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Modo: Corpus Pro

INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE OAXACA. INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 42-A, INCISO E), DEL CÓDIGO RELATIVO, REFORMADO POR EL DECRETO NÚMERO 205, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD, EL 9 DE OCTUBRE DE 1997.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 6/97. · Registro digital (IUS): 5014
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, , Pág. 447.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 6/97. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

MINISTRA PONENTE: OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.

SECRETARIO: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día primero de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO.- Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y siete, Andrés Manuel López Obrador, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de las disposiciones y autoridades que a continuación se señalan:

"II. Los órganos legislativo y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas. Se señala como órgano emisor de las normas generales impugnadas, al Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Se señala como órgano promulgador de las normas generales impugnadas, al Gobernador del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, como titular del Poder Ejecutivo de esa entidad.

"III. Norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en el que se hubiere publicado. Se demanda a través de la presente acción, la invalidez de las reformas que en materia electoral, el Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, efectuara a la Constitución Política de esa entidad federativa, reformas publicadas en el Periódico Oficial de ese Estado con fecha 29 de septiembre de 1997. Asimismo, se demanda la invalidez de las reformas al Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, reformas publicadas en el Periódico Oficial de ese Estado, con fecha 1o. de octubre y 9 de octubre respectivamente."

SEGUNDO.- Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son el 13, 16, 17, párrafo tercero, 40, 41, 71, 72, 94, 95, fracciones III, IV y V, 99, 100, párrafo sexto, 116, fracciones III y IV, incisos c) y h), 120, 128 y 133.

TERCERO.- Mediante proveído de fecha treinta de octubre de mil novecientos noventa y siete, el presidente en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, y turnar el asunto a la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas, para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.

Por auto de treinta y uno de octubre último, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda relativa y ordenó emplazar a las responsables para que rindieran su respectivo informe y correr traslado al procurador general de la República, para lo que a su competencia corresponde. Posteriormente, mediante proveído de diez de noviembre, se otorgó el plazo legal correspondiente a las partes para la formulación de sus alegatos y, transcurrido dicho plazo, se pasaron los autos para la formulación del proyecto de sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 68, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, toda vez que se demanda la declaración de inconstitucionalidad de las reformas que en materia electoral se hicieron a la Constitución Política y al Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, publicados en el Periódico Oficial del propio Estado, respectivamente, los días veintinueve de septiembre, primero y nueve de octubre del año en curso.

SEGUNDO.- La demanda de acción de inconstitucionalidad se estima que fue presentada oportunamente, atento lo siguiente:

El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, dispone:

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse al primer día hábil siguiente. En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."

Conforme a este artículo 60, el cómputo respectivo debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó el decreto que contiene las normas que se impugnan, considerando todos los días como hábiles.

Los Decretos Números 202, 203 y 205, aprobados por la LVI Legislatura del Estado de Oaxaca, que contienen las reformas electorales que se impugnan, fueron publicados, respectivamente, en el Periódico Oficial de la entidad los días veintinueve de septiembre, primero y nueve de octubre del año en curso, por lo que es a partir del día siguiente de la fecha de publicación que debe hacerse el cómputo respectivo.

Tomando en consideración las fechas de publicación, resulta que el plazo de treinta días para la impugnación de las disposiciones venció, en cada caso, los días veintinueve y treinta y uno de octubre y ocho de noviembre del año en curso; por tanto, debe considerarse que la demanda fue presentada dentro del plazo legal correspondiente, ya que, con relación al primer decreto, se promovió al trigésimo día, con relación al segundo decreto al vigésimo octavo día, y en relación con el tercer decreto al vigésimo día.

TERCERO.- Previo a cualquier otra cuestión, resulta pertinente analizar la legitimación de quien promueve, por ser una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 62 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 en cita, los partidos políticos con registro podrán ejercer la acción de inconstitucionalidad por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales.

Por tanto, en el caso tienen que satisfacerse los siguientes extremos:

a) Que el partido político cuente con registro definitivo ante la autoridad electoral correspondiente.

b) Que el partido político promueva por conducto de su dirigencia.

c) Que quien suscribe a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para tal efecto.

A la demanda se adjunta copia fotostática simple de la constancia expedida por el secretario general del Instituto Federal Electoral, de fecha doce de septiembre de mil novecientos noventa y seis, en la que consta que el partido político en mención cuenta con registro definitivo.

Por otra parte, quien suscribe la demanda lo hace en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido de referencia, lo que acredita mediante la propia constancia citada en el párrafo que antecede, y que se corrobora con la relación de las personas que integran la dirigencia nacional del partido que remitió el secretario general del Instituto Federal Electoral con su oficio SCG-864/97 de cinco de noviembre del año en curso (fojas 87 a 89 del expediente).

Las constancias antes aludidas constan en copia fotostática simple, las que, en lo individual, como reiteradamente lo ha considerado esta Suprema Corte, sólo pueden adquirir el valor de indicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 93, fracción VII, 188 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados de manera supletoria, con apoyo en lo dispuesto por el 1o. de la ley reglamentaria de la materia; sin embargo, tales elementos adquieren fe plena para acreditar los extremos antes señalados, al adminicularse con el hecho notorio de que el Partido de la Revolución Democrática cuenta con registro definitivo ante el Instituto Federal Electoral y que el presidente de la dirigencia nacional lo es el que suscribe la demanda, por lo que, en uso de las facultades para la valoración de pruebas que se otorgan en favor del juzgador, se tienen por demostrados fehacientemente los extremos señalados, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 79, 197 y 217 del citado código procesal.

Por último, el promovente, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, tiene facultades para representar a ese partido político, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 40 y 42, fracción I, de los estatutos del partido y, por ende, se concluye que está legitimado para ejercitar la presente acción en su representación.

CUARTO.- En la demanda se señalaron como conceptos de invalidez los siguientes:

"PRIMERO.- Se reclama la invalidez de las reformas que en materia electoral, se hicieran a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y que aparecen publicadas con fecha 29 de septiembre de 1997 en el Periódico Oficial de ese Estado, así como las reformas que se efectuaran al Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca (CIPPEO), reformas que aparecen publicadas con fechas 1o. de octubre y 9 de octubre de 1997 en el Periódico Oficial de ese Estado. Dicha invalidez es sustentable por las contradicciones existentes entre las mismas y las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto, en virtud de que los actos emanados de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de esa entidad, que por este conducto se reclaman, impiden el cabal y exacto cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En primer término, es necesario mencionar dentro del presente concepto de invalidez, que la garantía de legalidad es violada por los actos de los poderes señalados como emisor y promulgador de las normas generales cuya invalidez se reclama. Esto, en la medida en que se transgrede la normatividad referente a las formalidades esenciales del procedimiento legislativo, factor que da sustento al propio sistema normativo, el cual es elemento esencial de nuestro régimen republicano, presentándose en el caso que nos ocupa, un proceso de reforma a la Constitución del Estado y al código electoral de Oaxaca, por parte del Poder Legislativo de ese Estado, proceso que en su conjunto omite el estricto apego a las disposiciones constitucionales y reglamentarias vigentes, originando tal hecho una transgresión al principio de legalidad en los casos concretos y debiendo traer tal situación, por consecuencia, la nulidad de las normas generales impugnadas. Esto es, el artículo 72 de nuestra Constitución Federal, establece que: ‘Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el Reglamento de Debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones ...’; correlativamente, el artículo 51 de la Constitución particular, determina a la letra que: ‘La discusión y aprobación de las leyes, se hará con estricta sujeción al Reglamento de Debates, pero las iniciativas del Ejecutivo y del Tribunal Superior de Justicia, se pasarán desde luego a Comisión.’ En el caso particular, fueron presentadas ante la Oficialía de Partes y ante la propia Mesa Directiva del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, diversas iniciativas de reformas y adiciones tanto a la Constitución Política de ese Estado en materia electoral, como al Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, iniciativas propuestas por diputados representantes de diversos partidos políticos. La Mesa Directiva del Congreso del Estado, da cuenta de las diversas iniciativas presentadas en ambas materias y de conformidad al artículo 72 del Reglamento Interior del Congreso del Estado (sic), las mismas se presentan ante el Pleno, debiendo, de conformidad al numeral referido, turnarse inmediatamente tales propuestas a las comisiones legislativas correspondientes (en el caso que nos ocupa, las comisiones de Estudios Constitucionales y la de Administración de Justicia respectivamente), para su estudio y dictamen. De tal suerte, que los dictámenes de dichas comisiones, deben ser emitidos previo requisito de la entrega oficial de las iniciativas a las presidencias de dichas comisiones, así como de la convocatoria por escrito por parte de tales presidencias de comisiones a la celebración de sesiones de trabajo con los diputados miembros de cada comisión, cuyas directivas deberán rendir el correspondiente dictamen dentro del término de 15 días, de conformidad con el artículo 35 de la reglamentación aludida. En ese contexto, la Presidencia de la Comisión de Estudios Constitucionales (instancia que por disposición del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Oaxaca, visible en su artículo 37, fracción I (sic), es la encargada de estudiar iniciativas de reforma o adición al marco constitucional federal o local), y la Comisión de Administración de Justicia (instancia que por disposición del Reglamento Interior del Congreso del Estado, visible en su artículo 37, fracción V (sic), es la encargada de efectuar los estudios relativos a iniciativas y reformas de los códigos y leyes del Estado), respectivamente, reciben las iniciativas de reformas y adiciones en materia electoral a la Constitución del Estado y al Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca.- En primer término, es preciso hacer muy especial mención de lo siguiente: -Por lo que se refiere tanto a las reformas a la Constitución del Estado en materia electoral, como a las reformas al CIPPEO, es obligación constitucional adecuar ambas a los preceptos del Pacto Federal, reformados el 22 de agosto de 1996, preceptos que mandatan en el último párrafo del artículo segundo transitorio de la reforma en cita, la obligatoriedad de adecuar los marcos constitucionales y las leyes electorales de todas las entidades federativas, en un lapso que no debió de haber excedido de seis meses contados a partir del día 23 de agosto de 1996, o sea, un término que feneció el 23 de febrero de 1997.- En otros términos, tanto la Constitución como la Ley Electoral del Estado de Oaxaca, antes del 23 de febrero de 1997 debieron de haberse reformado de manera tal, que garantizaran de una forma plena el cabal cumplimiento de los preceptos constitucionales contenidos en las reformas del 22 de agosto de 1996 y sus artículos transitorios correlativos, lo cual para el caso de Oaxaca, simplemente no sucede.- Es decir, pese a la obligación visible en la Constitución Federal de adecuar a las disposiciones de ésta, la Constitución y la ley electoral del Estado de Oaxaca antes del 23 de febrero de 1997, ocho meses después de esa fecha, apenas se turnaban a la Comisión de Estudios Constitucionales y a la Comisión de Administración de Justicia, diversas iniciativas que, presumiblemente, darían cumplimiento a las disposiciones del Pacto Federal mencionadas. En tal sentido, dentro de las inobservancias jurídicas al marco constitucional y normativo de naturaleza local, advertimos en primer término, la abierta transgresión al artículo 164 de la Constitución particular, misma que establece en su párrafo tercero, que inmediatamente que se promulguen reformas a la Constitución General de la República, la Legislatura del Estado acordará los términos de las modificaciones o adiciones que correspondan para que puedan incorporarse al texto de dicha Constitución Local. Y en el caso que nos ocupa, tal inmediatez, se presenta una vez transcurrido un término de más de trece meses. Lo anterior, además de transgredir los preceptos constitucionales de índole local, es abiertamente violatorio de las disposiciones contenidas en el artículo 71 in fine de la Constitución Federal, artículo que estipula que: ‘... las iniciativas presentadas por el presidente de la República, por las Legislaturas de los Estados o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión ...’, la disposición que encuentra su textual correlativo en la Constitución de Oaxaca, se establece dentro del artículo 51, el mismo señalamiento.- En ese contexto, se presenta una serie de violaciones al procedimiento parlamentario dentro del análisis y discusión de las iniciativas comentadas. En primer término, el Congreso del Estado de Oaxaca sin apegarse, ni acatar lo mencionado por el artículo 55 de la Constitución particular (que prevé la necesidad de disponer de una autorización del pleno calificada, para efecto de proceder a una dispensa de trámites parlamentarios dentro del mecanismo procesal que establecen la propia Constitución Local, el Reglamento Interior y la Ley Orgánica del Congreso), dicha dispensa de trámite nunca se autoriza por el Pleno del Congreso y en un término que no excede de 72 horas, la directiva de la Legislatura recibe las iniciativas de reforma constitucional y de reformas y adiciones al Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales, las turna extraoficialmente a los integrantes de la Comisión de Estudios Constitucionales y a la de Administración de Justicia, respectivamente, dichas comisiones emiten sus dictámenes, sin la existencia de convocatorias por escrito a sus miembros a sesiones de trabajo, sin la elaboración de un acta ni de una minuta de trabajo de las actividades de las comisiones e incluso sin la entrega a los propios diputados de los textos de las iniciativas. Sin estos requisitos esenciales, para la correcta elaboración de un dictamen, los dictámenes (es decir, el dictamen referente a la reforma constitucional y el dictamen de las reformas al CIPPEO del 1o. y del 9 de octubre), se presentan a votación ante el Pleno en una sesión celebrada sin convocatoria previa (añadiéndose a estas irregularidades que sólo una de las iniciativas se dictamina y el resto de las propuestas presentadas ni siquiera se mencionan dentro del dictamen), continuando con la serie de anomalías procedimentales, se decretan ilegítimamente por la propia directiva diversos recesos cuya duración es discrecional y al arbitrio de los integrantes de la Mesa Directiva. En ese entorno, y para el caso de la reforma constitucional, se reanuda la sesión respectiva en la madrugada del 29 de septiembre y se procede a la votación de la reforma constitucional, sin que exista la certeza de la existencia del quórum mencionado en el artículo 164 de la Constitución Local; asimismo, sin que la directiva del Congreso haya distribuido a todos y a cada uno de los diputados el contenido del dictamen para su análisis, conocimiento y respectiva votación. Por otra parte, para el caso de las reformas al Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales publicadas el 1o. de octubre, la sesión respectiva se reanuda en la madrugada de ese día y se procede a la votación de la misma, sin que la directiva del Congreso haya distribuido a todos y a cada uno de los diputados el contenido del dictamen para su análisis, conocimiento y respectiva votación. Lo anterior, es particularmente grave como elemento lesivo del principio de legalidad en los actos de los poderes señalados como responsables, ya que no obstante que nunca se llegan a considerar por el Congreso Estatal, los trámites legislativos de discusión y aprobación mencionados, como de urgencia notoria, ni son calificados como de obvia resolución por las dos terceras partes de la Legislatura, como expresamente lo mandatan el artículo 55 de la Constitución particular y el artículo 75 del Reglamento Interior del Congreso, se omite, sin fundamento alguno, el cumplimiento de las formalidades legislativas necesarias para la iniciativa y formación de las leyes. No obstante lo anterior, se procede a aprobar tanto la reforma constitucional en materia electoral del Estado de Oaxaca como las reformas y adiciones al CIPPEO mencionadas y a enviarlas al Ejecutivo Local para su respectiva promulgación, bajo un marco de evidentes violaciones a la Constitución Local, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, al Reglamento Interno del Congreso y, concomitantemente, a la propia Constitución Federal.- En resumen, la iniciativa de adiciones y reformas a la Constitución particular oaxaqueña publicada con fecha 29 de septiembre y las reformas y adiciones al Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, publicadas con fechas 1o. y 9 de octubre de 1997, son presentadas, analizadas, discutidas, aprobadas y publicadas de una forma total y evidentemente extemporáneas al término de seis meses que mandata la reforma Constitucional Federal, lapso que expresamente es ordenado por el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional del 22 de agosto de 1996. Además, dentro del procedimiento parlamentario se presentan las omisiones e irregularidades al reglamento interno y a la ley orgánica aludidas y con la observancia que sin existir resolución legislativa alguna por parte del Pleno, se procede en los hechos, tanto para el caso de la reforma constitucional como para las reformas al CIPPEO, a efectuar dispensas de los trámites legislativos previstos detalladamente en la Constitución y en la normatividad reglamentaria del Congreso Local.- Las anteriores situaciones es posible acreditarlas en función a las constancias documentales y restantes elementos de prueba descritos en los oficios de fechas 27 y 28 de octubre del año en curso, signados por la diputada local Norma Reyes Terán, oficios en donde se advierte el respectivo sello de recibido de la Oficialía de Partes del Congreso del Estado.- Las documentales ofrecidas mismas que se adjuntan como anexos 5, 6 y 7 a la presente acción de inconstitucionalidad, tienen por objeto acreditar que la diputada Norma Reyes Terán, en su carácter de legisladora integrante del Congreso Local, ha requerido oportunamente diversas constancias de la Presidencia de la Comisión de Estudios Constitucionales, de la Presidencia de la Comisión de Administración de Justicia y de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Oaxaca, a fin de estar en posibilidades de acreditar todos y cada uno de los extremos mencionados dentro de este concepto de invalidez de la presente acción de inconstitucionalidad.- En este contexto y de conformidad a lo establecido por el artículo 68 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, es pertinente se solicite por parte del Ministro instructor de la presente acción de inconstitucionalidad, a la Presidencia de la Comisión de Estudios Constitucionales, a la Presidencia de la Comisión de Administración de Justicia y a la mesa directiva del Congreso del Estado de Oaxaca, las constancias que puntualmente se detallan en los anexos documentales 5, 6 y 7 adjuntos, en virtud de que es práctica inveterada y endémica dentro del Congreso del Estado de Oaxaca, que las peticiones que llegan a hacer oficialmente incluso los propios representantes populares (como es el caso que nos ocupa), simplemente no tienen ninguna respuesta.- De tal suerte, en atención a la necesidad de contar con suficientes elementos para la mejor solución del presente asunto, es que solicito, que en atención a lo dispuesto por el artículo 68 y correlativamente el artículo 35 de la ley reglamentaria en cita, pido, que se solicite a las instancias del Congreso del Estado en mención, la entrega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las constancias documentales y restantes elementos probatorios descritos dentro de la solicitud signada por la diputada Norma Reyes Terán. Asimismo, en su oportunidad se presentará ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, certificación notariada por fedatario público, en donde se detallan minuciosamente todas y cada una de las irregularidades descritas. Ahora bien, regresando a la argumentación referente a las violaciones al procedimiento parlamentario, que han quedado descritas en el presente concepto de invalidez, las mismas traen por consecuencia una transgresión a las disposiciones normativas de la propia Constitución Federal, desde el momento en que los mecanismos de iniciativa y formación de leyes, por ser de orden público, siguen el principio de indisponibilidad y, por lo mismo, son imperativos y no pueden ser sustituidos, modificados o variarse a voluntad de las partes, puesto que el procedimiento legislativo está previamente establecido en la ley, precisamente para garantizar la legalidad del mismo, y en el caso que nos ocupa, si los integrantes de la Legislatura oaxaqueña, como integrantes de un poder soberano, no dan cabal y exacto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y reglamentarias que regulan el funcionamiento interno de la soberanía legislativa, debe entenderse su actividad como violatoria del principio de legalidad constitucional consagrado en el artículo 16. Esto es, ante la inexistencia de una resolución del Pleno, misma que debe ser votada en mayoría calificada, que considere como de urgente y obvia resolución algún trabajo parlamentario y autorice expresamente la dispensa de los trámites legislativos, esta dispensa de trámites, realizada en los hechos, y la transgresión a las formalidades inherentes al proceso legislativo, son violatorias del principio de legalidad, desde el momento que el Congreso asume facultades que para ser consideradas jurídicamente válidas, deben de cubrir requisitos y formalidades establecidas en la normatividad respectiva. En caso contrario, estamos frente a una abierta violación a la garantía constitucional de legalidad, sucediendo lo mismo cuando se toma en cuenta la evidente y abierta transgresión a la legalidad al no haber procedido a dar cumplimiento a las disposiciones del artículo segundo transitorio de la reforma constitucional del 22 de agosto de 1996, que mandatan la adecuación en un término no mayor de seis meses de las leyes electorales y de las Constituciones de los Estados al texto del Pacto Federal.- Este razonamiento encuentra cabal sustento en la tesis jurisprudencial que a continuación se inserta: Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época: Séptima. Volúmenes: 157-162. Parte: Primera. Página: 150. ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.- En el texto de la ley no es indispensable expresar la fundamentación y la motivación de un ordenamiento legal determinado, pues generalmente ello se realiza en la exposición de motivos de la iniciativa correspondiente. Este Tribunal Pleno ha establecido que por fundamentación y motivación de un acto legislativo se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación); y cuando las leyes que emite se refieren a resoluciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deban ser necesariamente materia de una motivación específica.’ PRECEDENTES: Amparo en revisión 5220/80.- Teatro Peón Contreras, S. A.- 15 de junio de 1982.- Unanimidad de quince votos.- Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Volúmenes 139-144, página 133. Amparo en revisión 5983/79.- Francisco Breña Garduño y coagraviados.- 23 de septiembre de 1980.- Unanimidad de diecisiete votos.- Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Volumen 78, página 69. Amparo en revisión 3812/70.- Inmobiliaria Cali, S. A. y coagraviados (acumulados).- 24 de junio de 1975.- Unanimidad de dieciséis votos.- Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. Volumen 77, página 19. Amparo en revisión 6731/68.- Lechera Guadalajara, S. A.- 6 de mayo de 1975.- Unanimidad de diecinueve votos.- Ponente: Ernesto Aguilar Álvarez. Volumen 38, página 27.- Amparo en revisión 1406/48.- Carlos y Juan Béistegui.- 8 de febrero de 1972.- Mayoría de once votos.- Disidentes: Carlos del Río R., Ezequiel Burguete F., Jorge Iñárritu, Manuel Yáñez Ruiz, Pedro Guerrero M., Salvador Mondragón G., Ernesto Aguilar Álvarez y Alfonso Guzmán Neyra. *Nota: En la publicación original no aparece el nombre del ponente. En este mismo sentido, se ha pronunciado este Máximo Tribunal, en la siguiente tesis, la cual se inserta, a mayor abundamiento, en el caso que nos ocupa. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época: Séptima. Volumen: 38. Parte: Primera. Página: 27. ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.- Aun cuando es cierto que la exigencia de fundamentación y motivación de los actos de autoridad en que consiste la garantía de legalidad establecida por el artículo 16 constitucional, ha de entenderse que abarca a todo acto de autoridad, sea ésta legislativa, ejecutiva o judicial, en la medida en que todas ellas deben actuar, por igual, dentro de un marco jurídico <<legalidad>>, debe sin embargo aclararse que, tratándose de actos de autoridades legislativas (leyes), dichos requisitos de <<fundamentación y motivación>> se satisfacen siempre que ellas actúen dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente les confiera (fundamentación) y que las leyes respectivas que emitan se refieran a relaciones sociales que reclamen ser jurídicamente reguladas (motivación), sin que ello implique, en modo alguno, que todas y cada una de las disposiciones que den cuerpo a esas leyes deban ser necesariamente materia de una motivación específica.’ Precedente: Amparo en revisión 1406/48.- Carlos y Juan Béistegui.- 8 de febrero de 1972.- Mayoría de once votos.- Disidentes: Carlos del Río Rodríguez, Ezequiel Burguete Farrera, Jorge Iñárritu, Manuel Yáñez Ruiz, Pedro Gue

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5014-04a74b65/instituciones-politicas-y-procedimientos-electorales-de-oaxaca-invalidez · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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