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Modo: Corpus Pro

PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD EN EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA, NO LOS TRANSGREDE.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 12/98. · Registro digital (IUS): 5641
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Mayo de 1999, , Pág. 766.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 12/98. PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.

SECRETARIO: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintidós de marzo de mil novecientos noventa y nueve.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante escrito presentado el día veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, en el domicilio particular del secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y recibido al día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de las autoridades y por las normas que a continuación se especifican:

"Autoridades responsables:

"Los órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas impugnadas. A. La LIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Coahuila, en cuanto hace a la aprobación de las normas impugnadas. B. El C. Rogelio Montemayor Seguy, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila, y el C. Carlos Juariste Septién, secretario de Gobierno del mismo Estado, en cuanto hace a la promulgación de las normas impugnadas.

"Las normas generales cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicaron. El Decreto Número 237 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Coahuila, particularmente en lo relativo a los artículos 9o. y 42, que fue publicado en el Periódico Oficial de Coahuila de Zaragoza el día 27 de noviembre de 1998."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:

"Antecedentes:

"1. El día 27 de noviembre de 1998 se celebró la octava sesión del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la LIV Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. 2. Dentro del sexto punto de la orden del día se abordó el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con relación a la iniciativa planteada por el Ejecutivo del Estado para la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Coahuila. 3. Una vez leído dicho dictamen, el diputado Ricardo Alfonso Maldonado Escobedo, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, reservó en lo particular lo relativo a los artículos 9o. y 42. El dictamen fue aprobado, en lo general, por unanimidad. 4. Posteriormente se pasó a debatir en lo particular. Para tales efectos intervino de nuevo el diputado Maldonado, manifestando su rechazo al contenido de tales dispositivos. Asimismo, intervino el diputado Jorge Arturo Rosales Talamás para leer un documento firmado por el grupo parlamentario de Acción Nacional, en el que se manifestaba su rechazo al contenido del artículo 9o., y proponía una nueva redacción. 5. Finalmente se puso a votación el dictamen en lo particular. Dicho ejercicio arrojó como resultado 20 votos a favor y 11 en contra de lo relativo a los artículos 9o. y 42, tal y como consta en el acta correspondiente."

TERCERO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son el 116, en relación con los artículos 52 y 54, así como los artículos 40, 41 y 42.

CUARTO. Mediante proveído de fecha veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, y turnar el asunto al Ministro Genaro David Góngora Pimentel, para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.

Por auto del Ministro presidente de esta Suprema Corte, de fecha cuatro de enero de mil novecientos noventa y nueve, se returnó el asunto al Ministro José Vicente Aguinaco Alemán, para los efectos antes precisados.

QUINTO. Por auto de fecha cuatro de enero de mil novecientos noventa y nueve, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda relativa y ordenó emplazar a las responsables para que rindieran su respectivo informe y correr traslado al procurador general de la República para lo que a su competencia corresponde.

Posteriormente, mediante proveídos de trece, veinte y veintisiete de enero, y cuatro de febrero del año en curso, dictados por el Ministro instructor, se agregaron en autos, respectivamente, la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del procurador general de la República, así como los informes y los alegatos de las partes que los presentaron.

Una vez debidamente integrados los autos, se puso el asunto en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 68, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, toda vez que se demanda la declaración de inconstitucionalidad del Decreto Número 237, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversos artículos del Código Electoral del Estado de Coahuila, publicado en el Periódico Oficial del propio Estado el veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, específicamente sus artículos 9o. y 42.

SEGUNDO. La demanda de acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente, atento a lo siguiente:

El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, dispone:

"Art. 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse al primer día hábil siguiente. En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."

Conforme a este artículo 60, el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, y el cómputo respectivo debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó la ley impugnada.

En el caso se impugna el Decreto Número 237, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila el veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversos artículos del Código Electoral del propio Estado.

Considerando que el decreto impugnado se publicó el veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, el cómputo respectivo debe hacerse a partir del día siguiente, esto es, del veintiocho del citado mes y año.

Tomando en consideración esta última fecha como el primer día para el referido cómputo, resulta entonces que el plazo de treinta días naturales venció el veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.

Ahora bien, en el caso la demanda se presentó el veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho en el domicilio particular del secretario general de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, al trigésimo día con relación al Decreto Número 237, por lo que, en tales condiciones, debe considerarse que la demanda fue presentada dentro del plazo legal correspondiente para tal efecto, conforme lo dispuesto por el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia.

TERCERO. Previo al estudio del fondo del asunto, debe analizarse la legitimación del promovente, por ser una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente.

Los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 62, último párrafo, de su ley reglamentaria, disponen:

"Art. 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: ... II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: ... f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro. ..."

"Art. 62. ... (último párrafo) En los términos previstos por el inciso f) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considerarán parte demandante en los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, además de las señaladas en la fracción I del artículo 10 de esta ley, a los partidos políticos con registro por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales, según corresponda, a quienes les será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los dos primeros párrafos del artículo 11 de este mismo ordenamiento."

De conformidad con lo dispuesto por los artículos antes transcritos, los partidos políticos con registro podrán ejercer la acción de inconstitucionalidad, para lo cual deben satisfacerse los siguientes extremos:

a) Que el partido político cuente con registro definitivo ante la autoridad electoral correspondiente.

b) Que el partido político promueva por conducto de su dirigencia.

c) Que quien suscribe a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para tal efecto.

En el expediente obran constancias expedidas por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, fechadas el veinticinco de abril de mil novecientos noventa y siete, en la que consta que el Partido Acción Nacional se encuentra acreditado como partido político nacional ante el citado instituto, y que Felipe de Jesús Calderón Hinojosa es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del propio partido político.

Por otra parte, el promovente, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, tiene facultades para representar a ese partido político de conformidad con lo dispuesto por el artículo 65, fracción I, en relación con el 62, fracción I, de los estatutos del citado partido político, que disponen:

"Art. 65. El presidente de Acción Nacional, lo será también del Comité Ejecutivo Nacional y tendrá además el carácter de presidente de la asamblea, de la convención y del consejo nacionales, con las atribuciones siguientes: I. Representar a Acción Nacional en los términos y con las facultades a que se refiere la fracción I del artículo 62 de estos estatutos."

"Art. 62. Son facultades y deberes del Comité Ejecutivo Nacional: I. Ejercer por medio de su presidente o de la persona o personas que estime conveniente designar al efecto, la representación legal de Acción Nacional, en los términos de las disposiciones que regulan el mandato tanto en el Código Civil para el Distrito Federal, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y Ley Federal del Trabajo, en consecuencia, el presidente gozará de todas las facultades generales y aun las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio, y para suscribir títulos de crédito, cuyas disposiciones de tales ordenamientos legales se tienen aquí por reproducidas como si se insertaran a la letra, y relativos de la legislación electoral vigente."

De lo anterior se advierte que quien suscribe la demanda tiene facultades para ejercer la presente acción de inconstitucionalidad a nombre y en representación del Partido Acción Nacional, para impugnar el decreto que ahora se combate.

De todo lo expuesto se concluye que se reúnen los extremos antes señalados, que legitiman a la parte promovente para ejercer la presente acción de inconstitucionalidad, en virtud de que el partido político en cita sí cuenta con registro definitivo y promueve por conducto de su Comité Ejecutivo Nacional, representado por su presidente, conforme a las facultades que lo legitiman para tal efecto en términos de sus disposiciones estatutarias antes transcritas.

CUARTO. En la demanda se señalaron como conceptos de invalidez los siguientes:

"Primero. El artículo 9o. del Código Electoral del Estado de Coahuila contraviene lo dispuesto por la Constitución General de la República. El texto del artículo impugnado es el siguiente: ‘Ningún partido político o coalición podrá contar con más de veinte diputados. En el caso de que el partido político o coalición con mayor votación no lograre el triunfo en los veinte distritos, sólo podrá acceder a un máximo de diecinueve diputados, cualquiera que sea el principio bajo el cual hayan sido electos. Para poder participar en la asignación de diputados de representación proporcional, los partidos políticos o coaliciones deberán cumplir los requisitos siguientes: a) No haber alcanzado la totalidad de las diputaciones de mayoría relativa. En caso de las diputaciones de representación proporcional en la primera asignación, no haber alcanzado ninguna diputación de mayoría relativa en su respectiva circunscripción; b) Haber registrado y mantenido hasta el día de la elección, candidatos propios en cuando menos diez distritos electorales uninominales; y c) Haber alcanzado como mínimo el 3% de la votación efectiva en el Estado. Para los efectos de este código se entiende por votación efectiva el total de los votos depositados en las urnas, según corresponda a cada una de las dos circunscripciones en que se divide el Estado. Sólo a los partidos políticos que hubieren satisfecho los requisitos señalados en los incisos anteriores les serán asignados diputados de representación proporcional, conforme a las siguientes fórmulas: I. Para cumplir con lo estipulado en el segundo párrafo del inciso a) del presente artículo, se asignará un diputado de representación proporcional en cada una de las circunscripciones en que se divide el Estado, a los partidos políticos que satisfagan los requisitos que se señalan en los incisos a), b) y c). En el caso de que el número de partidos políticos que cumplan estos requisitos exceda al de curules por repartir, se les asignará en forma decreciente, dependiendo del resultado de la votación alcanzada por cada uno de ellos, hasta agotar las diputaciones por distribuir. II. Si después de hecha la asignación que señala la fracción anterior quedasen diputaciones por distribuir, en esta segunda asignación, a la votación efectiva se deducirá la de los partidos que no hayan satisfecho los requisitos contenidos en los incisos a), b) y c) de este artículo, y los votos anulados, así como el resultado de la fórmula a que se refiere el párrafo siguiente: La suma de los votos obtenidos por cada uno de los candidatos que obtuvieron mayoría en los veinte distritos, divididos entre veinte, y el resultado será el número a deducir a cada partido político por cada diputación que se le haya otorgado en la primera asignación. Si dicho resultado es superior al número de votos totales obtenidos por los partidos políticos a los que se les asignó diputación en una o ambas circunscripciones, se deducirá ésta y se tendrá por agotado su resto. Una vez hechas las deducciones a que se refiere esta fracción, al resultado final se le denominará votación total distribuible. El total de diputaciones pendientes de distribuir se dividirán para su asignación, por partes iguales, en cada una de las dos circunscripciones plurinominales del Estado. En caso de que el número de diputaciones sea impar, la restante se agregará a las de la circunscripción con mayor votación. Para asignar las diputaciones en cada circunscripción plurinominal, la votación total distribuible que le corresponda se dividirá entre el número de diputaciones pendientes de asignar, para obtener un factor común en cada una de ellas. Tantas veces como se contenga el factor común en la votación de cada partido, será el número de diputaciones que se le asignarán. Para este efecto se seguirá el siguiente orden: 1. En primer término se le asignarán diputaciones al partido que obtenga el mayor índice de votación en cada una de las dos circunscripciones en que se divide el Estado, y después en forma descendente a los demás partidos políticos con derecho a ello; 2. Si hechas las asignaciones anteriores, algún partido alcanzare diecinueve diputaciones, su votación será retirada y con la de los partidos restantes se procederá nuevamente a obtener un factor común en cada una de las dos circunscripciones en que se divide el Estado, que se denominará factor común ajustado, aplicándose nuevamente el procedimiento establecido en esta misma fracción; y III. Si después de realizados los procedimientos señalados en las fracciones anteriores quedaren aún curules por asignar, se distribuirán mediante el sistema de resto mayor en orden descendente en cada circunscripción. Se entiende por resto mayor el remanente de votación más alto de cada partido político en cada circunscripción, después de deducir la que utilizó para la asignación de diputados a que se refieren las fracciones anteriores.’. El artículo citado viola la letra y el espíritu de la Carta Fundamental, toda vez que es contrario al principio de representación proporcional que establece la fracción II del artículo 116 de la Constitución Federal, que a la letra dice: ‘El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: ... II. El número de representantes en las Legislaturas de los Estados será proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los Estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra. Los diputados a las Legislaturas de los Estados no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Los diputados suplentes podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de propietario, siempre que no hubieren estado en ejercicio, pero los diputados propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes. Las Legislaturas de los Estados se integrarán con diputados elegidos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes.’. El artículo de marras es contrario a los fines que persiguió el Constituyente Permanente al hacer las reformas al artículo 116 constitucional, publicadas el 22 de agosto de 1996 en el Diario Oficial de la Federación. En efecto, tal y como lo ha sostenido esta Suprema Corte de Justicia, el propósito de la reforma al párrafo tercero de la fracción II del artículo 116 fue obligar a los Estados para que sus legislaturas se integren con diputados elegidos por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, superando con ello la anterior redacción de ese párrafo que hablaba de diputados de minoría en la elección de las Legislaturas Locales. Así también lo sostiene Carlos Axel Morales Paulín en su obra ‘Reforma al Sistema Electoral Mexicano’: ‘Mediante la reforma del 22 de agosto de 1996 se fija en el párrafo tercero de la fracción II del numeral en cita, el sistema para la integración de las Legislaturas Locales, es decir, prevé la existencia de diputados elegidos, tanto por el principio de mayoría relativa como de representación proporcional ...’. Ahora bien, cabe hacer una breve exposición sobre los distintos principios electivos, a efecto de obtener una clara diferenciación del principio de representación proporcional con respecto a los demás: a) Mayoría relativa: Según Eduardo Castellanos Hernández, consiste en elegir a los integrantes de las legislaturas en circunscripciones electorales en razón de un representante por circunscripción, resultando electo aquel candidato que obtiene la mayoría relativa de los votos. b) Diputados de partido: Este principio también es conocido como de ‘diputados de minoría’. Este principio electivo se estableció en 1963 para la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y tiene como característica fundamental el establecer la asignación de diputados a partir de cuotas porcentuales fijas de los votos obtenidos por cada partido (Luis Medina Peña). Así, se estableció el 2.5% como porcentaje mínimo de acceso a los diputados de partido. Con este porcentaje, el partido político correspondiente obtenía, en una asignación, cinco diputados, más un diputado adicional por cada 0.5% de la votación y hasta un máximo de 20 diputados. Se estableció, adicionalmente, que para acceder a los diputados de partido era requisito no obtener más de diecinueve diputados por el principio de mayoría relativa con lo que, en la práctica, el acceso a los diputados de partido se limitó a los partidos minoritarios, de donde deriva la denominación ‘diputados de minoría’. c) Representación proporcional: Este principio se estableció en la Constitución de 1977, manteniéndose hasta la fecha con distintas modalidades. Consiste en asignar un determinado número de integrantes de la legislatura a los partidos políticos contendientes en proporción al número de votos obtenidos por cada uno de ellos (Sartori). Este principio reconoce múltiples variables, algunas de las cuales han tenido o tienen vigencia en las Legislaturas Federales y Locales de nuestro país. d) Premio a la mayoría. También conocido como cláusula de gobernabilidad. Este principio establece la asignación automática de diputados al partido político que obtiene la mayoría de los diputados por el principio de mayoría relativa, cierto porcentaje de votos o determinada composición de ambos criterios, con independencia de la proporción de su votación en relación con el resto de los partidos políticos en competencia (Sartori, Patiño Camarena). Este principio se estableció en la Constitución en diciembre de 1986 y se mantuvo en ella, en distintas modalidades, hasta agosto de 1996. e) Primera minoría. Consiste en asignar, con ciertas modalidades, una posición en la legislatura a quienes hubieran obtenido la segunda mayor votación en una elección de mayoría relativa. En nuestro país se ha utilizado exclusivamente en la integración del Senado de la República, en donde está en vigor desde 1993. Como se observa, en estricto sentido, el principio de representación proporcional opera para lograr, en la medida de lo posible, que el número de legisladores de cada partido se ajuste a la votación recibida en la elección. Si algún sistema o mecanismo de asignación de diputados no provee a ello, entonces es dable afirmar que es contrario al principio de proporcionalidad. Tal es el caso del sistema previsto por el artículo 9o. del Código Electoral del Estado de Coahuila. A mayor abundamiento, me permito transcribir las bases que, tal y como lo ha sostenido este Alto Tribunal, tienen que observar las Legislaturas de los Estados para cumplir con el establecimiento del principio de proporcionalidad electoral: Primera. Condicionamiento del registro de la lista de candidatos plurinominales a que el partido participe con candidatos a diputados por mayoría relativa en el número de distritos uninominales que la ley señale (fracción I del artículo 54 constitucional). Segunda. Establecimiento de un mínimo de porcentaje de la votación estatal para la asignación de diputados (fracción II). Tercera. La asignación de diputados será independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido los candidatos del partido de acuerdo con su votación (fracción III). Cuarta. Precisión del orden de asignación de los candidatos que aparezcan en las listas correspondientes (fracción IV). Quinta. El tope máximo de diputados por ambos principios que puede alcanzar un partido debe ser igual al número de distritos electorales (fracción IV). Sexta. Establecimiento de un límite a la sobre-representación (fracción V). Séptima. Establecimiento a las reglas para la asignación de los diputados conforme a los resultados de la votación (fracción VI). Del análisis del texto del artículo 9o. del código se infiere que éste incumple con la base tercera, toda vez que impone como condición para participar en la primera ronda de asignación de cada una de las circunscripciones no haber obtenido alguna constancia de mayoría de ellas. Es decir, la ley electoral de Coahuila vincula indebidamente la asignación de diputados por el principio de representación proporcional con las constancias de mayoría. Para efectos de proporcionar a este Alto Tribunal mayores elementos para obtener la convicción necesaria y suficiente que el caso amerita, me permito desarrollar una serie de escenarios hipotéticos que podrían presentarse cuando el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Coahuila cumpla con la función legal de asignar las diputaciones obtenidas por cada partido por la vía de la representación proporcional. Consideraré varios escenarios, a manera de ejemplo, en los que la votación sea distinta y produzca diversos resultados al aplicarse la fórmula contemplada en el artículo cuya invalidez se alega: Primer escenario. Un partido (A) alcanza las 20 diputaciones de mayoría relativa, con el 60% de la votación estatal, mientras que otros tres (B, C y D) obtienen, respectivamente, el 33.5, el 3.4 y el 3.1 por ciento, y por lo menos el 3% de la votación efectiva en cada circunscripción. De conformidad con el procedimiento ordenado por el artículo 9o. del código de la materia, se asignarían las diputaciones de representación proporcional de la siguiente manera:

Ver asignación 1

"Total de diputaciones asignadas a los partidos:

Ver total de diputaciones 1

"Total de diputaciones asignadas: 6

"Total de diputaciones por asignar: 6

"Después de realizar las deducciones que ordena la ley, y suponiendo que sólo el partido B accediera a la segunda ronda, las diputaciones restantes se asignarían de la siguiente forma:

Ver asignación 2

"Total de diputaciones asignadas a los partidos:

Ver total de diputaciones 2

"Total de diputaciones asignadas: 12

"Total de diputaciones por asignar: 0

"De esta forma, el total de diputados que los partidos obtendrían por ambos principios, y el porcentaje de representación que obtendrían en el Congreso Local sobre un total de 32 integrantes serían:

Ver total y porcentaje 1

"Como se observa, los partidos A, C y D obtendrían una sobre-representación del 2.5, 2.85 y 3.15 por ciento, respectivamente; por el contrario, el partido B estaría subrepresentado en un 8.5%. En este caso, la fórmula implica un daño al segundo lugar y un premio inmerecido a los partidos minoritarios. Segundo escenario. Un partido (A) alcanza las 20 diputaciones de mayoría relativa con el 60% de la votación estatal, mientras que otros cuatro (B, C, D y E) alcanzan el 30, el 3.6, el 3.3 y el 3.1%, y por lo menos el 3% de la votación efectiva en cada circunscripción. De conformidad con el procedimiento ordenado por el artículo 9o. del código de la materia, se asignarían las diputaciones de representación proporcional de la siguiente manera:

Ver asignación 3

"Total de diputaciones asignadas a los partidos:

Ver total de diputaciones 3

"Total de diputaciones asignadas: 8

"Total de diputaciones por asignar: 4

"Después de hacer las deducciones ordenadas por la ley, y suponiendo que sólo el partido B accediera a la segunda ronda, las diputaciones restantes se asignarían de la siguiente manera:

Ver asignación 4

"Total de diputaciones asignadas a los partidos:

Ver total de diputaciones 4

"Total de diputaciones asignadas: 12

"Total de diputaciones por asignar: 0

"De esta forma, el total de diputados que los partidos obtendrían por ambos principios, y el porcentaje de representación que obtendrían en el Congreso Local sobre un total de 32 integrantes serían:

Ver total y porcentaje 2

"Como se observa, los partidos A, C, D y E obtendrían una sobre-representación del 2.5, 2.65, 2.95 y 3.15 por ciento, respectivamente; por el contrario, el partido B estaría subrepresentado en un 11.25%. En este caso, de nuevo, la fórmula implica un daño al segundo lugar y un premio inmerecido a los partidos minoritarios. Tercer escenario. Un partido (A) alcanza las 20 diputaciones de mayoría relativa con el 55% de la votación estatal, mientras que los otros cinco (B, C, D, E y F) alcanzan el 30, el 4.2, el 3.8, el 3.7 y el 3.3 por ciento y, por lo menos, el 3% de la votación efectiva en cada circunscripción. De conformidad con el procedimiento ordenado por el artículo 9o. del código de la materia, se asignarían las diputaciones de representación proporcional de la siguiente manera:

Ver asignación 5

"Total de diputaciones asignadas a los partidos:

Ver total de diputaciones 5

"Total de diputaciones asignadas: 10

"Total de diputaciones por asignar: 2

"Después de hacer las deducciones que ordena la ley, y suponiendo que sólo el partido B accediera a la segunda ronda, las diputaciones restantes se asignarían de la siguiente manera:

Ver asignación 6

"Total de diputaciones asignadas a los part

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5641-ca397d07/principios-de-proporcionalidad-y-equidad-en-el-financiamiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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