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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB, YUCATÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008, QUE ESTABLECE QUE LA CUOTA DEL DERECHO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO ES DEL 5% SOBRE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX, NUMERAL 5o., INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EN UNA SENTENCIA ESTIMATORIA DICTADA EN ESA VÍA SE ENCUENTRA QUE EL PODER LEGISLATIVO LOCAL HA EMITIDO UNA LEY CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, A PARTIR DE UNA JURISPRUDENCIA TEMÁTICA DE LA SUPREMA CORTE SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES, Y EL VACÍO NORMATIVO QUE GENERA SU EXPULSIÓN DEL ORDEN JURÍDICO AFECTA LAS ATRIBUCIONES Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL RÉGIMEN LEGAL MUNICIPAL, EN TAL SUPUESTO, LA REPARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE LA DENUNCIA QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 43/2008. · Registro digital (IUS): 21355
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, , Pág. 1795.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 43/2008. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: ANDREA ZAMBRANA CASTAÑEDA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día trece de octubre de dos mil ocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil ocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina-Mora Icaza, ostentándose como procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez del artículo 28 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tixkokob, del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial de esa entidad federativa el veintiocho de diciembre de dos mil siete, señalando como autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada, respectivamente, al Congreso y a la gobernadora de la referida entidad.

SEGUNDO. El promovente estimó vulnerados los artículos 16, 73, fracción XXIX, sección 5, inciso a) y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por estimar que el precepto legal impugnado, invade la esfera de competencias del Congreso de la Unión, en tanto establece una contribución al consumo de energía eléctrica.

TERCERO. Por acuerdo de veintinueve de enero de dos mil ocho, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 43/2008 y, por razón de turno, designó al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano como instructor del procedimiento.

Por auto de treinta de enero de dos mil ocho, el Ministro instructor admitió la acción relativa y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Yucatán, para que rindieran sus informes respectivos, requiriendo a aquél, además, para que, al rendir el informe solicitado, remitiera a este Alto Tribunal copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada.

CUARTO. Al rendir su informe el Poder Legislativo del Estado de Yucatán, en lo toral manifestó:

a) Es cierto que el Congreso del Estado de Yucatán expidió y aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Tixkokob, Yucatán, para el ejercicio fiscal de dos mil ocho, que contiene el artículo tildado de inconstitucional, la que se elaboró y aprobó cumpliendo con la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas de la entidad, en cuanto a las formalidades esenciales del procedimiento legislativo, de lo que se sigue que se respetaron los principios de igualdad, legalidad, transparencia y acceso a la información, así como el derecho de discusión de todos los diputados, principios tales que son rectores del derecho parlamentario, razón por la cual la ley impugnada no quebranta la garantía de legalidad establecida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fojas 2 a 4 del informe relativo).

b) Es inexacto que la norma impugnada vulnere el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo concerniente a que corresponde al Congreso de la Unión establecer contribuciones especiales sobre energía eléctrica, en tanto que el artículo 115, fracción III, inciso b), de la propia Carta Magna prevé que los Municipios tendrán a su cargo, entre otros servicios, el relativo al alumbrado público, y la fracción IV, inciso c), del mismo precepto, establece que los Municipios tienen derecho a recibir, entre otros, los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo, por lo que, en consecuencia, es claro que corresponde a las Legislaturas Estatales fijar las contribuciones relativas al servicio de alumbrado público que prestan los Municipios, como en la especie se hizo a través de la figura jurídica de los "derechos", a fin de poder financiar y garantizar la prestación de dicho servicio, máxime que la hacienda pública de los Municipios precisamente se compone, entre otros conceptos, de los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos que tengan a su cargo (fojas 4 y 5 del informe de referencia).

c) La Legislatura Local, al expedir el precepto impugnado, dio cumplimiento a las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, puesto que de la lectura de la norma que se impugna se advierte que sí se trata de un derecho, ya que contiene la totalidad de los elementos esenciales de los derechos, es decir: sujetos, hecho imponible, base gravable, tasa o tarifa, época y lugar de pago, destacando que el objeto o hecho imponible del derecho establecido en dicha norma, lo constituye la prestación del servicio de alumbrado público por parte del Ayuntamiento. Por tal razón, no deben ser tomados en consideración los conceptos de invalidez formulados por la parte actora (fojas 5 a 7 del informe rendido por el Poder Legislativo).

Por su parte, la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán precisó:

a) Que es cierto el acto que se le atribuye, sin embargo, la presente acción de inconstitucionalidad debe declararse improcedente en cuanto a ella se refiere, toda vez que al promulgar y publicar la norma impugnada sólo cumplió con la obligación que le imponen los artículos 55, fracción II, de la Constitución del Estado de Yucatán; 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la entidad y 3o. y 4o. de la Ley del Diario Oficial del Gobierno del Estado.

b) Que tales actos de ninguna manera violan los artículos 16, 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a) y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consecuentemente, se debe declarar improcedente la acción de inconstitucionalidad en relación con la gobernadora de la entidad.

c) Que el artículo 42 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado permite a las Legislaturas de los Estados determinar la base del derecho por el servicio de alumbrado público utilizado sobre el consumo de energía eléctrica.

QUINTO. Mediante proveído de catorce de abril de dos mil ocho, se tuvieron por presentados los alegatos del procurador general de la República.

SEXTO. A través de auto de dieciocho de abril de dos mil ocho, se tuvieron por presentados los alegatos formulados por los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Yucatán, en esa virtud y al encontrarse debidamente instruido el procedimiento en sus términos, en el mismo proveído se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el procurador general de la República plantea la posible contradicción entre el artículo 28 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tixkokob, del Estado de Yucatán, para el ejercicio fiscal de dos mil ocho, y la Constitución Federal.

SEGUNDO. Oportunidad. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte conducente, dispone que el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sea publicado en el correspondiente medio oficial y que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

Ahora bien, la disposición general cuya invalidez se plantea en la presente acción de inconstitucionalidad, se publicó el veintiocho de diciembre de dos mil siete, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán (fojas 16 a 34 del expediente), motivo por el cual, el plazo antes referido transcurrió del sábado veintinueve de diciembre de dos mil siete al domingo veintisiete de enero de dos mil ocho; sin embargo, por ser inhábil, la demanda podía presentarse al día hábil siguiente, esto es, el lunes veintiocho de enero del año en comento.

En el caso, el escrito inicial de la presente acción de inconstitucionalidad se presentó el día lunes veintiocho de enero de dos mil ocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, según consta en el sello de recepción respectivo; por tanto, es dable concluir que su presentación es oportuna, al haberse realizado el día hábil siguiente al en que feneció el plazo en comento.

TERCERO. Legitimación. Suscribe la demanda Eduardo Medina-Mora Icaza, en su carácter de procurador general de la República, lo que acredita con la copia certificada del oficio de su designación en ese cargo por el presidente de la República (foja 15 del expediente).

De acuerdo con lo previsto por el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal, el procurador general de la República está legitimado para plantear la inconstitucionalidad del artículo 28 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tixkokob, del Estado de Yucatán, para el ejercicio fiscal de dos mil ocho, dado que este ordenamiento tiene el carácter de estatal.

Apoya la conclusión anterior, la jurisprudencia P./J. 92/2006, publicada en la página 818 del Tomo XXIV, correspondiente al mes de julio de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra se lee:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA ESTÁ LEGITIMADO PARA SOLICITAR LA INVALIDEZ DE UNA LEY MUNICIPAL EXPEDIDA POR EL CONGRESO ESTATAL. El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la facultad del procurador general de la República para promover acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales, estatales o del Distrito Federal, así como tratados internacionales celebrados por México. Por otra parte, para determinar la calidad de la norma general impugnada (federal, estatal o del Distrito Federal), debe atenderse al órgano que la expidió, no al ámbito espacial de aplicación que tenga. En esa virtud, se concluye que el referido procurador está legitimado para solicitar la invalidez de una Ley de Ingresos Municipal, en tanto es expedida por el Congreso Estatal de conformidad con el artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, pero no respecto de disposiciones generales emitidas por el Ayuntamiento respectivo, como es el Bando de Policía Municipal."

CUARTO. Causas de improcedencia. La gobernadora del Estado de Yucatán sostiene que la presente acción de inconstitucionalidad es improcedente en cuanto a dicha autoridad se refiere, porque al promulgar y publicar la ley impugnada sólo cumplió con la obligación que le imponen distintos ordenamientos de la entidad; de ahí que tales actos no vulneran los artículos 16, 73, fracción XXIX, sección 5, inciso a) y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sobre el particular, debe señalarse que el extremo hecho valer por la autoridad referida como una improcedencia, en el sentido de que sólo cumplió con las disposiciones jurídicas relativas al proceso legislativo de la ley impugnada -en el ámbito de su competencia-, no encuentra cabida en alguna de las causales que al efecto se prevén por el artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, al cual remite el diverso artículo 65 del mismo ordenamiento, en materia de acciones de inconstitucionalidad.(1)

En cambio, el artículo 61, fracción II, de la ley referida dispone que en la demanda por la que se ejercita la acción de inconstitucionalidad, deberán señalarse los órganos legislativos y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas; en tanto que el artículo 64, primer párrafo, del mismo cuerpo legal señala que el Ministro instructor dará vista a los órganos legislativos que hubieren emitido la norma y el órgano ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de quince días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad.

En efecto, al tener injerencia en el proceso legislativo de dicha norma general para otorgarle plena validez y eficacia, el Ejecutivo Local se encuentra invariablemente implicado en la emisión del acto presuntamente violatorio de la Constitución Federal, por lo que se encuentra en la necesidad de responder por la conformidad de sus actos frente a dicho ordenamiento fundamental.

En tales condiciones, al advertirse que la gobernadora del Estado no hace valer una auténtica causa de improcedencia, ya que la inejercitabilidad de la acción no depende de que cumpla con las obligaciones que le imponen las disposiciones regulatorias de sus atribuciones debe desestimarse su planteamiento en ese sentido.

Asimismo, la determinación consistente en que el artículo impugnado efectivamente contravenga o no algún precepto de la Constitución Federal, constituye precisamente el estudio de fondo, por lo que esto no puede ser materia de la procedencia o improcedencia de la acción.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 36/2004, consultable en la página 865 del Tomo XIX, correspondiente al mes de junio de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo tenor es el siguiente:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una acción de inconstitucionalidad se hace valer una causal que involucra una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse y, de no operar otro motivo de improcedencia estudiar los conceptos de invalidez."

Por lo anterior, en virtud de que en este asunto no se hace valer una verdadera causal de improcedencia o motivo de sobreseimiento, ni este Alto Tribunal advierte que se actualice alguno, se debe proceder al estudio del único concepto de invalidez que hace valer el accionante.

QUINTO. Análisis de la constitucionalidad de la norma impugnada. En su único concepto de invalidez, el procurador general de la República aduce fundamentalmente, que el precepto legal impugnado viola los artículos 16, 73, fracción XXIX, sección 5, inciso a) y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que prevé una contribución al consumo de energía eléctrica, con lo cual se invade la esfera de competencias del Congreso de la Unión y se transgrede el principio de legalidad.

Precisa que lo anterior es así, pues si bien es verdad que el precepto impugnado regula "el derecho por servicio de alumbrado público", lo cierto es que "la base" para su determinación, la constituye la cantidad que el contribuyente paga por "consumo de energía eléctrica", por lo que es evidente que el referido tributo atiende a elementos propios de los impuestos, en tanto considera la capacidad contributiva de quienes utilizan el servicio de alumbrado público, habida cuenta que la tarifa varía de acuerdo al rango en que se ubique el contribuyente.

En apoyo de su argumentación, invoca las jurisprudencias P./J. 6/88 y 2a./J. 25/2004, que respectivamente se leen bajo los rubros: "ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN." y "ALUMBRADO PÚBLICO. LAS DIVERSAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2003, QUE PREVÉN LA TASA APLICABLE A ESA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL, INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN."

Por su parte, tanto el Poder Ejecutivo, como el Poder Legislativo, ambos del Estado de Yucatán, al rendir sus informes, medularmente sostienen que la norma impugnada no vulnera el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que el artículo 115, fracción III, inciso b), de la propia Carta Magna, prevé que los Municipios tendrán a su cargo, entre otros servicios, el relativo al alumbrado público, y la fracción IV, inciso c), del mismo precepto, establece que los Municipios tienen derecho a recibir, entre otros, los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo, por lo que, en consecuencia, es claro que corresponde a las Legislaturas Estatales fijar las contribuciones relativas al servicio de alumbrado público que prestan los Municipios, como en la especie se hizo a través de la figura jurídica de los "derechos", a fin de poder financiar y garantizar la prestación de dicho servicio.

A efecto de analizar la cuestión planteada, en primer término, resulta necesario citar los artículos 73, fracción XXIX, numeral 5, inciso a), de la Constitución Federal, que se aduce violentado, así como el 115, fracción III, inciso b), y fracción IV, inciso c), de la propia Carta Magna, que establece que la prestación del servicio de alumbrado público es exclusiva de los Municipios, así como la facultad de las legislaturas de aprobar las Leyes de Ingresos de este nivel de gobierno:

"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

"...

"XXIX. Para establecer contribuciones:

"...

"5o. Especiales sobre:

"a) Energía eléctrica."

"Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

"...

"III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

"...

"b) Alumbrado público.

"...

"IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

"...

"c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

"Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

"Las Legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los Municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

"Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley."

De la anterior transcripción se desprende que el artículo 73 dispone que corresponde al Congreso de la Unión establecer contribuciones especiales sobre energía eléctrica.

Por su parte, el 115, fracción III, inciso b), prevé que los Municipios tendrán a su cargo, entre otros servicios, el alumbrado público, y la fracción IV, inciso c), del mismo precepto, establece que los Municipios tienen derecho a recibir -entre otros- los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo.

De acuerdo con lo anterior, en principio se aprecia que, por una parte, el Congreso tiene atribución para el establecimiento de las contribuciones sobre energía eléctrica y, por la otra, que al corresponder a las Legislaturas de los Estados fijar las contribuciones que correspondan a los Municipios por concepto de los servicios que presten, siendo de su competencia exclusiva el servicio de alumbrado público, éstos pueden, como consecuencia de esa atribución, realizar el cobro de los derechos con motivo de la prestación de dicho servicio.

En efecto, de conformidad con las fracciones III, inciso b), y IV inciso c), del artículo 115 de la Constitución Federal, la hacienda pública de los Municipios se compone, entre otras cosas, de los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos que tengan a su cargo y, como ya se dijo, el servicio público de alumbrado es uno de los servicios que prestan los Municipios. Por tanto, los Municipios al tener a su cargo el servicio público de alumbrado, indiscutiblemente pueden gravarlo a efecto de realizar cobros y recaudaciones para poder seguir prestando dicho servicio, sin embargo, deberán hacerlo como un derecho y no como impuesto.

Por tanto, a efecto de determinar si el artículo impugnado resulta constitucional o no, es necesario establecer claramente la naturaleza de la contribución contenida por el citado precepto, es decir, si el mismo se trata de una contribución de las previstas por el precitado artículo 73 de la Constitución Federal, tal como sostiene el procurador o si, por el contrario, se trata del establecimiento de un derecho como lo aduce el Congreso de la entidad.

En primer término, de manera general podemos señalar que desde tiempos pretéritos, las Constituciones del mundo han puesto especial énfasis en establecer limitaciones al poder público, que se plasman en diversos principios que deben seguir las contribuciones, ante la necesidad de protección al derecho de propiedad privada de los gobernados. Estos principios no sólo actúan como límites, sino que también dan sus notas distintivas a las obligaciones públicas denominadas contribuciones o tributos.

En nuestro país, el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal regula los principios que deben regir a las contribuciones tanto en nivel federal como en el del Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el cual dispone que son obligaciones de los mexicanos "contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes".

El precepto anterior consagra los principios constitucionales tributarios de reserva de ley, destino al gasto público, proporcionalidad y equidad; los cuales además de ser garantías individuales, enuncian las características que pueden llevarnos a construir un concepto jurídico de tributo o contribución con base en la Norma Fundamental, las cuales se señalan a continuación:

a) Toda contribución tiene su fuente en el poder de imperio del Estado.

b) Constituyen prestaciones en dinero y excepcionalmente en especie o en servicios.

A este respecto, cabe decir que en nuestro país las contribuciones pueden ser pagadas en dinero, o bien, en especie, en tanto que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal no se limita al dinero, sino que genéricamente se refiere a "contribuir para los gastos públicos ...". Para ejemplificar lo anterior, se cita el sexto párrafo del artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil ocho, que dispone: "El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión de los ingresos pagados en especie o en servicios, por contribuciones, así como, en su caso, el destino de los mismos".

c) Sólo se pueden crear mediante ley.

d) Se encuentran afectos a fines esencialmente recaudatorios, es decir, tienen por destino el gasto público, sin que se niegue la posibilidad de servir a propósitos de política económica.

e) Los criterios de justicia tributaria son el de proporcionalidad o capacidad contributiva y el de equidad.

De acuerdo con estas características previstas por la Norma Fundamental, podemos esbozar un concepto jurídico de las contribuciones o tributos que resulte aplicable a todos los niveles de gobierno, al cual se le puede definir como un ingreso de derecho público (normalmente pecuniario) destinado al financiamiento de los gastos generales, obtenido por un ente de igual naturaleza (Federación, Distrito Federal, Estados o Municipios), titular de un derecho de crédito frente al contribuyente, cuya obligación surge de la ley, la cual debe gravar un hecho indicativo de capacidad económica, dando un trato equitativo a todos los contribuyentes.

Una vez fijado un concepto constitucional de contribución o tributo, tenemos que éste se conforma de distintas especies, que comparten una configuración estructural compuesta por sus elementos esenciales, los que, por un lado, permiten, mediante su análisis integral y armónico, determinar su naturaleza y, por el otro, constituyen el punto de partida para el análisis de su adecuación al marco jurídico constitucional que los regula.

Dichos elementos esenciales de la contribución, reconocidos tanto doctrinalmente como en el derecho positivo, consisten en el sujeto, hecho imponible, base imponible, tasa o tarifa, y época de pago.

Así, aun cuando el Código Fiscal de la Federación señala como elementos del tributo al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, debe entenderse que el término "objeto", se refiere a un aspecto más complejo de los elementos del tributo, denominado hecho imponible y, en particular, a su aspecto objetivo, es decir, a la riqueza manifestada a través de la realización del supuesto previsto en la ley.

Resulta oportuna la transcripción del artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación:

"Artículo 5o. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, base, tasa o tarifa. Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal."

Dichos conceptos pueden explicarse de la manera siguiente:

A. Sujeto: La persona física o moral que actualiza el hecho imponible, quedando vinculada de manera pasiva por virtud del nacimiento de la obligación jurídico-tributaria.

B. Hecho imponible: Es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la ley para configurar cada tributo y de cuya realización depende el nacimiento de la obligación tributaria.

El hecho imponible constituye el hecho definidor o configurador que identifica a cada tributo, más aún, que legitima la imposición, en cuanto que sólo por su realización puede producirse la sujeción al tributo y será lícita su exigencia.

En efecto, el hecho imponible debe ser, en todos los casos, un elemento fijado por la ley; se trata siempre de un hecho de naturaleza jurídica, creado y definido por la norma, y que no existe hasta que ésta lo ha descrito o tipificado.

Este elemento es de naturaleza compleja y este Alto Tribunal ha establecido que se compone de dos elementos: el subjetivo y el objetivo. El elemento subjetivo es la relación, preestablecida también por la ley, en la que debe encontrarse el sujeto pasivo del tributo con aquel primer elemento (objetivo) a fin de que pueda surgir frente a él, el crédito impositivo del ente público. Por su parte, el elemento objetivo del hecho imponible (o presupuesto objetivo) es un acto, un hecho o una situación de la persona o de sus bienes que puede ser contemplado desde varios aspectos (material, espacial, temporal y cuantitativo).

C. Base imponible: El valor o magnitud representativo de la riqueza constitutiva del elemento objetivo del hecho imponible, que sirve para la determinación líquida del crédito fiscal, una vez que se aplica a dicho concepto la tasa o tarifa.

D. Tasa o tarifa: Es la cantidad porcentual o determinada que se aplica sobre la base imponible para efecto de obtener como resultado la determinación del crédito fiscal, y

E. Época de pago: Momento o plazo dentro del cual la obligación es exigible y, por tanto, debe ser cubierta por el sujeto pasivo de la obligación tributaria.

Ahora bien, aun cuando los mencionados componentes de los tributos son una constante estructural, su contenido es variable, presentándose de manera distinta, dependiendo de qué tipo de contribución se analice, dotando a su vez de una naturaleza propia a cada tributo.

Asimismo, cabe apuntar que de acuerdo con la autonomía de las entidades federativas y con el sistema de distribución de competencias que prevé la Constitución Federal, tanto la Federación como el Distrito Federal y cada Estado para sí y para sus Municipios, tienen libertad para realizar su propia configuración de las categorías de las contribuciones o tributos, imprimiendo los matices correspondientes a su realidad; sin embargo, esta libertad no autoriza al legislador para desnaturalizar estas instituciones, por lo que deben respetar sus notas esenciales tanto en lo referente a su naturaleza como contribución como a las notas de sus especies.

Una vez sentadas las base

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21355-3e1fdaf9/accion-de-inconstitucionalidad-el-articulo-28-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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