ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 31, DÉCIMO PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 163, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 8 DE AGOSTO DE 2008, AL ESTABLECER QUE EL EJECUTIVO LOCAL ESTÁ FACULTADO PARA PROPONER A DOS MAGISTRADOS QUE INTEGRARÁN EL TRIBUNAL ELECTORAL DE ESA ENTIDAD, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 31, DÉCIMO PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 163, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 8 DE AGOSTO DE 2008, AL PREVER QUE EL EJECUTIVO LOCAL ESTÁ FACULTADO PARA PROPONER A DOS MAGISTRADOS QUE INTEGRARÁN EL TRIBUNAL ELECTORAL DE ESA ENTIDAD, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 105/2008. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIA: ILEANA MORENO RAMÍREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al treinta de octubre del año dos mil ocho.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el seis de septiembre de dos mil ocho en el domicilio de Claudia Gabriela Soto Calleja, autorizada para recibir promociones de término fuera del horario de labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guadalupe Acosta Naranjo, en su carácter de presidente sustituto del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 31, décimo primer párrafo,(1) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, reformada mediante Decreto 163, que se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el ocho de agosto de dos mil ocho. La porción normativa impugnada establece:
"El Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato es el órgano autónomo y máxima autoridad jurisdiccional electoral, se integrará con cinco Magistrados, que conformarán las Salas Unitarias que podrán ser regionales, mismos que serán designados por las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso, dos a propuesta del Ejecutivo y tres a propuesta del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; su funcionamiento y organización estarán previstos en la ley. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial garantizarán su debida integración."
SEGUNDO. El promovente de esta acción estima que el precepto impugnado es violatorio de los artículos 1o., 14, 16, 41, fracción VI; 116, fracción IV, inciso c) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO. En su concepto de invalidez, el Partido de la Revolución Democrática aduce lo que a continuación se reseña:
El párrafo décimo primero del artículo 31 de la Constitución Local prevé que dos miembros del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato serán propuestos por el Poder Ejecutivo Local, lo cual implica que ese órgano pierda su plena autonomía e independencia.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las autoridades jurisdiccionales que tengan a su cargo la resolución de las controversias en materia electoral deben regirse conforme a los principios de constitucionalidad, legalidad, certeza, autonomía, independencia, imparcialidad y objetividad, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, fracción VI y 116, fracción IV, inciso c) y fracción VI. Estos principios rigen en la integración de los órganos jurisdiccionales locales y debe entenderse que llegan al grado de suprimir toda participación del gobierno en la toma de decisiones que atañen a su integración.
Aunado a ello, dichas normas de la Constitución Federal tienen como fin el proteger a estos órganos de cualquier influencia o presión que pueda provenir de las autoridades o entes del Gobierno del Estado, para garantizar su autonomía e independencia. Así, en la integración de los órganos jurisdiccionales dedicados a resolver cuestiones electorales se debe evitar que las decisiones que adopten sus miembros estén viciadas por influencias indebidas, lo que puede conducir a que sus resoluciones no se apeguen a derecho. De tal suerte, en atención a que el artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal establece que las autoridades que tengan a su cargo la resolución de las controversias electorales deben gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, es inaceptable que el Poder Ejecutivo Local intervenga en la propuesta de los integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato.
Se afirma que la autonomía del órgano jurisdiccional se ve afectada con la norma impugnada, porque con el mecanismo de propuesta de sus miembros se politiza un ente que debería ser independiente y autónomo, dando pie a posibles presiones e injerencia del Ejecutivo hacia ese ente. Esta situación se acentúa al considerar que el Gobierno Estatal evidentemente tiene una filiación partidista, y si se permite a su titular participar en la propuesta combatida, se afectarían la autonomía e independencia con que el órgano jurisdiccional electoral se debe conducir, en perjuicio del ejercicio de las funciones del órgano.
El partido accionante considera que la forma en que se integra el Tribunal Electoral Local pone en peligro la objetividad y la legalidad en la función del órgano. En este sentido, aduce que la posibilidad de propuesta de dos miembros del tribunal da oportunidad al Gobierno del Estado para que se involucre en las sentencias que el tribunal deba dictar.
Aunado a lo anterior, por decisión constitucional se otorgó al Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato la calidad de órgano constitucional autónomo (al que aplican las características definidas en la jurisprudencia 35/2005, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS.". Por tanto, no es admisible la injerencia del Poder Ejecutivo en este ente, al proponer a dos de sus integrantes.
Finalmente, a decir del partido que promueve esta acción, la porción normativa combatida viola el principio de supremacía constitucional consignado en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque se coloca un precepto de la Constitución Local sobre los principios enunciados en la Constitución Federal, que es de mayor rango. Esto es así, debido a que al establecer que el Ejecutivo Local propondrá a dos miembros del órgano electoral estatal, se contrarían los principios de autonomía e independencia que para ese ente ordena la Norma Suprema Federal.
CUARTO. Mediante proveído de ocho de septiembre de dos mil ocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 105/2008 y, por razón de turno, designó al Ministro José Fernando Franco González Salas para que actuara como instructor en el procedimiento.
Por auto de nueve de septiembre del mismo año, el Ministro instructor admitió la presente acción y requirió al Congreso y al gobernador de Guanajuato -el primero en su carácter de emisor y el segundo de promulgador de la norma impugnada- para que rindieran sus respectivos informes.
En ese mismo proveído se dio vista al procurador general de la República, para que formulara el pedimento que le corresponde; se requirió al presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para que informara la fecha en que inicia el próximo proceso electoral en la entidad; se requirió al secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral para que exhibiera copia certificada de los estatutos vigentes del Partido de la Revolución Democrática, su certificación como partido político nacional y los nombres de las personas con cargo de dirección en el mismo; y se solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que expresara su opinión sobre el asunto.
QUINTO. Mediante auto de veinticuatro de septiembre de dos mil ocho, el Ministro instructor tuvo a las autoridades emisora y promulgadora, respectivamente, rindiendo su informe; al presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y al secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral dando cumplimiento a los requerimientos formulados; y a la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación formulando la opinión de la Sala Superior de ese órgano jurisdiccional.
Por otro lado, en ese proveído se ordenó poner los autos a la vista de las partes para que formularan alegatos.
SEXTO. Las autoridades que emitieron y promulgaron la norma impugnada, al rendir sus informes, manifestaron en síntesis lo siguiente:
Congreso del Estado de Guanajuato (por conducto de Pablo García Frías, en su carácter de presidente de la Diputación Permanente)
• La reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato contenida en el Decreto 163, que incluyó al artículo 31 impugnado, obedeció, entre otras cuestiones, al nuevo régimen constitucional en materia electoral y tuvo como fin adecuar la Constitución Local a lo dispuesto en la Federal, así como fortalecer las instituciones democráticas de la entidad federativa.
• El proceso legislativo para esa reforma se apegó estrictamente a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la misma Constitución Local y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato.
• La forma en que se prevé el nombramiento de los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato no afecta la autonomía e independencia de ese órgano. El que los Poderes Ejecutivo y Judicial propongan al Legislativo la terna de los Magistrados para su nombramiento atiende al principio de colaboración entre poderes, a fin de equilibrar las fuerzas políticas.
Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato (por conducto de Juan Manuel Oliva Ramírez, en su carácter de gobernador):
• Al promulgar el Decreto 163 de la Sexagésima Legislatura Constitucional del Estado de Guanajuato, que contiene la norma impugnada, el titular del Ejecutivo Local únicamente dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77, fracción II,(2) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato. Por tanto, dicho acto no es inconstitucional.
• Aunado a ello, señaló que la norma impugnada no contraría las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esencialmente, manifestó que ésta no viola los principios de autonomía e independencia, porque la facultad para designar a los miembros del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato no recae en el Ejecutivo Local, sino en el Legislativo. Es decir, se trata de un mecanismo de frenos y contrapesos, en el que los diversos poderes de la entidad federativa participan en la integración del mencionado tribunal, pero la decisión última compete al Congreso Local.
SÉPTIMO. Por su parte, la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rindió su opinión sobre la presente acción de inconstitucionalidad. A juicio de la mayoría de los integrantes de ese órgano,(3) el precepto impugnado no es violatorio de la Constitución, por los siguientes motivos:
• A partir de un análisis del artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, se desprende que el Tribunal Electoral de esa entidad es un órgano dotado de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, ya que se instituye como la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral con plena jurisdicción, siendo sus resoluciones definitivas e inatacables.
• La autonomía del tribunal local deriva de su naturaleza de órgano autónomo, pues puede adoptar decisiones sin más limitaciones que las establecidas en la ley, pero sin estar subordinado a otros órganos o poderes públicos.
• Los Magistrados electorales deben satisfacer los requisitos que la Constitución Local establece para los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y no deben tener antecedentes de militancia partidista. Estas normas evitan que se vulnere la autonomía e independencia del órgano jurisdiccional especializado en materia electoral. Además, esos funcionarios están sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos.
• Además, a este órgano jurisdiccional aplica lo establecido en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PODERES JUDICIALES LOCALES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES CON QUE DEBEN CONTAR PARA GARANTIZAR SU INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA."
• Por otro lado, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato establece diversas facultades a favor del tribunal y de su presidente que corroboran su autonomía e independencia, como lo es la facultad de nombrar libremente al personal del tribunal. Aunado a esto, el órgano jurisdiccional cuenta con autonomía presupuestaria.
OCTAVO. El primero de octubre de dos mil ocho, el Ministro instructor tuvo al procurador general de la República formulando el pedimento correspondiente, donde se pronunció en el sentido de que el artículo 31, párrafo décimo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato es acorde a la Constitución Federal, por las razones que a continuación se expresan:
• El Tribunal Electoral de Guanajuato es un órgano con autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, pues es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, dotado de plena jurisdicción, cuyas resoluciones son definitivas e inatacables, como se desprende de las disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Guanajuato.
• La autonomía del órgano electoral deriva de su naturaleza de órgano autónomo, que significa que puede decidir y actuar sin más limitaciones que las previstas en la ley, sin estar subordinado a otros órganos estatales. Por tanto, su independencia y autonomía opera tanto de forma externa (aspecto jurisdiccional) como interna (en relación con los actos administrativos que le permiten funcionar y cumplir con sus atribuciones).
• El Tribunal Electoral también tiene autonomía presupuestaria.
• Por estos motivos, el hecho de que el artículo combatido establezca que el Poder Ejecutivo Local propondrá a dos de los integrantes del Tribunal Electoral de Guanajuato, de suyo no hace inconstitucional al precepto.
• Si bien en el nombramiento de los Magistrados electorales participan los tres poderes del Estado, éstos no se entrometen en la estructura del tribunal, ni afectan su independencia y autonomía.
• Además, no existe disposición alguna en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que imponga a los Congresos Locales lineamientos en cuanto a la forma en que deben presentarse las propuestas de candidatos que ocuparán un cargo dentro de los órganos encargados de la función electoral.
NOVENO. Una vez que se pusieron los autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos, se declaró cerrada la instrucción mediante auto de siete de octubre de dos mil ocho y se procedió a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero, fracción II, del Acuerdo General 5/2001, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reformado mediante el diverso Acuerdo General 3/2008. Esto es así, debido a que la parte accionante propone la posible contradicción entre el párrafo décimo primero del artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato (de acuerdo con la reforma contenida en el Decreto 163, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el ocho de agosto de dos mil ocho) y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO. En primer lugar, se analizará si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.
De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) el cómputo del plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad debe iniciar el día siguiente a aquel en que se publicó en el medio de difusión oficial la norma impugnada.
Ahora bien, el decreto por el que se dio a conocer el precepto impugnado fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el ocho de agosto de dos mil ocho. De esta manera, el plazo para ejercer esta vía inició el nueve de agosto de dos mil ocho y concluyó el siete de septiembre del mismo año, de conformidad con el artículo citado, como se demuestra en el siguiente cuadro:
Ver cuadro
En este tenor, toda vez que el oficio de la acción de inconstitucionalidad se recibió en el domicilio particular de la licenciada Gabriela Soto Calleja, funcionaria autorizada para recibir promociones de término fuera del horario de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el seis de septiembre de dos mil ocho, según se advierte de la certificación que obra al reverso de la foja 16 de autos (es decir, al vigésimo noveno día de los treinta que concede la ley), es evidente que su presentación fue oportuna.
TERCERO. A continuación, se procede a analizar la legitimación del promovente, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
El artículo 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señala la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
"...
"f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro."
De acuerdo con este precepto, los partidos políticos sólo pueden promover acción de inconstitucionalidad cuando se pretenda impugnar alguna ley de naturaleza electoral. De lo contrario, carecen de legitimación para combatir leyes a través de este medio de control constitucional.
En la especie, el partido político demandante está legitimado para promover la presente acción de inconstitucionalidad, ya que la norma que combate es de carácter electoral. Esto es así, debido a que esa porción normativa se refiere a la integración de la autoridad jurisdiccional que tiene a su cargo la resolución de controversias electorales en la entidad federativa, y esa cuestión es esencialmente electoral.
Al respecto, cabe destacar lo establecido en el artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
"Artículo 116. ...
"Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:
"...
"IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:
"...
"c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones."
El propio precepto constitucional califica como materia electoral el hecho de que la ley garantice la autonomía e independencia de los órganos que tengan a su cargo la organización de las elecciones y de aquellos que resuelvan las controversias en la materia. Debe entenderse que la forma en que se integran los órganos administrativos o jurisdiccionales encargados de esas funciones también forma parte de la materia electoral, puesto que esta cuestión puede incidir en la autonomía e independencia del órgano. Dicho de otra forma, la manera en que son nombrados los Magistrados de un Tribunal Electoral puede afectar los principios que sustentan esta materia, entre los que se encuentran los de autonomía e independencia, de acuerdo con el artículo 116, fracción IV, inciso c), constitucional, citado en párrafos antecedentes.
Es importante subrayar que este Tribunal Pleno ya se ha pronunciado en el sentido de que la integración de los Tribunales Electorales es una cuestión que se comprende en la materia electoral, al sustentar la jurisprudencia 5/2002, que es aplicable al presente caso por abordar el tema de un Tribunal Electoral Local, y que dice:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 69 DE LA CONSTITUCIÓN Y 78 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, AMBAS DEL ESTADO DE JALISCO, SON DE NATURALEZA ELECTORAL, POR LO QUE EL PROCEDIMIENTO PARA IMPUGNARLOS POR ESA VÍA SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS QUE PREVÉ LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO DE DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL UNO). Los artículos citados establecen, respectivamente, que el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es el órgano jurisdiccional competente para resolver las controversias en dicha materia, guardando autonomía en sus funciones e independencia en sus decisiones y contando con un cuerpo de Magistrados y secretarios; asimismo, reglamentan los requisitos que deberán satisfacer esos Magistrados, la forma en que serán electos, el tiempo que durarán en el ejercicio de su encargo, durante el cual no podrán ser privados de su empleo, salvo los casos previstos en la Constitución Local en materia de responsabilidades de los servidores públicos y, por último, señalan que dichos Magistrados no podrán ser reelectos para el periodo inmediato, sino que, una vez pasado éste, serán elegibles conforme al procedimiento legal. En tal sentido, las aludidas normas son de naturaleza electoral, toda vez que así lo considera el artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuando se refiere a la autonomía e independencia en las decisiones de las autoridades jurisdiccionales que resuelvan las controversias en esa materia, y que trasciende directa e indirectamente en los procesos electorales, por lo que para efectos de su impugnación, a través de la acción de inconstitucionalidad, deben aplicarse, en principio, las reglas específicas que para ese tipo de asuntos prevé la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal."(5)
De igual manera, es aplicable la jurisprudencia del Pleno 125/2007, donde se precisó qué se debe entender por "materia electoral" y, entre otras cuestiones, se determinó que en esa definición encuadra lo relativo al nombramiento e integración de órganos mediante decisiones de otros poderes públicos (como en la especie sucede con la norma impugnada, que prevé la integración del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato). Esa jurisprudencia es del tenor siguiente:
"MATERIA ELECTORAL. DEFINICIÓN DE ÉSTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. Para determinar cuándo la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia para resolver una controversia por no inscribirse ésta en la ‘materia electoral’ excluida por la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe evitarse la automática traslación de las definiciones de lo electoral desarrolladas en otras sedes procesales y aplicar sucesivamente los siguientes criterios: 1) es necesario cerciorarse que en la demanda no se impugnen ‘leyes electorales’ -normas generales en materia electoral-, porque la única vía para analizar su constitucionalidad es la acción de inconstitucionalidad; 2) debe comprobarse que no se combaten actos y resoluciones cuyo conocimiento es competencia de las autoridades de justicia electoral, esto es, que no sean actos en materia electoral directa, relacionada con los procesos relativos al sufragio ciudadano; 3) debe satisfacerse el resto de las condiciones que la Constitución y la ley reglamentaria de las fracciones I y II de su artículo 105 establecen para que se surta la competencia del Máximo Tribunal del país -en particular, que se trate de conflictos entre los poderes públicos conforme a los incisos a) al k) de la fracción I del artículo 105 constitucional-. Así, la extensión de la ‘materia electoral’ en sede de controversia constitucional, una vez considerados los elementos constitucionalmente relevantes, se sitúa en un punto intermedio entre la definición amplia que rige en las acciones de inconstitucionalidad, y la estricta aplicable en el juicio de amparo, resultando especialmente relevante la distinción entre la materia electoral ‘directa’ y la ‘indirecta’, siendo aquélla la asociada con el conjunto de reglas y procedimientos relacionados con la integración de los poderes públicos mediante el voto ciudadano, regidos por una normativa especializada, e impugnables en un contexto institucional también especializado; por la segunda -indirecta-, debe entenderse la relacionada con los mecanismos de nombramiento e integración de órganos mediante decisiones de otros poderes públicos los cuales, por regla general, involucran a sujetos muy distintos a los que se enfrentan en los litigios técnicamente electorales."(6)
De esta manera, es inconcuso que la porción normativa combatida reviste las características de una ley electoral, por lo que un partido político nacional -como lo es la parte accionante- tiene legitimación para impugnarla por esta vía.
Por otro lado, según el citado artículo 105, fracción II, los partidos políticos pueden promover la acción de inconstitucionalidad siempre que se cumpla con los requisitos siguientes:
a) Que el partido político cuente con registro ante la autoridad electoral correspondiente.
b) Que el partido político promueva por conducto de sus dirigencias (nacional o local, según sea el caso).
c) Que quien suscribe a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para ello.
Ahora, como se dijo, la demanda fue formulada por Guadalupe Acosta Naranjo, en su calidad de presidente sustituto del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, lo que se justifica con la certificación expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, visible en la foja 102 de autos, relativa a la integración del comité ejecutivo de ese partido político.
Luego, la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido de la Revolución Democrática fue hecha valer por parte legitimada, en términos del artículo 105, fracción II, inciso f), de la Constitución, y 62 de su ley reglamentaria. Esto es así, en virtud de que se trata de un partido político nacional con registro acreditado ante la autoridad electoral correspondiente, la demanda fue suscrita por quien cuenta con facultades para ello de acuerdo con los estatutos del partido,(7) y se plantea la inconstitucionalidad del párrafo décimo primero del artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, contenido en el Decreto Número 163, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el ocho de agosto de dos mil ocho. Además, el precepto combatido se refiere a la materia electoral estatal.
CUARTO. En la especie, las partes no plantearon causa de improcedencia alguna y este Tribunal Pleno no advierte que se actualice ninguna, en ejercicio de la atribución oficiosa prevista en el último párrafo del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, se debe abordar el estudio del fondo de las cuestiones planteadas en la demanda.
QUINTO. El concepto de invalidez es infundado.
El partido político promovente considera que el artículo 31, décimo primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato viola los principios de autonomía e independencia previstos en el inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, aduce que se contravienen estos principios al establecerse que dos integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato serán propuestos por el Ejecutivo Local. En este sentido, agrega que esa forma de integración del órgano jurisdiccional en materia electoral da oportunidad para que el Ejecutivo Local proponga a personas que tengan un vínculo con él. Por tanto, a su juicio el titular del Ejecutivo Estatal puede influir en las decisiones que deban adoptar los Magistrados electorales que hubieran sido propuestos por él. En consecuencia, la porción normativa combatida es inconstitucional, ya que las resoluciones que emita el órgano así integrado carecerán de legalidad y constitucionalidad y, en cambio, pueden verse influidas por intereses partidistas o políticos.
No asiste razón al partido promovente de esta acción de inconstitucionalidad, ya que el párrafo décimo primero del artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, que prevé la forma en que se integra el Tribunal Electoral de esa entidad, no viola los principios de autonomía e independencia previstos en el inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para demostrar esta afirmación, debe tenerse presente lo que dispone ese precepto constitucional:
"Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.
"Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:
"...
"IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:
"...
"c) Las autoridades que tengan a su cargo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21306-eeae11f9/accion-de-inconstitucionalidad-el-articulo-31-decimo-primer · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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