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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACUERDO EMITIDO POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA LIX LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA EL 25 DE JUNIO DE 2010, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD EL 30 DE JUNIO DE 2010, EN EL QUE SE ORDENA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO QUE EN EL CASO DE QUE ALGUNA AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE CONDENE AL PAGO DE CONTRAPRESTACIONES QUE CORRESPONDAN A LOS EX MAGISTRADOS SEÑALADOS EN AQUÉL, SEA EL PODER JUDICIAL QUIEN REALICE EL PAGO CORRESPONDIENTE CON CARGO AL ERARIO PÚBLICO DE LA TESORERÍA DE ESE TRIBUNAL, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y DE DIVISIÓN DE PODERES.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 56/2010. · Registro digital (IUS): 22788
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, , Pág. 2025.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 56/2010. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.

SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiséis de enero de dos mil once.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio recibido el diecinueve de agosto de dos mil diez, José Amado Justino Hernández Hernández, quien se ostentó como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, promovió controversia constitucional en representación del Poder Judicial de dicha entidad, en la que demandó la invalidez del acto que más adelante se precisa, emitido por la autoridad que a continuación se señala:

Autoridad demandada:

El Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.

Acto impugnado:

El acuerdo emitido por la Comisión Permanente de la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, el veinticinco de junio de dos mil diez, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el treinta de junio de dos mil diez.

SEGUNDO. Los antecedentes del caso, narrados en la demanda, son, en resumen, los siguientes:

1. El veinticuatro de marzo de dos mil siete, la LVIII Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada dentro de la controversia constitucional 107/2006, emitió los acuerdos, en los que determinó no ratificar a los Magistrados de plazo cumplido, licenciados Ricardo Eulalio Pérez Zárate, Verónica Alma Yolanda Camarillo López, Sandra Juárez Domínguez, José Rufino Mendieta Cuapio, Carlos Bertín Vázquez Paul, Luis Aquiahuatl Hernández y Marcelino Tlapale Pérez.

Dichos acuerdos fueron debidamente publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el treinta de octubre de dos mil siete.

2. El veinticinco de junio de dos mil diez, el secretario parlamentario del Congreso del Estado de Tlaxcala remitió al Poder Judicial, mediante oficio 0362, copia certificada del acuerdo emitido en la misma fecha por la Comisión Permanente del Congreso del Estado que, en su punto primero, determina:

"Primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 55 y 56, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5, fracción II y 9, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, con base en el punto segundo de los acuerdos aprobados por la LVIII Legislatura del Estado, el día veinticinco de marzo de dos mil siete, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, tomo LXXXVI, segunda época, No. 2 extraordinario, de treinta de octubre de dos mil siete, se ordena al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que en el supuesto de que alguna autoridad jurisdiccional competente ordene pagarle a los ciudadanos licenciados Ricardo Eulalio Pérez Zárate, Verónica Alma Yolanda Camarillo López, Sandra Juárez Domínguez, José Rufino Mendieta Cuapio, Carlos Bertín Vázquez Paul, Luis Aquiahuatl Hernández y Marcelino Tlapale Pérez, contraprestación alguna por sus servicios al ocupar el cargo de Magistrado, sea el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, quien realice el pago correspondiente con cargo al erario público de la Tesorería del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala."

3. El acuerdo de mérito se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el treinta de junio de dos mil diez.

TERCERO. El Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en su demanda, adujo, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:

1. El acuerdo emitido por la Comisión Permanente de la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, el veinticinco de junio de dos mil diez, y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el treinta de junio del mismo mes y año, mediante el cual el Congreso del Estado "ordena" al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala que, en caso de que alguna autoridad jurisdiccional competente ordene pagarle a los ciudadanos ex Magistrados contraprestación alguna por sus servicios desarrollados durante su encargo, sea él quien realice el pago correspondiente con cargo al erario público de la Tesorería, vulnera, en perjuicio del Poder Judicial, el principio de división de poderes, así como las garantías de independencia y autonomía judiciales.

2. Respecto del principio de división de poderes, el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la prohibición de que se reúnan dos o más Poderes de la Federación en una sola persona o corporación, es decir, obliga a los destinatarios al respeto del principio de división de poderes, de modo tal que ninguno pueda ejercer todo el Poder Estatal en su propio interés.

3. Por otra parte, las garantías de independencia y autonomía de los Poderes Judiciales Locales se encuentran tuteladas en la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política Federal que, de manera específica, dispone que dichos poderes gozarán de autonomía e independencia en cuanto a su conformación y ejercicio de sus funciones.

Consecuentemente, la violación de los principios de autonomía e independencia judiciales implica necesariamente la violación del principio de división poderes, ya que aquellos principios quedan inmersos en éste, es decir, no puede hablarse de una auténtica división de poderes cuando uno de ellos, en este caso el Judicial, no es autónomo o independiente.

Este Alto Tribunal ha considerando que la violación a los principios de independencia y autonomía no es una cuestión que pueda analizarse con un parámetro bivalente gracias al cual pueda determinarse si la violación se acreditó o no, sino que se trata de una cuestión gradual, por ser valores que admiten niveles de completitud y, por ende, de prohibiciones dirigidas a los poderes públicos de las entidades federativas, a fin de que respeten el principio de división de poderes; así, el mandato constitucional señala que el respeto al principio de división de poderes implica la no intromisión, la no dependencia y la no subordinación, en ese sentido:

- La intromisión es el grado más elemental de la violación al principio de división de poderes, para actualizarse basta con que uno de los poderes se inmiscuya o se entrometa en una cuestión que, por ser propia de otro, le sea ajena; sin embargo, no implica que el poder que se entromete en los asuntos de otro pueda incidir de manera determinante en la toma de decisiones o que genere su sumisión.

- La dependencia conforma el siguiente nivel de violación al citado principio e implica la posibilidad de que el poder dominante impida al poder dependiente que tome decisiones o actúe autónomamente; sin embargo, no necesariamente está compelido a hacer lo que el otro le imponga, puesto que existen otros cursos de acción que puede tomar distintos a la imposición.

- La subordinación representa el grado mayor de vulneración, puesto que implica que un poder impida a otro, de forma antijurídica, que tome decisiones o actúe de manera autónoma. La subordinación se traduce en el más grave nivel de violación al principio de división de poderes, ya que no sólo implica que un poder no pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino que además debe someterse a la voluntad del poder subordinante.

Considera aplicable al caso los criterios jurisprudenciales de rubros: "DIVISIÓN DE PODERES, PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS." y "PODERES JUDICIALES LOCALES. LA VULNERACIÓN A SU AUTONOMÍA O A SU INDEPENDENCIA IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES."

4. El principio de división de poderes, con referencia a los Poderes Judiciales de los Estados, se violenta, según criterios jurisprudenciales, cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- Que en cumplimiento de una norma jurídica, o bien, de manera libre, se actualice una conducta imputable a alguno de los Poderes Legislativo o Ejecutivo.

- Que dicha conducta implique la intromisión, en los términos antes definidos, de uno de esos poderes en la esfera de competencia del Poder Judicial, o bien, que uno de esos poderes realice actos que coloquen al Poder Judicial en un estado de dependencia o de subordinación con respecto a él.

- Que la intromisión, dependencia o subordinación de otro poder verse sobre cualquiera de los siguientes aspectos:

a) Nombramiento, promoción e indebida remoción de los miembros del Poder Judicial.

b) Inmutabilidad salarial.

c) Carrera judicial.

d) Autonomía en la gestión presupuestal.

5. La autonomía de la gestión presupuestal tiene el carácter de principio fundamental de la independencia del Poder Judicial, por ser una condición necesaria para que pueda ejercer sus funciones jurisdiccionales con plena independencia, por tanto, no puede quedar sujeta a limitaciones impuestas por otro poder.

Lo anterior, en virtud de que el principio de autonomía en la gestión presupuestal del Poder Judicial tiene como fundamento lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que en él se estatuye la garantía de expeditez en la administración de la justicia, su gratuidad y la obligación del legislador federal y local de garantizar la independencia de los tribunales, lo que difícilmente puede cumplirse si no existe autonomía presupuestal.

Por lo que el Poder Judicial actor arriba a la conclusión de que el acuerdo cuya invalidez se reclama violenta el principio de división de poderes, al vulnerar su autonomía en la gestión presupuestal en el grado máximo, que es la subordinación, que, como ya se dijo, lleva implícita la intromisión y dependencia.

Ello, porque en el acuerdo de mérito la Comisión Permanente de la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala "ordena" que sea el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala el que pague con cargo al erario público de la Tesorería a los ex Magistrados las contraprestaciones que pudieran corresponderles por los servicios prestados durante su encargo; lo que sin duda constituye una intromisión de la Legislatura Local en el ámbito de competencia del Poder Judicial, al inmiscuirse en el manejo del presupuesto autorizado para dicho poder, pues si bien es cierto que el Congreso Local es el órgano competente para decretar anualmente el presupuesto de egresos del Estado, en el que se encuentra incluido el del Poder Judicial del Estado, también lo es que una vez que éste es aprobado y asignado, corresponde al Poder Judicial determinar cómo lo va a ejercer; sin embargo, al ordenarle que haga el pago a los ex Magistrados de las contraprestaciones que pudieran corresponderles por los servicios prestados durante su encargo, impide al Poder Judicial actuar o tomar decisiones autónomamente respecto del presupuesto autorizado pues, al disminuirse éste, ya no será posible llevar a cabo el manejo y ejercicio autónomo del presupuesto, dado la orden de pagar con el erario de la Tesorería las prestaciones a que tuvieran derecho los ex Magistrados, sometiendo con ello al Tribunal Superior de Justicia Estatal, lo que atenta contra la autonomía e independencia de este órgano jurisdiccional, motivo suficiente para declarar la invalidez del acuerdo que se impugna por esta vía.

6. De conformidad con el marco normativo del sistema jurídico, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, ahora bien, las facultades y atribuciones del Congreso del Estado y de la Comisión Permanente están consagradas en los artículos 54, 55 y 56 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, por lo que el poder demandado carece de facultades constitucionales y legales para emitir el acto cuya invalidez se demanda y, con ello, invade esferas de competencia del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y vulnera el principio de división de poderes.

Si bien es cierto que, según el artículo 10, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la Legislatura del Estado de Tlaxcala está facultada para emitir acuerdos, también es cierto que el acuerdo combatido no encuentra sustento jurídico en la fracción I del artículo 56 de la Constitución Local, que sólo permite a la Comisión Permanente recibir los documentos que se dirijan al Congreso y resolver los asuntos que tengan carácter de urgentes y no encuadren en la hipótesis de expedir una ley o decreto; lo que demuestra la carencia de facultades de ese órgano legislativo para emitir el acuerdo tildado de inconstitucional, con lo que se irrumpe en la esfera de competencia del Poder Judicial y violenta su autonomía e independencia emitiendo una orden que implica una subordinación y correlativamente una superioridad del poder demandado respecto del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Aunado a lo anterior, el citado órgano del Congreso demandado, al emitir el acuerdo combatido, no observa el artículo 16 de la Constitución Federal en lo relativo a la fundamentación, porque los artículos 54, 55 y 56, fracción I, de la Constitución Local y el 5, fracción III y 9, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, no facultan al Congreso demandado ni a la Comisión Permanente para emitir el acuerdo impugnado, resultando, por ello, incongruente e insuficiente la motivación que realiza al referir que el acuerdo se emitió con base en el punto segundo de los acuerdos aprobados por la LVIII Legislatura del Estado el veinticuatro de marzo de dos mil siete, con lo que se violenta la garantía de fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 constitucional, al que todo acto emitido por autoridad debe ceñirse.

Por tanto, el acuerdo impugnado contraviene los dispositivos constitucionales apuntados, siendo procedente declarar la invalidez de aquél, para que sean las instancias legalmente constituidas y facultadas, previa petición de parte, las que se encarguen de resolver con plenitud de jurisdicción lo que conforme a derecho proceda sobre los hechos que indebidamente tomó conocimiento el Poder Legislativo del Estado.

7. Del mismo modo, se vulnera el artículo 116 constitucional, al existir intromisión del poder demandado a través del acuerdo parlamentario cuya invalidez demanda, en la vida interna del tribunal y, por ende, atenta contra su autonomía e independencia al ordenar que sea el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala quien realice el pago correspondiente con cargo al erario público de la Tesorería del tribunal, lo que constituye el cumplimiento de supuestas obligaciones laborales que, en todo caso, debe conocer, dilucidar y ordenar un tribunal previamente establecido y como resultado de una sentencia jurisdiccional que así lo condene y no como de manera unilateral lo determina la Comisión Permanente del Congreso demandado.

Como se infiere de la simple lectura del artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no cabe la menor duda de que los Poderes Judiciales de los Estados, a través de sus órganos de gobierno, gozan de plena autonomía e independencia, de facultades para autogobernarse, luego, es claro que el acto que se demanda es conculcatorio del precepto en cuestión porque, ignorando el marco jurídico correspondiente, el poder demandado se arroga la facultad de erigirse en resolutor ordenando la ejecución de laudos todavía inexistentes a través de acuerdos como en la especie ocurre, en claro abuso de poder, toda vez que en la aprobación anual de egresos correspondiente para el Estado de Tlaxcala, no se especifica la asignación de contraprestación alguna por servicios de ex Magistrados, como en el caso lo son los citados en el acuerdo de marras.

Más aún cuando no existe precepto alguno que otorgue facultades a los Congresos Estatales para emitir pronunciamiento alguno sobre aspectos que correspondan al ámbito de competencia propio del Poder Judicial, máxime que ello implica una determinación de índole jurisdiccional, lo que sólo corresponde realizar al órgano jurisdiccional encargado de resolver la controversia relativa, previo desarrollo del procedimiento que le permita emitir una decisión justa, legal y apegada a derecho, por lo que tal tipo de actuación, desde luego, invade la esfera de facultades constitucionales del Poder Judicial y, con ello, su autonomía gubernativa pues, en todo caso, sus atribuciones constitucionales se limitan a expedir leyes que regulen las relaciones de trabajo entre los Poderes del Estado, los Municipios, organismos autónomos y los organismos paraestatales con sus trabajadores, con base en lo dispuesto por los artículos 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en términos de la fracción XV del artículo 54 de la Constitución Local, de tal manera que el acuerdo controvertido en la forma en que fue expedido, constituye órdenes expresas al Poder Judicial y, por ende, fuera de sus atribuciones legales, pasando por alto, además, que en términos del artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, los Magistrados están exceptuados en cuanto a las relaciones de trabajo de la aplicación de la ley laboral estatal.

Por todo lo anterior, considera que debe declararse la invalidez del acuerdo impugnado por ser contrario a la Constitución Federal, vulnerando los principios de división de poderes, de autonomía, de independencia y de legalidad.

CUARTO. El actor considera que se viola en su perjuicio lo estatuido en los artículos 16, 17, 49 y 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. Por acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil diez, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 56/2010 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Sergio A. Valls Hernández.

Mediante proveído de veintitrés de agosto siguiente, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo como demandado al Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al que ordenó emplazar para que formulara su respectiva contestación, y ordenó dar vista al procurador general de la República, para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO. La Legislatura del Estado de Tlaxcala, al formular su contestación, medularmente, señaló:

1. Que es cierto que mediante sesión pública ordinaria de veinticinco de junio de dos mil diez, aprobó el contenido del acuerdo de marras, señala que se emitió de conformidad con lo dispuesto en lo establecido por los artículos 45, 55 y 56, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala y 5, fracción II y 9, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.

En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los requisitos de fundamentación y motivación de una ley se satisfacen cuando es expedida por el Congreso constitucionalmente facultado para ello, y se refieren a las relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas por esta soberanía, razón por la que considera aplicable la tesis P. C/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PROMULGACIÓN DE LEYES. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESE ACTO."

2. Que no se vulnera el principio de división de poderes contemplado en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que si bien es cierto que el marco jurídico constitucional del Estado de derecho ha establecido que se encuentra dividido en Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial y que dichos poderes no están supeditados a uno de ellos, gozan de autonomía e independencia, y que dentro de los poderes no debe existir la subordinación de cualquiera de ellos, es decir, ninguno de los poderes debe estar por encima de los demás, lo que implica que debe prevalecer en todo Estado de derecho una auténtica división de poderes para el funcionamiento de las actividades de cada uno de los entes que integran el régimen jurídico de la entidad, se determine de una manera práctica y efectiva que conlleve a un verdadero clima de entendimiento entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

La división de poderes debe estar apoyada en el marco por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo determinado en el artículo 30 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, de cuya interpretación sistemática se desprende que la Constitución Local busca a través del contenido del artículo citado el equilibrio armónico entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado de Tlaxcala, y no precisamente el de someter alguno de ellos a otro, pues debe prevalecer el principio de colaboración que existe entre esta división tripartita del poder público y que ello sea la base para alcanzar el cumplimiento de las diversas actividades que se le han encomendado para satisfacer los fines del Estado.

El acuerdo impugnado se emitió en cumplimiento al principio de colaboración estatuido en la Constitución Local y no precisamente para someter al Poder Judicial del Estado, como lo pretende hacer valer el actor, pues sólo se realizaron los actos tendentes a dar cumplimiento a una omisión legislativa que derivó de la emisión de diversos acuerdos en los que se determinó no ratificar a Ricardo Eulalio Pérez Zárate, Verónica Alma Yolanda Camarillo López, Sandra Juárez Domínguez, José Rufino Mendieta Cuapio, Carlos Bertín Vázquez Paul, Luis Aquiahuatl Hernández y Marcelino Tlapale Pérez, en el cargo de Magistrados propietarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, pues, de conformidad con lo establecido en el punto segundo de los acuerdos aprobados por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado el veinticuatro de marzo de dos mil siete, se omitió establecer qué autoridad resultaba competente para dar cumplimiento al segundo punto pues, al no ratificar a los Magistrados citados, debía pagarse el cien por ciento de su indemnización constitucional.

Por lo que, ante la incertidumbre jurídica en la que se dejó a los mencionados Magistrados, el Congreso Local aprobó el acuerdo de veinticinco de junio de dos mil diez, en el que solicita al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que en el supuesto de que alguna autoridad jurisdiccional competente ordene pagarle a los Magistrados contraprestación alguna por sus servicios al ocupar el cargo de Magistrado, sea el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala quien realice el pago correspondiente con cargo al erario público de la Tesorería del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.

Luego, es infundado el presente medio de control constitucional, pues en ningún momento se atenta en contra de la integridad e independencia del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, sino que simplemente mediante el acuerdo combatido trató de vincularse al Poder Judicial Estatal, por lo que tenía que tomar las medidas necesarias encaminadas a coadyuvar al exacto cumplimiento de los acuerdos de veinticuatro de marzo de dos mil siete.

3. Que este Máximo Tribunal ha emitido diversos criterios jurisprudenciales, en los que se han establecido las características básicas para demostrar la afectación de alguno de los poderes, y que debe necesariamente existir una intromisión, dependencia y subordinación para que se configure la afectación al principio de división de poderes, por lo que, en el presente asunto, no se actualiza alguna de estas hipótesis, al no haber intromisión por parte del Poder Legislativo en las actividades propias del Poder Judicial Estatal, tales como administrar justicia a los gobernados o imponerle la realización de determinada conducta, pues se entiende que el Poder Judicial es autónomo y no requiere de la injerencia de terceros para cumplir con las obligaciones legales que la propia Constitución del Estado le otorga.

Finalmente, por lo que hace a la subordinación, en el caso, no se actualiza la hipótesis, en virtud de que el Poder Legislativo Estatal de ninguna manera sometió al Poder Judicial Estatal, pues hasta este momento ha desempeñado sus actividades de manera autónoma e independiente, sin la intervención de terceros para cumplir con lo encomendado por el propio marco normativo y desarrollar la función que tiene encomendada tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como por la Constitución Local.

4. El Poder Legislativo Estatal no ha vulnerado la autonomía presupuestal del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, como lo alega el actor en su escrito inicial, pues hasta ese momento no se ha afectado ninguna partida presupuestal de dicho Poder Judicial y, en consecuencia, las actividades encomendadas por el artículo 17 constitucional, es decir, la función de impartición de justicia a los justiciables, no se ve involucrada y transgredida, pues en el supuesto sin conceder, el Poder Judicial deberá tomar en cuenta las circunstancias a efecto de que lo haga valer en la vía y forma legal, prevista en el marco normativo del Estado.

5. Que, en el momento en que se emitió el acuerdo de veinticinco de junio de dos mil diez, los actos tendentes al proceso legislativo que le dio origen se encuentran apegados a derecho; aunado a lo anterior, el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual las autoridades únicamente pueden ejercer las facultades y atribuciones previstas en la ley que regula sus actos y, en consecuencia, el ámbito espacial de validez se ve reflejado en el marco legal que se encuentra en las facultades conferidas al Poder Legislativo por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Local y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.

6. Finalmente, por cuanto hace al último concepto de invalidez que formula el actor en el escrito inicial de demanda, debe manifestarse que no se ha transgredido el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el actuar del Congreso Local se encuentra apegado al principio de legalidad contemplado en la Constitución Federal. Es necesario precisar que el actuar de esta soberanía no violenta la esfera jurídica del poder actor, máxime que se debe tomar en consideración que no viola el contenido del citado artículo 116, fracción III, porque no vulnera los principios de autonomía o independencia del Poder Judicial del Estado, comprendidos necesariamente en el principio de división de poderes, de manera que puede hablarse de una auténtica separación, en virtud de que el Poder Judicial de la entidad es autónomo e independiente y no se encuentra subordinado al resto de los poderes.

En ese orden de ideas, la finalidad de aprobar el acuerdo de veinticinco de junio de dos mil diez, fue precisamente para no dejar en estado de incertidumbre qué autoridad resultaba ser la competente para dar cumplimiento al punto segundo de los diversos acuerdos de veinticuatro de marzo de dos mil siete, que se derivaron de la emisión de los dictámenes de evaluación de los Magistrados considerados como de plazo cumplido, pese a que no se mantenía una relación contractual con los integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Congreso Estatal, por lo que en atención al servicio prestado a la sociedad, se les reconoció a través del acuerdo que tenían derecho a una indemnización constitucional, estableciendo que conforme a la ley laboral aplicable se ordenaba pagarle a los Magistrados evaluados, el cien por ciento de su indemnización constitucional, con cargo al erario público.

El contenido del referido punto segundo de los acuerdos individuales y personales de los Magistrados evaluados resultaba ambiguo y no había certeza jurídica de quién debía de erogar dichos pagos, por ello, el Congreso Estatal determinó que el Poder Judicial resultaba ser la autoridad competente para dar cumplimiento. Tal decisión se encuentra fundada y motivada, pues se otorgó certeza jurídica a los Magistrados.

No debe pasar inadvertido que al designar al Poder Judicial del Estado, para que a través de su Tesorería efectúe el pago de la indemnización constitucional reconocida a los Magistrados, en virtud de que los Magistrados evaluados podían iniciar un procedimiento jurisdiccional ante las autoridades competentes a efecto de hacer cumplir el contenido del punto segundo de los diversos acuerdos de veinticuatro de marzo de dos mil siete, en los que se determinó no ratificarlos en el cargo como Magistrados propietarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, pues a pesar de que en el caso se trata de cuestiones de naturaleza laboral, la prestación denominada indemnización constitucional surge como prestación al servicio público desempeñado a la sociedad, como garante de la administración de justicia.

Cabe resaltar que la designación del Poder Judicial del Estado, como la autoridad competente para dar cumplimiento a los puntos segundos de los acuerdos aprobados el veinticuatro de marzo de dos mil siete, tiene sustento legal de conformidad con los artículos 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, fracción XXVII, 79, párrafo primero y 89 de la Constitución Política del Estado y 12, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

De una interpretación sistemática de los artículos citados, resulta evidente que el estatuto que guardan los Magistrados de los Poderes Judiciales de las entidades federativas es una relación directa, siendo además necesario establecer quién llevará a cabo su remuneración en atención a la actividad constitucional que les fue conferida, como lo es la de la administración de justicia.

En ese orden de ideas

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22788-8b21b0c0/controversia-constitucional-el-acuerdo-emitido-por-la-comision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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