LEGISLACIÓN ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA. AL ESTABLECER LOS MECANISMOS APLICABLES PARA LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS POR EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, EL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LA DETERMINACIÓN DE LOS TOPES MÁXIMOS EN LAS EROGACIONES DE ÉSTOS POR GASTOS DE CAMPAÑA, DIVERSOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL ÁMBITO FEDERAL, NO CONTRAVIENE EL PACTO FEDERAL, PUESTO QUE EN ÉL NO SE IMPONE REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA AL RESPECTO, SINO QUE SE DEJA A LA DISCRECIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS LA DETERMINACIÓN DE LAS FORMAS Y MECANISMOS LEGALES CORRESPONDIENTES. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 5/98. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 5/98. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA
SECRETARIO: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dos de abril de mil novecientos noventa y ocho.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de las disposiciones y autoridades que a continuación se señalan:
"Autoridades responsables: Órganos Legislativo y Ejecutivo que emitió y promulgó las normas generales impugnadas: El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su Quincuagésima Quinta Legislatura, y el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa."
"Norma general inválida: El Decreto 406, de reformas, adiciones y derogaciones a diversos artículos de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial ‘El Estado de Sinaloa’ de fecha 28 de enero de 1998, reclamando especialmente la invalidez de los artículos 12, fracción II, cláusula B), 45, fracciones II y VI y 117 bis, penúltimo párrafo, así como las normas relativas a los títulos segundo y sexto del citado ordenamiento legal, mediante los cuales se regula una indebida integración del Poder Legislativo Local y criterios para determinar los topes de campaña por el Consejo Estatal Electoral."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:
"HECHOS:-A efecto de que esta H. Suprema Corte de Justicia aprecie claramente la contradicción que existe entre la disposición normativa de carácter electoral que se impugna, en relación con las normas constitucionales violadas, me permito anotar los hechos siguientes:-1. El 27 de enero de 1998, el H. Congreso del Estado de Sinaloa, representado por su Quincuagésima Quinta Legislatura, aprobó, mediante la votación de los diputados del Partido Revolucionario Institucional y los representantes del Partido Acción Nacional, una serie de reformas y adiciones a la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, reforma que, como se detalla más adelante, contraviene diversos numerales de la Constitución Federal. Previo a la aprobación de esa reforma, ese mismo día, se leyó en primera lectura la iniciativa de reforma aprobada, habiéndose dispensado la segunda lectura. 2. A la reunión de ese día 27 de enero, en protesta por la actitud irreflexiva, apresurada y violatoria de la Constitución Federal en que venía incurriendo el H. Congreso del Estado de Sinaloa, los diputados del Partido de la Revolución Democrática no asistieron, como medida de inconformidad por la poca disposición del H. Congreso de debatir y analizar a fondo la reforma supracitada, medida de protesta que hicieron del conocimiento del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 3. El 28 de enero de 1998, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, mediante el Decreto 406 que reforma, deroga y adiciona diversos artículos de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa; dicha publicación aparece sin las formalidades de las firmas del presidente y secretario del H. Congreso, y del gobernador y secretario general de Gobierno, en violación al artículo 47 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Sinaloa y del artículo 100 del Reglamento Interno del H. Congreso del Estado. 4. Como la reforma a la Ley Electoral del Estado de Sinaloa mencionada contraviene lo dispuesto en los artículos 14, 16, 39, 40, 41, primero y segundo párrafos, 54, fracción V y 116 de la Constitución Federal, nos vemos obligados a promover la presente acción de inconstitucionalidad, haciéndolo bajo los términos siguientes: ..."
TERCERO. Los preceptos que se estiman infringidos son el 14, 16, 39, 40, 41, primero y segundo párrafos, 54, fracción V, 116 fracción IV, incisos f) y h) y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO. Mediante proveído de fecha tres de marzo de mil novecientos noventa y ocho, el presidente en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, y turnar el asunto al Ministro Juan N. Silva Meza, para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
QUINTO. Por auto de cuatro de marzo último, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda relativa; ordenó emplazar a las responsables para que rindieran su respectivo informe y correr traslado al procurador general de la República para lo que a su competencia corresponde; y solicitó la opinión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto de la aludida demanda. Posteriormente, mediante proveído de diecisiete de marzo siguiente se otorgó el plazo legal a las partes para la formulación de sus alegatos y, transcurrido dicho plazo, se pasaron los autos para la elaboración del proyecto de sentencia.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 68, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, toda vez que se demanda la declaración de inconstitucionalidad de las reformas que en materia electoral se hizo, mediante Decreto Número 408, de reformas, adiciones y derogaciones a diversos artículos de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y ocho.
SEGUNDO. La demanda de acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente, atento lo siguiente:
El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal dispone:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."
Conforme a este artículo 60, el cómputo respectivo debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó el decreto que contiene las normas que se impugnan, considerando todos los días como hábiles.
El decreto de referencia, que reforma, deroga y adiciona diversos artículos de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el día veintiocho de enero de mil novecientos noventa y ocho, por lo que es a partir del día siguiente que debe hacerse el cómputo respectivo.
Tomando en consideración la fecha de publicación, resulta que el plazo de treinta días para la impugnación de las disposiciones venció el día veintisiete de febrero del año en curso; por tanto, si la demanda se presentó en esa misma fecha ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe considerarse promovida dentro del plazo legal.
Cabe aclarar que la parte actora combate el decreto en cuanto a que reforma los artículos 12, 45 y 117 bis de la Ley Electoral del Estado, agregando que también impugna los títulos segundo y sexto de ese mismo ordenamiento legal, mediante los cuales se regula una indebida integración del Poder Legislativo Local y criterios para determinar los topes de campaña por el Consejo Estatal Electoral.
Del análisis integral del escrito de demanda y particularmente de los conceptos de invalidez, se concluye que, al referirse la parte actora a los títulos segundo y sexto de la ley impugnada, se está refiriendo a los propios artículos que en particular impugna, que se encuentran contenidos en esos títulos y que son los que regulan los temas cuestionados: integración del Poder Legislativo Local -título segundo, artículo 12- y financiamiento de partidos y criterios para determinar topes de campaña -título segundo, artículo 45 y título sexto, artículo 117 bis-.
Por tanto, no ha lugar a hacer pronunciamiento expreso sobre la procedencia o improcedencia de la vía respecto de todos y cada uno de los artículos que componen los referidos títulos de la Ley Electoral en cuestión, pues es evidente que dichos títulos los menciona en tanto que contienen las disposiciones que concretamente combate en sus conceptos de invalidez.
Atento todo lo expuesto en el presente considerando, procede entrar al estudio de los conceptos de invalidez expuestos.
TERCERO. Previo al estudio del fondo del asunto, resulta pertinente analizar la legitimación de quien promueve, por ser una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 en cita, los partidos políticos con registro podrán ejercer la acción de inconstitucionalidad por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales.
Por tanto, en el caso tienen que satisfacerse los siguientes extremos:
Que el partido político cuente con registro definitivo ante la autoridad electoral correspondiente.
Que el partido político promueva por conducto de su dirigencia.
Que quien suscribe a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para tal efecto.
Obra en el expediente constancia expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, de fecha veintiuno de abril de mil novecientos noventa y siete, en la que consta que el Partido de la Revolución Democrática se encuentra debidamente acreditado como partido político con registro definitivo, y que su presidente nacional es Andrés Manuel López Obrador, quien con tal carácter tiene facultades para representar a ese partido político, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 40 y 42, fracción I, de los estatutos del partido, que disponen:
"Artículo 40. El presidente del partido representa permanentemente al partido, al Consejo Nacional y al Comité Ejecutivo Nacional ..."
"Artículo 42. El presidente del partido tendrá las siguientes facultades: I. Representar al Consejo Nacional y al Comité Ejecutivo."
De todo lo expuesto se concluye que se reúnen los extremos antes señalados, que legitiman a la parte promovente para ejercer la presente acción de inconstitucionalidad, en virtud de que el partido político en cita sí cuenta con registro definitivo y promueve por conducto de su Comité Ejecutivo Nacional, representado por su presidente, conforme a las facultades que lo legitiman para tal efecto, en términos de las disposiciones antes transcritas de los estatutos del aludido partido político.
CUARTO. En la demanda se señalaron como conceptos de invalidez los siguientes:
"Conceptos de invalidez. Primer concepto de invalidez: Lo constituye el hecho de que la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, aprobó una fórmula electoral para la asignación de las diputaciones de representación proporcional con base en un criterio carente de legitimidad, que en el medio parlamentario se conoce como ‘cláusula de gobernabilidad’. La Ley Electoral del Estado de Sinaloa, en el inciso B) del artículo 12 (cuya invalidez se reclama), dispone que: ‘... el partido que por sí solo obtuvo entre el 35% y el 52.5% de la votación estatal efectiva y, al menos, 14 diputados de mayoría relativa, se le asignarán tantos diputados de representación proporcional como sean necesarios para completar por ambos principios un total de 21 diputados ...’. Es decir, que: en un momento dado, de acuerdo al precepto impugnado, bastaría el hecho de que un partido político obtenga sólo (sic) el 35% de los votos en la elección de diputados locales de Sinaloa (pero alcance 14 diputaciones de mayoría relativa), para que le asignen 7 curules de representación proporcional, con los cuales completaría 21 legisladores de los 40 que integran el Congreso; disposición que automáticamente daría absoluta mayoría a quienes en justicia no la obtuvieron y se otorgaría, sin motivo ni fundamento legal, una sobrerrepresentación hasta del 17.5% a una de las fracciones partidistas en cada una de las subsecuentes legislaturas, a pesar de que los electores no lo hayan expresado así en las urnas; situación que conlleva la aplicación de tan precaria práctica en el régimen político mexicano, cuyo sistema electoral carece en este aspecto de legitimidad democrática y legalidad republicana; lo cual contraviene las normas constitucionales previstas en los artículos 39 y 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el correlativo 17 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, por la integración del órgano legislativo, no en función de la voluntad soberana del pueblo al elegir a sus gobernantes, sino mediante una artificial sobrerrepresentación hacia uno de los partidos y, en consecuencia, con una subrepresentación de aquellos otros partidos que (siendo mayoría absoluta en su conjunto) puedan resultar afectados con la aplicación de dicha fórmula y si los convierten en minorías legislativas. El pueblo mexicano, titular originario de la soberanía nacional, ha determinado constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de la Ley Fundamental. La forma en que el pueblo ejerce su soberanía es periódicamente a través de las elecciones populares, y tiene legítimo derecho a que se respete su voto, no solamente para el efecto de que se compute bien la votación en los órganos electorales competentes, sino con respeto al equilibrio en la representación política dentro de un sistema electoral mixto, sustentado en normas constitucionales y ordinarias electorales emanadas de los principios democráticos. Por ello, la integración de la Cámara de Diputados del Congreso del Estado de Sinaloa debería responder a un concepto renovado de la representación política que provea un equilibrio pleno entre la asignación mayoritaria y la proporcional. Se trata de que ningún partido tenga más ni menos representantes de los que en justicia le correspondan conforme al sufragio. La aprobación de la norma general cuya invalidez se plantea, refleja una insuficiente legitimación republicana en el ejercicio del poder público, que pervierte en espíritu y letra las disposiciones constitucionales al pretender soslayar -vía cláusula de gobernabilidad- la voluntad popular de los sinaloenses. En México, las autoridades que integran los distintos poderes, deben comprender que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El hecho de que la mayoría de un órgano colegiado utilice su poder, bajo la idea de procurar el control político de la sociedad, mediante procedimientos ajenos al sentir de los Constituyentes, y faltando a su deber patriótico, refleja ciertamente la desconfianza e incertidumbre de esa fuerza política respecto al devenir de los procesos eleccionarios, con una cada vez más cerrada competencia comicial, ante el anhelo de los ciudadanos de forjar el rescate de su soberanía, y de lograr un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural para las familias mexicanas. Según lo dispuesto en el vigente artículo 10 de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, se entiende por fórmula electoral el conjunto de normas, elementos matemáticos y mecanismos que se utilizan para asignar a los partidos políticos los diputados y regidores de representación proporcional que conforme a su votación les corresponde. Por su parte, el numeral 11 de la ley de la materia define los conceptos de votación estatal emitida, votación circunscripcional emitida, porcentaje mínimo, valor de asignación, votación efectiva, cociente natural, cociente natural ajustado y resto mayor, normas, elementos matemáticos y mecanismos necesarios para la aplicación de las fórmulas para la asignación correspondientes, por lo que nos remitimos a dicho precepto legal para que sea considerado al resolver lo conducente. Evidentemente, la fórmula electoral contenida en el numeral 12 reformado es incongruente con el concepto o definición que marca el artículo 10 y con lo definido por el numeral 11 mencionados de la Ley Electoral. La invalidez que se plantea respecto de la cláusula B) de la fracción II del artículo 12 vigente de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa tiene sustento si tomamos en consideración que la supresión del inciso B) de la llamada ‘gobernabilidad’ resultaría en una mejor integración del Poder Legislativo de la entidad federativa mencionada y, al efecto, conviene transcribir el contenido del artículo 12 en comento, así como el texto que correspondía al artículo 12 antes de la reforma, para darnos cuenta de ello:
Ver texto
"Estimo que el Máximo Órgano Jurisdiccional del país no debe convalidar hipótesis normativas electorales que trastoquen los principios de constitucionalidad y de legalidad a causa de un mal entendido principio de autoridad, pues la pretensión de asegurar en un caso extremo la aplicación de normas que conviertan -por decreto y no por sufragio efectivo- la mayoría relativa (con ciertos requisitos) en mayoría absoluta, aparte de que lesiona los derechos políticos de los candidatos y partidos que en su conjunto sean mayoría absoluta en elecciones de diputados, convirtiéndolos paradójicamente en minoría legislativa, con todas las consecuencias de la sobre y subrepresentación, es contravención a los más elementales principios democráticos del régimen democrático y representativo que expresa la Constitución en los artículos 39, 40, 41, párrafos primero y segundo, preceptos que son infringidos con la posible aplicación de la norma jurídica electoral de carácter general cuya invalidez se requiere. En su artículo 41, párrafos primero y segundo, de la Constitución General de la República, se establece que: ‘El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas ...’. Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa menciona, en su artículo 17, lo siguiente: ‘El Estado de Sinaloa adopta para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo y popular, ...’; sin embargo, la ‘cláusula de sobrerrepresentación’ prevista en la Ley Electoral del Estado, configura un exceso favorable a la fracción priísta de la Quincuagésima Quinta Legislatura al pretender aplicar una fórmula de asignación de diputaciones de representación proporcional que no concuerda con los principios y normas consagradas en la Constitución Mexicana y la particular del Estado. ¿Qué autenticidad o legitimidad tienen las elecciones en las que el voto de los ciudadanos puede ser afectado por fórmulas que distorsionan su voluntad, al grado de convertir mayorías relativas en absolutas, y volver minoría legislativa al conjunto de partidos con más del 50% de la votación estatal efectiva, a consecuencia de la cláusula de gobernabilidad?-La reforma supracitada violenta un criterio que en todo caso debió haberse aplicado por analogía, establecido para el Congreso Federal en el artículo 54, fracción V, de la Constitución Federal, que prevé que ningún partido político deberá contar con un número de diputados que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación nacional. En Sinaloa, por disposición del H. Congreso del Estado, se rompe, sin fundamentar y motivar las razones, con ese criterio nacional y se establece la posibilidad de contar con un número de diputados que excede hasta en el 17.5 por ciento de la votación que se obtenga en las urnas, lo cual trastoca la votación popular, ya que no será la votación que obtenga cada uno de los partidos políticos lo que determine la asignación de diputados que le correspondan, ni se compondrá una parte del H. Congreso del Estado de representantes electos popularmente, sino que el partido que obtenga el 35 por ciento de la votación será el que se adjudique, sin tomar en cuenta la votación popular que obtuvieron los demás partidos, un 17.5 por ciento más de los representantes populares que le corresponden. La votación popular para elegir los representantes populares será alterada porque el partido que se coloque en la condición señalada del 35 por ciento de los votos, le restará votación a los demás partidos en lo que respecta a la composición del Congreso, ya que un partido tendrá una sobrerrepresentación del 17.5 por ciento, porcentaje demasiado alto que no tendrá respaldo en la votación popular, adjudicándose, sin haberlo obtenido mediante sufragios, el 52.5 por ciento de los votos emitidos. Esta excesiva sobrerrepresentación se ejercerá violentando la votación obtenida por el resto de los partidos políticos y en perjuicio de quienes no se coloquen en la condición del 35 por ciento, ya que estos partidos no obtendrán los representantes que le corresponden de acuerdo al porcentaje de su votación, sino que se le otorgarán en función de los que resten, una vez que se adjudique la sobrerrepresentación del 17.5 por ciento de los representantes populares al partido que alcance el 35 por ciento. Esta disposición rompe los principios de representatividad y de elección popular y democrática dispuestos en los numerales arriba señalados de la Constitución Federal, trastocando también el principio de representatividad y de equidad para los partidos políticos refrendado en los artículos 41 y 116 constitucionales, convirtiéndose en un contrasentido con lo dispuesto en el propio artículo 12 de la Ley Electoral en cuestión, ya que dicha norma va encaminada a regular, para la composición del H. Congreso del Estado de Sinaloa, la asignación de diputados de representación proporcional debiéndose entender la asignación de los diputados electos mediante ese sistema, en forma proporcional a la votación emitida para los diferentes partidos políticos, precisamente el sentido y espíritu de esa forma de representación en el Congreso es asignar a los partidos políticos representantes populares de manera proporcional a la votación que obtuvieron. Con la reforma en cuestión se contraviene el artículo 116 constitucional federal, porque dicho numeral, en su fracción IV, establece que la Constitución y las leyes de los Estados en materia electoral deberán garantizar que las elecciones de las Legislaturas Locales se realicen mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, y sin embargo, con la reforma supracitada la composición de una parte del H. Congreso del Estado de Sinaloa no será proporcional ni dependerá de los sufragios emitidos por los electores, sino que los diputados de representación proporcional se adjudicarán sin respetar la proporción y el porcentaje total de los votos emitidos y votación de cada uno de los partidos, asignando, sin justificación, una proporción excesivamente mayor de diputados a cierto partido político que alcance el 35 por ciento y perjudicando al resto de los partidos a quienes se les quitará los representantes que merecen en función de su votación para asignarlos a un partido que inconstitucionalmente resultará beneficiado. La invalidez es sustentable porque las reformas y adiciones a la Ley Electoral del Estado de Sinaloa contravienen lo dispuesto en los numerales 39, 40, 41, 54 V (sic) y 116 de la Constitución Federal y ninguna ley local debe contravenir nuestras normas máximas constitucionales. Segundo concepto de invalidez: Se reclama la invalidez por inconstitucionalidad, de las fracciones II y VI, segundo párrafo, del artículo 45 de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, que establecen: ‘Artículo 45. Los partidos políticos tendrán derecho durante el año de la elección y los dos posteriores al financiamiento público de sus actividades de campaña electoral y ordinarias permanentes, conforme a las reglas siguientes: ... I. Del total del financiamiento, un veinte por ciento se dividirá por igual entre todos los partidos políticos, el ochenta por ciento restante se dividirá conforme a la votación obtenida por cada partido político en la última elección de diputados. -... VI. (segundo párrafo) Para el adecuado desarrollo de sus actividades los partidos políticos podrán autofinanciarse o recibir recursos de sus militantes debidamente identificados, así como de rendimientos financieros, fondos y fideicomisos, sin que el total de todos esos financiamientos exceda el 40 % del monto del financiamiento público. Para el mismo fin podrán recibir aportaciones de sus simpatizantes debidamente identificados, cuyo monto total no excederá al 10 % del financiamiento público que les corresponda.’. Se reclama la invalidez de estas disposiciones ya que contravienen lo dispuesto en el artículo 116 constitucional fracción IV f) (sic) que establece:-Artículo 116 IV (sic). Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que: ... f) De acuerdo con las disponibilidades presupuestales, los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para su sostenimiento y cuenten durante los procesos electorales con apoyos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio universal;’. Asimismo, los ordenamientos del artículo 45 supracitado de la Ley Electoral en cuestión, contravienen lo dispuesto en el artículo 41, fracción II, primer párrafo, de la Constitución Federal, que mandata (sic):-‘La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades ...’. Es el caso que la fracción II del artículo 45 de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, al establecer que el financiamiento público para los partidos políticos del Estado de Sinaloa se dividirá en un 20 por ciento por igual entre todos los partidos políticos y en un 80 por ciento conforme a la votación obtenida en la última elección de diputados, no garantiza que los partidos políticos reciban en forma equitativa financiamiento público, ni asegura que los diferentes partidos políticos cuenten durante los procesos electorales con apoyos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio universal, como lo mandata (sic) el artículo 116 fracción IV f) (sic) de la Constitución Federal. Si bien es cierto, dicha disposición del artículo 45, fracción II, cuestionada, viene desde la Ley Electoral del Estado de Sinaloa de 1995, es el caso que la Legislatura Local, de acuerdo al último párrafo del transitorio segundo del decreto federal de fecha 21 de agosto de 1996, referente a las reformas al artículo 116 de la Constitución Federal, estaba obligada en un plazo de seis meses a adecuar el marco constitucional y legal en materia electoral a las disposiciones del artículo 116 de la Constitución Federal; al no hacerlo violenta con esta reforma el artículo constitucional supracitado. Al no haberse realizado anteriormente, desde agosto de 1996 hasta antes del 23 de enero de 1998 ninguna reforma electoral, debió haber sido esta reforma del 27 de enero de 1998 la que adecuara la Ley Electoral del Estado con el artículo 116 constitucional; al no hacerlo y sostener el artículo 45, fracción II, que establece una disposición inequitativa para la distribución de recursos públicos, no se cumplía con lo mandatado (sic) en el transitorio segundo del decreto del 21 de agosto de 1996, ni se acata lo dispuesto en el artículo 116 constitucional fracción IV (sic) f). Por el contrario, en materia de financiamiento público, el H. Congreso del Estado, con la reforma reciente a la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, actualiza un criterio para la distribución del presupuesto público entre los partidos políticos que no asegura que los institutos políticos cuenten con las condiciones de equidad que la Constitución marca, ni garantiza que en los procesos electorales los partidos cuenten con los apoyos suficientes para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio universal como se dispone en el artículo 116, fracción IV f) (sic) de la Constitución Federal. Al sostener el criterio dispuesto en el artículo 45, fracción II, la Legislatura Local de Sinaloa, contraviene el propio artículo 116 y el transitorio segundo del 21 de agosto de 1996 que la obligaba a adecuar la Ley Electoral al marco de la Constitución Federal, específicamente al artículo 116, circunstancia de la cual se deriva el concepto de invalidez. Es el caso, además, que el H. Congreso del Estado, sin fundamentar ni motivar las razones de la reforma, sostuvo un criterio que contraviene lo establecido a nivel federal en lo que respecta a la distribución de los recursos públicos para los partidos políticos, ya que el artículo 41, fracción II a) (sic), establece que en las campañas electorales el financiamiento público se distribuirá en un 30 por ciento de forma igualitaria y en un 70 por ciento de acuerdo con el porcentaje de votación, criterio que fue violentado al
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4828-294c4e9b/legislacion-electoral-del-estado-de-sinaloa-al-establecer · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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