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MULTA FIJA. EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE FOMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS EFICIENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL, QUE PREVÉ SU IMPOSICIÓN, TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 16 Y 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 47/2009. · Registro digital (IUS): 22155
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, , Pág. 1573.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 47/2009. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dos de marzo de dos mil diez.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la acción de inconstitucionalidad. Por oficio presentado el veinticinco de mayo de dos mil nueve, en el domicilio particular del licenciado Jorge Enrique Hernández Peña, servidor público autorizado para recibir promociones de término fuera del horario de labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo dispuesto en el artículo 7o.(1) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, Eduardo Medina Mora Icaza, en su carácter de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 44 de la Ley de Fomento de Procesos Productivos Eficientes para el Distrito Federal, emitida y promulgada por la Asamblea Legislativa y el jefe de Gobierno, ambos del Distrito Federal, respectivamente, la cual fue publicada en la gaceta oficial de la entidad el veintitrés de abril de dos mil nueve. Dicho precepto establece lo siguiente:

"Artículo 44. En caso de que cualquier empresa o individuo viole las previsiones del artículo 34 de esta ley, o no realice la publicación de los requerimientos respecto a la información de emisión de contaminantes, la Secretaría de Medio Ambiente impondrá una multa de 50 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, y deberá publicar la información relativa a las circunstancias de la parte emisora de contaminantes."

SEGUNDO. Preceptos constitucionales violados. El promovente de esta acción estima que la disposición legal impugnada es violatoria de los artículos 16 y 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO. Concepto de invalidez. En su único concepto de invalidez, el procurador general de la República argumenta que el artículo 44 de la Ley de Fomento de Procesos Productivos Eficientes para el Distrito Federal es violatorio de los artículos 16 y 22, primer párrafo, de la Constitución Federal, por lo siguiente:

a) Establece una multa fija, la cual es contraria al primer párrafo del artículo 22 de la Constitución Federal que instituye, entre otros supuestos, la prohibición del cobro de multas excesivas o fijas. En efecto, no establece los mínimos y máximos de la sanción económica que la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal deberá tomar en cuenta al aplicarla, por lo que es dable aseverar que no valorará las razones, motivos, consideraciones y situaciones de hecho y de derecho que, en su caso, darán origen al acto del particular que se pretenda sancionar.

El numeral impugnado omite proporcionar la base que permita a la autoridad determinar el monto individualizado de la multa que se debe aplicar al infractor e impide que la autoridad administrativa tome en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y cualquier otro elemento del cual pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho a sancionar.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la imposición de una multa fija prevista en un ordenamiento jurídico contraviene el marco constitucional, conforme a la tesis del rubro: "MULTA FIJA. EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, PARA 2006, QUE PREVÉ SU IMPOSICIÓN, TRANSGREDE EL NUMERAL 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

b) Por otra parte, la garantía genérica de legalidad, consagrada en el artículo 16 constitucional, contiene un mandato para todas las autoridades, esto es, para las de cualquier orden y nivel de gobierno, incluyendo al Poder Legislativo, tanto federal como local; en este caso, dada la naturaleza del acto legislativo, la fundamentación se satisface cuando el órgano legislativo actúa dentro de los límites que la Constitución Federal le confiere, y la motivación cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas.

En ese contexto, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al establecer una multa fija, proscrita por el orden constitucional mexicano, se extralimitó en sus atribuciones, contraviniendo el principio de legalidad, vulnerando con ello lo dispuesto por el numeral 16 de la Constitución Federal.

CUARTO. Trámite. Mediante proveído de veintiséis de mayo de dos mil nueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 47/2009 y, por razón de turno, designó a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para que actuara como instructora en el procedimiento.

Por auto de ese mismo día, la Ministra instructora admitió la acción relativa, ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma impugnada y al Ejecutivo que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes.

QUINTO. Informe de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Como autoridad emisora de la norma general impugnada, al rendir su informe manifestó, en síntesis, que no es ni fija ni excesiva la sanción que impone el artículo impugnado, por lo siguiente:

• La procuraduría interpreta, en forma excesiva el alcance del artículo 22 constitucional, que no regula expresamente que en todos los casos las multas que contemplen las leyes y reglamentos deban concebir parámetros dentro de un mínimo o un máximo para su imposición; en el caso, tiene el espíritu de una infracción administrativa, que se puede sancionar razonablemente con una cantidad fija, sin necesidad de ponderación de gravedad, condiciones del infractor y otros elementos, ya que es una conducta singular prevista por la ley que se dejó de observar -conducta omisiva del particular al no publicar el estado de las descargas de sus componentes principales-.

• Tampoco puede considerarse excesiva, puesto que su monto es accesible a cualquier empresa de las características a que aluden los artículos 34 y 44 de la Ley de Fomento de Procesos Productivos Eficientes para el Distrito Federal, ya que no siempre se debe concluir que es inconstitucional una multa fija si su monto no es excesivo, resultando aplicable el criterio de rubro: "MULTAS, MONTO FIJO DETERMINADO POR LA LEY. CONSTITUCIONALIDAD DE LA (ARTÍCULO 76 FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN)."

• La iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley impugnada contiene una justificación en la que se argumenta cuáles fueron los motivos que llevaron a ese órgano legislativo a expedir la norma reclamada, y las razones que acreditan la viabilidad de la misma, en aras de bienes jurídicos tutelados de mayor importancia que los presuntamente violados según la promovente; además, el proceso legislativo fue cumplido a cabalidad por las instancias competentes.

SEXTO. Informe del jefe de Gobierno del Distrito Federal. El director general de Servicios Legales en representación del jefe de Gobierno del Distrito Federal, como autoridad promulgadora de la norma general impugnada, al rendir su informe, manifestó en síntesis lo siguiente:

El decreto promulgatorio de la Ley de Fomento de Procesos Productivos Eficientes para el Distrito Federal se efectuó, para su debida publicación y observancia, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, base segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 48, 49 y 67, fracción II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

SÉPTIMO. Alegatos y cierre de instrucción. Se pusieron los autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos y, una vez cerrada la instrucción en este asunto, se envió el expediente al Ministro instructor, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el procurador general de la República plantea la posible contradicción entre el artículo 44 de la Ley de Fomento de Procesos Productivos Eficientes para el Distrito Federal y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. Oportunidad. En primer lugar, se analizará si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.

De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) el cómputo del plazo de treinta días naturales para ejercitar la acción de inconstitucionalidad debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó en el medio de difusión oficial la norma impugnada y el decreto por el que se dio a conocer el precepto impugnado fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el jueves veintitrés de abril de dos mil nueve y, por tanto, el plazo para ejercer esta vía inició el viernes veinticuatro siguiente y concluyó el domingo veinticuatro de mayo de dos mil nueve pero, por ser inhábil, la demanda podía presentarse el primer día hábil siguiente, de conformidad con el artículo 60 antes referido, esto es, el veinticinco de mayo siguiente.

En consecuencia, toda vez que el oficio de la acción de inconstitucionalidad se recibió en el domicilio particular del licenciado Jorge Enrique Hernández Peña, servidor público autorizado para recibir promociones de término fuera del horario de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el lunes veinticinco de mayo del año en curso, según se advierte de la certificación que obra al reverso de la foja quince de autos, es decir, el primer día hábil siguiente al del vencimiento del plazo, es evidente que su presentación fue oportuna.

Lo que se corrobora con el siguiente calendario:

Ver calendario

TERCERO. Legitimación. A continuación se procede a analizar la legitimación del promovente, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

Suscribe la demanda Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, en su carácter de procurador general de la República, lo que acredita con la copia certificada de su designación en ese cargo por parte del presidente de la República.(3)

Ahora bien, de acuerdo con lo previsto por el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal,(4) si en el caso se plantea la inconstitucionalidad del artículo 44 de la Ley de Fomento de Procesos Productivos Eficientes para el Distrito Federal, ordenamiento que tiene el carácter de estatal, el procurador general de la República cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.

Apoyan la conclusión anterior las tesis de jurisprudencia números P./J. 98/2001 y P./J.92/2006, de rubros: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES."(5) y "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA ESTÁ LEGITIMADO PARA SOLICITAR LA INVALIDEZ DE UNA LEY MUNICIPAL EXPEDIDA POR EL CONGRESO ESTATAL."(6)

CUARTO. Causas de improcedencia. En la presente acción de inconstitucionalidad las autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada no adujeron causas de improcedencia o motivos de sobreseimiento, ni este Alto Tribunal advierte la actualización de alguna de ellas, por lo que se procede al análisis de los conceptos de invalidez.

QUINTO. Estudio de fondo. En su único concepto de invalidez, el promovente pretende evidenciar que el artículo 44 de la Ley de Fomento de Procesos Productivos Eficientes para el Distrito Federal contraviene lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, 22, primer párrafo y 133 de la Constitución Federal, al prever una multa fija.

En principio, conviene precisar qué se ha entendido por multa fija.

El artículo 22 de la Constitución Federal(7) prohíbe, entre otras penas, la multa excesiva.

Ya en diversos precedentes este Alto Tribunal se ha pronunciado sobre este tema, en el sentido de que una multa es excesiva cuando la ley que la prevé no da posibilidad a quien debe imponerla de determinar su monto o su cuantía, esto es, de considerar la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad de la infracción, a fin de individualizar el monto de la multa. Este criterio se plasmó en la tesis de jurisprudencia P./J. 9/95, de rubro: "MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE."(8)

Así, la imposición de multas debe ser proporcional a la infracción cometida, para lo cual deben considerarse diversos elementos, de lo contrario, resultará excesiva.

En otras palabras, las multas deben guardar una relación de proporcionalidad frente a la infracción realizada, a fin de establecer su cuantía, para lo cual deberá considerarse la reincidencia, las posibilidades económicas del infractor, la gravedad del ilícito, etcétera.

En este sentido, para que una multa sea acorde al Texto Constitucional, debe contener un parámetro establecido en cantidades o porcentajes mínimos y máximos, que permitan a las autoridades facultadas para imponerla, determinar su monto de acuerdo a las circunstancias personales del infractor, tomando en cuenta su capacidad económica, la reincidencia o cualquier otro elemento del que se desprenda la levedad o gravedad de la infracción, ya que de lo contrario, el establecimiento de multas fijas que se apliquen a todos los infractores por igual, de manera invariable e inflexible, trae como consecuencia el exceso autoritario y un tratamiento desproporcionado a los infractores. Sirven de apoyo las tesis de jurisprudencia P./J. 102/99 y P./J. 17/2000, de rubros: "MULTAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN EN PORCENTAJES DETERMINADOS ENTRE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO, NO SON INCONSTITUCIONALES."(9) y "MULTAS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE FIJAS LAS ESTABLECIDAS EN PRECEPTOS QUE PREVÉN UNA SANCIÓN MÍNIMA Y UNA MÁXIMA."(10)

Ahora bien, en el concepto de invalidez planteado, el promovente aduce esencialmente que el artículo 44 de la Ley de Fomento de Procesos Productivos Eficientes para el Distrito Federal establece una multa fija que es contraria al artículo 22 de la Constitución Federal, ya que no prevé los mínimos y máximos de la sanción económica que la autoridad administrativa deberá tomar en cuenta al aplicarla.

En dicho artículo se establece que la empresa o individuo que viole las previsiones del artículo 34,(11) del mismo ordenamiento o, en su caso, no realicen la publicación de los requerimientos respecto a la información de emisión de contaminantes, la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal le impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, y deberá publicar la información relativa a las circunstancias de la parte emisora de contaminantes.

Con lo cual se demuestra que se establece una multa fija para el caso y, en consecuencia, se vulnera el artículo 22 constitucional, toda vez que la autoridad facultada para imponerla no tiene la posibilidad para determinar en cada caso su monto o cuantía, tomando en cuenta el daño causado a la sociedad, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la magnitud del hecho infractor y de ahí, la multa que corresponda imponer a quien lo cometió.

Así las cosas, al resultar fundados los conceptos de invalidez relativos a la violación del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también lo son los diversos argumentos en los que se aduce que se vulnera el artículo 16 constitucional que prevé el principio de legalidad.

En estas condiciones, al ser violatorio de los dispositivos constitucionales señalados, debe declararse la invalidez del artículo 44 de la Ley de Fomento de Procesos Productivos Eficientes para el Distrito Federal.

La declaratoria de invalidez del artículo 44 de la Ley de Fomento de Procesos Productivos Eficientes para el Distrito Federal surtirá efectos a partir del día siguiente al de la legal notificación por oficio de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos del artículo 45 de la ley reglamentaria de la materia.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.

SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 44 de la Ley de Fomento de Procesos Productivos Eficientes para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintitrés de abril de dos mil nueve, en términos del último considerando de esta ejecutoria.

TERCERO. La declaratoria de invalidez de la norma impugnada surtirá efectos en términos del último considerando de esta ejecutoria.

CUARTO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Por unanimidad de once votos, con salvedades de los señores Ministros Franco González Salas y Aguilar Morales, se aprobó la propuesta del proyecto consistente en declarar procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad, la invalidez del artículo 44 de la Ley de Fomento de Procesos Productivos Eficientes para el Distrito Federal, que la declaratoria de invalidez de la norma impugnada surta efectos en términos del último considerando de la ejecutoria y ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Los señores Ministros Aguirre Anguiano, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea y Aguilar Morales reservaron su derecho para formular votos concurrentes.

Por unanimidad de once votos se aprobó la propuesta modificada del proyecto en cuanto a que la declaratoria de invalidez del artículo 44 de la Ley de Fomento de Procesos Productivos Eficientes para el Distrito Federal, surta efectos una vez que se notifiquen a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal los respectivos puntos resolutivos.

En consecuencia, para el efecto de ser indicado en el pie del engrose, después de los puntos resolutivos:

Así, lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de once votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas con salvedades, Zaldívar Lelo de Larrea, Gudiño Pelayo, Aguilar Morales con salvedades, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Silva Meza y presidente Ortiz Mayagoitia. Los señores Ministros Aguirre Anguiano, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea y Aguilar Morales reservaron su derecho para formular votos concurrentes.

El señor Ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.

___________

1. "Artículo 7o. Las demandas o promociones de término podrán presentarse fuera del horario de labores, ante el secretario general de Acuerdos o ante la persona designada por éste."

2. "Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.-En materia electoral, para el cómputo de los plazos todos los días son hábiles."

3. Foja dieciséis del expediente.

4. "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: ... II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: ... c) El procurador general de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano."

5. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, septiembre de 2001, tesis P./J. 98/2001, página 823. Texto del criterio: "El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al procurador general de la República para impugnar, mediante el ejercicio de las acciones de inconstitucionalidad, leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como tratados internacionales, sin que sea indispensable al efecto la existencia de agravio alguno, en virtud de que dicho medio de control constitucional se promueve con el interés general de preservar, de modo directo y único, la supremacía constitucional, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma. En otras palabras, no es necesario que el procurador general de la República resulte agraviado o beneficiado con la norma en contra de la cual enderece la acción de inconstitucionalidad ni que esté vinculado con la resolución que llegue a dictarse, pues será suficiente su interés general, abstracto e impersonal de que se respete la supremacía de la Carta Magna."

6. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, julio de 2006, tesis P./J. 92/2006, página 818. Texto del criterio: "El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la facultad del procurador general de la República para promover acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales, estatales o del Distrito Federal, así como tratados internacionales celebrados por México. Por otra parte, para determinar la calidad de la norma general impugnada (federal, estatal o del Distrito Federal), debe atenderse al órgano que la expidió, no al ámbito espacial de aplicación que tenga. En esa virtud, se concluye que el referido procurador está legitimado para solicitar la invalidez de una Ley de Ingresos Municipal, en tanto es expedida por el Congreso Estatal de conformidad con el artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, pero no respecto de disposiciones generales emitidas por el Ayuntamiento respectivo, como es el Bando de Policía Municipal."

7. "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales."

8. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, julio de 1995, tesis P./J. 9/95, página 5. Texto del criterio: "De la acepción gramatical del vocablo ‘excesivo’, así como de las interpretaciones dadas por la doctrina y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para definir el concepto de multa excesiva, contenido en el artículo 22 constitucional, se pueden obtener los siguientes elementos: a) Una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito; b) Cuando se propasa, va más adelante de lo lícito y lo razonable; y c) Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos. Por lo tanto, para que una multa no sea contraria al Texto Constitucional, debe establecerse en la ley que la autoridad facultada para imponerla, tenga posibilidad, en cada caso, de determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, en su caso, de éste en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda."

9. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, noviembre de 1999, tesis P./J. 102/99, página 31. Texto del criterio: "Esta Suprema Corte ha establecido, en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/95, que las leyes que prevén multas fijas resultan inconstitucionales por cuanto al aplicarse a todos por igual de manera invariable e inflexible, propician excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares; sin embargo, no pueden considerarse fijas las multas establecidas por el legislador en porcentajes determinados entre un mínimo y un máximo, porque con base en ese parámetro, la autoridad se encuentra facultada para individualizar las sanciones de conformidad con la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor."

10. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, marzo de 2000, tesis P./J. 17/2000, página 59. Texto del criterio: "El establecimiento de multas fijas es contrario a los artículos 22 y 31, fracción IV, de la Constitución, por cuanto que al aplicarse a todos los infractores por igual, de manera invariable e inflexible, propicia excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares. En virtud de ello, los requisitos considerados por este Máximo Tribunal para estimar que una multa es acorde al Texto Constitucional, se cumplen mediante el establecimiento, en la norma sancionadora, de cantidades mínimas y máximas, lo que permite a la autoridad facultada para imponerla, determinar su monto de acuerdo a las circunstancias personales del infractor, tomando en cuenta su capacidad económica y la gravedad de la violación."

11. Ordena que las empresas que aparezcan en la "lista de empresas generadoras de niveles de contaminación significativos", deben publicar periódicamente el estado de sus descargas de sus contaminantes principales y presentarlas para su supervisión a la secretaría.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22155-008e5b4e/multa-fija-el-articulo-44-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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