PRINCIPIO DE EQUIDAD EN EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN II, INCISOS H) E I), DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA NO LO TRANSGREDE.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 11/98. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIO: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintidós de marzo de mil novecientos noventa y nueve.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante escrito presentado el día veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, en el domicilio particular del secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y recibido al día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de las autoridades y por las normas que a continuación se especifican:
"Autoridades responsables:
"Órganos legislativo y ejecutivo que emitió y promulgó las normas generales impugnadas, tienen ese carácter las siguientes. a) El Congreso del Estado Independiente y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con domicilio conocido en el inmueble correspondiente al Palacio Legislativo ubicado en Bulevar Francisco Coss de la ciudad de Saltillo, Coahuila. b) El Gobernador Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila, con domicilio conocido como Palacio de Gobierno ubicado en la ciudad de Saltillo, Coahuila. c) El secretario de Gobierno del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con domicilio conocido como Palacio de Gobierno ubicado en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Por lo que hace a la supuesta fe de erratas, publicada en el Periódico Oficial del Estado Independiente y Soberano de Coahuila de Zaragoza, el 1o. de diciembre del presente año. d) El coordinador de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila, el C. Diputado Antonio Berchelmann Arizpe, con domicilio conocido en el inmueble correspondiente al Palacio Legislativo ubicado en Bulevar Francisco Coss de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Por lo que hace a la supuesta fe de erratas, publicada en el Periódico Oficial del Estado Independiente y Soberano de Coahuila de Zaragoza, el 1o. de diciembre del presente año. e) El director de la publicación denominada Periódico Oficial del Estado Independiente y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con domicilio conocido como Palacio de Gobierno ubicado en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Por lo que hace a la supuesta fe de erratas, publicada en el Periódico Oficial del Estado Independiente y Soberano de Coahuila de Zaragoza, el 1o. de diciembre del presente año."
"Norma general inválida. El Decreto No. 237 mediante el cual se reforman, adicionan o derogan diversos artículos del Código Electoral del Estado de Coahuila, publicado en el No. 95, Tomo CV del Periódico Oficial el 27 de noviembre de 1998. De forma especial lo dispuesto en los artículos 9o. y 42 de dicho código. Asimismo, lo constituye la supuesta fe de erratas publicada en el Periódico Oficial del Estado Independiente y Soberano de Coahuila de Zaragoza, el 1o. de diciembre del presente año, relativas al Decreto No. 236, por el que se reforman los artículos 27, 33, 35, 67, 124 y 132 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y del Decreto No. 237 por el que se reforman, adicionan o derogan diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Coahuila, ambos decretos publicados el 27 de noviembre del presente año."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:
"Antecedentes.
"Previamente y a efecto de que esta H. Suprema Corte aprecie claramente la contradicción que existe del decreto y fe de erratas, disposiciones normativas de carácter electoral que se impugnan, en relación a las normas constitucionales violadas, me permito precisar los antecedentes siguientes: 1. El 27 de noviembre del presente año la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Coahuila de Zaragoza emitió el Decreto Número 236 mediante el cual se reforman los artículos 27, 33, 35, 67, 124 y 132 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el mismo día del mismo mes y año. 2. El 27 de noviembre del presente año la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Coahuila de Zaragoza emitió el Decreto Número 237 mediante el cual se reforman, adicionan y derogan los artículos 4o., 5o., 8o., 9o., 12, 13, 42, 43, 49, 50, 54, 55, 69, 60, 87, 88 y 133 la denominación del capítulo VI del título sexto, 171, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198, así como los capítulos IV, V y VI del título sexto, agregándose a este título un capítulo VII; y en el título séptimo se agrega un capítulo III, del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el mismo día del mismo mes y año. 3. Por escrito de 1o. de diciembre de 1998 el señor diputado Antonio Berchelamann Arizpe, coordinador de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila, se dirigió al señor Lic. Carlos Juariste Septién, quien se ostenta como secretario de Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza para informarle que en el Decreto 236 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado correspondiente a la edición del día 27 de noviembre de 1998 contiene un error que se especifica en la siguiente fe de erratas, transcribiéndose el artículo 27, tercer párrafo de la Constitución Política del Estado de Coahuila, indicando cómo aparece publicado y cómo debe decir, suprimiendo y adicionando conceptos que no fueron objeto del procedimiento legislativo, constituyendo materialmente modificaciones a los textos normativos más que una fe de erratas, se acompaña a la presente copia de la citada comunicación a efecto de que se tenga por reproducido en el presente numeral para los efectos legales conducentes. 4. Por escrito de 1o. (sic) de diciembre de 1998 el señor diputado Antonio Berchelamann Arizpe, coordinador de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila, se dirigió al señor Lic. Carlos Juariste Septién, quien se ostenta como secretario de Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza para informarle que en el Decreto 237 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado correspondiente a la edición del día 27 de noviembre de 1998 contiene un error que se especifica en la siguiente fe de erratas, transcribiéndose los artículos 53, 54, 88 y 133 del Código Electoral del Estado de Coahuila, indicando cómo aparece publicado y cómo debe decir, realizando adiciones que no fueron objeto del procedimiento legislativo, constituyendo materialmente modificaciones a los textos normativos más que una fe de erratas, se acompaña a la presente copia de la citada comunicación a efecto de que se tenga por reproducido en el presente numeral para los efectos legales conducentes. 5. El 4 de diciembre de 1998 se publican en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 97, las fe de erratas a los decretos de reforma a la Constitución del Estado de Coahuila y del Código Electoral del Estado de Coahuila, en los términos citados en los dos numerales anteriores del presente capítulo de antecedentes."
TERCERO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son el 1o., 4o., 14, 16, 41, 54 y 105 fracción II penúltimo párrafo.
CUARTO. Mediante proveído de fecha veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, y turnar el asunto al Ministro Mariano Azuela Güitrón, para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
QUINTO. Por auto de fecha cuatro de enero de mil novecientos noventa y nueve, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda relativa y ordenó emplazar a las responsables para que rindieran su respectivo informe y correr traslado al procurador general de la República para lo que a su competencia corresponde.
En el proveído de referencia, el Ministro instructor no tuvo como autoridad demandada al coordinador de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Coahuila, de conformidad con el artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en la acción de inconstitucionalidad serán demandados el órgano ejecutivo que hubiere promulgado la norma impugnada y el órgano ejecutivo que la hubiere promulgado.
Posteriormente, mediante proveídos de doce, veinte y veintisiete de enero, y cuatro de febrero del año en curso, dictados por el Ministro instructor, se agregaron en autos, respectivamente, la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del procurador general de la República, así como los informes y los alegatos de las partes que los presentaron.
Finalmente, por auto de fecha diez de febrero último, se tuvo por integrado el expediente y se pusieron los autos en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 68, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, toda vez que se demanda la declaración de inconstitucionalidad del Decreto Número 237, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversos artículos del Código Electoral del Estado de Coahuila, publicado en el Periódico Oficial del propio Estado el veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, particularmente sus artículos 9o. y 42; así como la fe de erratas publicada en el citado Periódico Oficial el cuatro de diciembre del citado año, relativas al Decreto 237 antes citado y al Decreto 236 publicado en el referido Periódico Oficial, por el que se reformaron los artículos 27, 33, 35, 67, 124 y 132 de la Constitución Política del Estado de Coahuila.
SEGUNDO. La demanda de acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente, atento a lo siguiente:
El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, dispone:
"Art. 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse al primer día hábil siguiente. En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."
Conforme a este artículo 60, el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, y el cómputo respectivo debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó la ley impugnada.
En el caso se impugna lo siguiente:
a) Decreto Número 237, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila el veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversos artículos del Código Electoral del propio Estado.
b) Fe de erratas publicada el cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y ocho en el propio Periódico Oficial.
Debe aclararse previamente que, en relación a la fe de erratas, ésta no fue publicada el primero de diciembre de mil novecientos noventa y ocho como se indica en el capítulo respectivo de la demanda, sino el día cuatro del citado mes y año.
Ahora bien, respecto del Decreto Número 237, considerando que se publicó el veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, el cómputo respectivo debe hacerse a partir del día siguiente, esto es, del veintiocho del citado mes y año.
Tomando en consideración esta última fecha como el primer día para el referido cómputo, resulta entonces que el plazo de treinta días naturales venció el veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.
Respecto de la fe de erratas, considerando que se publicó el cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, el cómputo respectivo debe hacerse a partir del día siguiente, esto es, del día cinco del citado mes y año.
Tomando en consideración esta última fecha como el primer día para el referido cómputo, resulta entonces que el plazo de treinta días naturales venció el tres de enero de mil novecientos noventa y ocho.
Ahora bien, en el caso la demanda se presentó el veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho en el domicilio particular del secretario general de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, al trigésimo día con relación al Decreto Número 237, y al vigésimo tercer día con relación a la fe de erratas, por lo que, en tales condiciones, debe considerarse que la demanda fue presentada dentro del plazo legal correspondiente para tal efecto, conforme lo dispuesto por el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia.
TERCERO. Previo al estudio del fondo del asunto, debe analizarse la legitimación del promovente, por ser una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente.
Los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 62, último párrafo, de su ley reglamentaria, disponen:
"Art. 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: ... II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: ... f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro ..."
"Art. 62. ... (último párrafo) En los términos previstos por el inciso f) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considerarán parte demandante en los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, además de las señaladas en la fracción I del artículo 10 de esta ley, a los partidos políticos con registro por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales, según corresponda, a quienes les será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los dos primeros párrafos del artículo 11 de este mismo ordenamiento."
De conformidad con lo dispuesto por los artículos antes transcritos, los partidos políticos con registro podrán ejercer la acción de inconstitucionalidad, para lo cual deben satisfacerse los siguientes extremos:
a) Que el partido político cuente con registro definitivo ante la autoridad electoral correspondiente.
b) Que el partido político promueva por conducto de su dirigencia.
c) Que quien suscribe a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para tal efecto.
En el expediente obra constancia expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, de fecha nueve de julio de mil novecientos noventa y ocho, en la que consta que Andrés Manuel López Obrador es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, de lo que se desprende que dicho partido se encuentra debidamente acreditado como partido político con registro definitivo.
Por otra parte, de los artículos 36 y 38, fracciones I y II, de los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática, se desprende que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional cuenta con facultades para representar a dicho partido político. Tales disposiciones dicen:
"Art. 36. El presidente nacional del partido representa permanentemente al partido, al Consejo Nacional y al Comité Ejecutivo Nacional."
"Art. 38. El presidente nacional del partido tendrá las siguientes facultades:
"I. Representar al Consejo Nacional y al Comité Ejecutivo Nacional.
"II. Ser el representante legal del partido."
De lo expuesto se concluye que se reúnen los extremos antes señalados, que legitiman a la parte promovente para ejercer la presente acción de inconstitucionalidad, en virtud de que el partido político en cita sí cuenta con registro definitivo y promueve por conducto de su Comité Ejecutivo Nacional, representado por su presidente, conforme a las facultades que lo legitiman para tal efecto en términos de sus disposiciones estatutarias antes transcritas.
CUARTO. En la demanda se señalaron como conceptos de invalidez los siguientes:
"Primer concepto de invalidez. Lo constituye la falta de observancia del procedimiento legislativo previsto en la Constitución del Estado y sus leyes reglamentarias, procedimiento que concluye necesariamente con la promulgación, publicación y entrada en vigor de las leyes o decretos correspondientes, al efecto, el artículo primero transitorio del Decreto No. 236 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, dispone: ‘Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.’. Sin atender dicha disposición el Congreso de Coahuila, inmediatamente después de la aprobación de las reformas constitucionales, sin concluir el procedimiento legislativo que incluyen la promulgación o veto del Ejecutivo y publicación, como ‘... pasos-fases determinados en la Constitución-Ley Fundamental que deben seguir los órganos de gobierno para producir una ley ...’ de Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, Vol. I, tomo I, Enciclopedia Parlamentaria de México, Instituto de Investigaciones Legislativas, LVI Legislatura del H. Congreso de la Unión, México 1987, p. 789. Como forma de ilustrar este criterio el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, dispone lo siguiente: ‘Artículo 3o. Las leyes, reglamentos, circulares o cualesquiera otras disposiciones de observancia general, obligan y surten sus efectos tres días después de su publicación en el periódico oficial. En los lugares distintos del en que se publique el periódico oficial, para que las leyes, reglamentos, etc., se reputen publicados y sean obligatorios, se necesita que además del plazo que fija el párrafo anterior, transcurra un día más por cada cuarenta kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad.’. ‘Artículo 4o. Si la ley, reglamento, circular o disposición de observancia general, fija el día en que debe comenzar a regir, obliga desde ese día, con tal de que su publicación haya sido anterior.’. Continuando con la definición de promulgación y publicación de leyes y decretos, el citado Diccionario Parlamentario nos define en sus páginas 792 a 795, lo siguiente: ‘... la figura jurídica de la promulgación, conviviendo con la modalidad del voto suspensivo. Algunas teorías consideran que la promulgación de la ley encierra dos actos: la interposición de la autoridad del Ejecutivo para que la ley sea considerada disposición obligatoria y su publicación por éste, dándola a conocer a quienes deben cumplirla ...’. Asimismo, indica que con su publicación en el Periódico Oficial ‘... adquiere fuerza obligatoria, inicia su vigencia y despliega todos sus efectos.’. Concluyendo: ‘... la publicación es pues, el acto del Poder Ejecutivo por el cual la ley votada y promulgada se lleva al conocimiento de los habitantes mediante un acto que permite a cualquiera el conocimiento de la ley y que se establece para el futuro la presunción de que la ley es conocida por todos.’. Como consecuencia de las anteriores citas, se desprende que el orden normativo jerárquico fue trastocado por el Congreso del Estado de Coahuila al reglamentar normas constitucionales locales, sin que éstas hubiesen entrado en vigor y sin que hubieren desplegado todos sus efectos. Es de señalar que el Congreso del Estado de Coahuila está sujeto a las disposiciones constitucionales y que hasta la entrada en vigor de las reformas constitucionales obliga a quien debe cumplirla estando entre éstos el propio Congreso del Estado y que uno de los efectos de su publicidad y entrada en vigor es el de reglamentar y adecuar las leyes secundarias al nuevo marco constitucional. Con lo anterior se vulnera lo dispuesto por los artículos 14, 16, 41 primer párrafo y 116 fracción I de la Constitución Federal. Segundo concepto de invalidez. Lo constituye lo dispuesto por el artículo 9o. del decreto de modificaciones al Código Electoral del Estado de Coahuila, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila el 27 de noviembre del presente año, disposición que es violatoria de lo dispuesto en los artículos 52 y 54 fracciones II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se disponen las bases generales del principio de representación proporcional en materia político-electoral. También lo constituye lo dispuesto en el artículo 116 fracción II tercer párrafo, disposición que a partir del decreto de reformas a la Constitución Federal de fecha 21 de agosto de 1996, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 del mismo mes y año, en donde el Constituyente Permanente sustituyó el sistema de diputados de minoría por el de representación proporcional, disponiendo que ‘Las Legislaturas de los Estados se integrarán con diputados elegidos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes ...’. En efecto, la modificación al artículo 9o. del Código Electoral del Estado de Coahuila mediante el decreto de fecha 27 de noviembre del presente año, pretende una falsa adecuación al nuevo marco de la Constitución Federal sustituyendo tan sólo las palabras o denominación de ‘representación mínima’ por el de ‘representación proporcional’ o en el mejor de los casos por el de ‘primera asignación’, sin variar el sistema de asignación ni mucho menos el sistema de diputados de minoría que implícitamente sigue conservando en abierta contravención con los preceptos constitucionales antes citados. Lo dicho anteriormente se demuestra de un análisis comparativo del citado artículo 9o. en su texto anterior respecto del decreto impugnado:
Ver texto
"A efecto de determinar los alcances de la violación a la Constitución Federal y extralimitación a lo dispuesto por la propia Constitución Local, del artículo 9o. antes citado, es conveniente traer a cuenta las bases generales que rigen el principio de representación proporcional establecidas en el artículo 54 de la Constitución Federal y que este Alto Tribunal ha sistematizado respecto a las legislaciones electorales de las entidades federativas, contenidos en la resolución recaída a la acción de inconstitucionalidad bajo el número de expediente 6/98 promovida por el partido político que represento en contra de diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Quintana Roo, en donde se establece: ‘La representación proporcional es el principio de asignación de curules por medio del cual se atribuye a cada partido o coalición un número de escaños proporcional al número de votos emitidos en su favor ...’ (p. 94). Aclarando más adelante, que en combinación con el principio de mayoría relativa, la representación se realiza aproximada y no de forma pura, pero agregando que: ‘... La introducción del principio de proporcionalidad obedece a la necesidad de dar una representación más adecuada a todas las corrientes políticas relevantes que se manifiestan en la sociedad, así como para garantizar, en forma más efectiva, el derecho de participación política de la minoría y, finalmente, para evitar los efectos extremos de distorsión de la voluntad popular, que se pueden producir en un sistema de mayoría simple.’ (p.p. 94, 95 y 113). ‘Por otra parte, el sistema de representación proporcional tiene por objeto procurar que la cantidad de votos obtenidos por los partidos corresponda, en equitativa proporción, al número de curules a que tenga derecho cada uno de ellos y de esta forma facilitar que los partidos políticos que tengan un mínimo de significación ciudadana puedan tener acceso, en su caso, a la Cámara de Diputados que permita reflejar de mejor manera el peso electoral de las diferentes corrientes de opinión.’. En referencia al cambio de sistema de diputados de minoría por el de representación proporcional, expresa: ‘La reforma al párrafo tercero de la fracción II del artículo 116 tiene como propósito obligar a los Estados para que sus legislaturas se integren con diputados elegidos por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional. En este sentido, el actual párrafo tercero supera la anterior redacción de ese párrafo que hablaba de diputados de minoría en la elección de las Legislaturas Locales. El mandato constitucional actual va más allá de lo que incorporó la reforma de mil novecientos setenta y siete, cuando se incluyó la anterior redacción del párrafo tercero de la fracción II para introducir en las Legislaturas Locales el sistema de diputados de minoría.’ (p. 113). Continuando con el anterior razonamiento esta Corte establece: ‘... debe asegurarse que en los términos en que se consideren en la legislación en la legislación (sic) estatal permitan su real vigencia, acorde con el sentido que el Poder Revisor de la Constitución quiso darle, pues no puede admitirse que para cumplir con lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Federal, es suficiente con que las Legislaturas de los Estados dispongan que las elecciones se sujetarán a los principios de mayoría relativa y de proporcionalidad, sino que es necesario, además, que las normas que desarrollen esos principios cumplan real y efectivamente con el fin para el cual fueron establecidos, sin perjuicio de las modalidades que cada Legislatura Estatal quiso imponerles, pero sin desconocer su esencia.’ (p.p. 104 y 105). Esta Corte determina que el principio de representación proporcional como garante del pluralismo político, tiene los objetivos primordiales siguientes: ‘1. La participación de todos los partidos políticos en la integración del órgano legislativo, siempre que tengan cierta representatividad. 2. Que cada partido político alcance en el seno del Congreso o legislatura una representación aproximada al porcentaje de su votación total. 3. Evitar un alto grado de sobre-representación de los partidos dominantes.’. Asimismo, en el expediente de referencia, esta Corte determinó: ‘Las bases generales que tienen que observar las Legislaturas de los Estados para cumplir con el establecimiento del principio de proporcionalidad electoral tratándose de diputados, derivadas del indicado precepto constitucional, son las siguientes: Primera. Condicionamiento del registro de la lista de candidatos plurinominales a que el partido participe con candidatos a diputados por mayoría relativa en el número de distritos uninominales que la ley señale (fracción y) (sic). Segunda. Establecimiento de un mínimo de porcentaje de la votación estatal para la asignación de diputados (fracción II). Tercera. La asignación de diputados será independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido los candidatos del partido de acuerdo con su votación (fracción III). Cuarta. Precisión del orden de asignación de los candidatos que aparezcan en las listas correspondientes (fracción III). Quinta. El tope máximo de diputados por ambos principios que puede alcanzar un partido debe ser igual al número de distritos electorales (fracción IV). Sexta. Establecimiento de un límite de sobre-representación (fracción V). Séptima. Establecimiento de las reglas para la asignación de los diputados conforme a los resultados de la votación (fracción VI).’. Por su parte la reforma a la Constitución Local dispuso en su artículo 35 el cumplimiento de los tres requisitos ‘Para tener derecho a participar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional ...’, mas el cumplimiento de dichos requisitos no da derecho para que les sean asignados dichos diputados. En contravención a esta disposición, el párrafo tercero del inciso c) del artículo 9o. impugnado, que por el simple hecho de cubrir los citados requisitos les serán asignados diputados de representación proporcional. Al respecto la acción de inconstitucionalidad 6/98, refiriéndose a la legislación electoral de Quintana Roo, esta Corte determinó: ‘En primer lugar, cabe destacar que el mínimo de porcentaje señalado en la fracción II del precepto impugnado (2.5%), es el mismo que establece el artículo 54, fracción II, de la Constitución del Estado como requisito para tener derecho a la asignación de diputados por el principio de representación proporcional; así como que dicha Constitución, que es la norma inmediata superior con la cual se vincula la ley reclamada, no fue objeto de impugnación en la presente acción; sin embargo, como la Constitución expresa ese porcentaje como condición para po
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5644-52285835/principio-de-equidad-en-el-financiamiento-publico-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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