PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LA REFORMA AL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA NO LO HACE NUGATORIO.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 7/97. PARTIDO DEL TRABAJO.
MINISTRO PONENTE: JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.
SECRETARIO: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de diciembre de mil novecientos noventa y siete.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el cinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Luis López López, en su carácter de apoderado general del Partido del Trabajo, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de las autoridades y por los actos y disposiciones generales que a continuación se señalan:
"Autoridades responsables: Al efecto se señalan las siguientes:
"A) H. Congreso del Estado de Baja California con domicilio en el edificio del Poder Legislativo, avenida de los Héroes y Pioneros, Centro de Gobierno, código postal 21000, Mexicali, Baja California.
"B) C. Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, con domicilio en calzada Independencia y Héroes, Centro Cívico Comercial, código postal 21000, Mexicali, Baja California.
"C) C. Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California, con domicilio en el edificio del Poder Ejecutivo, tercer piso, calzada Independencia y Héroes, Centro Cívico Comercial, código postal 21000, Mexicali, Baja California.
"D) C. director del Periódico Oficial del Estado de Baja California, con domicilio en Sótano, Archivo Histórico, calzada Independencia y Héroes, Centro Cívico Comercial, código postal 21000, Mexicali, Baja California.
"Normas generales cuya invalidez se reclama y medio oficial en el que se publicaron:
"1. Artículos 14, 15, fracción I, inciso b); 78, fracción II, inciso b), del Decreto de Reformas a la Constitución Política del Estado de Baja California, publicado el día seis de octubre de 1997, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. 2. Artículos 27, 28, fracción II y 36, fracción II, de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, publicada el diez de octubre de 1997, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
"Actos que se atribuyen a cada una de las autoridades responsables:
"1. Del H. Congreso del Estado de Baja California, se reclama la aprobación y expedición del decreto por el cual se reforman diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 6 de octubre de 1997, así como del decreto por el cual se expide la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, publicado el 10 de octubre de 1997. 2. Del C. Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, se reclama la aprobación, promulgación y publicación de los decretos precisados con antelación. 3. Del C. Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California, se reclama el refrendo de los decretos precisados con antelación. 4. Del C. director del Periódico Oficial del Estado de Baja California, se reclama la publicación de los decretos precisados con antelación."
SEGUNDO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se señalan como infringidos son el 40, 41, fracción I, 115, fracción VIII y 116, fracción II, párrafo tercero.
TERCERO. Mediante proveído de fecha seis de noviembre de mil novecientos noventa y siete, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar, registrar y turnar el asunto respectivo, designándose como instructor al Ministro Juventino V. Castro y Castro.
CUARTO. Por auto de seis de noviembre de mil novecientos noventa y siete, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de acción de inconstitucionalidad de mérito, ordenando emplazar a las autoridades demandadas para que rindieran su informe dentro del plazo legal correspondiente.
Mediante auto de veinticuatro de noviembre del año en curso, se tuvieron por recibidos los informes de las autoridades demandadas y se pusieron los autos a la vista de las partes para que formularan sus respectivos alegatos.
QUINTO. Integrado debidamente el expediente, se turnó el asunto al Ministro instructor para formular el proyecto de resolución y ponerlo a la consideración de este Tribunal Pleno.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se demanda la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 14, 15, fracción I, inciso b), 78, fracción II, inciso b), del Decreto de Reformas a la Constitución Política del Estado de Baja California y los artículos 27, 28, fracción II y 36, fracción II, de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales de la propia entidad federativa, publicados en el Periódico Oficial del Estado, los días seis y diez de octubre de mil novecientos noventa y siete, respectivamente.
SEGUNDO. La presente acción de inconstitucionalidad fue promovida oportunamente, atento lo siguiente:
El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, dispone:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse al primer día hábil siguiente. En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."
Conforme a este artículo 60, el cómputo respectivo debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó el decreto que contiene las normas que se impugnan, considerando todos los días como hábiles.
Los decretos de referencia, que reformaron la Constitución Política del Estado de Baja California y su Ley de Instituciones y Procesos Electorales, cuyos preceptos se combaten, fueron publicados en el Periódico Oficial de la entidad los días seis y diez de octubre de mil novecientos noventa y siete, por lo que es a partir del día siete y once siguientes, que debe hacerse el cómputo respectivo.
Respecto del primer decreto, tomando en consideración la fecha de publicación (seis de octubre), resulta que el plazo de treinta días para la impugnación de las disposiciones venció el día cinco de noviembre del año en curso.
Respecto del segundo de los decretos, tomando en consideración su fecha de publicación (diez de octubre), resulta que el plazo de treinta días para promover la demanda venció el domingo nueve de noviembre del año en curso.
Por tanto, si la demanda se promovió el día cinco de noviembre del año en curso, debe considerarse que fue presentada dentro del plazo legal de treinta días, ya que respecto del primer decreto fue al trigésimo día y respecto del segundo al vigésimo sexto.
TERCERO. Previo al estudio del fondo del asunto, resulta pertinente analizar la legitimación de quien promueve, por ser una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 en cita, los partidos políticos con registro podrán ejercer la acción de inconstitucionalidad por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales.
Por tanto, en el caso tienen que satisfacerse los siguientes extremos:
a) Que el partido político cuente con registro definitivo ante la autoridad electoral correspondiente.
b) Que el partido político promueva por conducto de su dirigencia.
c) Que quien suscribe a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para tal efecto.
Obra en el expediente copia certificada de la constancia expedida por el Secretario General del Instituto Federal Electoral, de fecha cinco de marzo de mil novecientos noventa y siete, en la que consta que el partido político en mención se encuentra legalmente acreditado como partido político nacional.
Por otra parte, quien suscribe la demanda lo hace en su carácter de apoderado legal, lo que acredita mediante copia certificada del instrumento notarial número 1,621 (uno, seis, dos, uno), de fecha diez de diciembre de mil novecientos noventa y seis, expedido por el notario público número 103 (uno, cero, tres) del Distrito Federal, en el que consta que el Partido del Trabajo, representado por Alberto Anaya Gutiérrez, José Narro Céspedes, Alejandro González Yáñez y Ricardo Cantú Garza, otorga poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y especiales, así como para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos y para ejercer el mandato ante cualquier autoridad administrativa o judicial, conforme a sus cláusulas primera y cuarta en favor de José Luis López López.
Cabe señalar que, conforme a la copia certificada del instrumento notarial número 15,794 (uno, cinco, siete, nueve, cuatro), volumen 294 (dos, nueve, cuatro), de fecha tres de agosto de mil novecientos noventa y seis, expedido por el notario público número 4 (cuatro) de Cuautla, Estado de Morelos, se hizo constar los acuerdos y resolutivos derivados del Tercer Congreso Nacional Ordinario del Partido del Trabajo.
De este último instrumento notarial se desprende que quienes otorgan el poder general en favor de José Luis López López, a nombre del Partido del Trabajo, son miembros integrantes de la comisión coordinadora de la Comisión Ejecutiva Nacional del citado partido; esta comisión coordinadora es a su vez mandataria y tiene poder para representar a la citada comisión ejecutiva y al Partido del Trabajo en asuntos de carácter legal, político, electoral y administrativo, así como para delegar poderes, los que tendrán plena validez cuando cuenten cuando menos con cuatro de las rúbricas de los miembros que integran la comisión coordinadora, como es el caso.
Finalmente, cabe señalar que el artículo 39, incisos c) e i), de los Estatutos del Partido del Trabajo, disponen:
"Artículo 39. Son atribuciones de la Comisión Ejecutiva Nacional:
"...
"c) Representar al partido ante las autoridades, organismos políticos y sociales y eventos nacionales e internacionales ...
"...
"i) Representar al partido en cualquier asunto de carácter legal, otorgar poderes, nombrar apoderados legales y en general establecer convenios de todo género en los marcos de la legislación vigente."
De todo lo anteriormente expuesto, se concluye que José Luis López López, en su carácter de apoderado legal del Partido del Trabajo, cuenta con la legitimación procesal necesaria para representar y promover a nombre de dicho partido la presente acción de inconstitucionalidad.
CUARTO. La parte actora hizo valer los siguientes conceptos de invalidez:
"Conceptos de invalidez respecto del decreto de reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
"1. Fuente de la invalidez. El texto original del artículo 14 de la Constitución Política del Estado de Baja California, rezaba: ‘Artículo 14. El Congreso del Estado estará integrado por diputados que se elegirán cada tres años; quince serán electos en forma directa mediante el principio de mayoría relativa, uno por cada distrito electoral en que se divide el territorio del Estado, y en su caso, hasta diez diputados asignados por el principio de representación proporcional. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente. Todos los diputados tendrán idéntica categoría e igualdad de obligaciones y gozarán de las mismas prerrogativas. Los diputados, como representantes del pueblo, podrán auxiliar a sus representados y a las comunidades del Estado en sus demandas sociales y de orden administrativo de interés general, a fin de lograr su oportuna solución, por lo que las autoridades administrativas del Estado y los Ayuntamientos deberán atender su intervención y ver por la oportuna resolución de sus promociones.’ (sic). La reforma aprobada modificó el texto del artículo 14 de referencia, en los siguientes términos: ‘Artículo 14. El Congreso del Estado estará integrado por diputados que se elegirán cada tres años, electos mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible; dieciséis serán electos en forma directa mediante el principio de mayoría relativa, uno por cada Distrito Electoral en que se divida el territorio del Estado, y en su caso, hasta nueve diputados asignados por el principio de representación proporcional. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente. Todos los diputados tendrán ... Los diputados como representantes ...’(sic). El texto original del artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Baja California, a la letra decía: ‘Artículo 15. La asignación de los diputados por el principio de representación proporcional, será de acuerdo con el procedimiento que se establezca en la ley, y atendiendo a las definiciones y bases siguientes: I. Para que los partidos políticos o coaliciones tengan este derecho deberán: a) Participar con candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa en por lo menos el cincuenta por ciento de los distritos electorales; y b) Haber obtenido por lo menos el dos por ciento de la votación estatal emitida en la elección de diputados. II. Definiciones: a) Votación estatal emitida: es el número total de votos sufragados en la elección de diputados menos los votos nulos y los emitidos a favor de personas no registradas como candidatos; b) Votación estatal válida: es igual, a la suma de los votos obtenidos por los partidos políticos o coaliciones que hayan logrado por lo menos el 2%; c) Votación estatal de cada partido: es el número total de votos obtenidos por cada partido político o coalición en el Estado, en la elección de diputados; d) Porcentaje de votación estatal de cada partido político o coalición: es el resultado que se obtiene de multiplicar la votación estatal de cada partido político o coalición por cien y dividiéndolo entre la votación estatal válida; e) Expectativa de integración al Congreso de cada partido político o coalición: es el resultado que se obtiene de multiplicar el porcentaje de votación estatal de cada partido político o coalición por el número total de integrantes del Congreso y dividiéndolo entre cien; f) Diputaciones obtenidas de mayoría por cada partido político o coalición: equivale al número de diputaciones que por el principio de mayoría relativa haya obtenido cada partido político o coalición; y g) Determinación de asignación a la representación proporcional por cada partido político o coalición: se obtiene de restar a la expectativa de integración al Congreso de cada partido político o coalición, el número de diputaciones obtenidas de mayoría. III. El Consejo Estatal Electoral asignará las diputaciones por el principio de representación proporcional, a los partidos políticos o coaliciones con derecho a ello, mediante el procedimiento que se establezca en la ley y atendiendo a las bases siguientes: a) Determinará qué partidos políticos o coaliciones cumplen con lo estipulado en la fracción I de este artículo; b) Determinará el porcentaje de votación estatal de cada partido político o coalición; c) Primeramente asignará un diputado a todo aquel partido político o coalición que tenga derecho a ello, y no haya obtenido constancia de mayoría alguna. Posteriormente se asignará otro diputado por el principio de representación proporcional, al partido político o coalición que cumpliendo con los requisitos señalados en la fracción I de este artículo, haya obtenido el 6% de la votación estatal emitida. En el caso de que el número de partidos políticos o coaliciones sea mayor que el de diputaciones por asignar, éstas se otorgarán a los que tengan mayor porcentaje en orden descendente hasta agotarse; d) Posteriormente y en el supuesto de que existieran aún diputaciones por asignar, se procederá de la manera siguiente: 1. Determinará la expectativa de integración al Congreso de cada partido político o coalición; 2. Determinará el número de diputaciones que le corresponda a cada partido político o coalición conforme a lo establecido en el inciso g) de la fracción II de este artículo; 3. Se le restará de su expectativa de integración al Congreso, la asignación efectuada conforme al inciso c) de esta fracción, al partido político o coalición que la haya obtenido; 4. Asignará a los partidos políticos o coaliciones, alternadamente, tantas diputaciones como números enteros haya obtenido en la operación realizada conforme al inciso g) de la fracción II de este artículo; y 5. Si después de efectuadas las operaciones anteriores aún quedasen diputaciones por asignar, se otorgarán a los partidos políticos o coaliciones que conserven los restos mayores, después de deducir los números enteros que sirvieron como base en la asignación anterior. IV. En ningún caso un partido político o coalición podrá contar con más de 16 diputaciones por ambos principios. V. Los partidos políticos o coaliciones podrán registrar una fórmula adicional para el caso de que tuvieren derecho al número máximo señalado en la fracción anterior; y VI. La asignación de los diputados que le corresponda a cada partido político o coalición, la hará el Consejo Estatal Electoral de entre los candidatos a la diputación de mayoría relativa de cada uno de ellos y que no hayan obtenido la constancia respectiva, de acuerdo a una relación de los mismos que se haga en base al porcentaje obtenido de la votación distrital válida, en orden descendente y colocando al final la fórmula señalada en la fracción anterior’(sic). La reforma del artículo 15 implicó las siguientes modificaciones: ‘Artículo 15. La asignación de los diputados ... I. ... b) Haber obtenido por lo menos el cuatro por ciento de la votación estatal emitida en la elección de diputados. II ... g) Determinación de asignación a la representación proporcional para cada partido político o coalición: se obtiene de restar a la expectativa de integración al Congreso de cada partido político o coalición, el número de diputaciones obtenidas de mayoría, y en su caso, la asignación hecha conforme al inciso c) de la fracción III de este artículo; III. El Instituto Estatal Electoral asignará las diputaciones por el principio de representación proporcional, a los partidos políticos o coaliciones con derecho a ello, mediante el procedimiento que se establezca en la ley y atendiendo a las bases siguientes: ... c) Primeramente asignará un diputado a todo aquel partido político o coalición que tenga derecho a ello, y no haya obtenido constancia de mayoría alguna. En caso de que el número de partidos políticos o coaliciones sea mayor que el de diputaciones por asignar, éstas se otorgarán a los que tengan mayor porcentaje en orden descendente hasta agotarse, y d)... 1. ... 2. ... 3. Derogado 4. ... 5. ... IV. ... V. Derogada, y VI. La asignación de los diputados que le corresponda a cada partido político o coalición, la hará el Instituto Estatal Electoral de entre los candidatos a la diputación de mayoría relativa de cada uno de ellos y que no haya obtenido la constancia respectiva, de acuerdo a una relación de los mismos que se haga en base al porcentaje obtenido de la votación distrital válida, en orden descendente.’. El texto original del artículo 78 de la Constitución Política del Estado de Baja California a la letra decía: ‘Artículo 78. Los Ayuntamientos se integran por un presidente municipal, un síndico procurador y por regidores de mayoría relativa y de representación proporcional, en el número que resulte de la aplicación a cada Municipio de las siguientes bases: I. El número de regidores de mayoría relativa y de representación proporcional será: a) Los Municipios cuya población sea menor de 250,000 habitantes tendrán cinco regidores electos según el principio de mayoría relativa y hasta cinco regidores de representación proporcional; b) Los Municipios cuya población se encuentre en el rango comprendido de doscientos cincuenta mil a quinientos mil habitantes, tendrán siete regidores electos según el principio de mayoría relativa y hasta seis de representación proporcional; c) Los Municipios cuya población exceda de quinientos mil habitantes, tendrán 8 regidores electos según el principio de mayoría relativa y hasta 7 regidores de representación proporcional. II. Para que los partidos políticos o coaliciones tengan derecho a la asignación de regidores por el principio de representación proporcional, deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Haber obtenido el registro de planilla completa de candidatos a munícipes en el Municipio que corresponda; b) Haber obtenido por lo menos el uno punto cinco por ciento de la votación válidamente emitida en la elección de munícipes correspondiente; y c) No haber obtenido la constancia de mayoría respectiva. III. La asignación de regidores mediante el principio de representación proporcional se sujetará, a lo que disponga la ley respectiva y mediante el siguiente procedimiento: a) Determinará qué partidos políticos o coaliciones cumplen con lo estipulado en la fracción anterior; b) Primeramente se asignará un regidor a cada partido político o coalición con derecho a la representación proporcional. Posteriormente se asignará un regidor a aquellos partidos políticos o coalición que habiendo cumplido con los requisitos de la fracción II de este artículo, hayan alcanzado el seis por ciento de la votación municipal emitida. En caso de que el número de partidos políticos o coaliciones sean mayores que las regidurías por asignar, éstas se asignarán en orden descendente hasta agotarlas. c) Si después de efectuada la operación indicada en el inciso anterior aún hubiera regidurías por asignar, se realizarán las siguientes operaciones: 1. Se sumarán los votos de los partidos políticos o coaliciones con derecho a la representación proporcional, que servirá como base para obtener los nuevos porcentajes de participación a que se refiere el numeral siguiente. 2. Se deberá obtener el nuevo porcentaje de cada partido político o coalición que tenga derecho a la asignación mediante el cociente natural que se obtiene multiplicando la votación municipal de cada partido político por cien, y dividiendo el resultado entre las sumas de los votos de los partidos políticos participantes. 3. Se obtendrá la expectativa de integración al Ayuntamiento de cada partido político o coalición, con derecho a ello mediante el cociente natural que se obtiene multiplicando el nuevo porcentaje municipal de cada partido político o coalición, por el número de regidurías de representación proporcional que corresponda y dividiéndolo entre cien. 4. Se le restará a cada partido político o coalición de su expectativa de integración al Ayuntamiento, la asignación efectuada conforme al inciso b) de esta fracción. d) Se asignarán a cada partido político o coalición tantas regidurías como números enteros se hayan obtenido de la operación realizada en el numeral 4 del inciso anterior; y e) En caso de que aún hubieran (sic) regidurías por repartir, se asignarán a los partidos políticos o coaliciones que conserven los restos mayores, después de deducir las asignaciones que se indican en el inciso anterior. Los integrantes de los Ayuntamientos contarán con sus respectivos suplentes.’. La reforma del artículo 78 constitucional operó las siguientes modificaciones: ‘Artículo 78. Los Ayuntamientos se integrarán ... II. Para que los partidos políticos o coaliciones ... b) Haber obtenido por lo menos el 3% de la votación emitida en la elección de munícipes correspondiente; y c) No haber obtenido la constancia de mayoría respectiva, y III ... a) El Instituto Estatal Electoral determinará qué partidos políticos o coaliciones cumplen con lo estipulado en la fracción anterior; b) Primeramente asignará un regidor a cada partido político o coalición con derecho a la representación proporcional. En caso de que el número de partidos políticos sea mayor que el de regidurías por asignar, éstas se otorgarán a los que tengan mayor porcentaje en orden descendente hasta agotarlas; c) ... 2. Se deberá obtener el nuevo porcentaje de cada partido político o coalición, que tenga derecho a la asignación mediante el cociente natural que se obtiene multiplicando la votación municipal de cada partido político o coalición por cien, y dividiendo el resultado entre la suma de los votos de los partidos políticos o coaliciones participantes; 3. Se obtendrá la expectativa de integración al Ayuntamiento de cada partido político o coalición, con derecho a ello mediante el cociente natural que se obtiene multiplicando el porcentaje obtenido en el numeral anterior de cada partido político o coalición por el número de regidurías de representación proporcional que corresponda, según la fracción I de este artículo, dividiéndolo entre cien; y 4. Se le restará de la expectativa de integración al Ayuntamiento a cada partido político o coalición la asignación efectuada en los términos del inciso b) de esta fracción; d) Se asignará a cada partido político o coalición alternadamente, tantas regidurías como números enteros se hayan obtenido de la operación realizada en el numeral 4 del inciso anterior; e) En caso de que aún hubieren (sic) más regidurías por repartir, se asignarán a los partidos políticos o coaliciones que conserven los restos mayores, después de deducir las asignaciones efectuadas en el inciso anterior; y f) Las asignaciones de las regidurías de representación proporcional que correspondan a cada partido político o coalición, las hará el Instituto Estatal Electoral de la lista de candidatos a regidores que haya registrado cada partido político o coalición, en el orden que los mismos fueron registrados. Los integrantes de los Ayuntamientos ... Los conceptos que señala el artículo 15 de esta Constitución, serán aplicables para el desarrollo de la fórmula de asignación aquí prevista.’.
"2. Conceptos de violación:
"La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra una serie de principios que deben ser respetados de manera absoluta e irrestricta por las Constituciones particulares y las legislaciones de las distintas entidades federativas, siendo de destacar que la materia electoral en los ámbitos estatales y municipales, no está exceptuada de determinados principios, entre ellos, el de la representación proporcional, mismo que dada su importancia jurídico-política debe ser objeto de una cuidadosa regulación en cada uno de los Estados miembros de la Federación.
"En la especie, es incuestionable que las reformas introducidas a los artículos antes relacionados de la Constitución Política del Estado de Baja California conculcan abiertamente el mencionado principio al hacerlo prácticamente nugatorio, al tenor de una serie de argumentos que a continuación se formulan: A) Derecho a participar en elecciones estatales y municipales. El precepto constitucional que garantiza el derecho de los partidos políticos nacionales a participar en las elecciones estatales y municipales, debe interpretarse de manera amplia, es decir, a la luz de segundo párrafo de la fracción I del artículo 41 constitucional: participar en las elecciones estatales y municipales para promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Como podrá apreciarse la conceptualización del vocablo ‘participar’, infiere la concurrencia real del pueblo en las tareas democráticas, su contribución, también real, en la integración de la representación política y la posibilidad de acceso real, al ejercicio del poder público. En la teoría político-electoral es lugar común preguntar qué tan competido es un sistema de partidos a la luz del sistema electoral en que opera. En palabras de Sartori ‘¿Cuán mínima puede ser la competencia de modo que siga siendo significativa?’ (Sartori Giovanni, Partidos y Sistema de Partidos, Alianza Universidad, Madrid 1987, página 259). El propio maestro se contesta ‘si hay enfrentamiento con los candidatos del partido predominante sin temor y con igualdad de derechos, entonces la competencia es significativa, cualquiera que sea su resultado ... Una situación subcompetitiva supone que si un candidato no encuentra oposición se debe simplemente a que no merece la pena oponerse a él (y) un sistema es no competitivo sí, y sólo sí, no permite elecciones disputadas ... la competencia termina, y la no competencia comienza, cuando quiera que a los adversarios y a los oponentes se les priva de la igualdad de derechos, se les ponen impedimentos, se les amenaza, se les aterroriza o incluso se les sanciona por atreverse a decir lo que piensan ... No cabe duda de que un choque feroz en las elecciones demuestra que las normas de la competencia funcionan plenamente, pero los resultados son los únicos que demuestran hasta qué punto es competitivo un sistema dado, en el sentido de acercarse a una distribución casi igual de fuerzas entre los partidos principales ... dado que la competencia incluye la competitividad como algo potencial, la competencia es igual a, y se puede definir como, competitividad potencial. A la inversa, la competitividad presupone la competencia (como estructura) y es algo que se debe medir en resultados, conforme a su eficacia. Así, la competitividad es una de las propiedades, o uno de los atributos de la competencia.’ (Sartori, Ibid. 260). Para Sartori, tanto en el reino de la economía como en el de la política, una estructura competitiva ‘defiende al
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5027-696f0fac/principio-de-representacion-proporcional-la-reforma-al-codigo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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