ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, QUE ESTABLECE REQUISITOS PARA OCUPAR EL CARGO DE GOBERNADOR DEL ESTADO, CONSTITUYE UNA LEY ELECTORAL PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE ESE MEDIO DE CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD. GOBERNADOR DE UN ESTADO. EL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE FIJA LAS CONDICIONES PARA QUE UNA PERSONA PUEDA POSTULARSE PARA ESE CARGO, DEBE ANALIZARSE SISTEMÁTICAMENTE CON EL DIVERSO 35, FRACCIÓN II, DEL MISMO ORDENAMIENTO FUNDAMENTAL, EN TANTO ESTE ÚLTIMO ESTABLECE EL DERECHO DE LOS CIUDADANOS A SER VOTADOS PARA TODOS LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, AL EXIGIR COMO REQUISITO PARA OCUPAR ESE CARGO UN TIEMPO NO MENOR DE VEINTE AÑOS DE RESIDENCIA EFECTIVA INMEDIATAMENTE ANTERIORES AL DÍA DE LA ELECCIÓN A LOS NO NATIVOS DE DICHA ENTIDAD, NI HIJOS DE PADRE O MADRE NACIDOS EN LA MISMA, VULNERA LOS ARTÍCULOS 116, FRACCIÓN I, Y 35, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 74/2008. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al doce de enero de dos mil diez.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Leonel Cota Montaño, en su carácter de presidente del Partido de la Revolución Democrática y Luis Maldonado Venegas, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Convergencia, mediante escritos presentados, respectivamente, el diecisiete y el veintiuno de abril de dos mil ocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, promovieron acciones de inconstitucionalidad en las que solicitaron la invalidez de la norma general que más adelante se señala, emitida y promulgada por los órganos que a continuación se mencionan:
1. Órganos Legislativo y Ejecutivo que emitieron y promulgaron la norma general impugnada:
a) La Décimo Primera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
b) El gobernador del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
c) El secretario de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Cabe destacar que esta autoridad sólo fue señalada por el Partido Político Convergencia.
2. Norma general cuya invalidez se reclama y medio oficial en que fue publicada:
El Decreto Número 293, publicado el dieciocho de marzo de dos mil ocho, en el Periódico Oficial del Estado, mediante el cual se reforma la fracción I del artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil ocho, recibió la demanda promovida por el Partido de la Revolución Democrática, ordenó registrar el asunto con el número 74/2008 y designó al Ministro José Ramón Cossío Díaz, como instructor del procedimiento.
Asimismo, por acuerdo de veintiuno de abril de dos mil ocho, se formó y registró el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido Convergencia, con el número 75/2008. En el mismo auto, dado que dicha demanda guardaba conexidad con la referida acción de inconstitucionalidad 74/2008, pues, en ambas, se impugnó la misma norma general, el Ministro presidente designó al Ministro José Ramón Cossío Díaz como instructor del procedimiento y decretó la acumulación de tales demandas de inconstitucionalidad.
El Ministro instructor, por acuerdo de veintinueve de abril de dos mil ocho, desechó las acciones de inconstitucionalidad, pues, en su opinión, se actualizaba un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal. Las razones que justificaron el desechamiento fueron, esencialmente, las siguientes: a) la norma impugnada no se vincula directa o indirectamente con los "procesos electorales", sino, exclusivamente, con los requisitos que deben reunir quienes aspiren a ser gobernadores del Estado de Quintana Roo; b) las condiciones de aplicación de la norma general impugnada no incluyen necesariamente la puesta en marcha de un "proceso electoral", es decir, la norma regula la conducta de sus destinatarios, sin que necesariamente tenga que existir un proceso electoral; y c) por tanto, si la norma impugnada no es de naturaleza electoral, los partidos políticos promoventes carecen de legitimación activa para promover la acción de inconstitucionalidad.
TERCERO. Los representantes de los mencionados partidos políticos, por escritos presentados el tres de mayo de dos mil ocho, interpusieron recursos de reclamación en contra del referido acuerdo que desechó las acciones de inconstitucionalidad. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite los recursos de reclamación relacionados con las acciones de inconstitucionalidad 74/2008 y 75/2008 y los registró con los números 23/2008-CA y 24/2008-CA; asimismo, turnó los asuntos al Ministro José Fernando Franco González Salas, para la elaboración de los proyectos de resolución.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos, resolvió los recursos de reclamación el once de junio de dos mil ocho. Declaró procedente y fundado el recurso 23/2008-CA y revocó el acuerdo recurrido, pues consideró que, en el caso, no se actualizaba manifiesta e indudablemente el motivo de improcedencia de la acción de inconstitucionalidad, es decir, existía una duda razonable en torno a si la norma general impugnada era de naturaleza electoral: primero, porque la misma establece ciertos requisitos que los sujetos normativos deben cumplir para poder acceder a un cargo de elección popular; segundo, debido a que tal elección sólo puede darse mediante un "proceso electoral"; y tercero, porque la norma impugnada, al establecer ciertos requisitos de elegibilidad para ocupar un cargo de elección popular, pertenece al conjunto de reglas y procedimientos que constituyen la materia electoral directa.(1) Cabe aclarar que, en dicha resolución, la Segunda Sala dejó a salvo la posibilidad de que en la sentencia de fondo, se pudiera llegar a declarar fundada la referida causa de improcedencia, con base en un estudio más detallado.(2)
En relación con el recurso 24/2008-CA, la Segunda Sala determinó dejar sin materia el recurso, pues, al impugnarse el mismo acuerdo que se había revocado en el recurso de reclamación 23/2008-CA, el mismo ya no podía producir ningún efecto y, por ende, ningún fin práctico tendría analizarlo de nuevo, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de la ley reglamentaria de la materia.
En consecuencia, el Ministro instructor emitió otro acuerdo el veintiséis de junio de dos mil ocho, en el que, por un lado, desechó por notoriamente improcedente la acción de inconstitucionalidad 75/2008, promovida por el Partido Convergencia, toda vez que la demanda se presentó de manera extemporánea(3) y, por otro lado, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad 74/2008, interpuesta por el Partido de la Revolución Democrática, solicitó al Congreso y al gobernador del Estado de Quintana Roo, autoridades que emitieron y promulgaron la norma impugnada, que rindieran su informe; al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, que informara a este Alto Tribunal la fecha en que iniciaría el próximo proceso electoral en la entidad; al secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, que exhibiera copia certificada de los estatutos vigentes del Partido de la Revolución Democrática; y al procurador general de la República y a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por conducto de su presidenta, que formularan su opinión respecto de la referida acción de inconstitucionalidad.
CUARTO. El Partido de la Revolución Democrática, promovente de la acción de inconstitucionalidad 74/2008, expresó los siguientes antecedentes:
1. El presidente de la Gran Comisión de la Décima Primera Legislatura del Estado de Quintana Roo presentó el veintiséis de noviembre de dos mil siete, una iniciativa de decreto, con el objetivo de reformar la fracción I del artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo.
2. El cinco de diciembre de dos mil siete, se presentó el dictamen con minuta proyecto de decreto de la referida iniciativa. Posteriormente, el Congreso del Estado de Quintana Roo aprobó el trece de marzo de dos mil ocho, el "Decreto Número 293", mediante el cual se reforma la fracción I del artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo. Cabe destacar que en términos del decreto, la reforma entraría en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial de la entidad.
3. Finalmente, el dieciocho de marzo de dos mil ocho se publicó el referido decreto en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. El contenido de la reforma, a juicio del partido promovente, fue incrementar los requisitos para ser gobernador del Estado, exigiendo a los ciudadanos nacidos en la entidad una residencia efectiva y vecindad en el Estado de, cuando menos, diez años inmediatamente anteriores al día de la elección y a los ciudadanos mexicanos no nacidos en la entidad, ni hijos de padres nacidos en el Estado, incrementa de diez a veinte años el requisito de residencia efectiva y vecindad.
QUINTO. El partido político promovente manifestó, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
1. En su primer concepto de invalidez, la parte promovente señala que el artículo 80, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, reformado mediante el Decreto Número 293, el dieciocho de marzo de dos mil ocho, vulnera lo dispuesto en los artículos 1o., primer párrafo, 40, primer párrafo, 41, primer párrafo, 116, fracción I, último párrafo y 133 de la Constitución Federal.
1.1. A decir del partido promovente, para ser gobernador de un Estado, el artículo 116 de la Constitución Federal establece como requisito, para los no nacidos en la entidad, contar con cuando menos cinco años de residencia. En cambio, el artículo 80, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo aumentó dicho requisito a veinte años, incurriendo en una falta de razonabilidad respecto del precepto constitucional.
Asimismo, asegura que el nuevo requisito es desproporcional, ya que el mismo artículo 80, en su fracción II, establece que para ser gobernador, se requiere tener veinticinco años de edad, lo cual desfigura el objetivo de la reforma. Explica que la razón toral por la cual se establece cierto tiempo de residencia para los aspirantes a ocupar cargos de elección popular es que los que tomen posesión de dichos cargos conozcan la problemática local; sin embargo, en el caso concreto, el que se haya aumentado a veinte años el requisito de residencia, lo único que ocasiona son limitaciones para que diferentes personas accedan a dicho cargo de elección popular.
Agrega que tal desproporción queda de manifiesto, cuando se contrasta el nuevo requisito con los demás lineamientos de residencia exigidos en diversos preceptos de la Constitución Local. Señala como ejemplos los artículos 37, fracción III, 55, fracción I, 95, fracción I, 96, fracción I y 136, fracción I, de tal ordenamiento.
De igual manera, señala que los anteriores argumentos de invalidez se ven reforzados, si se toman en cuenta las características poblacionales del Estado de Quintana Roo, el cual, en su mayoría, se conforma por una población migrante. Manifiesta que la norma impugnada impediría que pudiera encontrarse un gobernador interino, provisional o sustituto, por los altos requisitos exigidos.
1.2. Señala que existe falta de razonabilidad en los requisitos para ser gobernador del Estado de Quintana Roo y un trato diferenciado, sin justificación, entre nativos y no nativos de la entidad.
En ese sentido, afirma que las razones que se dan en la exposición de motivos para reformar el artículo impugnado (fortalecer el arraigo en la entidad, engrandecer el proyecto de identidad estatal, proteger al Estado de la gente involucrada con el narcotráfico, etcétera) no son suficientes, pues no justifican el aumento a los requisitos para ocupar el cargo de gobernador, de diez años de residencia a los ciudadanos nacidos en la entidad y de veinte años de residencia a los nacidos en otra entidad federativa.
Lo anterior -dice- deja de lado las características demográficas de la entidad y viola el contenido del artículo 116, fracción I, de la Constitución Federal.
En suma, la reforma constitucional local es excesiva y desproporcionada, pues no toma en cuenta que la vida en el Estado es de treinta y tres años, cuya población es, en su mayoría, migrante y que sólo se requiere de seis meses de residencia para poder votar.
1.3. Manifiesta que la reforma impugnada atenta contra la garantía de igualdad prevista en el artículo 1o., primer párrafo, de la Constitución Federal, pues establece distinciones arbitrarias que únicamente producirán que sólo un grupo de ciudadanos puedan ocupar el cargo de gobernador del Estado.
1.4. Señala que la norma impugnada viola el contenido de los artículos 40, 41 y 133 de la Constitución Federal, por lo siguiente: a) no es posible establecer reglas desiguales que vulneren la capacidad del ciudadano para ser votado; b) se vulnera el sistema federal democrático, ya que se instaura un nuevo requisito irracional, desigual y carente de objetividad (aumento en el tiempo de residencia); c) la reforma impugnada no es acorde con el ordenamiento interno, ni con la norma federal; y, d) en consecuencia, se vulnera el principio de supremacía constitucional.
1.5. En conclusión, afirma que la norma impugnada establece un requisito adicional para los nativos, que implica una limitación al derecho de ser votado y que duplica los tiempos previstos en el artículo 116, fracción I, último párrafo, constitucional. Asimismo, señala que rompiendo con el principio de igualdad y con criterios de objetividad y razonabilidad, se establece un requisito limitativo para los no nativos: veinte años de residencia.
2. En su segundo concepto de invalidez, el partido promovente sostiene que la norma impugnada transgrede los artículos 1o., primer párrafo, 35, fracciones I y II, 40, primer párrafo, 41, primer párrafo, 128 y 133 de la Constitución Federal, por los motivos que a continuación se señalan:
2.1. Manifiesta que la norma impugnada contraviene lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 35 de la Constitución Federal, pues establece límites irracionales y desproporcionales que inciden negativamente sobre la prerrogativa de votar y ser votado, pues la mayoría de los ciudadanos residentes de la entidad no cumplen con los requisitos que se exigen para ser gobernador del Estado.
2.2. En ese orden de ideas, explica que de los artículos 35, 36 y 116, fracción I, de la Constitución Federal, se desprende que cualquier condición que se imponga al ejercicio de los derechos político-electorales, deberá basarse en calidades inherentes a la persona, así como en criterios objetivos y razonables. Así, a decir del partido promovente, en el caso concreto, no se cumplió con ninguno de los anteriores elementos, pues la reforma no tomó en cuenta las circunstancias particulares del Estado.
2.3. Asegura que la norma impugnada transgrede las garantías de participación y universalidad del sufragio, pues impone una carga desigual a los ciudadanos que se encuentran en igualdad de circunstancias y limita el derecho de votar y ser votado. Asimismo, insiste en que tales requisitos excesivos rompen con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, toda vez que sólo un grupo limitado de personas podrá acceder al cargo de gobernador.
2.4. De igual manera, argumenta que la norma impugnada viola los artículos 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23, 29 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior, ya que, a su juicio, aunque los derechos fundamentales de carácter político-electoral no son derechos absolutos e ilimitados, pues pueden ser objeto de ciertas restricciones, los citados tratados internacionales establecen que dichas restricciones deberán basarse en criterios objetivos, razonables y proporcionales.
En el caso concreto, según la parte promovente, el requisito de veinte años de residencia y vecindad es desproporcionado y viola el núcleo esencial del derecho que pretende proteger, pues no se relaciona con las calidades inherentes de la persona, ni se basa en criterios objetivos y razonables.
2.5. Agrega que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 28/2006, desarrolló el derecho constitucional de ser votado. En ese sentido, el partido promovente explica que: a) el artículo 35 de la Constitución Federal prevé el derecho a ser votado; b) el mismo artículo autoriza limitaciones a ese derecho fundamental, pues establece que es prerrogativa del ciudadano, ser votado, siempre y cuando se cumplan las calidades que establezca la ley; c) en la referida acción de inconstitucionalidad, el término "calidades que establezca la ley" se definió como las limitaciones al derecho de ser votado, que encuentran su justificación, fundamentalmente, en las circunstancias inherentes a la persona; y, d) en conclusión, señala que las restricciones al referido derecho deben ser interpretadas limitativamente y aplicadas, exclusivamente, a los casos concretos.
En ese tenor, manifiesta que la norma impugnada es inconstitucional, pues establece un requisito irracional, limitativo, desigual y discriminatorio para la sociedad quintanarroense, dejando a un lado las características de la mayoría de los ciudadanos de la entidad.
Lo anterior -dice- cobra relevancia si se toma en cuenta que dicho requisito también se impone a los nativos del Estado, pero con diez años menos de residencia, violentándose, con ello, el principio de igualdad.
2.6. Asimismo, argumenta que la norma impugnada transgrede lo dispuesto en la propia Constitución Política del Estado de Quintana Roo, toda vez que establece requisitos irracionales y excesivos, contrarios a las garantías previstas en los artículos 1o., 2o., 4o., 5o., 6o., 7o., 8o., 9o., 12, 13, 15, 18, 40 a 45, 78, 79 y 80 de dicho ordenamiento.
Asegura que el sistema constitucional estatal se ve afectado, al existir una norma que establece, por un lado, una diferencia tan grande y respecto a tan pocos ciudadanos que cumplen con el nuevo requisito de residencia, limitando irracionalmente la posibilidad de ocupar el cargo de gobernador del Estado e impone, por otro, un requisito excesivo e irracional a los no nacidos en la entidad, violando los principios de igualdad, razonabilidad y universalidad del sufragio.
2.7. Cita como apoyo las tesis de rubro: "MATERIA ELECTORAL. PARA EL ANÁLISIS DE LAS LEYES RELATIVAS ES PERTINENTE ACUDIR A LOS PRINCIPIOS RECTORES Y VALORES DEMOCRÁTICOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 41 Y 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE PARA IMPUGNAR CONSTITUCIONES LOCALES, AL SER ÉSTAS, NORMAS DE CARÁCTER GENERAL Y ESTAR SUBORDINADAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." y "PARTIDOS POLÍTICOS. CORRESPONDE AL LEGISLADOR ESTABLECER LOS REQUISITOS PARA SU CREACIÓN, CON APEGO A LAS NORMAS CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTES Y CONFORME A CRITERIOS DE RAZONABILIDAD QUE PERMITAN EL PLENO EJERCICIO DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN EN MATERIA POLÍTICA."
SEXTO. El Partido de la Revolución Democrática estimó vulnerados los artículos 1o., primer párrafo, 35, fracciones I y II, 40, primer párrafo, 41, primer párrafo, 116, fracción I, último párrafo y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SÉPTIMO. Las autoridades emisora y promulgadora de la norma general impugnada rindieron sus informes, mediante escritos presentados el nueve de julio de dos mil ocho, en donde manifestaron, en síntesis, lo siguiente:
Gobernador del Estado de Quintana Roo:
1. En relación con los hechos descritos por el promovente en su escrito de demanda, el Ejecutivo Local señaló que en efecto, el dieciocho de marzo de dos mil ocho, emitió el decreto en virtud del cual se reformó el artículo 80, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo.
En ese sentido, explicó los motivos por los cuales emitió el referido decreto: primero, por la obligación reglamentaria establecida en el artículo 91, fracción II, de la Constitución Local y el respeto al principio de división de poderes contenido en los artículos 116 de la Constitución Federal y 13 de la Constitución Estatal; segundo, debido a que en apego al principio de seguridad jurídica, todo acto de autoridad se presume válido hasta que no se declare lo contrario por la autoridad competente, por lo que la norma impugnada es válida y su actuar constitucional; y, por último, ya que, a su juicio, la reforma es acorde a los requisitos de residencia establecidos en los artículos 35, 40 y 116 de la Constitución Federal y en diversos preceptos de la legislación local, así como a un reclamo histórico de la sociedad quintanarroense.
Asimismo, manifestó que se abstenía de emitir comentarios respecto al contenido de la demanda de inconstitucionalidad.
Congreso del Estado de Quintana Roo:
1. Señaló, como causales de improcedencia, las siguientes:
1.1. Argumentó que el Partido de la Revolución Democrática carece de legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad y, por ende, debe decretarse el sobreseimiento del asunto, pues no se cumple el requisito establecido en los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal y 62, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de la Materia, ya que la norma general impugnada no es de naturaleza electoral.
En ese sentido, explicó que las normas generales de carácter electoral no sólo son aquellas que establecen un régimen normativo de los procesos electorales, sino también las que aunque se encuentren en ordenamientos distintos a una ley o código electoral, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos electorales. Citó como apoyo las tesis de rubros: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO." y "NORMAS GENERALES EN MATERIA ELECTORAL. PARA QUE PUEDAN CONSIDERARSE CON TAL CARÁCTER E IMPUGNARSE A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, DEBEN REGULAR ASPECTOS RELATIVOS A LOS PROCESOS ELECTORALES PREVISTOS DIRECTAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
En el caso concreto, a decir de la legislatura, si la norma cuya validez se impugna tiene relación, exclusivamente, con los años de residencia de los nacidos y no nacidos en la entidad que pretendan aspirar al cargo de gobernador del Estado, se hace patente que la disposición no tiene relación alguna con la materia electoral, pues no trata ningún aspecto relacionado con un proceso electoral.
1.2. Indicó que, por lo que hace a la primera parte del artículo 80, fracción I, de la Constitución Local, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19, en relación con el artículo 61, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.
Lo anterior, a su juicio, ya que el partido promovente, en su escrito de demanda, no esgrimió ningún concepto de invalidez dirigido a controvertir esa parte del artículo impugnado. Por tanto -dice-, debe decretarse el sobreseimiento, en términos del artículo 20, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia.
2. Como explicación previa y ad cautelam, señaló que el estudio del asunto deberá hacerse en función de los planteamientos de constitucionalidad expuestos en la demanda, desatendiendo las circunstancias y contextos particulares del caso, ya que la acción de inconstitucionalidad no constituye una vía para deducir derechos propios.
3. En cuanto al fondo del asunto y ad cautelam, la Legislatura Local consideró que los conceptos de invalidez expuestos por el promovente resultaban infundados, por los siguientes motivos:
a) Destacó que la Constitución Federal prevé una distribución de facultades entre la Federación y los Estados. En ese sentido, señaló que la regulación de la materia electoral y, en especial, lo relativo a las calidades para el ejercicio del derecho de ser votado, corresponde tanto al Congreso de la Unión como a las Legislaturas de los Estados, de acuerdo con lo establecido en los artículos 41 y 116, fracción IV, constitucionales.
A su juicio, el derecho político-electoral a ser votado es un derecho fundamental con base constitucional y configuración legal, que puede ser limitado por el legislador ordinario, federal o local, conforme a lo dispuesto por el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal, es decir, el derecho a ser votado puede ser regulado por el Congreso de la Unión, siempre que se trate de la elección de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo Federales y por las Legislaturas de los Estados, cuando emitan leyes que regulen procesos electorales internos. Sin embargo -dice-, lo importante es que en ambos casos, las normas electorales se ajusten a las bases previstas en la Constitución Federal.
b) Explicó que es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la jurisprudencia internacional, que los derechos de carácter político-electoral no son absolutos e ilimitados, sino que pueden ser objeto de ciertas restricciones, con base en las calidades inherentes a la persona, así como en criterios objetivos y razonables.
A decir de la Legislatura Local, los requisitos o condiciones para limitar el derecho deberán establecerse a favor del bien común o del interés general.
Citó como apoyo los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las acciones de inconstitucionalidad 158/2007 y sus acumuladas 159/2007, 169/2007, 161/2007 y 162/2007.
A manera de ver de la legislatura, en dichas acciones, se precisó el significado del término "calidades que establezca la ley", establecido en la fracción II del artículo 35 de la Constitución Federal. A su juicio, tal término se refiere a las características que debe tener la persona que pretenda ocupar un cargo o comisión público: capacidad, aptitudes, preparación profesional, arraigo en el lugar, edad, etcétera. La legislatura insistió en que dichas calidades son limitaciones establecidas en la ley que deben ser necesarias, proporcionales e idóneas para la obtención del fin perseguido que, en el caso, es salvaguardar los principios constitucionales de cualquier elección.
c) En relación con los requisitos de elegibilidad, señaló que tienen que ver directamente con las cualidades del ciudadano que pretende ocupar el cargo de elección popular y que son cuestiones de orden público. Así -dice-, las cualidades o requisitos de elegibilidad tienen la característica de ser indispensables para ser registrado como candidato y, eventualmente, para ser votado para ocupar el cargo público.
Explicó que la doctrina ha clasificado tales limitaciones en tres tipos: las incapacidades, las incompatibilidades y las inhabilidades; en la primera clasificación, se encuentra el requisito de residencia.
Posteriormente, manifestó que el Tribunal Electoral ha sostenido que la residencia consiste en la ubicación física habitual de una persona, la cual tiene su razón de ser en la necesidad de que el candidato tenga conocimiento de las condiciones socio-políticas del territorio al que pretende gobernar.
d) En relación con el concepto de invalidez en donde el partido promovente argumentó que el requisito de residencia establecido es irracional y desproporcional, la Legislatura Local manifestó que el artículo impugnado cumple con los requisitos que se prevén en los artículos 35, fracción II y 116 de la Constitución Federal.
Primero, señaló que las directrices establecidas en las citadas normas constitucionales son la base mínima que el Poder Constituyente estableció para acceder al cargo de gobernador de una entidad federativa, dejando, entonces, la posibilidad de que los Estados aumenten tal presupuesto, como aconteció en el caso concreto.
Segundo, explicó que dadas las circunstancias particulares del Estado de Quintana Roo, el legislador local decidió que para que el ciudadano no nativo de la entidad que pretenda ocupar el cargo de gobernador pueda conocer a cabalidad los problemas e idiosincrasia de la entidad, era necesario exigir una residencia efectiva de cuando menos veinte años.
A su juicio, dicha decisión se tomó con base en los antecedentes históricos de la entidad y en las características de su población, pues el Estado de Quintana Roo surgió definitivamente hasta el ocho de octubre de mil novecientos setenta y cuatro y su población es, principalmente, migrante.
Por tanto, aseguró que ante la compleja situación de la entidad y su lento proceso de integración socio-cultural, era necesario establecer un requisito de residencia adicional para los no nativos, con la finalidad de que la persona que pretenda ocupar el cargo de gobernador se encuentre compenetrada con los problemas políticos y sociales del Estado de Quintana Roo.
Asimismo, agregó que tal lineamiento se ajusta a los requisitos establecidos en la Constitución Federal para las personas que quieran elegirse como presidente de la República, en correlación con los que se prevén para ser diputado y senador del Congreso de la Unión. A mayor abundamiento, el artículo 82, fracción I, de la Constitución Federal exige como requisito para ser presidente de la República, haber residido en el país durante veinte años. En cambio, para ser diputado o senador, los artículos 55 y 58 de la Ley Fundamental establecen una residencia efectiva de más de seis meses. Lo anterior, ya que es de vital importancia que la persona que pretenda ocupar dichos cargos conozca en su totalidad la situación del país.
Manifestó que el requisito de residencia para los no nativos, establecido en el Estado de Quintana Roo, es coherente con los lineamientos de las demás entidades federativas, es decir, los requisitos de residencia contemplados en las otras entidades guardan una concordancia lógica y racional respecto a los del Estado de Quintana Roo. Para ello, expuso un cuadro comparativo de tal requisito en todos los Estados de la República.
Así, concluyó que la norma impugnada no puede considerarse inconstitucional, debido a que fue conceptualizada en torno a la realidad de la entidad, sobre una base objetiva y razonable, en aras de salvagu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22054-3e13ccf6/accion-de-inconstitucionalidad-el-articulo-80-fraccion-i · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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