MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. SUS DEBERES DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE RATIFICACIÓN Y RENOVACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA. AL CONOCER DEL JUICIO DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL PUEDE DIRIMIR LAS CONTROVERSIAS SUSCITADAS ENTRE LOS PARTICULARES Y LAS AUTORIDADES ESTATALES, PERO NO LOS CONFLICTOS SURGIDOS ENTRE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA. SU DETERMINACIÓN DE SUSPENDER LA EFICACIA DEL ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO LOCAL DESIGNA A NUEVOS MAGISTRADOS PARA INTEGRARLO, A TRAVÉS DEL JUICIO DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, TRANSGREDE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 99/2008. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinticinco de febrero de dos mil nueve.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el dieciocho de agosto de dos mil ocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eustolio Flores Conde, en su carácter de diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala, promovió controversia constitucional en contra del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, por los actos siguientes:
"a) La invalidez de los acuerdos de radicación dictados dentro de los juicios de protección constitucional radicados ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, bajo los números 02, 03, 04, 05, 06 y 07, todos del año 2008, promovidos por (1) Luis Aquiáhuatl Hernández, (2) Sandra Juárez Domínguez, (3) Marcelino Tlapale Pérez, (4) José Rufino Mendieta Cuapio, (5) Carlos Bertín Vázquez Paul y (6) Ricardo Eulalio Pérez Zárate, quienes forman parte del mismo Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, pues hasta este día fungen como Magistrados propietarios, no obstante de que previa evaluación objetiva por parte de esta soberanía se determinó no ratificarlos y/o reelegirlos en el cargo;
"b) Del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, la ilegal suspensión dictada en los juicios de protección constitucional números 02, 03, 04, 05, 06 y 07 todos del año 2008, de los del índice de ese órgano jurisdiccional y los demás actos que se deriven de esos improcedentes e ilegales procedimientos;
"c) La tramitación y desahogo de los juicios de protección constitucional, radicados ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, bajo los números 02, 03, 04, 05, 06 y 07, todos del año 2008.
"d) Los actos y acuerdos que se deriven con motivo de la tramitación de los juicios de protección constitucional citados en los incisos inmediatos anteriores de este apartado, así como todos los efectos y consecuencias que se generen de los actos antes señalados."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:
"1. Conforme a la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia dictada dentro de la controversia constitucional 4/2005, el Congreso del Estado de Tlaxcala, creó una comisión especial encargada de evaluar y ratificar o no a los Magistrados de plazo cumplido del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (1) Carlos Bertín Vázquez Paul, (2) Marcelino Tlapale Pérez, (3) José Rufino Mendieta Cuapio, (4) Sandra Juárez Domínguez, (5) Ricardo Eulalio Pérez Zárate, (6) Luis Aquiáhuatl Hernández y (7) Verónica Alma Yolanda Camarillo López, acuerdo aprobado en sesión de Pleno y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 4 de mayo de 2006. 2. En base a los lineamientos de la sentencia dictada dentro de la controversia constitucional 107/2006, sustanciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso del Estado de Tlaxcala, realizó la evaluación a los Magistrados de plazo cumplido y, de forma personalizada e individual, emitió el dictamen correspondiente; en consecuencia de dicha evaluación aprobó los acuerdos de fecha veinticuatro de marzo de 2007, publicándose en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha treinta de octubre de dos mil siete, por la que se consideró que no ha lugar a ratificar en el cargo a los ciudadanos Magistrados propietarios (1) Carlos Bertín Vázquez Paul, (2) Marcelino Tlapale Pérez, (3) José Rufino Mendieta Cuapio, (4) Sandra Juárez Domínguez, (5) Ricardo Eulalio Pérez Zárate, (6) Luis Aquiáhuatl Hernández y (7) Verónica Alma Yolanda Camarillo López, todos ellos integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. 3. El secretario parlamentario del Congreso del Estado de Tlaxcala, en cumplimiento al acuerdo aprobado por el Congreso del Estado de Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha treinta de octubre de 2007, notificó en forma personal e individualizada a cada uno de los Magistrados de plazo cumplido el resultado de la evaluación en el sentido de que se decidió conforme a derecho no ratificarlos en el cargo y que sin embargo debían permanecer en el mismo hasta en tanto esta soberanía procediera conforme a la facultad que le marcaba la fracción XXVI del artículo 54 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala (hoy con la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 1o. de agosto de 2008, el fundamento jurídico invocado está previsto en la fracción XXVII del artículo 54 de la Constitución citada), consistente en designar a los Magistrados que habrán de sustituirlos y para el caso de no encontrarse en sus respectivas oficinas de la sede del Poder Judicial del Estado, previa acta pormenorizada en la que se asiente razón de ello, notificándoles mediante oficios, por conducto de la oficialía de partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 4. El 6 de noviembre del año 2007, el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, representado por el Magistrado Luis Aquiáhuatl Hernández promovió ante este Máximo Tribunal, controversia constitucional en contra del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, radicándose la controversia constitucional 86/2007, en la cual la Ministra Beatriz Margarita Luna Ramos es la Ministra instructora (sic). En dicho medio de control constitucional, el representante del Poder Judicial reclama la invalidez de los acuerdos de no ratificación y/o reelección de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; los dictámenes de evaluación de los acuerdos de no ratificación y/o reelección de los Magistrados, así como la convocatoria para elegir Magistrados que fue publicada el treinta y uno de octubre del dos mil siete, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, la cual se encuentra pendiente de resolver en definitiva por la Segunda Sala de ese Máximo Tribunal. 5. Tenemos conocimiento de que los ciudadanos Magistrados actores en la citada controversia constitucional 86/2007, por conducto del representante legal del Poder Judicial, presentaron escrito ante esta potestad constitucional, mediante el cual sustancialmente se desisten de la controversia constitucional ejercitada, no obstante de que se encuentra pendiente de emitir la sentencia definitiva a través de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 6. Ahora bien, no obstante los antecedentes referidos, los ciudadanos Magistrados de plazo cumplido y no ratificados, en un abuso de autoridad judicial, partiendo del hecho de que existe en la entidad de Tlaxcala la Ley del Control Constitucional que establece el juicio de protección constitucional local, del cual el Pleno del Poder Judicial tiene el carácter de Tribunal de Control Constitucional, en términos de la ley referida, ellos mismos, ante el propio poder que integran, promovieron juicios de protección constitucional, cada uno, y en exceso de absurdo lógico-legal, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala licenciado Luis Aquiáhuatl Hernández, admitió a trámite esos medios de protección constitucional no obstante que son improcedentes y designó a un Magistrado instructor para que se avoque al conocimiento, trámite y resolución de los seis juicios de protección constitucional que promueven los mismos Magistrados, y además les otorgó ilegalmente la suspensión de los actos que reclaman en el medio de control constitucional local que se auto-promovieron. 7. No omito precisar a esta superioridad, que el Magistrado no ratificado Luis Aquiáhuatl Hernández, admite los juicios de protección constitucional no obstante su improcedencia, pues de las mismas demandas se advierte que los promoventes confiesan que la controversia constitucional 86/2007, se encuentra sub júdice y, desde luego, sabido en derecho que el estudio de la improcedencia es de orden público lo aleguen o no las partes, por eso afirmo que los actos que en esta oportunidad reclamo, imputables al Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, deben ser declarados nulos."
TERCERO. El promovente aduce como conceptos de invalidez los siguientes:
"El Constituyente Permanente dispuso en el inciso h) de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que cuando existiese una controversia sobre la constitucionalidad de los actos entre dos poderes de un Estado, este Máximo Tribunal conocería de la misma como el único garante de nuestro país para restablecer el orden constitucional. En este sentido la soberanía local del Estado de Tlaxcala, a través de la personalidad y cargo que ostento, comparezco a incitar a este órgano para que restituya los principios constitucionales en esa entidad, pues consideramos que con la promoción, radicación (en ésta concedida la suspensión) y emplazamiento de los juicios de protección constitucional, radicados con los números 02, 03, 04, 05, 06 y 07, todos del año 2008, promovidos por los Magistrados de plazo cumplido y no ratificados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, (1) Luis Aquiáhuatl Hernández, (2) Sandra Juárez Domínguez, (3) Marcelino Tlapale Pérez, (4) José Rufino Mendieta Cuapio, (5) Carlos Bertín Vázquez Paul y (6) Ricardo Eulalio Pérez Zárate, contravienen a la Norma Fundamental Federal y la particular del Estado de Tlaxcala, pues en flagrante violación y que en este acto expongo como agravios, en forma concatenada transgredieron el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso artículo 3, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y que respectivamente dichos ordenamientos jurídicos establecen que la Constitución y leyes que de ella emanen, serán la ley suprema; lo que nos lleva a establecer: ‘que el marco constitucional no sólo se constituye con la Norma Suprema sino con todas las leyes que con arreglo a ésta emanen de ella’. Entendido de esta manera, las violaciones que se cometan a leyes secundarias y que tengan vinculación directa con la Constitución se considerarán en consecuencia un agravio directo a la Norma Fundamental, y esa es la hipótesis en la que nos encontramos, pues con la promoción de los juicios de protección constitucional que ejercitan los Magistrados de tiempo cumplido y no ratificados, previsto en la fracción I del artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, concatenado con el diverso numeral 65 de la Ley del Control Constitucional del Estado de Tlaxcala, transgredieron, amén de los artículos citados, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no observaron las formalidades judiciales que para el efecto se establecen en los preceptos 1o., 4o. y 5o. de la Ley del Control Constitucional del Estado de Tlaxcala, y para darle mayor lucidez a lo expuesto desgloso la violación en los siguientes incisos: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. ‘Artículo 81. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, actuando como Tribunal de Control Constitucional del Estado, conocerá de los asuntos siguientes: I. De los medios de defensa que hagan valer los particulares contra leyes o actos de autoridades que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución; II a VII ... Ley del Control Constitucional del Estado de Tlaxcala ...’. ‘Artículo 65. El juicio de protección constitucional tiene por objeto nulificar las normas y actos de las autoridades que violen las disposiciones contenidas en la Constitución del Estado y en la demás legislación que de ella emane, en perjuicio de los particulares. La promoción de este medio de control será siempre optativa para el interesado. Ley del Control Constitucional del Estado de Tlaxcala ...’. ‘Artículo 1o. Esta ley es reglamentaria del artículo 81 de la Constitución Política del Estado y tiene por objeto regular el proceso de los siguientes medios de control constitucional: I. Juicio de protección constitucional; II. Juicio de competencia constitucional; III. Acción de inconstitucionalidad, y IV. Acción contra la omisión legislativa. Artículo 4o. En los procesos regulados por esta ley serán aplicables, en lo conducente, las formalidades judiciales que prevé el Código de Procedimientos Civiles del Estado para los juicios ordinarios.’. ‘Artículo 5o. Los Magistrados del tribunal deberán excusarse cuando se encuentren legalmente impedidos para actuar. Las partes sólo podrán recusarlos con expresión de causa. Los impedimentos y el procedimiento para las excusas y las recusaciones se ajustarán a lo dispuesto en el Código Procesal Civil del Estado. ... .’. a) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y primer párrafo del artículo 65 de la Ley del Control Constitucional para el Estado de Tlaxcala, los Magistrados de plazo cumplido y no ratificados carecen de legitimación en la causa y en el proceso para haber ejercido los juicios de protección constitucional que hemos citado como fuente generadora del agravio, pues según el acto que en dichos juicios citan como agravio deviene de su carácter de Magistrados mas no de ciudadanos, luego entonces no es aplicable el ejercicio de la acción prevista en el juicio de protección constitucional, pues ésta sólo les está concedida a los ciudadanos, cuando estos consideren violadas algunas de sus garantías, y dicho sea de paso esa no es la hipótesis en la que se encuentran los Magistrados como así expresamente lo determina el párrafo primero del artículo 65 de la Ley del Control Constitucional del Estado de Tlaxcala invocada, que a la letra dice: ‘Artículo 65. El juicio de protección constitucional tiene por objeto nulificar las normas y actos de las autoridades que violen las disposiciones contenidas en la Constitución del Estado y en la demás legislación que de ella emane, en perjuicio de los particulares. La promoción de este medio de control será siempre optativa para el interesado. ... ’. Por lo que en consecuencia de lo expuesto por el precepto en cita, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, no debió admitir los juicios de protección constitucional promovidos por los Magistrados de plazo cumplido y no ratificados (1) Luis Aquiáhuatl Hernández, (2) Sandra Juárez Domínguez, (3) Marcelino Tlapale Pérez, (4) José Rufino Mendieta Cuapio, (5) Carlos Bertín Vázquez Paul y (6) Ricardo Eulalio Pérez Zárate, pero evidencia además de la ilegal admisión, la parcialidad de su actuación, en consecuencia de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala es uno de los Magistrados de plazo cumplido y no ratificados. b) Aunado a lo anterior, es de observar lo dispuesto por los artículos 1o., fracción I, 4o. y 5o. de la Ley del Control Constitucional para el Estado de Tlaxcala, los cuales en su contexto establecen que es de orden público la observancia de las formalidades judiciales que prevé el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; esto es, que quienes hoy han ejercido los juicios de protección constitucional y la autoridad que les ha admitido y concedió la suspensión es la misma autoridad (Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala), pues los Magistrados de plazo cumplido y no ratificados en su imperio de Magistrados constituyen el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, el cual para los efectos de los artículos 80, fracción II y 81 de la Constitución Local se constituyen en órgano de control constitucional que conoce, sustancia y resuelve el juicio de protección constitucional previsto en nuestras leyes, luego entonces esto es lo que se constituye como fuente de la expresión de agravio en la presente controversia constitucional, de ahí que se demuestra clara y evidentemente la existencia de interés directo en el asunto, por tanto, cabe la aplicación de la hipótesis prevista por la fracción I de los artículos 185 y 186 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala que a la letra dicen: ‘Artículo 185. Los Magistrados, Jueces, secretarios y peritos se tendrán por forzosamente impedidos en los casos siguientes: I. En negocios en que tengan interés directo o indirecto; II a XII ...’. ‘Artículo 186. Los Jueces, Magistrados, secretarios y peritos tienen el deber de inhibirse del conocimiento de los negocios en que ocurra alguna de las causas expresadas aun cuando las partes no los recusen ...’. En este orden de ideas, se pone de manifiesto el impedimento de los Magistrados de plazos cumplidos y no reelectos para conocer y para ejercer el juicio de protección constitucional. Luego entonces esta soberanía está impedida para someterse a la jurisdicción de dicho tribunal cuando los vicios y las transgresiones a la Constitución Federal y Local son evidentes, pues al momento de resolver en Pleno seis Magistrados de los catorce que lo componen tienen interés directo sobre el asunto, por lo que a la luz del derecho y del principio general que establece ‘no se puede ser Juez y parte de una misma causa’, es inconcebible que los Magistrados de plazo cumplido y no reelectos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala puedan alegar en su beneficio la propia torpeza o el desconocimiento de los preceptos citados para lograr el amparo de un juicio y su suspensión a efecto de no someterse a los mandatos de la propia Constitución y ello incluye a las resoluciones de este Máximo Órgano Jurisdiccional, pues al pretender promover el desistimiento de la controversia 86/2007, sustanciada en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pretende sustraerse a lo que este mismo tribunal pueda resolver, para que los Magistrados de plazo cumplido y no reelectos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala se sometan a su propia jurisdicción y sin contemplación al estado de Derecho puedan eximirse de la ley y la justicia, aún cuando pasen por alto lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a través de las leyes que de ellas emanan. c) Todo lo expuesto se circunscribe a una violación flagrante a la Norma Fundamental en sus preceptos 14, 16 y 133, pero no fuera de dicha magnitud la violación aquí expresada, cuando quienes hoy rindieron protesta de hacer guardar la Constitución Federal, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen, antes de ejercer sus cargos en términos de los preceptos 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y que el ejercicio de su función tiene que ver con la irrestricta aplicación de las leyes, es de ahí donde deviene la gravedad que hoy señalamos a este Máximo Tribunal, para que en el ejercicio de sus funciones de órgano de control constitucional, restituya los principios constitucionales en el Estado de Tlaxcala y no deje al margen de la ley los actos aquí citados como agravios y ejercidos por los Magistrados de plazo cumplido y no ratificados."
CUARTO. Los preceptos de la Constitución Federal que la parte actora estima violados son: 14, 16, 116, fracción III y 133.
QUINTO. Por acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil ocho, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar, registrar y turnar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, la cual, por razón de turno, correspondió conocer al Ministro Mariano Azuela Güitrón, como instructor del procedimiento.
SEXTO. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en representación del Poder Judicial de esa entidad federativa, al contestar la demanda, manifestó lo siguiente:
"En relación a los antecedentes de los actos cuya invalidez se demanda cabe aclarar que los antecedentes marcados con los numerales 1, 2 y 3 se refieren a actos unilaterales que dice haber llevado a cabo el poder actor de Ia presente controversia y que en concepto del suscrito carecen de relación alguna con los actos, cuya invalidez reclama el poder actor. El antecedente marcado como número 4 es cierto en cuanto hace a la promoción de la demanda que se indica y los actos combatidos pero se aclara, que dichos actos afectaban, en criterio del que esto suscribe, la integración del Pleno del Tribunal Superior de Justicia que representó por lo que dicha afectación se reclamó en la vía que afirma la actora habiéndose dictado en la controversia 86/2007, el sobreseimiento de Ia misma, en fecha tres de septiembre del año dos mil ocho, y notificada el ocho del mismo mes y año. El antecedente marcado como número 5 debe quedar debidamente aclarado ya que fue el suscrito en mi carácter de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien, por convenir a los intereses del Poder Judicial del Estado que represento, promovió el desistimiento de la instancia jurisdiccional a que alude la parte actora. Lo anterior de ninguna manera confirma la participación de los ‘ciudadanos Magistrados actores en la citada controversia 86/2007’, pues el Congreso actor de la presente controversia parece olvidar que la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos previó el correspondiente procedimiento de las controversias constitucionales cuando existen conflictos entre los entes previstos por la fracción I de dicho numeral y para el caso que nos ocupa el establecido en el inciso h), esto es, entre dos poderes de un mismo Estado y donde no comparecieron los ‘ciudadanos Magistrados actores’. Por lo que hace al antecedente marcado como número 6, es de suma importancia dejar precisado que en efecto, en el Estado existe la Ley de Control Constitucional que establece el juicio de protección constitucional local y que el Pleno del Poder Judicial tiene el carácter de Tribunal de Control Constitucional. Asimismo, es necesario dejar claro que nos encontramos en una entidad federativa denominada Estado de Tlaxcala que en términos de lo dispuesto por el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es parte integrante de la Federación; en este contexto cabe precisar: lo que el Poder Legislativo de Tlaxcala parece olvidar que la Ley del Control Constitucional fue creada y aprobada por el Congreso del Estado en uso de las facultades que le concede el artículo 54 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y por consecuencia siguiendo los lineamientos generales establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La mencionada Ley del Control Constitucional del Estado regula el juicio de protección constitucional que no es otra cosa que el medio de defensa que hacen valer los particulares contra leyes o actos de autoridades que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Local. En este contexto es evidente que los juicios a que hace referencia el Poder Legislativo actor fueron promovidos por ciudadanos que recurrieron por su propio derecho a defenderse de actos de una autoridad que consideran, vulnera sus derechos humanos; si bien estas personas físicas afirman ocupar cargos públicos, lo cierto es que no acuden en su carácter de autoridades lo que sería improcedente máxime que el juicio de protección constitucional que contempla la Ley de Control Constitucional sólo protege derechos humanos, y si lo hace en su calidad de personas físicas es evidente que se encuentran legitimadas para promover la acción correspondiente y en consecuencia el Poder Judicial que represento se encuentra obligado por la propia ley creada por el Legislativo para admitir y tramitar los juicios que en derecho se promuevan ante esta instancia jurisdiccional por un imperativo de orden constitucional y en atención a la doctrina, y jurisprudencia emitida por ese Alto Tribunal de la Nación. Contrariamente a lo que expone el poder actor de calificar de improcedentes los juicios a que hace referencia y descalificando el actuar del Poder Judicial sin haber comparecido a los juicios correspondientes y si, en su álter ego, sobradamente descalifica el actuar legal y constitucional del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. En lo relativo al antecedente señalado como número 7, el poder actor confunde improcedencia de los juicios de protección constitucional promovidos por personas físicas que actúan por su propio derecho y reglados por la Ley del Control Constitucional del Estado de Tlaxcala, con el juicio de controversia constitucional normado por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que en el caso citado se refiere a conflictos entre los Poderes Judicial y Legislativo, ambos del Estado de Tlaxcala, en los que no existe relación alguna, según se desprende de los actos que señala y de los cuales solicita su invalidez. Razones o fundamentos jurídicos que sostienen la validez de los actos cuya invalidez se reclama. El Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala en síntesis, reclama la invalidez de lo siguiente: a) Acuerdos de radicación dictados dentro de los juicios de protección constitucional radicados ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala bajo los números 02, 03, 04, 05, 06 y 07, todos del año de 2008, promovidos por los ciudadanos Luis Aquiáhuatl Hernández, Sandra Juárez Domínguez, Marcelino TIapale Pérez, José Rufino Mendieta Cuapio, Carlos Bertín Vázquez Paúl y Ricardo Eulalio Pérez Zárate. b) La suspensión dictada en los juicios de protección constitucional indicados en el inciso que antecede. c) La tramitación y desahogo de los juicios de protección constitucional antes referidos. d) Los actos y acuerdos que se deriven con motivo de la tramitación de dichos juicios. Dichos actos fueron emitidos en cumplimiento de lo establecido por la Ley del Control Constitucional del Estado de Tlaxcala al haber promovido por su propio derecho los ciudadanos; Luis Aquiáhuatl Hernández, Sandra Juárez Domínguez, Marcelino TIapale Pérez, José Rufino Mendieta Cuapio, Carlos Bertín Vázquez Paúl y Ricardo Eulalio Pérez Zárate, sus respectivos juicios de protección constitucional por considerar, que el Poder Legislativo les violentó sus derechos humanos, por tal motivo acudieron en busca de la protección constitucional local como lo prevé el ordenamiento referido del control constitucional. Tomando en consideración que los juicios de protección constitucional radicados con los números 02, 03, 04, 05, 06 y 07 del año 2008, fueron promovidos por personas físicas, los actos cuya invalidez se solicita por la actora no le causan afectación alguna a su esfera jurídica ya que son sólo parte de un procedimiento creado y aprobado por el propio Poder Legislativo, procedimiento en el cual se controvierte si existe o no una violación a los derechos humanos señalados por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, Constitución a la cual debe responder en términos del propio ordenamiento establecido en su numeral 81 y de los lineamientos de la Ley de Control Constitucional el poder actor y no descalificar anticipadamente y sin razón la legalidad del actuar de la demandada en los juicios de protección constitucional referidos. En una perspectiva diversa y conforme a la Ley del Control Constitucional del Estado, de no admitirse a trámite los juicios indicados cuando los promoventes han cumplido satisfactoriamente los lineamientos establecidos en la ley reglamentaria del artículo 81 de la Constitución Local, los miembros integrantes del Poder Judicial a quienes corresponde actuar en términos de las disposiciones de la ley aplicable incurriría en responsabilidad de no haber llevado a cabo el procedimiento respectivo, lo que tampoco ocasiona afectación jurídica alguna al poder actor por tratarse, se reitera, de un procedimiento debidamente creado y aprobado por el Poder Legislativo que ahora en un acto de rebeldía jurídica se niega a someterse a las propias disposiciones por él aprobadas en la legislación de control constitucional del Estado. Sobreseimiento. La presente controversia constitucional debe declararse improcedente y sobreseerse en términos de lo dispuesto por los artículos 19, fracción VI, en relación con el artículo 20, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues según se advierte de los actos cuya invalidez se reclama, los mismos se encuentran regidos por las disposiciones contenidas en el artículo 81 de la Constitución Política y en la Ley del Control Constitucional, ambas normas del Estado de Tlaxcala; en la mencionada Ley del Control Constitucional se establece quiénes son autoridades en el juicio de protección constitucional (artículos 3, fracción II y 65, fracción II) y por consecuencia partes en el juicio respectivo, por lo que al no comparecer el Poder Legislativo a los juicios respectivos, acredita debidamente que omite agotar la vía legalmente prevista para la resolución del conflicto. Por otra parte, se debe precisar que el auto de radicación que combate la actora no causa perjuicio a la esfera competencial del actor, ni mengua alguna de sus facultades constitucionales ya que pensar lo contrario traería como consecuencia que cada vez que se radicara un juicio de protección constitucional local, esta actuación traería como consecuencia, el disminuir la competencia que en la Constitución tiene el poder actor, situación que carece de lógica jurídica. Por lo que al no causars
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21533-6e8fb9f1/magistrados-de-los-poderes-judiciales-locales-sus-deberes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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