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Modo: Corpus Pro

DISTRITACIÓN ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS. LA LEGISLATURA LOCAL NO ESTÁ FACULTADA PARA MODIFICAR EL PROYECTO PROPUESTO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA ENTIDAD.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 3/98. · Registro digital (IUS): 4723
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Marzo de 1998, , Pág. 501.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 3/98. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho.

VISTOS;

Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el veintiséis de enero de mil novecientos noventa y ocho, en el domicilio particular del autorizado por la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en la misma fecha recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de las autoridades y por la disposición que a continuación se precisa:

"Órganos Legislativo y Ejecutivo que emitió (sic) y promulgó (sic) las normas generales impugnadas. La Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en términos de los artículos 41, 47, fracción I y 59, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.

"Norma general inválida. El decreto mediante el cual se dispone y determina la división geográfica de los 18 distritos electorales uninominales del Estado de Zacatecas, publicado el 27 de diciembre de 1997 en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Zacatecas."

SEGUNDO. La parte promovente expresó como antecedentes del caso los siguientes:

"1. El 2 de octubre del presente año, la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Zacatecas emitió decreto de reformas al Código Electoral del Estado de Zacatecas, publicado en el Periódico Oficial el día 4 del mismo mes y año, decreto en el que, entre otras cosas, se determinó el procedimiento para establecer la demarcación de la división distrital electoral para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el Estado. Es de señalar que el artículo 28 del Reglamento Interior del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas define en su artículo 29 (sic) como iniciativa de decreto, ‘la propuesta formal y por escrito, de normas particulares, concretas, personales y obligatorias’ y por lo que hace al artículo 15 del citado código electoral, antes de su modificación regulaba la composición y división de cada uno de los 18 distritos electorales y que con el decreto a que se refiere el párrafo anterior, su regulación se delega y difiere al procedimiento que en el nuevo precepto se establece, quedando de la siguiente manera: ‘Artículo 15. 1. Cuando a juicio del Consejo General del instituto, hayan cambiado las condiciones de la fracción II de este artículo, el procedimiento para establecer la demarcación territorial de los 18 distritos electorales uninominales se sujetará a lo siguiente: I. A más tardar el 30 de septiembre del año inmediato anterior al proceso electoral, el Consejo General del instituto, expedirá un acuerdo general que establezca las bases, principios y estudios en que deba sustentarse el anteproyecto para dividir el territorio del Estado en 18 distritos uninominales. Dicho acuerdo deberá de publicarse en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado; II. En el mencionado acuerdo general, se insertarán, entre otros aspectos, la fórmula de distribución y el modelo a aplicar. Se atenderá a la actual división municipal, a la concentración y dispersión demográfica, de conformidad con el último censo general de población y vivienda; accidentes geográficos y vías de comunicación. En la delimitación de los distritos, se procurará obtener la mayor compacidad; III. El Consejo General integrará una comisión conformada con miembros de la Junta Ejecutiva, encargada de formular el proyecto de distritación. Previamente, el Consejo General, a través de su presidente, celebrará convenio de colaboración con el Instituto Federal Electoral, para que éste asesore técnicamente a la comisión en el diseño del anteproyecto; IV. Concluido el anteproyecto de distritación el Consejo General lo pondrá a consideración de los representantes de los partidos políticos acreditados ante el instituto, para que dentro de un plazo de 5 días, presente (sic) sus observaciones; V. Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, el Consejo General, analizará las observaciones que formularen los partidos acreditados, emitiendo el proyecto de distritación; VI. Antes del día 15 de diciembre del año inmediato anterior al del proceso electoral, el Consejo General, presentará a la Legislatura del Estado, el proyecto de distritación para su revisión y aprobación; y VII. Durante el mes de diciembre del año inmediato anterior del proceso electoral, la Legislatura del Estado deberá expedir el decreto en que se apruebe la distritación.’. 2. El 7 de noviembre de 1997 el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas expide el acuerdo mediante el cual se establecen las bases para dividir el territorio del Estado en 18 distritos uninominales y sus respectivas cabeceras, mismo que es modificado en sesión de dicho consejo del 25 de noviembre, para quedar en los términos en que fue publicado en el Periódico Oficial el 26 de noviembre de 1997, quedando de la manera siguiente: ‘... Con fundamento en los artículos 15 y 28 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, segundo transitorio del Código Electoral reformado en fecha 4 de noviembre de 1997 y en ejercicio de las facultades que le otorga la Constitución y el código en la materia, el Consejo General tiene a bien emitir el siguiente: Acuerdo General. «PRIMERO. Se aprueba establecer las bases, principios y criterios para la distritación de los 18 distritos uninominales, que son los siguientes:-A) Se deberá de aplicar la fórmula conocida como St. Lague. B) Para determinar los límites distritales se utilizará un modelo heurístico. C) Con base en el equilibrio demográfico se habrán de determinar aquellos Municipios que por sí solos puedan contener uno o más distritos electorales uninominales. D) La distribución de los distritos se efectuará de norte a sur y de oeste a este, respetando en los posibles accidentes geográficos y obras viales de importancia, abarcando preferentemente, en forma completa, pueblos, barrios, colonias, comunidades indígenas integradas en base a aspectos socioculturales. E) Los distritos electorales que por su densidad poblacional deban (sic) el territorio de más de un Municipio, se constituirán con Municipios completos. F) Deberá propiciarse la unidad geográfica de los distritos electorales. G) Deberán considerarse la infraestructura de vías de comunicación y los tiempos de traslado de las secciones electorales a la cabecera distrital que se establezca. H) En la delimitación de los distritos, se procurará obtener la mayor compacidad, característica consistente en que el perímetro de los distritos adquiera una forma geométrica lo más cercana posible a un polígono regular. I) El margen de variación de población de cada distrito, en relación al cociente de distribución, será de más menos quince por ciento. J) Se respetará la distribución seccional vigente. No se prefijarán las cabeceras distritales, dejando la determinación de las mismas a la aplicación de criterios de mayor población, de vías de comunicación y de servicios públicos. K) Para la realización de los trabajos de distritación se deberá utilizar como fuente de información demográfica el Censo General de Población y Vivienda de 1990.».’. 3. El 14 de diciembre de 1997, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas aprueba por mayoría de votos de cinco votos (sic) a favor y dos en contra, el proyecto de distritación, de conformidad con el artículo 28, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado y con el artículo 15 del código de la materia. 4. El 15 de diciembre de 1997, en el Pleno del Congreso del Estado se da lectura al proyecto de distritación y se turna a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Asuntos Electorales, para la presentación del dictamen respectivo. 5. El 22 de diciembre de 1997, en sesión ordinaria del Pleno del Congreso del Estado se determina por la Presidencia de dicho cuerpo colegiado la suspensión definitiva de la sesión y posteriormente la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional continúa una reunión de carácter privado en el comedor de las instalaciones del Congreso del Estado, en donde supuestamente se aprueba un dictamen en el que se determina una demarcación distrital distinta a la enviada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. 6. El 27 de diciembre de 1997, aparece publicado en el Periódico Oficial el Decreto No. 232, en el que el C. Arturo Romo Gutiérrez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, comunica a los habitantes del Estado que la Quincuagésima Quinta Legislatura le envió dicho decreto en donde se aprueba la demarcación de los 18 distritos electorales uninominales del Estado de Zacatecas."

TERCERO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son el 14, 16, 41, primer párrafo y 105, fracción II, penúltimo párrafo.

CUARTO. Mediante proveído de fecha veintisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, y turnar el asunto al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, lo que se hizo en la misma fecha.

QUINTO. Mediante proveído de fecha veintiocho de enero de mil novecientos noventa y ocho, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de acción de inconstitucionalidad.

SEXTO. Por auto de fecha nueve de febrero de mil novecientos noventa y siete, se agregaron los informes de las autoridades demandadas y se ordenó poner los autos a la vista de las partes para formular sus alegatos.

SÉPTIMO. Agotado en sus términos el trámite respectivo conforme a la ley reglamentaria de la materia, se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se demanda la declaración de inconstitucionalidad del Decreto Número 232 de la LV Legislatura del Estado de Zacatecas, publicado en el Periódico Oficial del propio Estado el veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por medio del cual se establece la distritación de los distritos electorales uninominales de esa entidad federativa.

SEGUNDO. La demanda de acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente, atento lo siguiente:

El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal dispone:

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse al primer día hábil siguiente. En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."

Conforme a este artículo 60, el cómputo respectivo debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó el decreto que contiene las normas que se impugnan, considerando todos los días como hábiles.

El decreto de referencia fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el día veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por lo que es a partir del día veintiocho siguiente que debe hacerse el cómputo respectivo.

Tomando en consideración la fecha de publicación, resulta que el plazo de treinta días para la impugnación de las disposiciones venció el día veintiséis de enero del año en curso; por tanto, si la demanda se presentó en esa misma fecha en el domicilio particular del autorizado por la Secretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte para recibir promociones de término, debe considerarse promovida dentro del plazo legal al haberse presentado al trigésimo día.

TERCERO. Previo al estudio del fondo del asunto, resulta pertinente analizar la legitimación de quien promueve, por ser una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 en cita, los partidos políticos con registro podrán ejercer la acción de inconstitucionalidad en contra de disposiciones en materia electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales (en tratándose de normas federales o locales) o estatales (en tratándose de normas locales).

Por tanto, en el caso tienen que satisfacerse los siguientes extremos:

a) Que el partido político cuente con registro definitivo ante la autoridad electoral correspondiente.

b) Que el partido político promueva por conducto de su dirigencia nacional o estatal, según sea federal o local.

c) Que quien suscribe a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para tal efecto.

Obra en el expediente copia certificada de la constancia expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, de fecha veintiuno de abril de mil novecientos noventa y siete, en la que consta que el partido político en mención cuenta con registro definitivo, y que Andrés Manuel López Obrador se encuentra registrado como presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática.

Por último, el promovente, en su carácter de presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, tiene facultades para representarlo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 40 y 42, fracción I, de los estatutos del citado partido político, que disponen:

"Artículo 40. El presidente del partido representa permanentemente al partido, al Consejo Nacional y al Comité Ejecutivo Nacional ..."

"Artículo 42. El presidente del partido tendrá las siguientes facultades: I. Representar al Consejo Nacional y al Comité Ejecutivo; ..."

De todo lo anterior, se concluye que quien suscribe la demanda tiene facultades para ejercer la presente acción de inconstitucionalidad, a nombre y en representación del Partido de la Revolución Democrática, para impugnar el decreto que ahora se combate.

CUARTO. Los conceptos de invalidez que se hacen valer en la demanda son:

"Primer concepto de invalidez. Lo constituye el hecho de que para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 47, fracción I, de la Constitución Política del Estado; 15, fracciones VI y VII, del Código Electoral del Estado de Zacatecas, la Legislatura del Estado violentó el procedimiento legislativo previsto en el Reglamento Interior del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, en sus artículos 64, 66, fracción II, 68, 70, 98 y 99, al no citarse ni sesionar las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Asuntos Electorales; de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en su artículo 5o., al no declarar recinto oficial el comedor de las instalaciones de la legislatura por tratarse de un lugar distinto al habitual que lo constituye el salón de sesiones, vulnerando con ello la garantía de legalidad prevista en la parte final del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, los preceptos antes citados del Reglamento Interior del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Zacatecas disponen que las iniciativas de ley o decreto sean turnadas a comisiones para que sean dictaminadas y posteriormente puestas a consideración del Pleno. En el caso que nos ocupa, no obstante que el proyecto de distritación presentado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas fue turnado a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Asuntos Electorales, dichas comisiones nunca fueron convocadas ni tampoco sesionaron para dictaminar el referido proyecto. Al presentarse al Pleno un dictamen por el cual se modificaba el proyecto de distritación enviado por el órgano electoral competente, en el que además de no cumplir los requisitos previos, carecía, asimismo, de sustento en motivación y fundamentación, situación que provocó la protesta e inconformidad de los diputados pertenecientes a las fracciones del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, optando la presidencia de la legislatura por declarar la suspensión definitiva de la sesión, tal y como se reconoce en el resultando tercero del Decreto Número 232 publicado en el Periódico Oficial, antes descrito. La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, al pretender continuar la sesión en el comedor de las instalaciones del Poder Legislativo, recinto distinto del habitual que es el salón de sesiones, sin realizar la declaratoria formal de recinto oficial, violando con ello el artículo 5o. de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Incurriendo, por tanto, en una serie de violaciones a la normatividad interna del Congreso y al incumplimiento de formalidades esenciales en el procedimiento legislativo. Segundo concepto de invalidez. Lo constituye la falta de observancia del acuerdo firme y válido, expedido por el Consejo General del citado instituto, derivado de lo dispuesto por el artículo 15, párrafo 1, incisos I y II, del multicitado electoral (sic), por tanto, de observancia obligatoria por parte de la Legislatura de Zacatecas, violando con ello la última parte del artículo 14 de la Constitución General de la República. El acuerdo del Consejo General mediante el cual se establecen las bases, principios y estudios para la demarcación de los 18 distritos uninominales, constituye la norma específica en que debió fundarse y motivarse el decreto impugnado y no de forma directa sobre los artículos 28 de la Constitución del Estado y el 15 del Código Electoral. En los resultandos, considerandos y fundamentos legales, el decreto que se impugna es claramente omiso al citado acuerdo del órgano electoral, incumpliendo con la observancia de las bases para dividir el territorio del Estado en 18 distritos uninominales y, por tanto, incumple asimismo con las disposiciones que dieron origen a dicho acuerdo, siendo éstas los artículos 28 de la Constitución del Estado y 15, fracciones I y II, del Código Electoral aplicable. No obstante que dicho acuerdo fue del conocimiento público mediante publicación en el Periódico Oficial el 26 de noviembre de 1997, la Legislatura del Estado pretende soslayarlo, careciendo, por tanto, el citado decreto de sustento legal alguno. Las disposiciones constitucionales y legales en el ámbito estatal determinan, para la división del Estado en distritos electorales uninominales, un procedimiento en el que con la intervención de diversas instancias se va construyendo y definiendo en distintas etapas: primera, bajo los lineamientos establecidos por el legislador en el artículo 28 de la Constitución del Estado; segunda, bajo las bases, principios y estudios establecidos por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, de acuerdo con las fracciones I y II del párrafo 1 del artículo 15 del Código Electoral; y tercera, bajo la revisión y aprobación de la Legislatura del Estado. Sin embargo, el decreto mediante el cual la legislatura determina la división distrital electoral violenta este procedimiento, al no observar, ignorar y desconocer la validez de las bases para la determinación de la división de los 18 distritos electorales uninominales emitido por el Consejo General del citado instituto, violando con ello el principio de legalidad establecido en el artículo 14 de la Constitución Federal. Tercer concepto de invalidez. Lo constituye la falta de fundamentación y motivación del decreto que se impugna, puesto que además de no observar el acuerdo del Consejo General en los términos descritos en el concepto anterior, la legislatura, en los considerandos cuarto, sexto y séptimo del citado decreto, no funda ni motiva la modificación al proyecto de distritación electoral del Estado presentado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, violando con esta omisión lo preceptuado en el artículo 116 de la Constitución Federal. En efecto, la Legislatura del Estado de Zacatecas no expresa las razones o pormenores, ni las conclusiones generales o particulares de su análisis sobre el proyecto de distritación electoral, indicando en el considerando cuarto del decreto en cuestión, lo siguiente: ‘Considerando cuarto. Del análisis pormenorizado que las Comisiones conjuntas de Puntos Constitucionales y Asuntos Electorales realizaron del expediente, se desprende que el proyecto materia de revisión, cumple parcialmente con lo que al respecto dispone el marco constitucional y legal, en materia de distritación. En efecto, la información documental que se analiza arroja que el proyecto se sustenta sólo en algunos criterios técnicos.’. Como puede apreciarse en la anterior cita y del conjunto de resultandos y considerandos contenidos en el decreto que se impugna, la Legislatura del Estado de Zacatecas no precisa en qué parte se cumple o se incumple con las normas electorales aplicables al caso concreto, tampoco señala las razones particulares o generales o causa alguna inmediata que lo lleve a la conclusión, faltando por ello a la obligación de fundar y motivar. Es de resaltar que, asimismo, la Legislatura del Estado de Zacatecas omite citar dentro de lo que denomina como ‘el marco constitucional y legal, en materia de distritación’, el acuerdo del Instituto Estatal Electoral que establece las bases para determinar la división de los 18 distritos electorales uninominales, por lo que el decreto que se impugna carece de fundamentación de nueva cuenta. Para continuar con la falta de fundamentación y motivación la legislatura emisora del decreto que se reclama su invalidez, indica en su relativo considerando sexto: ‘Considerando sexto. Es indudable que la facultad legal que compete a esta legislatura para revisar y aprobar en definitiva la nueva distritación electoral para los comicios de 1998, lleva implícita la facultad de modificar, en lo necesario, el proyecto enviado por el Instituto Electoral del Estado.’. Como puede apreciarse de la cita anterior, la legislatura no determina facultad expresa alguna, para modificar el proyecto de distritación del citado Instituto Electoral y de forma subjetiva pretende derivar una facultad ‘implícita’ donde no la hay. Tampoco fundamenta la discrecionalidad que pretende adjudicarse, al afirmar una facultad de modificar ‘en lo necesario’, es decir, sin ceñirse al marco legal y las reglas y bases anteriores derivadas del mismo. Continuando con el segundo párrafo del referido considerando sexto, donde se establece: ‘Ello no tan sólo por las inobservancias procedimentales en que incurrió la autoridad remitente, y que ya quedaron puntualizadas, sino además, porque en lo particular, la propuesta técnica única de redistritación que presenta el Instituto Federal Electoral, en varios casos, no se ajusta a criterios tales como: equilibrio demográfico, es decir, densidades distritales y municipales; accidentes geográficos; tradicional unidad geográfica de comunidades, Municipios y distritos; infraestructura de vías de comunicación y tiempo de traslado entre los Municipios y su respectiva cabecera distrital; compacidad y asignación de cabeceras de distrito a poblaciones que reúnan las mejores condiciones operativas para el desarrollo del proceso comicial.’. En la anterior cita textual, se puede apreciar que la legislatura, en forma unilateral y arbitraria, determina los siguientes criterios: ‘equilibrio demográfico, es decir, densidades distritales y municipales; accidentes geográficos; tradicional unidad geográfica de comunidades, Municipios y distritos; asignación de cabeceras de distrito a poblaciones que reúnan las mejores condiciones operativas para el desarrollo del proceso comicial’, mismos que no se encuentran establecidos en la Constitución ni en el Código Electoral, ni tampoco en las bases determinadas por el Instituto Electoral del Estado; también determina como criterio el de tiempo de traslado entre los Municipios y su respectiva cabecera distrital, siendo que el criterio establecido por el Instituto Electoral del Estado, en el inciso G del acuerdo que establece las bases para la distritación, es más específico, al considerar el tiempo de traslado de las secciones electorales a la cabecera del distrito electoral. Asimismo, menciona el criterio de compacidad que, definido en el inciso H del citado acuerdo para la distritación del Instituto Electoral del Estado, resulta ser contrario a las modificaciones que la legislatura hace al proyecto de distritación del citado organismo estatal electoral. Además de que la legislatura habla del incumplimiento de criterios a posterior (sic), que ella misma determina, también omite especificar o precisar cuáles son los ‘varios casos’ a los que se refiere y las partes o aspectos que se incumplen en los casos no especificados, por lo que carecen de fundamentación y motivación dichos argumentos. Al continuar con las consideraciones del decreto que se impugna, la legislatura vuelve a incurrir en falta de fundamentación y motivación al argumentar: ‘Considerando séptimo. En mérito de todo lo anteriormente expuesto y considerado, esta legislatura no aprueba en lo general el proyecto de distritación que presenta el Instituto Estatal Electoral del Estado, por las inobservancias procedimentales, aunadas a las inconsistencias que se relacionaron en el considerando anterior y, en consecuencia, modifica el multicitado proyecto, únicamente en lo que así recomiendan la ley, la experiencia, la razón y la equidad.’. Como ha quedado expresado al referirme al considerando sexto, en ningún momento relaciona inconsistencia alguna y mucho menos precisión a los ‘varios casos’ a que hace referencia. Finalmente, justifica la modificación al proyecto de distritación a su parecer ‘únicamente en lo que así recomiendan la ley, la experiencia, la razón y la equidad’; cabe destacar que las disposiciones de la ley y las reglamentaciones derivadas de la misma no son recomendaciones, sino mandatos de cuya observancia los particulares o entidades públicas no pueden excusarse de su cumplimiento, esto sin considerar que no expresa fundamento legal alguno en sus consideraciones; por otra parte, acude a la experiencia, la razón y equidad, términos completamente equívocos y ajenos al procedimiento constitucional y legal para regular la división distrital electoral en la entidad. De lo anterior se desprende que la legislatura, al realizar la revisión del proyecto de distritación del órgano electoral, aplica criterios y términos ajenos al marco legal y constitucional, faltando con ello al principio de legalidad al cual debe ceñirse cualquier tipo de autoridad. Cuarto concepto de invalidez. Lo constituye la extralimitación de funciones en que la legislatura incurre al calificar el procedimiento previo y determinar criterios y términos para determinar la división distrital electoral, sin sustento legal o constitucional alguno, violando con ello lo preceptuado en la parte final del artículo 14 de la Constitución Federal, precepto que consigna el principio de legalidad. Lo anterior se desprende del considerando quinto del decreto cuya invalidez se solicita, así como del considerando sexto que ya fue analizado. La Legislatura del Estado de Zacatecas modifica el proyecto de distritación electoral del Estado presentado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por lo que llama ‘inobservancia al marco jurídico regulador de la materia’ o ‘inobservancias procedimentales’. Respecto a lo anterior, es conveniente señalar que dentro del orden jurídico que rige en el ámbito estatal, existe una división de atribuciones de las distintas entidades públicas, definidas tanto en la Constitución del Estado como en el Código Electoral, específicamente para el caso particular. En dichos ordenamientos se dispone un sistema de medios de impugnación para garantizar la legalidad de los actos y resoluciones de las autoridades electorales, recayendo en particular al Tribunal Estatal Electoral la competencia de conocer de las impugnaciones en contra de los actos y resoluciones del Instituto Estatal Electoral, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 21, párrafo 13, de la Constitución del Estado y 271 del Código Electoral del Estado. Por lo anterior, es indebida la valoración y calificación que la legislatura hace en su considerando quinto y sexto del procedimiento que determina el artículo 15 del citado Código Electoral, en particular de los actos del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en donde argumenta violaciones legales, que en el caso de suponer sin conceder que fueran ciertas, las mismas constituirían actos definitivos y firmes, porque en su momento no fueron impugnados y, por tanto, precluyó el derecho de quienes estaban legitimados para hacerlo y entre los cuales no figura la Legislatura del Estado; esto, en atención al principio de definitividad que la Constitución Estatal establece en su artículo 21, párrafo 13. De lo anterior se desprende que la Legislatura del Estado de Zacatecas se extralimitó en sus funciones al calificar la legalidad de actos, situación que no es de su competencia, y que adq

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4723-abf93baa/distritacion-electoral-del-estado-de-zacatecas-la-legislatura · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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