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Modo: Corpus Pro

MULTAS FIJAS. LOS ARTÍCULOS 679, 680 Y 706 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, QUE PREVÉN SU IMPOSICIÓN, TRANSGREDEN LOS NUMERALES 16 Y 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 71/2008. · Registro digital (IUS): 21331
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, , Pág. 2124.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 71/2008. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIO: JORGE LUIS REVILLA DE LA TORRE.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diez de noviembre de dos mil ocho.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio PGR/0128/2008 presentado el once de marzo de dos mil ocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza, en su carácter de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de las normas emitidas y promulgadas por las autoridades que a continuación se precisan:

a) Del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo se reclama la emisión de los artículos 679, 680 y 706 del Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo, que aparecen publicados en el Periódico Oficial de la entidad del once de febrero de dos mil ocho.

b) Del gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo se reclama la promulgación de las normas impugnadas.

SEGUNDO. El promovente de esta acción estima que las disposiciones legales impugnadas son violatorias de los artículos 16, primer párrafo y 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO. En su concepto de invalidez, el procurador general de la República, en esencia, manifestó que los artículos 679, 680 y 706 del Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo transgreden lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo y 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a las siguientes consideraciones:

El artículo 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos proscribe la imposición de multas excesivas o fijas, de modo que el Congreso Local al momento de llevar a cabo su función legislativa y crear los artículos 679, 680 y 706 del Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo debió haber previsto en dichos preceptos jurídicos un parámetro que incluyera un mínimo y un máximo en la cuantía de la multa o sanción, a efecto de que la autoridad competente estuviere en posibilidad, en cada caso específico, de individualizarla y de establecerla en función de la gravedad de la infracción, de la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del cual pueda inferirse la levedad o gravedad de la infracción, a fin de garantizar el derecho fundamental a la seguridad jurídica.

No obstante ello, los numerales tildados de inconstitucionales establecen diversas multas fijas, lo que contraviene el precepto constitucional citado, ya que no fijan los parámetros mínimos y máximos a partir de los cuales la autoridad estaría en posibilidad de individualizar la sanción, a fin de que ésta no sea irrazonable y desproporcionada.

Por otra parte, señala que la garantía de legalidad que estatuye el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a toda autoridad que emite un acto -incluyendo a los Congresos Locales- a cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación y que en tratándose de actos legislativos, el respeto de estos principios se da cuando el órgano legislativo que expide las normas se encuentra constitucionalmente facultado para ello y actúa dentro del límite de las atribuciones que tiene conferidas (fundamentación) y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación).

En este contexto, resulta evidente que el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, al prever en dichos preceptos jurídicos diversas multas fijas, contravino lo dispuesto por el artículo 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, se extralimitó en sus atribuciones, lo que demuestra que vulneró lo dispuesto por el artículo 16 constitucional.

En mérito de lo expuesto, procede que esa Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la inconstitucionalidad de los artículos 679, 680 y 706 del Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo, al ser contrarios a lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo y 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO. Mediante proveído de once de marzo de dos mil ocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 71/2008 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, quien admitió a trámite el asunto mediante acuerdo de doce de marzo de dos mil ocho y ordenó que se le diera vista de dicho acuerdo al órgano legislativo que emitió la norma impugnada y al ejecutivo que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes.

QUINTO. Al rendir su informe, el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a través del presidente de la mesa directiva, en esencia, señaló lo siguiente:

• Son ciertos los actos reclamados única y exclusivamente por lo que se refiere a que en uso de las facultades que le confiere el artículo 44 de la Constitución Política del Estado, aprobó el Decreto Legislativo Número 317, mediante el cual se reformaron los artículos 679, 680 y 706 del Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo, que aparece publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, ejemplar número 34, tomo CXLIII, segunda sección, correspondiente al once de febrero de dos mil ocho.

• Debe sobreseerse en la presente acción de inconstitucionalidad, ya que para determinar si una ley o disposición de carácter general es violatoria o no de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe hacerse su confrontación con los preceptos de la misma que resulten aplicables, así como de los elementos que permitan desentrañar su verdadero sentido, conforme a la voluntad del Constituyente y, en su caso, del Poder Reformador de la Constitución, sin que pueda admitirse como uno de ellos, la conducta abusiva que pudiera presentarse en la realidad, al momento de aplicar incorrectamente los preceptos constitucionales o al asumir conductas complementarias contrarias al contenido expreso y a su auténtico sentido, ya que ello en todo caso tendría que combatirse por otros procedimientos.

• En el supuesto no admitido de que fuese declarada improcedente la causal de sobreseimiento hecha valer, los artículos 679, 680 y 706 del Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo, no contravienen disposición constitucional alguna, en virtud de que el hecho de que no establezcan mecanismo alguno para fijar el monto de la sanción entre un mínimo y un máximo, de acuerdo con la gravedad o levedad de la infracción y la condición económica del infractor, no implica la inconstitucionalidad de los mismos, porque no vulneran de manera directa algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ello es así, en virtud de que tan constitucional es la creación de las normas que contienen parámetros entre los cuales la autoridad administrativa deba aplicarla determinando su monto, como la creación de las normas que contienen multas cuyo monto fijo es determinado por la propia ley, como sucede en la especie, pues ambos sistemas son ajenos a la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que lo único que es la materia de tutela constitucional estriba en que no sea excesiva y tal adjetivo no puede derivarse del sistema empleado por el legislador para determinar su monto.

Asimismo, sostiene que a pesar de que no se combaten los preceptos impugnados por establecer una multa excesiva, lo cierto es que el término "multa excesiva" engloba a todas aquellas sanciones pecuniarias que rebasan el límite de lo ordinario o de lo razonable, que estén en desproporción con la gravedad de la infracción o ilícito o de la capacidad económica del multado, lo que es lógico si se toma en cuenta que la finalidad que persigue este tipo de sanciones, además de ser intimidatorias, es evitar la reincidencia de los infractores, mas no la de terminar con sus patrimonios, a lo cual inevitablemente se llegaría de aceptarse la imposición de multas que rebasen su capacidad económica.

En este sentido, debe señalarse que ninguno de los numerales tildados de inconstitucionales establecen multas irrazonables o desproporcionales a la conducta a que se refieren ni a la capacidad económica del infractor.

Lo anterior obedece a que en los numerales impugnados se optó por el establecimiento de multas fijas, en virtud de que las infracciones a que los mismos se refieren, por su naturaleza, no son susceptibles de graduarse ni individualizarse, amén de que las multas son económicamente bajas.

Por tanto, debe colegirse que el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo no está regulando arbitrariamente la imposición de las multas a que se hagan acreedores los notarios o las personas a que se refieren los numerales que se impugnan, pues se optó por el sistema de establecer multas fijas, debidamente determinadas en la ley, lo que resulta constitucional y no se viola el artículo 22 de nuestra Ley Fundamental, habida cuenta de que, reitera, tanto este sistema que establece la multa fija como el que establece la multa pero para su cuantificación señala un mínimo y un máximo, que permite a la autoridad que la impone determinar su monto dentro de esos parámetros, son ajenos a la garantía de seguridad jurídica, dado que lo único que es materia de tutela constitucional es que la multa no sea excesiva y tal adjetivo no puede derivarse del sistema empleado por el legislador para determinar su monto y, más aún, cuando, en la especie, no se combaten dichos numerales por considerar las multas excesivas.

SÉPTIMO. Al rendir su informe, el Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, a través del secretario de Gobierno, en esencia, manifestó que por lo que se refiere a la promulgación del Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo, su actuación se apegó en todo momento a lo dispuesto por el propio Texto Constitucional.

OCTAVO. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos de las partes y encontrándose debidamente instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre los artículos 679, 680 y 706 del Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente se analizará en primer lugar la oportunidad de la acción.

El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente."

Conforme a este precepto el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional cuya invalidez se solicita sea publicado en el correspondiente medio oficial, sin perjuicio de que si el último día del plazo fuere inhábil, la acción podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

En el caso concreto, el Decreto Legislativo Número 317, mediante el cual se reformaron los artículos 679, 680 y 706 del Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo, aparece publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, ejemplar número 34, tomo CXLIII, segunda sección, correspondiente al lunes once de febrero de dos mil ocho, como se advierte del ejemplar que obra agregado a fojas trece a setenta y ocho de autos, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el plazo para promover la presente acción de inconstitucionalidad transcurrió a partir del día siguiente al de la fecha de su publicación, esto es, del martes doce de febrero al miércoles doce de marzo de dos mil ocho.

En tal virtud, si la acción de inconstitucionalidad se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el once de marzo de dos mil ocho (según se aprecia del sello que aparece en la parte superior del reverso de la foja once de este expediente), debe tenerse por presentada en tiempo.

TERCERO. Acto seguido, procede analizar la legitimación de quien promueve la acción de inconstitucionalidad, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

En el caso concreto, suscribe la demanda Eduardo Medina-Mora Icaza, con el carácter de procurador general de la República, lo que acredita con la copia certificada de la designación en ese cargo que le confiere el presidente de la República (foja doce de autos).

El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señala la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

"...

"c) El procurador general de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano."

De lo previsto por dicho numeral se desprende que el procurador general de la República podrá ejercitar la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes federales, estatales y del Distrito Federal, así como respecto de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano.

Bajo este orden de ideas, se pone de manifiesto que si el procurador general de la República promovió la presente acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma realizada a los artículos 679, 680 y 706 del Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo, aprobada por la Legislatura Local mediante el Decreto Número 317, debe concluirse que dicho funcionario federal cuenta con la legitimación necesaria para interponerla.

Apoya la conclusión anterior la jurisprudencia P./J. 98/2001, de este Tribunal Pleno, publicada en la página ochocientos veintitrés del Tomo XIV, septiembre de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES. El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al procurador general de la República para impugnar, mediante el ejercicio de las acciones de inconstitucionalidad, leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como tratados internacionales, sin que sea indispensable al efecto la existencia de agravio alguno, en virtud de que dicho medio de control constitucional se promueve con el interés general de preservar, de modo directo y único, la supremacía constitucional, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma. En otras palabras, no es necesario que el procurador general de la República resulte agraviado o beneficiado con la norma en contra de la cual enderece la acción de inconstitucionalidad ni que esté vinculado con la resolución que llegue a dictarse, pues será suficiente su interés general, abstracto e impersonal de que se respete la supremacía de la Carta Magna."

CUARTO. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o que de oficio advierta este Alto Tribunal, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, conforme lo establece el artículo 19, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el caso concreto, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, al momento de rendir el informe que se le solicitó a dicho cuerpo legislativo, señaló que en el caso concreto procede sobreseer en la presente acción de inconstitucionalidad, ya que para determinar si una ley o disposición de carácter general es violatoria o no de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe hacerse su confrontación con los preceptos de la misma que resulten aplicables, así como de los elementos que permitan desentrañar su verdadero sentido, conforme a la voluntad del Constituyente y, en su caso, del Poder Reformador de la Constitución, sin que pueda admitirse como uno de ellos, la conducta abusiva que pudiera presentarse en la realidad, al momento de aplicar incorrectamente los preceptos constitucionales o al asumir conductas complementarias contrarias al contenido expreso y a su auténtico sentido, ya que ello en todo caso tendría que combatirse por otros procedimientos.

Dicho planteamiento debe desestimarse en atención a que involucra una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del asunto, como lo es si las normas tildadas de inconstitucionales transgreden o no lo dispuesto por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como se ha sostenido en la Novena Época el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 36/2004 que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, junio de dos mil cuatro, página ochocientos sesenta y cinco, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una acción de inconstitucionalidad se hace valer una causal que involucra una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse y, de no operar otro motivo de improcedencia estudiar los conceptos de invalidez."

En virtud de lo anterior, y toda vez que en el caso concreto este Alto Tribunal no advierte que se surta causal de improcedencia alguna, lo procedente es analizar el estudio del concepto de invalidez que hizo valer el procurador general de la República en el escrito inicial de demanda.

QUINTO. El procurador general de la República en su único concepto de invalidez trata de evidenciar que los artículos 679, 680 y 706 del Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo contravienen lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo y 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al prever diversas multas fijas, ya que no contienen un parámetro que incluyera un mínimo y un máximo en la cuantía de la multa o sanción, a efecto de que la autoridad competente estuviere en posibilidad, en cada caso específico, de individualizarla y de establecerla en función de la gravedad de la infracción, de la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del cual pueda inferirse la levedad o gravedad de la infracción, a fin de garantizar el derecho fundamental a la seguridad jurídica.

A fin de estar en posibilidad de analizar dicho planteamiento se estima necesario, en primer lugar, transcribir la parte conducente del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicho precepto jurídico, en la parte que interesa, textualmente establece:

"Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales."

De lo anterior se desprende, entre otras cuestiones, que en el orden jurídico nacional queda prohibida la imposición de multas excesivas.

Ahora bien, en torno a las multas excesivas, este Alto Tribunal ha sostenido en diversos precedentes que una multa es excesiva cuando la ley que la prevé no da posibilidad a quien debe imponerla, de determinar su monto o su cuantía, esto es, de considerar la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad de la infracción, a fin de individualizar el monto de la multa.

A fin de corroborar lo anterior, se estima necesario transcribir el contenido de la tesis de jurisprudencia P./J. 9/95, sustentada en la Novena Época por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, julio de mil novecientos noventa y cinco, página cinco, misma que es del tenor literal siguiente:

"MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE.-De la acepción gramatical del vocablo ‘excesivo’, así como de las interpretaciones dadas por la doctrina y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para definir el concepto de multa excesiva, contenido en el artículo 22 constitucional, se pueden obtener los siguientes elementos: a) Una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito; b) Cuando se propasa, va más adelante de lo lícito y lo razonable; y c) Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos. Por lo tanto, para que una multa no sea contraria al Texto Constitucional, debe establecerse en la ley que la autoridad facultada para imponerla, tenga posibilidad, en cada caso, de determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, en su caso, de éste en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda."

Así, la imposición de multas o sanciones debe ser proporcional a la infracción cometida, para lo cual deben considerarse diversos elementos, ya que de lo contrario éstas resultarán excesivas.

De esta forma, las multas deben guardar una relación de proporcionalidad frente a la infracción realizada, a fin de establecer su cuantía, para lo cual deberán considerarse, entre otras cuestiones, la reincidencia, las posibilidades económicas del infractor o la gravedad del ilícito.

Por tanto, para que una multa sea acorde al Texto Constitucional debe contener un parámetro establecido en cantidades o porcentajes mínimos y máximos, que permitan a las autoridades facultadas para imponerlas determinar su monto de acuerdo a las circunstancias personales del infractor, tomando en cuenta su capacidad económica, la reincidencia o cualquier otro elemento del que se desprenda la levedad o gravedad de la infracción, ya que de lo contrario el establecimiento de multas fijas que se apliquen a todos los infractores por igual, de manera invariable e inflexible, trae como consecuencia el exceso autoritario y un tratamiento desproporcionado a los infractores.

Corroboran lo anterior, las tesis de jurisprudencia P./J. 102/99 y P./J. 17/2000, sustentadas por el Tribunal Pleno en la Novena Época y que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos X y XI, páginas treinta y uno y cincuenta y nueve; respectivamente, que son del tenor literal siguiente:

"MULTAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN EN PORCENTAJES DETERMINADOS ENTRE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO, NO SON INCONSTITUCIONALES.-Esta Suprema Corte ha establecido, en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/95, que las leyes que prevén multas fijas resultan inconstitucionales por cuanto al aplicarse a todos por igual de manera invariable e inflexible, propician excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares; sin embargo, no pueden considerarse fijas las multas establecidas por el legislador en porcentajes determinados entre un mínimo y un máximo, porque con base en ese parámetro, la autoridad se encuentra facultada para individualizar las sanciones de conformidad con la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor."

"MULTAS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE FIJAS LAS ESTABLECIDAS EN PRECEPTOS QUE PREVÉN UNA SANCIÓN MÍNIMA Y UNA MÁXIMA.-El establecimiento de multas fijas es contrario a los artículos 22 y 31, fracción IV, de la Constitución, por cuanto que al aplicarse a todos los infractores por igual, de manera invariable e inflexible, propicia excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares. En virtud de ello, los requisitos considerados por este Máximo Tribunal para estimar que una multa es acorde al Texto Constitucional, se cumplen mediante el establecimiento, en la norma sancionadora, de cantidades mínimas y máximas, lo que permite a la autoridad facultada para imponerla, determinar su monto de acuerdo a las circunstancias personales del infractor, tomando en cuenta su capacidad económica y la gravedad de la violación."

Una vez precisado lo anterior, procede analizar si, como lo sostiene el demandante, los artículos 679, 680 y 706 del Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo contravienen lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo y 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al prever diversas multas fijas, ya que no contienen un parámetro que incluyera un mínimo y un máximo en la cuantía de la multa o sanción, a efecto de que la autoridad competente estuviere en posibilidad, en cada caso específico, de individualizarla y de establecerla en función de la gravedad de la infracción, de la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del cual pueda inferirse la levedad o gravedad de la infracción, a fin de garantizar el derecho fundamental a la seguridad jurídica.

Los artículos 679, 680 y 706 del Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo, en la parte que interesa, textualmente establecen:

"Artículo 679. Se prohíbe a los notarios y a cualesquiera otras personas que hayan de redactar testamentos, dejar hojas en blanco y servirse de abreviaturas o cifras bajo la pena de veinte días de salario mínimo de multa a los notarios y de cien los que no lo fueren."

"Artículo 680. Los notarios que hubieren otorgado un testamento y los que lo tengan en su poder, si saben el fallecimiento del testador, deben poner en conocimiento de los interesados la existencia de tal documento, cuando conozcan el domicilio de éstos; y en caso contrario avisarán al Juez de Primera Instancia. La infracción de este artículo se castigará con multa de veinte días de salario."

"Artículo 706. Por la infracción del artículo anterior,(1) no se anulará el testamento, pero el notario incurrirá en una multa de doscientos días de salario mínimo general vigente."

De lo anterior se desprende lo siguiente:

a) El artículo 679 del Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo prohíbe a los notarios y a cualesquiera otras personas que hayan de redactar testamentos, dejar hojas en blanco y servirse de abreviaturas o cifras bajo la pena de veinte días de salario mínimo de multa a los notarios y de cien los que no lo fueren.

b) El artículo 680 del Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo señala que los notarios que hubieren otorgado un testamento y los que lo tengan en su poder, si saben del fallecimiento del testador, deben poner en conocimiento de los interesados la existencia de tal documento cuando conozcan el domicilio de éstos; y en caso contrario avisarán al Juez de Primera Instancia; lo que si no hacen será sancionado con multa de veinte días de salario mínimo.

c) El artículo 706 del Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo dispone que se impondrá multa de doscientos días de salario mínimo al notario que incumpla con lo dispuesto en el diverso artículo 705 del ordenamiento legal en comento en donde se establece que una vez cerrado y autorizado el testamento se depositará en el Archivo General de Notarías y, el notario previamente, pondrá razón en el protocolo del lugar, hora, día, mes y año en que el testamento fue autorizado; debiendo anotar al margen de dicha razón, el día en que fue entregado a dicho archivo.

Derivado de lo anterior se puede observar que las multas que contemplan dichos preceptos jurídicos, transgreden lo dispuesto por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida en que no permiten a la autoridad facultada para imponerlas no tiene la posibilidad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21331-e5ba600c/multas-fijas-los-articulos-679-680-y-706 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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