PRINCIPIO DE CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. LOS ARTÍCULOS 228 Y DÉCIMO PRIMERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA NO LO TRANSGREDEN.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 8/97. PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de diciembre de mil novecientos noventa y siete.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el nueve de noviembre de mil novecientos noventa y siete en el domicilio del Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y recibido al día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, Mariano Palacios Alcocer, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de las disposiciones y autoridades que a continuación se señalan:
"Órganos legislativo y ejecutivo que emitió y promulgó las normas generales impugnadas. Tienen este carácter, la H. XL (sic) Legislatura del Estado de Baja California, en su calidad de órgano legislativo, que aprobó la expedición de la nueva Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado (LIPEBC) y el Poder Ejecutivo del Estado, cuyo titular es el gobernador del Estado de Baja California, en su calidad de órgano ejecutivo, que promulgó la referida Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California."
"Norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en el que se publicó. La norma general cuya invalidez se reclama es la nueva Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, en particular los artículos 228 y décimo primero transitorio, que fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con fecha 10 de octubre de 1997."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso, los siguientes:
"I. Con fecha cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y siete, la H. XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California emite decreto en el cual se aprueban diversas reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, misma que se publica en el Periódico Oficial del Estado. II. En sesión celebrada por la H. XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, el nueve de octubre de mil novecientos noventa y siete, emite decreto en donde se abroga la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 52 de fecha 15 de diciembre de 1994, asimismo se derogan las demás disposiciones que se opongan a esta ley. En la misma sesión declaró la expedición de la nueva Ley de Instituciones y Procedimientos (sic) Electorales del Estado de Baja California, la cual fue publicada el día diez del mismo mes y año, en el Periódico Oficial del Estado. III. En la mencionada ley se contienen los artículos 228 y décimo primero transitorio, cuya inconstitucionalidad se reclama. IV. Con corte al 6 de julio del año en curso, el padrón electoral del Estado de Baja California era de un millón doscientos diecinueve mil electores, cifra considerada por el Registro Estatal Electoral, para llevar a cabo un proceso de redistritación; consecuentemente, esa misma cantidad de credenciales han sido elaboradas por el Registro Estatal de Electores con los siguientes datos que hacen posible la identificación, control y seguridad ciudadana en forma cierta y fehaciente para el ejercicio del derecho subjetivo del sufragio, tales como:
"1. Datos del elector:
"a) Municipio y localidad que corresponda a su domicilio.
"b) Distrito y sección electoral en donde deberá votar.
"c) Apellido paterno, materno y nombre completo.
"d) Domicilio.
"e) Sexo.
"f) Fecha de nacimiento.
"g) Año de registro.
"2. Datos de control y seguridad:
"a) Número de credencial de elector.
"b) Clave de elector.
"c) Código de barras.
"d) Fotografía del elector.
"e) Lugar para asentar la firma y huella digital del elector, y
"f) Firma impresa del director del Registro Estatal de Electores."
TERCERO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son el 16, 41, 105, fracción II, inciso f), párrafo tercero y 116, fracción IV, inciso b), todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO. Mediante proveído de fecha diez de noviembre de mil novecientos noventa y siete, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad y turnar el asunto al Ministro Juan Díaz Romero, para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
Por auto de once de noviembre último, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda relativa y ordenó emplazar a las responsables para que rindieran su respectivo informe y correr traslado al procurador general de la República por lo que a su competencia corresponde. Posteriormente, se otorgó el plazo legal para la formulación de sus alegatos y, transcurrido dicho plazo, se pasaron los autos para la elaboración del proyecto de sentencia.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 68, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, toda vez que se demanda la declaración de inconstitucionalidad de las reformas que en materia electoral se hicieron a la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado el diez de octubre de mil novecientos noventa y siete.
SEGUNDO. La demanda de acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente, atento lo siguiente:
El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal dispone:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse al primer día hábil siguiente. En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."
Conforme a este artículo 60, el cómputo respectivo debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó el decreto que contiene las normas que se impugnan, considerando todos los días como hábiles.
El decreto de referencia que contiene la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, cuyos preceptos se combaten, fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el día diez de octubre de mil novecientos noventa y siete, por lo que es a partir del día once siguiente que debe hacerse el cómputo respectivo.
Tomando en consideración la fecha de publicación, resulta que el plazo de treinta días para la impugnación de las disposiciones venció el día nueve de noviembre del año en curso; por tanto, si la demanda se presentó en esa misma fecha en el domicilio del Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe considerarse promovida dentro del plazo legal al haberse presentado al trigésimo día.
TERCERO. Previo al estudio del fondo del asunto, resulta pertinente analizar la legitimación de quien promueve, por ser una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional en cita, los partidos políticos con registro podrán ejercer la acción de inconstitucionalidad por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales.
Por tanto, en el caso tienen que satisfacerse los siguientes extremos:
a) Que el partido político cuente con registro definitivo ante la autoridad electoral correspondiente.
b) Que el partido político promueva por conducto de su dirigencia.
c) Que quien suscribe a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para tal efecto.
Obra en el expediente copia certificada de la constancia expedida por el Secretario General del Instituto Federal Electoral, de fecha veinticinco de enero de mil novecientos noventa y seis, en la que consta que el partido político en mención cuenta con registro definitivo.
Por otra parte, quien suscribe la demanda lo hace en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido de referencia, lo que acredita mediante el instrumento notarial número 59,515 (cinco, nueve, cinco, uno, cinco), de fecha veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y seis, expedido por el notario público número 2 (dos) del Distrito Federal, en el que se protocoliza el acta de la trigésima primera sesión ordinaria del Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional, que contiene, entre otros acuerdos, la designación de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del propio partido, que recayó en el señor Mariano Palacios Alcocer, quien, con tal carácter, tiene atribuciones para representar al partido ante cualquier persona y todo tipo de tribunales, autoridades e instituciones, con todas las facultades de apoderado general para pleitos y cobranzas, incluyendo las especiales, como se desprende de la cláusula segunda, artículo 64, fracción XI.
Por último, el promovente, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, tiene facultades para representar a ese partido político, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83, fracción XVI, de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional que, en lo conducente, dice:
"Artículo 83. Son atribuciones del presidente del Comité Ejecutivo Nacional: ... XVI. Representar al partido ante personas físicas y morales, ante toda clase de tribunales, autoridades e instituciones, con todas las facultades de apoderado general para pleitos y cobranzas, para actos de administración y actos de dominio, incluyendo las facultades especiales, que conforman (sic) la ley, requieran cláusula especial ..."
CUARTO. En la demanda se señalaron como conceptos de invalidez, los siguientes:
"Conceptos de invalidez.
"Es claro que la nueva Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California (se anexa Periódico Oficial de fecha 10 de octubre de 1997), contiene en sus artículos 228 y décimo primero transitorio una flagrante violación a lo dispuesto por los artículos 16, 41, 116, fracción IV, inciso b) y 105, fracción II, inciso f), párrafo tercero, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones que a continuación exponemos:-Siendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la norma jurídica superior que organiza, da validez y unidad a nuestro sistema político-jurídico, prevalece sobre cualquier otro ordenamiento legal, hacia el interior de nuestro sistema como lo establece el artículo 41 constitucional, párrafo primero, en el cual los Estados adheridos al Pacto Federal en ningún caso podrán contravenir sus estipulaciones. De acuerdo al anterior principio, es nuestro concepto que la expedición de la nueva Ley de Instituciones y Procesos Electorales en el Estado de Baja California, al dar vigencia al artículo 228, en relación con el décimo primero transitorio del multicitado ordenamiento jurídico, viola y contradice el precepto constitucional consagrado en el artículo 116, fracción IV, inciso b), de nuestra Carta Magna que a la letra dice: ‘Las Constituciones y leyes de los Estados, en materia electoral, garantizarán que: ... En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia.’. Si consideramos el contenido del artículo 228 de la Ley Estatal Electoral vigente que establece: ‘La credencial estatal de elector, es el documento indispensable para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto. El tipo de credencial estatal de elector será autorizado por el Consejo Estatal Electoral y deberá contener los datos que hagan posible su identificación como ciudadanos, y serán por lo menos, los siguientes:
"‘I. Datos del elector:
"‘a) Municipio y localidad que corresponda a su domicilio;
"‘b) Sección electoral en donde deberá votar;
"‘c) Apellidos paterno, materno y nombre completo;
"‘d) Domicilio;
"‘e) Sexo, y
"‘f) Fecha de nacimiento, y
"‘II. Datos de control y seguridad:
"‘a) ...
"‘b) ...
"‘c) ...
"‘d) ...
"‘e) ...
"‘f) ...’
"Como se aprecia, la actual ley elimina el dato referente al distrito electoral dentro de las características de la credencial de elector, mismo que se encuentra insertado en las credenciales expedidas hasta la fecha y con las cuales se pretende llevar a cabo el próximo proceso electoral de 1998. Este artículo 228 de la ley vigente resulta inconstitucional pues al suprimir la referencia al distrito en que corresponde votar al elector viola el principio de certeza instaurado en el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución General de la República. El conocimiento del distrito en el cual se vota es indispensable, ya que la postulación de candidatos uninominales se hace precisamente por distritos y el elector requiere conocer con certeza el distrito en el que vota a fin de identificar a los candidatos en él postulados por los partidos y estar en condiciones de decidir el sentido de su voto. También está viciado de inconstitucionalidad el artículo décimo primero transitorio de la Ley Electoral vigente para el Estado de Baja California, el cual pretende darle validez a ‘las credenciales elaboradas antes de la entrada en vigor de esta ley’ al considerarlas válidas y ‘sin que les afecte eventuales redistritaciones o la creación de un nuevo Municipio.’. Resulta a todas luces contrario al principio de certeza ya antes invocado porque en el próximo proceso electoral de 1998 causaría una gran confusión e irremediable incertidumbre al mantener su uso aun en el caso de ‘eventuales redistritaciones o creación de nuevos Municipios’ lo cual implicaría la no concordancia del número de distrito en la credencial estatal electoral que actualmente poseen un millón doscientos diecinueve mil electores en Baja California. Para que prevalezca el principio de certeza establecido en el artículo 116 de la Constitución Federal es preciso que cualquier proceso de redistritación o de creación de nuevos Municipios sea sucedido por la reposición de las credenciales para votar, de modo que éstas, que son el documento indispensable para ejercer el derecho al sufragio, contengan de manera indubitable, los datos que permitan identificar el distrito o el Municipio, en su caso, dentro del cual sufraga el ciudadano, ya que los candidatos presentados por los partidos están ligados en las elecciones por mayoría, de manera indefectible a tales circunscripciones electorales."
QUINTO. En síntesis, la parte promovente aduce que los artículos 228 y décimo primero transitorio de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California violan lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal, al transgredir el principio de certeza que debe regir en materia electoral, por lo siguiente:
1. Respecto del artículo 228, toda vez que los datos que ahora debe contener la credencial estatal de elector, conforme al precepto impugnado, elimina el referente al distrito electoral que, incluso, es un dato que contienen las credenciales expedidas hasta la fecha y con las que pretende llevarse a cabo el próximo proceso electoral de mil novecientos noventa y ocho; además, que el conocimiento del distrito en el que se vota es indispensable, ya que la postulación de candidatos uninominales se hace por distritos y el elector debe conocer con certeza el distrito en el cual votar a fin de identificar a los candidatos en él postulados.
2. Respecto del artículo décimo primero transitorio, porque tal dispositivo establece que las credenciales elaboradas antes de la entrada en vigor de la ley electoral de la entidad, se considerarán válidas y sin que les afecte eventuales redistritaciones o la creación de un nuevo Municipio, lo cual se estima provocaría confusión e incertidumbre al mantener el uso de credenciales que, de darse las eventualidades señaladas, implicaría la no concordancia del número de distrito en que deba votarse con el precisado en la credencial que actualmente tienen un millón doscientos diecinueve mil electores. Por tanto, se aduce que cualquier proceso de redistritación o de creación de nuevos Municipios debe ser sucedido por la reposición de credenciales para votar.
Previo al estudio de los conceptos de invalidez, resulta pertinente informar que el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reformó la Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de agosto del año próximo pasado, establece que los Estados deberán adecuar su marco constitucional y legal a lo dispuesto por el artículo 116 de la Carta Magna, que en lo que interesa dispone:
"Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: ... IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que: ... b) En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia ..."
En cumplimiento a lo anterior, la legislación local debe ajustarse a los lineamientos generales dados por la Constitución Federal; bajo esa hipótesis, lo que interesa para la resolución del presente asunto es si el marco legislativo del Estado de Baja California, concretamente sus artículos impugnados, se ajustan al principio de certeza que estatuye la disposición fundamental.
Es infundado el primer concepto de invalidez, en virtud de que el artículo 228 de la Ley Electoral del Estado, al suprimir el dato referente al distrito electoral que antes se precisaba en la credencial de elector estatal, no implica transgresión al principio de certeza que tutela el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución General.
La certeza, como principio rector en materia electoral, constituye una garantía en virtud de la cual se busca tutelar un sistema objetivo, fidedigno y seguro en la realización de la actividad electoral, que implica, a su vez, la conducción de un proceso electoral transparente por ajustarse a la verdad, para que, finalmente, los votos emitidos produzcan un resultado convincente por veraz.
El artículo 228 que, aunque ya se transcribió parcialmente en los conceptos de invalidez, se reproduce nuevamente, establece lo siguiente:
"Artículo 228. La credencial estatal de elector, es el documento indispensable para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto.
"El tipo de credencial estatal de elector será autorizado por el Consejo Estatal Electoral y deberá contener los datos que hagan posible su identificación como ciudadanos, y serán por lo menos, los siguientes:
"I. Datos del elector:
"a) Municipio y localidad que corresponda a su domicilio;
"b) Sección electoral en donde deberá votar;
"c) Apellidos paterno, materno y nombre completo;
"d) Domicilio;
"e) Sexo, y
"f) Fecha de nacimiento, y
"II. Datos de control y seguridad:
"a) Número de credencial de elector;
"b) Clave de elector;
"c) Código de barras;
"d) Fotografía del elector;
"e) Lugar para asentar la firma y huella digital del elector, y
"f) Firma impresa del director general del Registro Estatal de Electores."
En esta disposición se establecen los elementos que debe contener la credencial estatal de elector, destacándose los siguientes:
a) Constituye el elemento indispensable para ejercer el derecho al voto.
b) El tipo de credencial deberá ser autorizado por el Consejo Estatal Electoral.
c) Deberá contener los datos que hagan posible la identificación del ciudadano.
d) Señala los datos mínimos o necesarios que debe tener la credencial.
e) Subdivide los datos informativos en los correspondientes al elector y los de control y seguridad.
f) Los datos referentes al elector son: 1. Municipio y localidad de su domicilio; 2. Sección electoral donde debe votar; 3. Apellidos y nombre; 4. Domicilio; 5. Sexo; y 6. Fecha de nacimiento.
Los datos referentes al control y seguridad son: 1. Número de credencial de elector; 2. Clave de elector; 3. Código de barras; 4. Fotografía; 5. Lugar para firma y huella; y 6. Firma impresa del director general del Registro Estatal de Electores.
En primer lugar, cabe destacar que el precepto hace un listado de los requisitos que deben considerarse como mínimos o necesarios para poder identificar al ciudadano, al señalar "... El tipo de credencial estatal de elector será autorizado por el Consejo Estatal Electoral y deberá contener los datos que hagan posible su identificación como ciudadanos, y serán por lo menos, los siguientes: ...".
Consecuentemente, se llega a la primera conclusión de que la norma lo único que pretende es fijar los lineamientos esenciales o generales que deben reunirse o plasmarse en las credenciales estatales de elector, que garanticen la debida identificación de los ciudadanos, mediante requisitos mínimos o esenciales, cuya ausencia podría producir confusión o duda en cuanto a la persona que acude a ejercer el voto.
De esto se sigue que la norma no es limitativa sino enunciativa en cuanto a los requisitos que debe contener la credencial, por lo que, sin perjuicio de éstos, debe considerarse que se podrán adicionar aun aquellos que contribuyan a los fines que se persiguen, específicamente la debida e indubitable identificación de los ciudadanos para efectos electorales.
En segundo lugar, la información que obligatoriamente debe contener la credencial conforme al precepto impugnado se estima suficiente para dar certeza y seguridad respecto de la identidad de los ciudadanos votantes.
La parte inconforme se refiere a la supresión que se hace en la norma del dato de la credencial consistente en el distrito electoral, pero si bien es cierto que el número del distrito es un dato conveniente que puede redondear la información que brinde la credencial, pues con él se tendría la ubicación o circunscripción territorial en la que se encuentra el domicilio del elector y aquel en que debe efectuarse el voto, igualmente cierto resulta que tal información se obtiene por otro dato que también aporta la credencial en términos del artículo 228 impugnado, esto es, a través del señalamiento de la sección electoral, por lo que se estima que el distrito correspondiente es un dato que puede ser útil, pero no indispensable a grado tal, que necesariamente deba plasmarse en la credencial, so pena de producir la nulidad.
Además, el procedimiento de instalación de casillas y las listas de electores que prevé la ley, en relación con los ciudadanos que se encuentren domiciliados en distritos y secciones electorales determinados, permite concluir que no se crea confusión o incertidumbre entre los electores, ya que se encuentran establecidos de tal manera que dan certeza y seguridad jurídica.
En efecto, por una parte, debe tenerse presente que la sección es la fracción territorial de los propios distritos electorales, como lo dispone el artículo 214 de la Ley Electoral Estatal que al efecto dispone:
"Artículo 214. La sección electoral es la fracción territorial de los distritos electorales, para la inscripción de los ciudadanos en el padrón estatal electoral y en las listas nominales de electores.
"Las secciones electorales se enumerarán por orden progresivo, y en las listas de cada sección aparecerá el nombre de los ciudadanos en orden alfabético.
"Cada sección tendrá como mínimo cien electores y como máximo tres mil."
Por otra parte, en relación con el proceso de registro de ciudadanos y los distritos y secciones electorales a que corresponden, que dan seguridad y certeza y en el que aquéllos pueden votar, se pasan a transcribir los preceptos relativos de la ley:
"Artículo 11. Ejercerá el derecho de voto activo, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y de esta ley, el ciudadano mexicano, residente en Baja California que goce del pleno ejercicio de sus derechos político electorales y que además cumpla con los siguientes requisitos:
"...
"II. Estar inscrito en el padrón estatal electoral, y aparecer en el listado nominal de electores con imagen, y
"III. Tener credencial estatal de elector."
"Artículo 19. Son obligaciones de los ciudadanos residentes en el Estado:
"I. Inscribirse en el padrón estatal electoral y obtener su credencial estatal de elector.
"II. Notificar a la Dirección General del Registro Estatal de Electores los cambios de domicilio que realicen, y de cualquier error que contenga la credencial estatal de elector.
"III. Votar en las elecciones en la casilla de la sección electoral que corresponda a su domicilio, salvo las excepciones que establece esta ley."
"Artículo 170. Son atribuciones de la Dirección General del Registro Estatal de Electores, las siguientes:
"I. Inscribir en el padrón estatal electoral a los ciudadanos;
"II. Expedir la credencial estatal de elector;
"III. Realizar los estudios y formular los proyectos de la división territorial del Estado en distritos y secciones electorales, atendiendo los criterios de carácter técnico, geográficos, demográficos y procurando equilibrar el número de electores por distrito a la media estatal. En caso de que un Municipio cuente con más del cincuenta por ciento del promedio que resulte de dividir el total de electores del padrón estatal electoral entre los dieciséis distritos, tendrá derecho a un distrito electoral circunscrito a su ámbito municipal.
"...
"VII. Elaborar las listas nominales de electores, clasificadas por distritos y secciones electorales, ordenadas alfabéticamente, y distribuirlas en los términos de esta ley;
"VIII. Elaborar las listas nominales con imagen que se utilizarán en la jornada electoral, atendiendo las clasificaciones mencionadas en la fracción que antecede;
"...
"X. Mantener actualizada la cartografía electoral del Estado, clasificada por Municipio, distrito electoral y sección electoral."
"Artículo 173. La Comisión Estatal de Vigilancia, es el órgano de la Dirección General del Registro Estatal de Electores que tiene como función, vigilar la integración, depuración y actualización permanente del padrón estatal electoral."
"Artículo 175. La Comisión Estatal de Vigilancia tendrá las siguientes atribuciones:
"I. Vigilar que la inscripción de los ciudadanos en el padrón estatal electoral y en las listas nominales de electores, así como que su actualización se lleve a cabo en los términos de esta ley;
"...
"III. Vigilar que la demarcación distrital y seccional del territorio del Estado se efectúe y mantenga, en los términos establecidos en esta ley;
"IV. Recibir las solicitudes y los respectivos elementos probatorios que presenten los ciudadanos y los partidos políticos, para la depuración y actualización del padrón estatal electoral y de las listas nominales de electores."
"Artículo 181. El Registro Estatal de Electores estará compuesto por los siguientes instrumentos:
"I. El catálogo general de electores;
"II. El padrón estatal electoral;
"III. Listados nominales, y
"IV. Credencial estatal de elector."
"Artículo 183. En el catálogo general de electores se consigna la información básica de los mexicanos mayores de dieciocho años residentes en el Estado, recabada a través de la técnica censal total o de los datos o información obtenidos mediante los procedimientos contenidos en los convenios de colaboración y apoyo que celebren el Instituto Estatal Electoral, el Gobierno del Estado de Baja California y el Instituto Federal Electoral."
"Artículo 185. ...
"...
"La información básica contendrá además, el Municipio, localidad, distrito electoral y sección electoral correspondiente al domicilio, así como la fecha en que se realizó la visita, el nombre y la firma del entrevistador."
"Artículo 188. Concluida la aplicación de la técnica censal total o parcial, según sea el caso, la dirección general verificará que en el catálogo general de electores no haya duplicados, a fin de asegurar que cada persona aparezca una sola vez ..."
"Artículo 189. Con base en el catálogo general de electores, y en su caso, en las solicitudes de inscripción presentadas por los ciudadanos, o en los datos o información obtenidos mediante los procedimientos contenidos en los convenios de colaboración y apoyo que celebren el Instituto Estatal Electoral, el Gobierno del Estado de Baja California y el Instituto Federal Electoral, la Dirección General del Registro Estatal de Electores, procederá a la formulación del padrón estatal electoral, en el que se dará de alta al ciudadano cuya solicitud haya sido aprobada por alguna de las formas antes señaladas."
"Artículo 191. El personal encargado de hacer la inscripción a que se refieren los artículos anteriores, asentará en las formas individuales, los datos siguientes:
"I. Municipio y localidad donde se realice la inscripción;
"II. Distri
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5026-99f38c16/principio-de-certeza-en-materia-electoral-los-articulos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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