INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE MORELOS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LA AUSENCIA DEFINITIVA DE SU CONSEJERO PRESIDENTE DÉ LUGAR A LA ELECCIÓN DE UN NUEVO TITULAR DE ESE CARGO POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE CERTEZA ELECTORAL. RECUENTO DE VOTOS EN SEDES ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL. LA OMISIÓN LEGISLATIVA QUE INCUMPLE EL MANDATO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO L), CONSTITUCIONAL, ACTUALIZA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y OBLIGA AL LEGISLADOR ORDINARIO A SUBSANAR LA DEFICIENCIA DE LA LEGISLACIÓN ELECTORAL ESTATAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 118/2008. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIO: JOSÉ ANTONIO ABEL AGUILAR SÁNCHEZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día nueve de diciembre de dos mil ocho.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el treinta y uno de octubre de dos mil ocho, en el domicilio particular de la persona autorizada para recibir promociones de término fuera del horario de labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guadalupe Acosta Naranjo, quien se ostentó como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del decreto de reformas a los artículos 82 y 105 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, emitido por el Congreso del Estado de Morelos y promulgado por el gobernador, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa de dos de octubre de dos mil ocho.
SEGUNDO. Los preceptos que se estiman infringidos son 1o., 14, 16, 41, 116 fracción IV, inciso b) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO. En los conceptos de invalidez que se plantean, el partido político aduce:
"Primero.
"Norma general cuya invalidez se reclama. Lo constituye el artículo 82 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, que a la letra señala lo siguiente:
"‘Artículo 82.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario en esta resolución).
"Preceptos constitucionales violados. 1o., 14, 16, 41 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"El artículo previamente transcrito no guarda conformidad con el principio de elecciones auténticas establecido en el primer y segundo párrafo del artículo 41, así como del artículo 1o. que establece el principio de igualdad, ambas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo es en razón de que por disposición legal y por convenio de los partidos se prevé que los partidos políticos coaligados puedan conservar su registro en relación con la votación total de la coalición y no de los votos que a cada partido coaligado le correspondan en el marco del convenio de coalición respectivo.
"Inmersos en el cúmulo de programas, principios e ideas que postulan, se pueden dar coincidencias entre diferentes partidos políticos, quienes en un momento dado deciden agruparse en coaliciones, uniendo fuerzas con la finalidad de permitir el acceso de los ciudadanos a la integración del poder público, lo cual resulta ser una permisión loable por parte de la ley de la materia que los regula, que en el caso que nos ocupa es la electoral. Dicha autorización se da para que dos o más entidades de interés público manifiesten y defiendan en su conjunto los postulados que los rigen y convencen.
"Aun cuando existe autorización legal de unir fuerzas en coalición, no se debe dejar de hacer la anotación, que la naturaleza jurídica de un partido político como entidad de interés público es permitir el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, a través de los programas, principios e ideas que pactan entre los miembros e integrantes de cada uno de los entes políticos existentes, es decir; si dos o más partidos políticos convienen en unir fuerzas, para participar en cierta elección en donde los ciudadanos puedan contender para acceder a un cargo de elección popular es un derecho que la legislación electoral les permite; sin embargo, la misma ley al otorgar ciertas autorizaciones como lo es en este caso unirse en coalición, también impone determinadas obligaciones y una de ellas es que cualquier partido político aun cuando convenga en unirse en coalición con otro o más partidos políticos debe demostrar por sí mismo, cierto porcentaje de posicionamiento de su partido entre la ciudadanía, dado que su poder de convencimiento y posicionamiento debe ser suficiente y necesario para que se demuestre su existencia real y tenga razón de ser su presencia dentro de la sociedad mexicana.
"Es así que las coaliciones al postular candidatos comunes unen su fuerza electoral para hacer posible el acceso de los ciudadanos postulados al poder público, sin embargo, esa suma de fuerzas para efectos de los votos de cada uno de los partidos políticos debe dividirse de acuerdo a lo pactado por los partidos en el convenio de coalición, por lo que los efectos de la votación de las coaliciones carece de efectos al respecto a los derechos de los partidos, es decir, para conservar su registro o para prerrogativas como es el financiamiento público.
"Al respecto el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:
"‘Artículo 41.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario en esta resolución).
"En virtud de lo anterior, se concluye que un partido político tiene como finalidad promover la participación del pueblo a la vida democrática a través de sus programas, principios e ideas que postula debiendo demostrar un real posicionamiento entre el electorado, de lo contrario no sería posible la razón de su existencia, por lo que el artículo 82 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos que por este medio se combate, resulta ser contrario a lo estipulado por el artículo 41 de la Carta Magna, dado que si un partido no alcanzare, por sí mismo, el porcentaje requerido para conservar su registro, la votación de la coalición que es la suma de la votación del total de los partidos coaligados puede servir como base para la conservación de partidos en lo particular, siendo que el efecto del convenio de coalición lo es para la postulación de candidaturas y no para la conservación del registro, como lo establece el artículo 78 y siguientes del citado ordenamiento electoral del Estado de Morelos.
"El artículo que se combate permite que los partidos políticos que alcanzan un determinado porcentaje de posicionamiento entre el electorado y otro u otros no lo tienen se les transfiera votos, es decir le presten votos, con la finalidad de que sigan conservando su registro legal como partido político; lo que significa que el partido político que recibe los votos, es una entidad de interés público que no ha sido conocido ni ha logrado un posicionamiento real entre los ciudadanos.
"Al respecto, es de señalar que la invalidez que se reclama tiene su referente en la declaración de inconstitucionalidad declarada respecto del artículo 96, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que señalaba:
"(No se transcribe el texto por considerarlo innecesario en esta resolución).
"Razones evidentes para solicitar al Pleno de ese H. Tribunal declare la inconstitucionalidad del precepto señalado a la Carta Magna.
"Dicha situación infringe ampliamente lo contenido en el artículo de referencia y más aún lo estrictamente señalado en el artículo 133 de nuestra Carta Magna que señala:
"‘Artículo 133.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario en esta resolución).
"Del artículo citado se desprende la supremacía constitucional, lo que significa que el Poder Constituyente, es decir el órgano en el cual tiene su origen nuestra Constitución Federal, es distinto al Poder Constituido que es el órgano que surge por mandato del Poder Constituyente, que en este caso es el Congreso del Estado de Morelos, quienes han recibido una investidura y sus facultades de una fuente superior a ellos mismos, como lo es la Constitución Federal, lo cual quiere decir que el autor de la Constitución Federal es distinto y está por encima de la voluntad particular de los órganos.
"Lo antes mencionado, se justifica con la siguiente jurisprudencia:
"‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE PARA IMPUGNAR CONSTITUCIONES LOCALES, AL SER ÉSTAS, NORMAS DE CARÁCTER GENERAL Y ESTAR SUBORDINADAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario en esta resolución).
"Ahora bien, la separación y supremacía del Poder Constituyente respecto a los Poderes Constituidos, fue fruto de una necesidad lógica. Es así que el Constituyente precede a los Poderes Constituidos; cuando aquel ha elaborado su obra, formulando y emitiendo la Constitución, desaparece del escenario jurídico del Estado, para ser sustituido por los órganos creados. Sabemos que el Poder Constituyente no gobierna, sino sólo expide la ley en virtud de la cual gobiernan los Poderes Constituidos; éstos a su vez no hacen otra cosa que gobernar en los términos y límites señalados por la ley emanada del Constituyente, sin que puedan en su carácter de Poderes Constituidos alterar en forma alguna la ley que los creó y los dotó de competencia. Actuar de manera contraría implicaría la destrucción del orden Constitucional.
"Segundo.
"Norma general cuya invalidez se reclama. Se considera que es anticonstitucional el artículo 105 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, que a la letra señala lo siguiente:
"‘Artículo 105.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario en esta resolución).
"Preceptos constitucionales violados. 1o., 14, 16, 41, fracción V, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Señalado el precepto anterior, se debe mencionar que ciertamente se trata de un artículo que regula el funcionamiento del órgano colegiado electoral de mayor jerarquía en el Estado de Morelos, por ello la importancia que tiene y debe destacarse, en virtud de que dicho precepto y ningún otro se encuentre dentro del cuerpo del Código Electoral del Estado de Morelos, se contiene y contempla el supuesto hipotético de ausencias definitivas de la persona que presidirá el mencionado órgano colegiado, es decir el presidente, figura indispensable para que el máximo órgano colegiado electoral del Estado pueda sesionar válidamente. Se dice en el artículo que por este medio se combate, que en caso de ausencia definitiva del presidente de la sesión convocada, será presidida la misma, por alguno de los consejeros electorales que los demás integrantes del órgano electoral elijan.
"Como se desprende expresamente del artículo en comento, no se toman medidas previsoras para que el máximo órgano electoral funcione válidamente en el supuesto, de que el consejero presidente se ausente de manera definitiva, es decir, deje por cualquier circunstancia el cargo de consejero presidente.
"Dicho supuesto hipotético, dejaría incompleto y, por consiguiente, inexistente o nulo al órgano colegiado electoral en el Estado de Morelos y todo lo que con ello conlleva, dado que el propio Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos señala que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado se integra por: ‘Artículo 95. ... I. Un consejero presidente, II. Cuatro consejeros electorales, III. Un secretario ejecutivo, IV. ...’
"Atendiendo a dicho precepto el Congreso Local de Morelos, en ejercicio de sus funciones y observando la lógica jurídica, debe conducirse con absoluto profesionalismo, certeza, objetividad y legalidad; como lo ha hecho al tomar medidas previsoras en tratándose de ausencias temporales o definitivas de los consejeros electorales del órgano colegiado en comento, al señalar en el artículo 100 del Código Electoral del Estado de Morelos, que las ausencias temporales y definitivas de los consejeros electorales serán cubiertos por los suplentes, en el orden de prelación en que fueron designados. Dicha previsión protege la debida integración y valida el buen funcionamiento del máximo órgano electoral en el Estado de Morelos.
"En el mismo sentido y en base a lo dispuesto por el artículo 106 del ordenamiento en comento, establece y toma la precaución de mencionar que es atribución del Consejo Estatal Electoral, en su fracción tercera, el designar y remover al secretario ejecutivo y a los directores a propuesta del consejero presidente o de la mayoría de los consejeros electorales del Consejo Estatal Electoral con la aprobación calificada de los consejeros electorales; de esta forma el Poder Legislador del Estado en comento, una vez más salvaguarda las ausencias del secretario ejecutivo, integrante del Consejo General Electoral, al dejar prevista la forma en que se debe actuar en caso de su ausencia entiéndase temporal o definitiva, siempre atendiendo a la naturaleza de la integración y buen funcionamiento del órgano colegiado electoral del Estado de Morelos.
"A manera de conclusión, debemos decir que faltó al profesionalismo y objetivismo con el que actúa el Congreso del Estado, es inconcuso admitir que no se prevengan las ausencias definitivas del consejero presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Morelos, siendo un integrante fundamental para el debido funcionamiento y desarrollo de las actividades del máximo órgano colegiado electoral en el Estado.
"En esa tesitura, el legislador estatal debe prever la permanencia en la debida integración y funcionamiento del órgano estatal electoral ante cualquier circunstancia que se presente debido a que dicho órgano electoral es el encargado de organizar las elecciones en el Estado de Morelos entre otros.
"En virtud de lo anterior, es laudable mencionar lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al caso que nos ocupa, señala:
"‘Artículo 41.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario en esta resolución).
"Es bajo esa normatividad de mayor jerarquía, en que se debe conducir las actuaciones del Congreso del Estado, es decir el Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos debe contener los procedimientos correspondientes para la debida integración y funcionamiento del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de referencia.
"Es evidente la falta de previsión con que se conduce el Congreso del Estado de Morelos al reformar, derogar y adicionar de esa forma diversas disposiciones del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos de la manera en que pretende hacerlo, quebrantando lo dispuesto por la Carta Magna.
"En un análisis breve, podemos establecer que siempre existe la supremacía constitucional, la cual en este caso se vulnera de sobre manera (sic) toda vez que el propio Código Electoral Local pretende desconocer lo estipulado y mandado por la propia Constitución Federal apartándose de toda lógica jurídica en materia electoral, con base al propio control constitucional que deben observar los congresos locales, motivo por el cual está plenamente fundamentada la presente acción de inconstitucionalidad, debido al propio concepto y a la naturaleza jurídica de los preceptos atacados.
"‘Artículo 133.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario en esta resolución).
"Por lo que es de nuestra consideración, la necesidad de que esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional y ordene al órgano correspondiente, cumplir con lo estipulado por el Pacto Federal.
"Tercero.
"Norma general cuya invalidez se reclama. Se considera que es anticonstitucional por cuanto al incumplimiento del artículo transitorio número de (sic) la reforma Constitucional del día 13 de noviembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación en el que se publica el transitorio sexto, que establece que las reformas deberán instrumentarlas los Estados a más tardar un año de la publicación de la reforma constitucional, transitorio que señala:
"‘Artículo sexto.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario en esta resolución).
"En la especie la violación se hace consistir en el incumplimiento de establecer una regla de recuento de votos. Establecida en el artículo 116, fracción IV, inciso l), de la Constitución al señalar:
"‘Artículo 116.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario en esta resolución).
"En tal orden de ideas, la violación consiste en que no se instrumentó la base antes citada, y como se puede apreciar de la simple lectura de la legislación del Estado de Morelos ésta no establece modelo, sistema o disposición alguna para el recuento de votos."
CUARTO. Mediante proveído de tres de noviembre de dos mil ocho, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 118/2008 y por razón de turno, designó al Ministro Mariano Azuela Güitrón, para que fungiera como instructor en el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.
Por diverso auto de la misma fecha, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano Legislativo que emitió las normas impugnadas y al Ejecutivo que las promulgó, para que rindieran sus respectivos informes; al procurador general de la República para que formulara el pedimento que le corresponde, así como a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que expresara su opinión en relación a la presente acción de inconstitucionalidad.
SEXTO. La Legislatura del Estado de Morelos al rendir su informe, en síntesis, señaló:
1. La impugnación del numeral 82 del Código Electoral del Estado de Morelos carece de sustento jurídico para que sea declarado inválido por el Órgano Supremo de Justicia, ya que la naturaleza propia de una coalición se hace consistir precisamente en su Constitución con fines electorales y teniendo como objetivo particular el postular candidatos en las elecciones de presidente, senadores y diputados que correspondan, por lo que de ninguna manera se vulnera el principio de igualdad y mucho menos el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la conformación de una coalición lo es con el fin de que los partidos integrantes cuenten con una candidatura común, mas no con la interpretación y alcance que confunde el accionante.
2. En cuanto a la inconstitucionalidad del artículo 105 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, de la misma forma carece de sustento jurídico ya que en la especie el actor no identifica las siguientes hipótesis: a) Se trata de la celebración de una sesión, a la que bien, no asista el presidente del consejo o bien que se ausente de la misma sesión; b) En ningún caso se habla de la falta del presidente del consejo por ausencias temporales, las que se encuentran reguladas propiamente en el Código Electoral del Estado, en su numeral 88. Agrega que, por tanto, el artículo 105 del Código Electoral combatido regula la no asistencia o en su caso ausencia de una sesión, lo que significa que se trata de un caso extraordinario y ajeno a las propias ausencias del presidente del consejo, por lo que el presidente que sea elegido por los demás consejeros, será elegido única y exclusivamente para que presida esa sesión.
3. Para dar cumplimiento al artículo sexto transitorio de la reforma constitucional en materia electoral, en el mes de julio del año dos mil ocho, el Congreso del Estado de Morelos aprobó una reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos en la que a nivel constitucional, adecuó el mandato de la Carta Magna Federal contenido en el artículo 116 en la parte relativa a los Estados de la Federación, por tanto, el dieciséis de julio del año dos mil ocho, se publicaron dichas reformas, por lo que resulta ilógico que el Estado de Morelos no haya acogido las reformas constitucionales federales.
4. Respecto del incumplimiento en establecer una regla de recuento de votos, contrario a lo expuesto, en el Texto Constitucional del artículo 23 vigente en el Estado se estatuye en la fracción VI que se garantizarán los recuentos totales o parciales de votación que así lo requieran, con ello, el legislador de Morelos, elevó a rango constitucional en el Estado el mandato constitucional federal. Asimismo, en el artículo 286 del Código Electoral del Estado, dentro del capítulo de los cómputos distritales y de la declaración de validez de la elección, se establecieron las bases y reglas para el recuento de votos, de lo que se colige que no existe omisión alguna por cuanto al cumplimiento del mandato federal.
5. Se invoca la suplencia en términos del artículo 40 de la ley en la materia.
SÉPTIMO. El gobernador del Estado de Morelos, en su informe, sustancialmente, manifestó:
1. Es infundado, que mediante las disposiciones legales impugnadas, se trasgredan los artículos 14 y 16 constitucionales, tomando en consideración que estos últimos consagran diversas garantías individuales, sin que se establezca alguna base relacionada con la materia electoral que obligatoriamente deba ser asumida por las entidades federativas, por lo que tales disposiciones impugnadas no pueden resultar contrarias a esos artículos de la Constitución Federal, solicitando que así lo determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad.
2. Del análisis de las disposiciones constitucionales que consagran el principio de supremacía constitucional y que establecen las estipulaciones que deben seguir las entidades en la conformación de sus poderes, así como de los restantes artículos invocados por el promovente de la acción de inconstitucionalidad, no se deriva ninguna base o estipulación cuya observancia resulte obligatoria para las entidades federativas, relacionada con la regulación de las posibles coaliciones que puedan formar los partidos políticos y, menos aún, con los requisitos que deban cumplir los partidos que lleguen a coaligarse para conservar su registro, siendo evidente en consecuencia que la regulación de tales cuestiones, se encuentra reservada a las Legislaturas Estatales, las que gozan de autonomía para dictar las normas respectivas, por lo que el mencionado artículo 82 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, no resulta inconstitucional.
3. Es jurídicamente evidente que el impugnado artículo 82 del Código Electoral del Estado de Morelos, respeta los principios de igualdad y equidad entre los partidos políticos que rigen la materia electoral. En efecto, en el diverso artículo 78 se establece la facultad de los partidos políticos para formar coaliciones, con el fin de postular candidatos para gobernador del Estado, diputados y para miembros de los Ayuntamientos por elección popular. En ese sentido, resulta obvio, que existe la necesidad de que los partidos políticos que integren una coalición, establezcan en el convenio respectivo los porcentajes que a cada uno de ellos corresponderán, respecto de la votación total que obtenga la coalición, pues tales elementos, resultan necesarios para efectos jurídico-electorales posteriores a la elección, como lo son la distribución de financiamiento y la conservación del registro de cada uno de los partidos políticos participantes en la coalición. En consecuencia, resulta evidente que, el artículo 82 impugnado resulta apegado a la Constitución por regular cuestiones que se encuentran reservadas a la Legislatura Estatal y por respetar los principios de equidad e igualdad que rigen la materia electoral.
4. En relación con el diverso artículo 105 del Código Electoral del Estado de Morelos, éste se refiere al funcionamiento y desarrollo de las sesiones del Consejo Estatal Electoral, que es el máximo órgano de deliberación y dirección en materia electoral, y que es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en esa materia, regulando además, la forma de suplir la ausencia total o parcial del presidente de ese órgano colegiado a una de sus sesiones.
5. Es evidente, que el artículo 105 controvertido bajo ninguna circunstancia contraviene el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución General de la República, pues en esa disposición legal impugnada se establece de manera clara, en primer lugar, los requisitos para que el Consejo Estatal Electoral, sesione en forma válida tanto en primera como en segunda convocatoria y, en segundo término, establece la forma y términos en que será sustituido el presidente del consejo cuando éste no asista a una sesión o bien se ausente de la misma en forma definitiva, estableciendo que en ese supuesto, el consejo designará a uno de los consejeros electorales presentes para que presida esa sesión en específico. Por ello, es evidente que esa disposición impugnada, cumple cabalmente con el principio de certeza pues establece en forma clara y precisa los requisitos para que el Consejo Estatal Electoral sesione válidamente, así como la forma en que será sustituido el presidente, cuando no asista a una sesión o se ausente de la propia sesión en forma definitiva. Resulta evidente que el partido político promovente confunde la hipótesis de la falta total o parcial de asistencia del presidente del consejo a una sesión, con el supuesto de ausencia temporal o definitiva del presidente.
6. En relación con la supuesta omisión legislativa relacionada con el sexto artículo transitorio del decreto de reformas constitucionales publicado el trece de noviembre de dos mil siete, a esta autoridad no le resulta legitimación pasiva, de acuerdo con el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA ESTUDIAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL POR ESA VÍA, DEBE LLAMARSE A JUICIO COMO DEMANDADOS TANTO AL ÓRGANO QUE LA EXPIDIÓ COMO AL QUE LA PROMULGÓ, AUNQUE NO SE ATRIBUYAN VICIOS PROPIOS A CADA UNO DE ESTOS ACTOS, SALVO CUANDO SE RECLAME UNA OMISIÓN LEGISLATIVA."
7. De conformidad con el artículo 71 de la ley reglamentaria se solicita suplir cualquier deficiencia que se advierta del informe de autoridad.
OCTAVO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al formular su opinión, sustancialmente, señaló:
1. El artículo 82 del aludido Código Electoral Local no contraviene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque de dicho precepto se desprende que: a) Los partidos políticos locales que, para fines electorales, hayan celebrado un convenio de coalición, podrán conservar su registro a la conclusión del procedimiento electoral respectivo; b) Para la conservación del registro, es menester que el número de sufragios obtenidos por la coalición sea equivalente al de los votos que, como mínimo, requiere cada uno de los institutos políticos coaligados para mantener su registro conforme a lo previsto en el Código Electoral Local, y c) Que se estará a lo pactado en el convenio de coalición celebrado, en lo relativo al porcentaje de votos que corresponda a cada partido político coaligado.
2. Dado que el numeral 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la ley determinará las normas y requisitos para el registro de los partidos políticos (tanto nacionales como estatales o locales) y las formas específicas de su intervención en el procedimiento electoral, la regulación en materia de coaliciones electorales corresponde al legislador ordinario local, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. En ese sentido, si la determinación del legislador ordinario local es establecer la posibilidad normativa de que los partidos políticos estatales participen en forma coaligada en los procedimientos electorales de las respectivas entidades federativas, entonces puede determinar los términos y las condiciones respectivas, siempre que se ajusten a la propia Constitución y no resulten arbitrarias, innecesarias, desproporcionadas o no cumplan con criterios de razonabilidad.
3. Contrariamente a lo sostenido por el partido político accionante, el precepto legal que se analiza permite a los partidos políticos coaligados conservar su registro, siempre que se cumpla una doble condición, a saber: a) Que la coalición hubiere obtenido una votación equivalente a la suma de votos que cada uno de los institutos políticos coaligados requiere conforme al código electoral local, y b) Con base en el porcentaje de votos que cada uno de ellos le corresponda, en términos de lo dispuesto en el convenio atinente, tal como se precisa expresamente en la parte final del artículo 82 del Código Electoral del Estado de Morelos.
4. Respecto a que el precepto impugnado permite que los institutos políticos con un determinado posicionamiento en el electorado transfieran votos a otro u otros que no lo tienen, únicamente con el propósito de que mantengan su registro legal como partidos políticos, se considera que tal consideración resulta inexacta, puesto que conforme al artículo 36, fracción I, del Código Electoral para el Estado de Morelos, para conservar el registro, tanto a los partidos políticos coaligados como a los individuales, se le exige el mismo porcentaje (cuando menos el tres por ciento de la votación estatal efectiva de las elecciones de diputados de mayoría relativa), por ello, en modo alguno podría calificarse como una disposición que imponga una condición arbitraria, innecesaria, desproporcional o ajena a los criterios de razonabilidad.
5. Del análisis del artículo 105 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos no se advierte inconstitucionalidad alguna, dado que regula el mecanismo de no asistencia o ausencia definitiva en una sesión en lo particular, del consejero presidente, y obliga al consejo a designar a uno de los consejeros electorales presentes para que presida la sesión. Esta regla de sustitución temporal del consejero presidente posibilita el adecuado funcionamiento de la autoridad administrativa electoral.
6. Respecto del tema de ausencia definitiva del consejero presidente del Consejo Estatal Electoral, esta Sala Superior considera que de una interpretación funcional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que exista un procedimiento para suplir la ausencia definitiva del consejero presidente. En el C
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21336-c5f36749/instituto-estatal-electoral-de-morelos-la-circunstancia-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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