, en diversa copia certificada también expedida por el citado funcionario consta que Guadalupe Acosta Naranjo funge como presidente del propio partido político (foja 64 del expediente). Cabe mencionar que el artículo 19, numeral 5, inciso e), de los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática establece que corresponde al presidente nacional representar legalmente al partido. Así, es claro que también se cumple con el segundo y el cuarto de los requisitos mencionados, dado que la persona que suscribe la presente demanda de inconstitucionalidad lo hace en su calidad de presidente nacional, el cual cuenta con facultades para tal efecto en términos del referido estatuto y a nombre del Partido de la Revolución Democrática.
Sin embargo, en cuanto al tercer requisito referente a que las normas impugnadas sean de naturaleza electoral, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que no se cumple respecto a la impugnada fracción VI, tercer párrafo, del artículo 23 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, por las razones que a continuación se expresan.
La exigencia de que las normas impugnadas en una acción de inconstitucionalidad promovida por partidos políticos sea de naturaleza electoral proviene de una disposición de rango constitucional, está regulada por la ley y ha sido interpretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la jurisprudencia.
En efecto, la exigencia referida es de rango constitucional, ya que el inciso f) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal establece puntualmente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las acciones de inconstitucionalidad que aquéllos intenten en contra de "leyes electorales federales o locales".
A nivel legal, la exigencia es también la misma, según puede constatarse mediante la lectura del tercer párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en lo conducente, prevé:
"Se considerarán parte demandante en los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, además de las señaladas en la fracción I del artículo 10 de esta ley, a los partidos políticos con registro por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales ..."
Finalmente, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha llevado a cabo diversas interpretaciones de lo que debe entenderse por "leyes electorales", entre las cuales destacan las siguientes:
"No. Registro: 178,415
"Tesis aislada
"Materia(s): Constitucional
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXI, mayo de 2005
"Tesis: P. XVI/2005
"Página: 905
"NORMAS GENERALES EN MATERIA ELECTORAL. PARA QUE PUEDAN CONSIDERARSE CON TAL CARÁCTER E IMPUGNARSE A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, DEBEN REGULAR ASPECTOS RELATIVOS A LOS PROCESOS ELECTORALES PREVISTOS DIRECTAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 25/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, abril de 1999, página 255, con el rubro: ‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO.’, sostuvo que las normas electorales no sólo son las que establecen el régimen normativo de los procesos electorales, sino también las que, aunque contenidas en ordenamientos distintos a una ley o código electoral, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con tales procesos o que deban influir en ellos. Ahora bien, de los artículos 41, primer y segundo párrafos, 115, fracciones I y VIII, 116, fracción IV, inciso a), y 122, apartado C, bases primera y segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que ésta prevé principios para la elección de determinados servidores públicos, a saber: los titulares del Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Legislativo (en ambos tanto federales como locales), así como los integrantes de los Ayuntamientos (presidente municipal, regidores y síndicos), lo que implica que a otros niveles puede preverse legalmente la elección de ciertos funcionarios, pero los procesos no se regirán por dichos principios, por lo que si una ley establece que la designación de un servidor público diverso a los señalados debe hacerse mediante elecciones, ello no le confiere el carácter de electoral, porque para tener tal calidad es necesario que regule aspectos relativos a los procesos electorales, que son los previstos por la Constitución Federal.
"Acción de inconstitucionalidad 3/2005. Partido de la Revolución Democrática. 17 de marzo de 2005. Mayoría de siete votos. Disidentes: Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Marat Paredes Montiel."
"No. Registro: 194,155
"Jurisprudencia
"Materia(s): Constitucional
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: IX, abril de 1999
"Tesis: P./J. 25/99
"Página: 255
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. En la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se instituyó este tipo de vía constitucional en el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero se prohibió su procedencia en contra de leyes en materia electoral; con la reforma a dicho precepto fundamental publicada en el mismo medio de difusión el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, se admitió la procedencia de la acción en contra de este tipo de leyes. Con motivo de esta última reforma, la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de dicha Constitución prevé reglas genéricas para la sustanciación del procedimiento de la acción de inconstitucionalidad y reglas específicas cuando se impugnan leyes electorales. De una interpretación armónica y sistemática, así como teleológica de los artículos 105, fracción II, y 116, fracción IV, en relación con el 35, fracciones I y II, 36, fracciones III, IV y V, 41, 51, 56, 60, 81, 115, fracciones I y II, y 122, tercer párrafo, e inciso c), base primera, fracciones I y V, inciso f), todos de la propia Constitución, se llega al convencimiento de que las normas generales electorales no sólo son las que establecen el régimen normativo de los procesos electorales propiamente dichos, sino también las que, aunque contenidas en ordenamientos distintos a una ley o código electoral sustantivo, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una manera o de otra, como por ejemplo, distritación o redistritación, creación de órganos administrativos para fines electorales, organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites de las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas y sus sanciones. Por tanto esas normas pueden impugnarse a través de la acción de inconstitucionalidad y, por regla general, debe instruirse el procedimiento correspondiente y resolverse conforme a las disposiciones específicas que para tales asuntos prevé la ley reglamentaria de la materia, pues al no existir disposición expresa o antecedente constitucional o legal alguno que permita diferenciarlas por razón de su contenido o de la materia específica que regulan, no se justificaría la aplicación de las reglas genéricas para unas y las específicas para otras."
De la lectura de los criterios anteriores se concluye que este Tribunal Pleno ha venido identificando elementos esenciales para determinar lo que es el carácter electoral de las leyes impugnables vía acción de inconstitucionalidad, siempre considerando como eje fundamental el proceso electoral. Con base en ello, ha distinguido entre cuestiones relacionadas directamente con los procesos electorales de aquellas relacionadas de manera indirecta, todas susceptibles de ser sometidas a examen de constitucionalidad por los partidos políticos. Dentro de las primeras ha establecido las siguientes:
1) Las reglas que establecen el régimen normativo de los procesos electorales.
2) Los principios para la elección de determinados servidores públicos.
Y como cuestiones relacionadas indirectamente ha enunciado:
1) Las reglas sobre distritación y redistritación.
2) Las reglas sobre la creación de órganos administrativos para fines electorales.
3) La reglas sobre la organización de las elecciones.
4) Las reglas sobre el financiamiento público.
5) Las reglas sobre la comunicación social de los partidos políticos.
6) Las reglas sobre los límites de las erogaciones y montos máximos de aportaciones en materia de financiamiento partidario.
7) Las reglas sobre los delitos y faltas administrativas de carácter electoral y sus sanciones.
De este modo, es posible distinguir un ámbito electoral para efectos de la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad, considerando como no electoral para tales efectos todo aquello que no se encuentre dentro de dicho ámbito, es decir, aquello que no se relaciona directa ni indirectamente con los procesos electorales.
Importante resulta no perder de vista que la referida división de la materia electoral se hace con la única finalidad de determinar la procedencia de la acción de inconstitucionalidad cuando es intentada por los partidos políticos.
Ahora bien, el controvertido artículo 23, fracción VI, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos es del tenor siguiente:
"Artículo 23. Los procesos electorales ...
"VI. ...
"El Tribunal Estatal Electoral administrará sus recursos a través del Magistrado presidente y propondrá su presupuesto de egresos al titular del Poder Judicial, quien lo integrará al presupuesto de egresos de dicho poder. La fiscalización de los recursos del Tribunal Estatal Electoral estará a cargo de la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado."
Como se observa, a través
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21223-aef77725/accion-de-inconstitucionalidad-el-articulo-23-fraccion-iii · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL CAMBIO DE LA IDENTIFICACIÓN NUMÉRICA DE UNA NORMA GENERAL NO CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO PARA EFECTOS DE SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DE AQUE (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 93/2008 Y SU ACUMULADA)
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA REFORMA A LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT, EN SUS ARTÍCULOS 23, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 24, FRACCIÓN VI, INCISO B), (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 31, DÉCIMO PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 163, PUBLIC (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- MULTAS FIJAS. LOS ARTÍCULOS 679, 680 Y 706 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, QUE PREVÉN SU IMPOSICIÓN, TRANSGREDEN LOS NUMERALES 16 Y 22 DE LA CONSTITUCIÓN PO (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- QUEJA FUNDADA, CONTRA LA RESOLUCION OMISIVA DEL JUEZ. (s/clave)
- CONFORME AL ARTÍCULO 105 DE LA CARTA MAGNA. DEMANDA INADMISIBLE.- (24)
- CONFORME AL ARTICULO 105 DE LA CARTA MAGNA. DEMANDA INADMISIBLE. (s/clave)
- ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. NO EXISTE OBLIGACIÓN DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL CONTENIDO DE LA OPINIÓ (7)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis