ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE SOCIEDADES MUTUALISTAS DEL DISTRITO FEDERAL QUE FACULTA A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA IMPONER Y EJECUTAR LAS MULTAS QUE PREVÉ POR EL INCUMPLIMIENTO A SUS DISPOSICIONES, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 122/2008. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIO: ETIENNE LUQUET FARÍAS.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al catorce de abril de dos mil nueve.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el veintiuno de noviembre de dos mil ocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina-Mora Icaza, en su carácter de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas por las autoridades que a continuación se precisan:
"Autoridades emisora y promulgadora de la norma general impugnada. a) Autoridad emisora: Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Donceles esquina Allende s/n, colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06068, México, Distrito Federal. b) Autoridad promulgadora: Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Plaza de la Constitución número 2, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06068, México, Distrito Federal. Norma general cuya invalidez se reclama. Artículo 38 de la Ley de Sociedades Mutualistas del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la entidad de 23 de octubre de 2008, cuyo ejemplar se anexa al presente oficio."
SEGUNDO. La autoridad promovente señaló como conceptos de invalidez, los siguientes:
"Primero. Violación del artículo 38 de la Ley de Sociedades Mutualistas del Distrito Federal al numeral 14, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 14, tercer párrafo, de la Norma Suprema, establece: ‘Artículo 14.’ (se transcribe). La anterior disposición prevé las garantías de legalidad y de exacta aplicación de la ley, las cuales, tanto en el derecho penal como en el derecho administrativo sancionador, responden a los principios nullum crimen sine lege y nulla poena sine lege, que prohíben la analogía o la mayoría de razón en la determinación de los delitos y en la imposición de las penas o multas. Sobre este punto resulta ilustrativo el siguiente criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXVIII, Quinta Época, página 2434, que dice: ‘PENAS INDETERMINADAS, INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS.’ (se transcribe). En este orden de ideas, tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendido como la facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos. De un análisis integral del régimen de infracciones administrativas, se desprende que el derecho administrativo sancionador posee como objetivo garantizar a la colectividad, en general, el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder público para lograr los objetivos en ellas trazados, cuestión en la que va inmerso el interés colectivo. Por sanción administrativa se debe entender aquí un castigo infligido por la administración a un administrado, como consecuencia de una conducta tachada como ilícita por la ley. Este castigo puede consistir en la privación de un bien, de un derecho, la imposición de una obligación de pago de una multa, arresto, etcétera. La sanción administrativa cumple en la ley y en la práctica distintos objetivos: preventivos o represivos, correctivos o disciplinarios, o de castigo. Así, el llamado derecho administrativo sancionador consiste en la competencia de las autoridades administrativas para imponer sanciones a las acciones y omisiones antijurídicas. De este modo, la pena administrativa es una función jurídica que tiene lugar como reacción frente a lo antijurídico, frente a la lesión del derecho administrativo. Por lo anterior, puede afirmarse que la pena administrativa guarda una similitud fundamental con la sanción penal, toda vez que como parte de la potestad punitiva del Estado, ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico. En uno y otro supuesto, la conducta humana es ordenada o prohibida bajo la sanción de una pena. Que esta pena la imponga en un caso el tribunal y en otro la autoridad administrativa, constituye una diferencia jurídico-material entre los dos tipos de normas penales; no obstante, la elección entre penas y sanción administrativa no es completamente disponible para el legislador, en tanto que es susceptible de ser controlable a través de un juicio de proporcionalidad y razonabilidad, en sede constitucional. La acción administrativa alcanza planos cada vez más amplios, pues la vida social es dinámica, el desarrollo científico y tecnológico revoluciona a pasos agigantados las relaciones sociales, y sin duda exige un acrecentamiento de la actuación estatal, en específico de la administración pública, y la regulación en materia tributaria por parte del legislador para encauzar con éxito las relaciones sociales, lo que de hecho conlleva a una multiplicación en la creación de nuevas sanciones administrativas. En ese tenor, dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador; puede acudirse a los principios penales sustantivos, como son, entre otros: el principio de legalidad, el principio que prohíbe juzgar a alguien dos veces por el mismo delito, la presunción de inocencia, el principio de culpabilidad e incluso la prescripción de las sanciones, aun cuando la traslación de los mismos, en cuanto a grados de exigencia, no pueda hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza. Lo anterior tiene sustento en el criterio jurisprudencial de rubro y texto: ‘DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO.’ (se transcribe). El anterior criterio sustenta la posibilidad de que el derecho administrativo sancionador para la construcción de sus propios principios constitucionales, se puede acudir a la materia penal, circunstancia que ha sido asumida por el Pleno de ese Alto Tribunal en algunas ocasiones, como en el caso del principio de exacta aplicación de la ley, que constituye el derecho fundamental para todo gobernado en los juicios del orden criminal, garantizado por el artículo 14 constitucional. Apoyan lo anterior, las tesis aisladas emitidas por la Segunda Sala de ese Alto Tribunal que se transcriben enseguida: ‘RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN LA LEY FEDERAL RELATIVA TAMBIÉN SE RIGEN POR EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY QUE IMPERA EN LAS DE CARÁCTER PENAL, AUN CUANDO SEAN DE DIVERSA NATURALEZA.’ (se transcribe). ‘RADIO Y TELEVISIÓN. EL SISTEMA DE SANCIONES ESTABLECIDO EN LOS PRECEPTOS 103 Y 104 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO CONTRAVIENE LA GARANTÍA DE LEGALIDAD DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 73, FRACCIÓN XXI, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe). Sentada la premisa de que el principio constitucional de exacta aplicación de la ley que rige en la materia penal, previsto en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, puede ser aplicado, proporción guardada, al derecho administrativo sancionador, se procede a desarrollar el contenido de tales garantías. El principio de legalidad constituye un importante límite externo al ejercicio de la potestad punitiva del Estado, con base en el cual la Norma Suprema impide que los poderes Ejecutivo y Judicial -este último a través de la analogía o la mayoría de razón- configuren libremente delitos y penas, o infracciones, sanciones y multas; es decir, el mencionado principio exige que todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y motivado conforme a las leyes establecidas con anterioridad al hecho que se sanciona. Dicho principio posee como núcleo duro básicamente dos principios: el de reserva de ley y el de tipicidad. Por lo que se refiere al primero, se traduce en que determinadas materias o ciertos desarrollos jurídicos deben estar respaldados por la ley, o simplemente que la ley es el único instrumento idóneo para regular su funcionamiento. Por su parte, el principio de tipicidad se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. Dicho en otras palabras, el principio de tipicidad se cumple cuando consta en la norma una predeterminación intangible de la infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de una ley cierta que permita predecir con suficiente grado de precisión las conductas infractoras y las sanciones. La descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador o, en su caso, la autoridad que aplicará la sanción, puedan conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma. Así, para garantizar debidamente la seguridad jurídica de los ciudadanos, no bastaría con una tipificación confusa o indeterminada que condujere a los gobernados a tener que realizar labores de interpretación, para las que no todos están preparados, y de esa manera tratar de conocer lo que les está permitido y lo que les está vedado hacer. Es por ello esencial a toda formulación típica que sea lo suficientemente clara y precisa como para permitirles programar su comportamiento sin temor a verse sorprendidos por sanciones que en modo alguno pudieron prever. En este aspecto, lo que está proscrito es que la norma penal induzca a errores o los favorezca con motivo de su deficiente o atormentada formulación. En este orden de ideas, el principio de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, debe hacerse extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una multa por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta ni por analogía, ni por mayoría de razón. Ahora bien, para dar continuidad a esta necesidad de certeza de la ley, el juez o la autoridad administrativa encargada de aplicar las sanciones, en cumplimiento del principio de exacta aplicación de la ley, no tienen más que asegurarse de conocer el alcance y significado de la norma al realizar el proceso mental de adecuación típica y de la correlación entre sus elementos, sin que, como se ha reiterado, se rebase la interpretación y se incurra en el terreno de la creación legal, para superar las deficiencias de la norma. Dada esta convergencia de los principios de tipicidad y exacta aplicación de la ley en el principio de legalidad, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha inferido de la interpretación del texto constitucional, que la garantía de exacta aplicación de la ley no se circunscribe a los meros actos de aplicación, sino que abarca también a la propia ley que se aplica, la que debe quedar redactada de tal forma que los términos mediante los cuales especifique los elementos respectivos sean claros, precisos y exactos; esto es, la autoridad legislativa no puede sustraerse al deber de consignar en las leyes penales que expida, expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que señalen como típicas, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, cuando sea necesario para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del gobernado. Por tanto, la ley que carezca de tales requisitos de certeza resulta violatoria de la garantía indicada prevista en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución General de la República. El precedente invocado es el siguiente: ‘EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, GARANTÍA DE. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA.’ (se transcribe). Ciertamente, el principio de tipicidad significa fundamentalmente que los caracteres esenciales de la conducta y la forma, contenido y alcance de la infracción estén consignados de manera expresa en la ley, de tal manera que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades encargadas de su aplicación. Esto, por lo demás, es consecuencia del principio de exacta aplicación de la ley reconocido por el tercer párrafo del artículo 14 de la Ley Fundamental, conforme al cual, queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición de sanciones, por imprevisibilidad de la infracción que no tenga un claro apoyo legal, debe considerarse absolutamente proscrita en el régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justificársele. En efecto, es indispensable que exista una disposición legal que establezca una pena para su autor y que esta disposición reúna, además, las características de claridad, exactitud y precisión; es decir, se aplique una pena que ha sido establecida en esos términos para una conducta determinada. Sirve de apoyo a los anteriores razonamientos la jurisprudencia emitida por el Pleno de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la tesis aislada emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, las cuales establecen: ‘COMPETENCIA ECONÓMICA. EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN VII, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL NO ESPECIFICAR LA CONDUCTA SOBRE LA CUAL RECAERÁ LA SANCIÓN QUE PREVÉ, VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe). ‘LEYES. INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS QUE ESTABLECEN SANCIONES ADMINISTRATIVAS, PERO NO PREVÉN LAS INFRACCIONES QUE LAS PUEDEN ORIGINAR.’ (se transcribe). Ahora bien, el artículo 38 de la Ley de Sociedades Mutualistas del Distrito Federal, cuya inconstitucionalidad se denuncia, establece: ‘Artículo 38.’ (se transcribe). Del contenido del numeral transcrito se advierte que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal, podrá determinar una multa bajo su propio albedrío, es decir, una sanción a conductas indeterminadas. En esa tesitura y retomando el análisis antes realizado, el principio de tipicidad se cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de una ley cierta que permita predecir con suficiente grado de precisión las conductas infractoras y las sanciones, situación que en la especie no acontece, pues la autoridad legislativa se sustrae del deber de consignar en el precepto que se combate expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al prever la existencia de una sanción sin describir la conducta, lo cual es necesario para evitar confusiones en su aplicación y en perjuicio de la defensa del gobernado; por tanto, la ley que se analiza, al establecer conductas indeterminadas, trastoca lo previsto en el numeral 14 de la Carta Magna. De tal suerte que al descuidar la conducta o no inscribirla dentro del contexto que va ligado a la sanción, su aplicación resulta confusa e indeterminada; porque lleva a los gobernados a un estado de inseguridad, pues no establece la conducta punible. Y como ya se demostró, nuestro orden constitucional proscribe que el derecho sancionador induzca a errores o los favorezca con motivo de su deficiente formulación, dejando margen al arbitrio de la autoridad. Ya que de otro modo se correría el riesgo de que con base en interpretaciones subjetivas quede margen para pretender el desconocimiento de la infracción, o bien, para la arbitrariedad de la autoridad encargada de su aplicación, quien por mandato constitucional sólo debe ceñirse a los términos estrictos del diseño de la norma, sancionando únicamente las acciones u omisiones que encuadren en el marco legal respectivo. Consecuentemente, no obstante que la Ley de Sociedades Mutualistas del Distrito Federal faculta a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo para sancionar con multa (que no podrá ser superior a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; ni una o la suma de ellas en un ejercicio superior al 50% del fondo social y remanentes de ejercicios anteriores) a quien incurra en la hipótesis prevista en la aludida norma, (incumplimiento a las disposiciones de esta ley) lo cierto es que no especifica la conducta sobre la cual recaerá dicha sanción, con lo que se deja al arbitrio de la autoridad determinar la infracción que se presente en cada caso. Al respecto, cabe precisar que del análisis a la Ley de Sociedades Mutualistas del Distrito Federal, no se establece las conductas punibles que pudieran ser sancionables, lo que corrobora la inconstitucionalidad del precepto que nos ocupa. En estas condiciones, procede declarar la invalidez del artículo 38 de la Ley de Sociedades Mutualistas del Distrito Federal, por la infracción al párrafo tercero del artículo 14 constitucional, al violar los principios de legalidad y tipicidad. Segundo. Violación del artículo 38 de la Ley de Sociedades Mutualistas del Distrito Federal a los artículos 16 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El numeral 16 de la Norma Suprema, entre otras cuestiones, consagra el principio rector de que los actos de autoridad sean dictados por un órgano competente para ello, y que dicho mandato sea por escrito, en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento; entendido el primero como la cita precisa de los preceptos aplicables al caso concreto y, por el segundo, la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate. La garantía genérica de legalidad consagrada en el precepto 16 contiene un mandato para todas las autoridades, esto es, para las de cualquier orden y nivel de gobierno, incluyendo, naturalmente, al Poder Legislativo. Lo anterior significa que los actos legislativos también están sujetos al mandamiento constitucional de referencia; pues de lo contrario vulnerarían el principio consagrado precisamente en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que se corrobora con la tesis emitida por el Máximo Tribunal, que señala: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.’ (se transcribe). De la tesis antes transcrita se desprende que, por lo que hace a la fundamentación, ésta se satisface cuando el órgano legislativo actúa dentro de los límites que la Constitución le confiere, esto es, que el ámbito espacial, material y personal de validez de las normas que se emiten corresponda a la esfera de atribuciones del Poder Legislativo de que se trata, de acuerdo con la Ley Fundamental. En el caso que nos ocupa, se advierte que la Legislatura Local le otorga facultades discrecionales a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo para determinar arbitrariamente las multas por incumplimiento a la Ley de Sociedades Mutualistas para el Distrito Federal, violentando con ello el artículo 14 y, en consecuencia transgrede, el numeral 16 de la Ley Fundamental al extralimitarse de sus atribuciones. Por lo antes expuesto; el artículo tildado de inconstitucionalidad, de igual manera transgrede el precepto 133 de la Carta Magna, el cual dispone: ‘Artículo 133.’ (se transcribe). El numeral reproducido consagra el principio de supremacía constitucional, el cual impone la existencia de un orden jurídico creado y organizado por la misma Norma Suprema; al que deben sujetarse todos los órganos del Estado y todas las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones. En este sentido, y toda vez que los numerales que se combaten contradicen lo dispuesto en los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es incuestionable que se rompe con la supremacía constitucional, puesto que la norma impugnada pretende ubicarse por encima de la misma Carta Magna."
TERCERO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son 14, tercer párrafo, 16, primer párrafo y 133.
CUARTO. Mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil ocho, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 122/2008 y turnar el asunto al Ministro Juan N. Silva Meza, para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
QUINTO. Por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil ocho, el Ministro instructor admitió a trámite la acción y dio vista al órgano legislativo que emitió la norma impugnada y al ejecutivo que la promulgó para que rindieran su respectivo informe.
SEXTO. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal al rendir su informe respectivo, en síntesis, manifestó:
a) Que no existe la inconstitucionalidad que argumenta el promovente, porque el reglamento que expida el Ejecutivo Local va a determinar lo relativo al "cumplimiento de las disposiciones de la misma".
b) Que no se le puede atribuir inconstitucionalidad al artículo 38 de la Ley de Sociedades Mutualistas del Distrito Federal, dado la remisión normativa que realiza dicha ley en su artículo 27, al Reglamento de la Ley de Sociedades Mutualistas del Distrito Federal y en el cual le impone al Jefe de Gobierno de la misma entidad la obligación administrativa de emitir el referido reglamento y en el mismo determinar todo lo relativo al "cumplimiento de las disposiciones de la misma".
c) Que al pretender el accionante basar una supuesta inconstitucionalidad contra un artículo que tiene remisión materialmente legislativa y formalmente administrativa, como es la exposición de un reglamento por conducto del Ejecutivo Local, para regular lo que sesgadamente presenta como violación al principio de legalidad que establece el artículo 14 constitucional, porque ni hay analogía ni hay mayoría de razón, al determinar las conductas que van a ser sancionadas en caso de incumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Sociedades Mutualistas del Distrito Federal, porque dichas situaciones de hecho y de derecho se determinó por disposición de su artículo 27, ya transcrito, que deberán plasmarse en el reglamento multicitado.
d) Que no existe inconstitucionalidad en el artículo combatido, porque de la lectura e interpretación sistemática del articulado que conforma la Ley de Sociedades Mutualistas del Distrito Federal, se desprende que si bien establece el máximo de la medida de las sanciones (hasta mil salarios mínimos), las conductas a las que serán aplicadas las multas respectivas se dejaron para su descripción al Reglamento de la Ley de Sociedades Mutualistas del Distrito Federal.
e) Que carece de materia la presente acción de inconstitucionalidad, porque la omisión que se pretende atribuir al artículo 38, materia de la inconstitucionalidad planteada, se colma con el articulado de la misma ley en interpretación armónica, sistemática e integrativa, en especial con su artículo 27 y en su momento con el reglamento respectivo.
SÉPTIMO. El jefe de Gobierno del Distrito Federal al rendir su informe, sustancialmente manifestó:
1. Que el decreto promulgatorio de la Ley de Sociedades Mutualistas del Distrito Federal se efectuó, para su debida publicación y observancia, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, base segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 67, fracción II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
2. Que la intervención del jefe de Gobierno del Distrito Federal en el proceso legislativo respectivo, se encuentra apegada a la Constitución y al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
OCTAVO. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos de las partes, y encontrándose instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre el artículo 38 de la Ley de Sociedades Mutualistas del Distrito Federal y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO. A continuación se analiza si la presentación de la acción resulta oportuna.
El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente ..."
En el caso que nos ocupa, la norma que se impugna fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de veintitrés de octubre de dos mil ocho, tomando en cuenta esa fecha, el primer día del plazo para efectos del cómputo respectivo fue el viernes veinticuatro de octubre, de lo que resulta que el plazo de treinta días naturales vencería el sábado veintidós de noviembre de dos mil ocho.
Ahora bien, el oficio de demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el viernes veintiuno de noviembre de dos mil ocho, según se desprende del sello que obra a fojas veintiuno vuelta del expediente; por tanto, se tiene promovida dentro del plazo legal correspondiente.
TERCERO. Acto continuo se procede a analizar la legitimación del promovente.
Suscribe la demanda Eduardo Medina-Mora Icaza, con el carácter de procurador general de la República, lo que acredita con la copia certificada de la designación en ese cargo, por parte del presidente de la República (foja cincuenta y cuatro de autos).
El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señala la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"... II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
"... c) El procurador general de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; ..."
De lo previsto por dicho numeral se desprende que el procurador general de la República podrá ejercitar la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes del Distrito Federal, entre otras.
En el caso, dicho funcionario ejercita la acción en contra del artículo 38 de la Ley de Sociedades Mutualistas del Distrito Federal, expedida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por lo que se trata de una ley del Distrito Federal y, por tanto, cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.
Apoya la conclusión anterior, la jurisprudencia P./J. 98/2001, de este Tribunal Pleno, publicada en la página ochocientos veintitrés del Tomo XIV, septiembre de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES. El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al procurador general de la República para impugnar, mediante el ejercicio de las acciones de inconstitucionalidad, leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como tratados internacionales, sin que sea indispensable al efecto la existencia de agravio alguno, en virtud de que dicho medio de control constitucional se promueve con el interés general de preservar, de modo directo y único, la supremacía constitucional, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma. En otras palabras, no es necesario que el procurador general de la República resulte agraviado o beneficiado con la norma en contra de la cual enderece la acción de inconstitucionalidad ni que esté vinculado con la resolución que llegue a dictarse, pues será suficiente su interés general, abstracto e impersonal de que se respete la supremacía de la Carta Magna."
CUARTO. Al no existir alguna causa de improcedencia que aleguen las partes o que de oficio se adviertan, se procede a examinar los conceptos de invalidez planteados.
El precepto impugnado dispone
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21561-a6e76eeb/accion-de-inconstitucionalidad-el-articulo-38-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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