ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA REFORMA A LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT, EN SUS ARTÍCULOS 23, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 24, FRACCIÓN VI, INCISO B), SI NO SE IMPUGNÓ LA DIVERSA REFORMA AL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL, DE LA CUAL DERIVARON AQUÉLLAS, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 8/98. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.
VISTOS, y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Mediante escrito presentado el día nueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho, en el domicilio particular del licenciado Carlos Bautista Soto, autorizado por la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para recibir promociones, e ingresado el día trece del citado mes y año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de las autoridades y por las disposiciones que a continuación se señalan:
"Órganos responsables. Señalo como responsables a los siguientes órganos de autoridad: La honorable XXV Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, como el órgano que emitió el Decreto Número 8111 por el que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley Electoral del Estado de Nayarit; el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, C. Rigoberto Ochoa Zaragoza, como el que promulgó la norma general impugnada mediante su publicación en el Periódico Oficial del Estado de fecha 9 de septiembre de 1998.-Ambas autoridades cuentan con domicilio en la ciudad de Tepic, capital del Estado de Nayarit, en el recinto del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Nayarit sito en Avenida México 38 Norte, C.P. 63000, y el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo Estatal, ubicado en Avenida México entre Mina y Abasolo, con el mismo código postal, donde pueden ser notificados para enterarlos de esta demanda y requerirlos para que rindan el informe a que se refiere el artículo 64 de la ley reglamentaria citada."
"Norma general inválida. El decreto mediante el cual se dispuso reformar los artículos 23 y 24 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, únicamente para efectos de aumentar el umbral de votación al 2% (se establecía el 1.5%) para acceder a la asignación de diputados por el principio de representación proporcional. La reforma no hace mención al inequitativo e ilegal criterio previsto en la fracción III de los artículos señalados que prevén: ‘a ningún partido político se le podrán asignar por ambos principios más de veinte diputados’ (art. 23), y ‘si una vez realizado el procedimiento establecido en las fracciones anteriores, algún partido político rebasara el límite a que se refiere el artículo 23 en su fracción III ...’ (art. 24). Es decir, consideramos inválida la norma que no atendió a supresión del criterio inconstitucional de asignación de diputados por el principio de representación proporcional que persiste en la legislación electoral de ese Estado y que permite la sobre-representación y sub-representación de los partidos políticos en el Estado."
SEGUNDO.-En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:
"1. La reforma política de 1977 introdujo en el ámbito federal el sistema mixto de representación para la integración de la Cámara de Diputados, bajo los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, con dominante mayoritario. El principio de mayoría relativa consiste en asignar cada uno de los espacios en la legislatura al candidato que haya obtenido la mayor cantidad de votos en cada una de las secciones territoriales electorales en que se divide el país. Por su parte se le atribuye al principio de representación proporcional al sistema que le otorga a cada partido o coalición un número de escaños proporcional al número de votos emitidos en su favor.-En lo que se refiere al de representación proporcional no se encontraba previsto textualmente en el artículo 116, puesto que la fracción II de dicho artículo consignaba, literalmente en el párrafo tercero que: ‘En la legislación electoral respectiva se introducirá el sistema de diputados de minoría en la elección de las Legislaturas Locales.’.-No fue sino hasta la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996, en la que se sustituye el anterior precepto constitucional para establecer el principio arriba citado, de la siguiente forma: ‘Las Legislaturas de los Estados se integrarán con diputados elegidos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes.’.-2. Durante la sesión de fecha 2 de septiembre de 1998, celebrada por la mayoría de los miembros de la XXV Legislatura del Congreso Libre y Soberano del Estado de Nayarit, fueron aprobadas modificaciones mediante las cuales se reformaron, adicionaron y derogaron diversos artículos de la ley electoral de dicho Estado, a raíz y con motivo de la iniciativa suscrita por la C. Diputada Ignacia Arángulo Nuño.-3. La propuesta en cuestión abordó únicamente puntos insustanciales, como lo es el asunto de aumento del umbral de votación para participar en la asignación de diputados, sin acceder el grupo mayoritario a modificar las fracciones relativas a la sobre-representación que a continuación se destacan en el cuadro comparativo siguiente:
"Texto anterior
"‘Artículo 23. Para la elección de los diputados según el principio de representación proporcional se constituirá una sola circunscripción electoral en el Estado.
"‘I. a) y b) ...
"‘c) Haber alcanzado por lo menos el 1.5% de la votación total estatal en la elección de diputados;
"‘III. A ningún partido político se le podrán asignar por ambos principios más de veinte diputados.’
"‘Artículo 24. A los partidos políticos que cumplan con lo dispuesto en la fracción I del artículo anterior, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su porcentaje de la votación estatal emitida, el número de diputados que les corresponda de conformidad al siguiente procedimiento:
"‘I. a la II. ...
"‘III. Si una vez realizado el procedimiento establecido en las fracciones anteriores, algún partido político rebasara el límite de diputados a que se refiere el artículo 23 en su fracción III, se le asignará sólo el número máximo de diputados a que alude dicho precepto y se le deducirán las diputaciones excedentes, procediéndose a realizar las asignaciones de las diputaciones restantes conforme a las bases siguientes:
"‘a) a la ... e)
"‘IV. En caso de que dos o más partidos políticos obtengan el mismo número de constancias de mayoría, la primera asignación se resolverá en favor del partido que haya alcanzado la más alta votación en la elección de diputados;
"‘V ...
"‘VI. Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos:
"‘a) ...
"‘b) Votación estatal emitida, es la que resulte de sumar los votos a favor de los partidos políticos que hayan obtenido el 1.5% de la votación total estatal;
"‘c) a la e) ...’
"Texto reformado
"‘Artículo 23. Para la elección ...
"‘c) Haber alcanzado por lo menos el 2.0% de la votación estatal en la elección de diputados;’
"‘Artículo 24. A los partidos políticos ...
"‘b) votación estatal emitida, es la que resulte de sumar los votos a favor de los partidos políticos que hayan obtenido el 2.0% de la votación total estatal;’
"4. Durante dicha sesión, los diputados del Partido de la Revolución Democrática en la XXV Legislatura, se abstuvieron de votar, retirándose del recinto legislativo negándose de esta forma a legitimar con su presencia en el Pleno de la legislatura la aprobación de una ley que se contrapone al espíritu y a la letra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-5. En efecto nuestro partido planteó durante la sesión que el Congreso suprimiera las fracciones III de los artículos 23 y 24 del ordenamiento citado, tal y como se desprende del Diario de los Debates de la sesión mencionada en su página 7 en palabras textuales del diputado Guadalupe Acosta Naranjo que señaló: ‘... la idea de que la gobernabilidad es un solo partido, la idea de que la gobernabilidad es que una bancada por sí sola pueda hacer las reformas constitucionales aunque no tenga el número suficiente de votos entre los ciudadanos, con esta cláusula bien pudiera suceder que el PRI tuviera el 35% de los votos y siendo el tercio mayor, tendría el 66% del Congreso, el doble de la confianza que les dio los ciudadanos. ¿Eso es democracia? No sería más democrático que al igual número de votos, igual número de diputados, que si nosotros sacamos el 3% de votos, solamente tengamos un diputado, no sería eso mucho más democrático, que esté representado genuinamente a lo que los ciudadanos te dan, si nos dan el 10, el 10, si nos dan el 20 el 20, si no nos dan nada, nada, eso es ir a las urnas, porque nuestro sistema legislativo está conformado por dos vías, la vía de representación proporcional y la vía de mayoría relativa y a nivel nacional se llegó a un consenso evitar (sic) con la sobre-representación porque distorsiona la voluntad popular, la distorsiona, no tiene argumento contra eso, se han repasado diciendo mentiras en todas las discusiones ante este argumento, ni tienen voluntad de que los ciudadanos estén representados genuinamente en el Congreso ...’.-Por su parte el diputado Ceferino Ramos Nuño del Partido Acción Nacional, en el mismo debate señalaba: ‘... En Nayarit, vamos a seguir con la cláusula de gobernabilidad, el partido mayoritario va a seguir sobre-representado en el Poder Legislativo, hoy por hoy, tiene el 50% de la votación y tiene el 66.6% de asientos en este Congreso ... esto es ofensivo, creo que si hubiese habido voluntad, pero yo se que no la hubo, no la hay, hubiésemos podido avanzar más en nuestra legislatura, en nuestro marco electoral ...’.-Como contestación el diputado Rafael Ojeda Díaz del Partido Revolucionario Institucional dijo: ‘... ¿para qué tanto berrinche, para qué tanto brinco? estando el suelo tan parejo, qué no entiende que usted quiere suprimir la cláusula de gobernabilidad, porque es parte de su proyecto, porque es parte de su idea y tiene derecho a hacerlo y nadie se lo discute y qué no entiende que nosotros creemos que la parte contraria de esa idea es la justa, que andemos como en otros Estados compañeros, en una gobernabilidad precaria como está la Cámara de Diputados Federal que en un año no fue capaz de generar nada, absolutamente nada porque es un desgarriate, eso, vivir en vilo, vivir en la cresta de la inestabilidad, vivir constantemente en la incertidumbre, eso, eso es lo que quieren suprimiendo la cláusula de gobernabilidad y yo digo señores y lo grito a pulmón abierto ¡si lo quieren, si lo reclaman, conquístenlo!; por esta vez, somos nosotros los que vamos a escribir la fórmula legal y la decisión que vale, he dicho.’.-6. Como ustedes verán la esencia del asunto es la indebida inercia del Congreso Local de omitir, derogar o modificar la actual fórmula de asignación de diputados por ambas vías que permite la sobre-represenatación o sub-representación al establecer que por el solo hecho de contar con más constancias de mayoría o mayor votación se le asignará el número de diputados para alcanzar la gobernabilidad del Congreso."
TERCERO.-Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son el 14, 16, 35, 40, 41 y 116.
CUARTO.-Mediante proveído de fecha catorce de octubre de mil novecientos noventa y ocho, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, y turnar el asunto al Ministro Juan Díaz Romero, para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
QUINTO.-Por auto de quince de octubre de mil novecientos noventa y ocho el Ministro instructor admitió a trámite la demanda relativa; ordenó emplazar a las autoridades para que rindieran su respectivo informe y correr traslado al procurador general de la República para lo que a su competencia corresponde; y, solicitó la opinión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto de la aludida demanda. Posteriormente, mediante proveído de cuatro de noviembre siguiente se otorgó el plazo legal a las partes para la formulación de sus alegatos y, una vez presentados éstos se pasaron los autos para la elaboración del proyecto de sentencia.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 68, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, toda vez que se demanda la declaración de inconstitucionalidad de la reforma que se hizo a los artículos 23 y 24 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno de ese mismo Estado el nueve de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.
SEGUNDO.-La demanda de acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente, atento a lo siguiente:
El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, dispone:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuera inhábil, la demanda podrá presentarse al primer día hábil siguiente.-En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."
Conforme a este artículo 60, el cómputo respectivo debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó el decreto que contiene las normas que se impugnan, considerando todos los días como hábiles.
El decreto de referencia, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el día nueve de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, por lo que es a partir del día siguiente que debe hacerse el cómputo respectivo.
Tomando en consideración la fecha de publicación, resulta que el plazo de treinta días para la impugnación de las disposiciones venció el día diez de octubre del año en curso; por tanto, si la demanda se presentó el día nueve del citado mes y año en el domicilio particular del autorizado para tal efecto, esto es, vigésimo noveno día, debe considerarse promovida dentro del plazo legal correspondiente.
TERCERO.-Previo al estudio del fondo del asunto resulta pertinente analizar la legitimación de quien promueve, por ser una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 62 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 en cita, los partidos políticos con registro podrán ejercer la acción de inconstitucionalidad por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales.
Por tanto, en el caso tienen que satisfacer los siguientes extremos:
a) Que el partido político cuente con registro definitivo ante la autoridad electoral correspondiente.
b) Que el partido político promueva por conducto de su dirigencia.
c) Que quien suscribe a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para tal efecto.
En el expediente obra constancia expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, de fecha nueve de julio de mil novecientos noventa y ocho, en la que consta que el Partido de la Revolución Democrática se encuentra debidamente acreditado como partido político con registro definitivo, y que su presidente nacional Andrés Manuel López Obrador; tiene facultades para representarlo, de conformidad con lo dispuesto por los artículo 36 y 38, fracciones I y II, de los estatutos del partido, que disponen:
"Art. 36. El presidente nacional del partido representa permanentemente al partido, al Consejo Nacional y al Comité Ejecutivo Nacional."
"Art. 38. El presidente nacional del partido tendrá las siguientes facultades:
"I. Representar al Consejo Nacional y al Comité Ejecutivo Nacional;
"II. Ser el representante legal del partido."
De lo expuesto se concluye que se reúnen los extremos antes señalados, que legitiman a la parte promovente para ejercer la presente acción de inconstitucionalidad, en virtud de que el partido político en cita sí cuenta con registro definitivo y promueve por conducto de su Comité Ejecutivo Nacional representado por su presidente, conforme a las facultades que lo legitiman para tal efecto en términos de sus disposiciones estatutarias antes transcritas.
CUARTO.-En la demanda se señalaron como conceptos de invalidez, los siguientes:
"La reforma en cita es violatoria de los artículos 35, 40, 41 y 116 al contraponerse a los principios de representación proporcional, certeza, representatividad, equidad y supremacía constitucional. Además, la permanencia de los artículos señalados como norma que se tilda de inválida socavan la esencia del federalismo.-Como ya lo señalamos anteriormente la indebida inercia del Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit que desaprovechando la ocasión en la que se modificó la normatividad electoral, omitiendo tomar medidas que garanticen que los órganos electos estén integrados por representantes surgidos de la aplicación de un criterio en correlación con los votos obtenidos.-En efecto los artículos 23 y 24 de la Ley Electoral del Estado en cita en la forma que fue modificado no toca uno de los preceptos que tienden a eliminar el principio de representación proporcional establecido para la integración de las Legislaturas de los Estados, ya que dicho precepto establece que por el solo hecho de obtener la mayoría de constancias de mayoría (que pueden ser 10) o una votación mayoritaria (30 o 35%) le serán asignados diputados por el principio de representación proporcional hasta alcanzar el número de 20 diputados del total de 30. Es decir, contará quien caiga en ese supuesto, con el 66% de representación en el Congreso.-En lo que respecta a la violación al artículo 35 de nuestra Carta Fundamental, se estima que es vulnerado por los artículos citados, dado que el mandato de (sic) prevé que todo ciudadano tiene derecho a votar. Al asignar diputados al órgano legislativo sin tener derecho, se entra en contradicción con el mismo derecho que tienen los ciudadanos de elegir a quien o quienes deseen que los representen. De tal forma que la asignación que prevé la ley no responde al voto ciudadano sino a una fórmula legal contenida en la ley electoral, ley que los diputados del Congreso de ese Estado tuvieron oportunidad de reformarla o derogarla y no lo hicieron.-Por otra parte el criterio establecido en dicho artículo hace nugatoria la obligación del ciudadano de votar como lo mandata el artículo 36 en su fracción III de nuestra Constitución Federal. Asimismo se contraviene el requisito de ser elegido para poder ser integrante de las Legislaturas Locales, establecido este mandato en las fracciones II y IV inciso a) del artículo 116. Aún más la incorporación de diputados no electos al cuerpo legislativo hace nugatorio el derecho ciudadano de candidatos plurinominales de otros partidos de ‘ser votado’, tal y como lo previene el artículo 35 en su fracción II de la Ley Suprema.-Por otra parte no se respeta lo previsto en el artículo 40 que consigna que los Estados libres y soberanos deben regirse según los principios de esta Ley Fundamental.-En lo que respecta a la violación al artículo 116 de la fracción II en su último párrafo, es evidente que el sistema político mexicano introdujo el principio de representación proporcional, como medio o instrumento para hacer vigente el pluralismo político, a fin de que todas aquellas corrientes identificadas con un partido determinado, aun minoritarias en su integración pero con una representatividad importante, pudieran ser representadas en el seno legislativo y participar con ello en la toma de decisiones y, consecuentemente, en la democratización del país. Así se desprende que el principio de representación proporcional dentro del sistema electoral mixto se traduce, en instrumento del pluralismo político que llevó a su inserción en la Constitución Federal desde el año de mil novecientos setenta y siete y que a la fecha se mantiene vigente.-El principio de representación proporcional como garante del pluralismo político, tiene los siguientes objetivos primordiales: 1. La participación de todos los partidos políticos en la integración del órgano legislativo, siempre que tengan cierta representatividad; 2. Que cada partido alcance en el seno del Congreso o legislatura correspondiente una representación aproximada al porcentaje de su votación total; y 3. Evitar un alto grado de sobre-representación de los partidos dominantes (resolución de la acción de inconstitucionalidad 6/98).-La emisión y promulgación de las reformas de la Ley Electoral del Estado Libre y Soberano de Nayarit se contrapone a los principios de representatividad, federalismo, equidad y supremacía constitucional contenidos en la Constitución de la República. Es importante señalar que el concepto de federalismo, consagrado en los artículos 40 y 41 de la Ley Suprema, es obviado por las responsables al emitir y promulgar una ley contraria a los principios generales a que el Pacto Federal obliga, entre otros a que los poderes de los Estados miembros se organizarán conforme la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las normas de nuestra Ley Fundamental. Adicionalmente, estos artículos resultan vulnerados en el principio de representatividad en ellas plasmado al contrariar los preceptos de la propia Carta Magna relacionados con la integración de los órganos representativos en los Estados de la Federación y particularmente al manejar el concepto de representación proporcional en términos muy ajenos al sentido de nuestra Carta Magna.-De la misma forma resulta vulnerado el principio de supremacía constitucional emanado del espíritu y la letra tanto de los ya citados artículos 40 y 41, como del artículo 116 de nuestra Ley Fundamental. Se vulnera, simultáneamente, el derecho constitucional de los partidos políticos, garantizado por el artículo 41, a participar en elecciones estatales, municipales y desde luego en las nacionales, así como la finalidad de los partidos de promover la participación popular en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional, para hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, se reitera en el texto constitucional el derecho a votar y ser votado, se hace evidente el concepto de equidad subyacente en dicho texto.-En ese sentido, se transgreden también las disposiciones del artículo 54 constitucional que contiene las bases fundamentales que se estiman indispensables en la observancia del principio de proporcionalidad electoral, que tienen que observar las Legislaturas de los Estados para cumplir con el mandato de establecer ese principio tratándose de diputados locales."
QUINTO.-Por oficio presentado el veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y ocho, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación remitió la opinión emitida por la Sala Superior, respecto de la demanda de acción de inconstitucionalidad que motivó la formación del expediente que ahora se resuelve; opinión en la que textualmente se dice:
"Opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en respuesta a la consulta formulada por el señor Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Juan Díaz Romero, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 68, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-La presente, no se ocupará de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad intentada, en el asunto a que se refiere dicha opinión, toda vez que ello, es facultad reservada por el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dirimir la acción de que se trata; en tanto que, por ser esta Sala Superior un órgano jurisdiccional especializado en materia electoral, debe circunscribirse a las cuestiones propias de tal materia, inmersas en el problema jurídico planteado a través de la aludida acción.-El aspecto medular de la presente acción de inconstitucionalidad radica en la apreciación hecha por el partido accionante, de que el texto de las fracciones III, de los artículos 23 y 24, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, reformados mediante decreto ocho mil ciento once, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de esa entidad, el nueve de septiembre del año en curso, son contraventores de los principios constitucionales contenidos en los artículos 35, 36, fracción III, 40, 41, 54 y 116, de la Norma Suprema del país, que esencialmente hace consistir, en que al llevarse a cabo la reforma de aquellos dispositivos legales, el Congreso de esa entidad federativa, omitió tomar las medidas pertinentes para garantizar que los órganos de elección, se integren por representantes surgidos de la aplicación de un criterio correlativo a los votos obtenidos; además que: 1. La actual redacción de los numerales 23 y 24 del Código Electoral Estatal, permiten la sobre-representación, al disponer que por el hecho de obtener algún partido político el mayor número de las constancias que se otorgan para diputados electos por el principio de mayoría relativa, o una votación mayoritaria, le serán asignados diputados por el principio de representación proporcional, hasta alcanzar veinte del total de treinta diputados; con lo que contará, con el 66% de la representación del Congreso.-2. La asignación prevista por la ley, no responde al voto ciudadano, sino a una fórmula legal, contenida en la ley electoral, misma que los diputados del Congreso tuvieron la oportunidad de reformar o derogar y no lo hicieron. Lo que vulnera el artículo 35 constitucional, al asignar diputados sin tener derecho a ellos.-3. El criterio establecido en tal sentido, anula la obligación del ciudadano de votar como lo exige la fracción III, del artículo 36 de la Carta Magna. Asimismo, contraviene el requisito de ser elegido para integrar las Legislaturas Locales, mandato establecido en las fracciones II y IV, inciso a), del artículo 116 del Supremo Ordenamiento Jurídico del país.-4. Con la incorporación al cuerpo legislativo de diputados no electos, hace nugatorio el derecho ciudadano de candidatos plurinominales de otros partidos, de ‘ser votados’ tal como lo previene el artículo 35, fracción II, de la propia Constitución.-5. No respeta lo previsto en el artículo 40 constitucional, en cuanto a que los Estados libres y soberanos, deben regirse según los principios de la Constitución Federal.-6. La emisión y promulgación de las reformas a la Ley Electoral del Estado de Nayarit, se contrapone a los principios de representatividad, federalismo, equidad y supremacía constitucional; especialmente, al de federalismo, consagrado en los artículos 40 y 41 de la Carta Magna, porque esa legislación contraría los principios generales a que obliga el Pacto Federal, en cuanto a que, los poderes de los Estados miembros se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a la Norma Fundamental.-7. Resulta vulnerado el principio de supremacía constitucional emanado, además de los preceptos citados, del 116 y simultáneamente se transgrede el derecho constitucional de los partidos políticos, a participar en elecciones federales, estatales y municipales, así como la finalidad de éstos, de promover la participación popular en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional.-8. Se transgreden las disposiciones del artículo 54 constitucional, continente de las bases fundamentales en la observancia obligatoria del principio de proporcionalidad electoral, para las Legislaturas Estatales, respecto de los diputados locales.-Además de lo anterior y tomando en consideración que la demanda de la acción de inconstitucionalidad, al igual que cualquier otra, debe analizarse como un todo y proceder al examen de las cuestiones en ella planteadas, independientemente del lugar en que se encuentren; de la parte final del capítulo relativo a antecedentes, se advierte el siguiente texto: ‘Como ustedes verán la esencia del asunto es la indebida inercia del Congreso Local de omitir derogar o modificar la actual fórmula de asignación de diputados por ambas vías, que permite la sobre-representación o sub-representación al establecer que por el solo hecho de contar con más constancias de mayoría o mayor votación, se le asignará el número de diputados para alcanzar la gobernabilidad del Congreso.’.-Aquí conviene establecer que la Ley Electoral del Estado de Nayarit, actualmente en vigor, tiene su génesis en el decreto número 7890, promulgado el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, publicado al día siguiente en el aludido Periódico Oficial.-Ello se destaca, porque el contenido de los numerales cuya inconstitucionalidad se cuestiona, persistió íntegramente hasta la emisión del decreto que motivó el ejercicio de la acción de que se trata y desde aquella época, contemplaba el procedimiento y requisitos de asignación de diputados por el principio de representación proporcional. Esa reglam
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5413-847a401b/accion-de-inconstitucionalidad-es-improcedente-contra-la-reforma · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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