MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA. EL ACUERDO EMITIDO POR EL CONGRESO ESTATAL QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN A QUE SE REFIERE EL CONSIDERANDO 9 DE ESE ACUERDO, CONFORME AL QUE DEBERÁN SER EVALUADOS LOS MAGISTRADOS CUYO ENCARGO CULMINA EN 2008, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2007, ASÍ COMO LOS CUATRO ACUERDOS PUBLICADOS EL 15 DE ENERO DE 2008 EN EL INDICADO ÓRGANO INFORMATIVO, MEDIANTE LOS CUALES EL CITADO CONGRESO DETERMINÓ QUE NO HABÍA LUGAR A REELEGIR A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN SUS RESPECTIVOS CARGOS DE MAGISTRADOS PROPIETARIOS, SON INCONSTITUCIONALES.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 29/2008. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA.
México, Distrito Federal. Acuerdo de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diez de febrero de dos mil diez.
VISTOS y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio recibido el veintisiete de febrero de dos mil ocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Aquiahuatl Hernández, quien se ostentó como Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en representación del Poder Judicial del Estado, promovió controversia constitucional en contra del Congreso del Estado de la misma entidad, por los actos que a continuación se señalan:
"Norma general o actos cuya invalidez se demanda: De la autoridad demandada honorable Congreso del Estado de Tlaxcala:
"a) La invalidez de los acuerdos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de fecha quince de enero del año dos mil ocho;
"b) La invalidez de los dictámenes de evaluación emitidos por el citado Congreso y notificados a cada uno de los Magistrados propietarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con fecha diecisiete de enero del año dos mil ocho; así como, los actos derivados o que se deriven de dicho acuerdo y dictámenes evaluatorios."
SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados en la demanda son los siguientes:
"Antecedentes del acto cuya invalidez se demanda:
"1. Por Decretos Números 164 y 166 publicados el doce de enero del año dos mil dos, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 54, fracción XXVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, designó como Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Superior de Justicia, para que ejercieran el encargo, a partir del día quince de enero del año dos mil dos al quince de enero del año dos mil ocho, a los ciudadanos siguientes:
Ver Magistrados designados
"Estimo oportuno manifestar que respecto a los Magistrados propietarios José Juan Temoltzin Durante y Hugo Morales Alanís, debido a la renuncia que presentaron al Congreso demandado de los cargos que venían ejerciendo, concluyeron su periodo constitucional los Magistrados suplentes Alicia Fragoso Sánchez y la Magistrada supernumeraria María del Rosario Cuevas Zárate, respectivamente; sin embargo, por oficio número 1027 de fecha once de enero del año dos mil ocho, el secretario parlamentario del honorable Congreso del Estado, licenciado Felipe Nava Lemus, hizo del conocimiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que las referidas magistraturas propietarias vacantes, serían cubiertas por los Magistrados designados propietarios Pedro Molina Flores y Fernando Bernal Salazar y como Magistrados suplentes Azzol Rossainz Extrada (sic) y María Leoba Lozano Rodríguez, respectivamente, Magistrados propietarios designados que a la fecha se encuentran ejerciendo sus funciones inherentes al cargo a partir del día catorce de enero del año dos mil ocho, siendo adscrito por determinación del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el Magistrado Fernando Bernal Salazar, a la Sala Civil, y el Magistrado Pedro Molina Flores, a la Sala Electoral Administrativa; como lo demuestro con la copia certificada constante de cuatro fojas útiles, expedida por el secretario general de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, licenciado Rodolfo Montealegre Luna.
"2. Por acuerdo de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil siete, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el veintiocho del mismo mes y año, el Congreso del Estado, aprobó el procedimiento conforme al cual deberían ser evaluados los Magistrados propietarios Ramón Rafael Rodríguez Mendoza, Amado Badillo Xilotl, María Esther Juanita Munguía Herrera, Silvestre Lara Amador y Mariano Reyes Landa.
"3. Con fecha veintisiete de noviembre de dos mil siete, se abrieron los expedientes: CE/CEEM/01/2007, al Magistrado Ramón Rafael Rodríguez Mendoza, CE/CEEM/02/2007, al Magistrado Amado Badillo Xilotl, CE/CEEM/03/2007, a la Magistrada María Esther Juanita Munguía Herrera, CE/CEEM/04/2007, al Magistrado Silvestre Lara Amador y CE/CEEM/05/2007, al Magistrado Mariano Reyes Landa; cabe mencionar que únicamente el primero de los nombrados, fue debidamente ratificado en el cargo de Magistrado propietario, haciéndoles saber por parte del Congreso demandado a los citados Magistrados la radicación de dichos expedientes personalizados e individualizados.
"Debe tomarse en cuenta que el Honorable Congreso del Estado en el año dos mil dos, tomó en consideración los principios éticos y profesionales de los nombrados Magistrados propietarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y consideró que durante el periodo en que han desempeñado el cargo han conservado los principios éticos y profesionales dignos de un juzgador que no han sido desvirtuados por prueba en contrario.
"4. Los aludidos Magistrados, con fecha veintisiete de noviembre de dos mil siete, fueron notificados del dictamen con proyecto de acuerdo, que emitió la Comisión Evaluadora de Diputados encargada de evaluar y dictaminar sobre la ratificación o no de los Magistrados propietarios que integran el Tribunal Superior de Justicia del Estado y cuyo cargo culmina en el año dos mil ocho, así como del acuerdo correspondiente, aprobado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado, por el que se aprobó el procedimiento mediante el cual deberían ser evaluados.
"El acuerdo de fecha veintisiete de noviembre de dos mil siete, aprobado por el Congreso establece en su primer punto lo siguiente:
"‘Primero. Se aprueba el procedimiento de evaluación a que se refiere el considerando 9 de este acuerdo, conforme al que deberán ser evaluados los Magistrados cuyo encargo culmina en el año dos mil ocho: Ramón Rafael Rodríguez Mendoza, Amado Badillo Xilotl, María Esther Juanita Munguía Herrera, Silvestre Lara Amador y Mariano Reyes Landa, integrantes del Tribunal Superior de Justicia.’
"Para entender lo anterior tenemos que remitirnos al ‘Dictamen con proyecto de acuerdo’ que emitió la Comisión Especial de Diputados a que nos venimos refiriendo, también de fecha veintisiete de noviembre de dos mil siete, donde encontramos el ‘... considerando 9 de este acuerdo ...’ cuyo texto se transcribe a continuación:
"(se transcribe).
"5. El mismo día veintisiete de noviembre de dos mil siete, el presidente de la multicitada ‘Comisión Especial de Diputados Encargada de Evaluar y Dictaminar sobre la Ratificación o no de los Magistrados Propietarios que integran el Tribunal Superior de Justicia y cuyo cargo culmina en el año dos mil ocho’, inició el procedimiento de evaluación ordenando la formación y registro de los expedientes personales e individualizados; CE/CEEM/01/2007, al Magistrado Ramón Rafael Rodríguez Mendoza, CE/CEEM/02/2007, al Magistrado Amado Badillo Xilotl, CE/CEEM/03/2007, a la Magistrada María Esther Juanita Munguía Herrera, CE/CEEM/04/2007, al Magistrado Silvestre Lara Amador, y CE/CEEM/05/2007, al Magistrado Mariano Reyes Landa; y requiriéndolos (sic) para que en el término de veinte días naturales rindieran el informe correspondiente y necesario para la evaluación.
"6. El día veintisiete de noviembre de dos mil siete, fueron notificados por el secretario parlamentario del Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, del acuerdo de la misma fecha emitido por el presidente de la Comisión de Diputados mencionada en el numeral que antecede.
"Llama la atención la prontitud con que se conducen los miembros del Congreso del Estado para evaluar a los Magistrados.
"En la misma fecha veintisiete de noviembre de dos mil siete se realizaron los siguientes actos:
"a) Se presentó al Pleno del Congreso el dictamen con proyecto de acuerdo que emitió la Comisión Especial de Diputados a la que llamaremos solo comisión evaluadora.
"b) Se aprueba por el Pleno el citado proyecto de acuerdo, adquiriendo el carácter de acuerdo aprobado por el Congreso.
"c) Se notifican ambos actos a los Magistrados evaluados.
"d) Se emite el acuerdo de radicación de los expedientes: CE/CEEM/01/2007, al Magistrado Ramón Rafael Rodríguez Mendoza, CE/CEEM/02/2007, al Magistrado Amado Badillo Xilotl, CE/CEEM/03/2007, a la Magistrada María Esther Juanita Munguía Herrera, CE/CEEM/04/2007, al Magistrado Silvestre Lara Amador, y CE/CEEM/05/2007, al Magistrado Mariano Reyes Landa, personalizados e individualizados por el que se les requiere rendir informe para la evaluación.
"e) El secretario parlamentario notifica el auto de radicación y solicita a los Magistrados cuyo cargo culmina en enero de dos mil ocho, rendir informe para la evaluación.
"¿Y la evaluación para que surta efectos, y las publicaciones en el Periódico Oficial del Estado?
"7. Todos y cada uno de los Magistrados a que se ha hecho referencia, rindieron ‘el informe necesario para la evaluación’ requerido por la Comisión de Diputados Evaluadora.
"En otra sorpresiva acción de las responsables, el día viernes doce de enero de dos mil ocho, la Comisión Especial de Diputados encargada de evaluar y dictaminar sobre la ratificación o no de los Magistrados Propietarios que integran el Tribunal Superior de Justicia y cuyo cargo culmina en el año dos mil ocho, presentó dictamen con proyecto de acuerdo en el que propone no ‘reelegir’ en el cargo de Magistrados propietarios, ante el Pleno del Honorable Congreso del Estado.
"Con fecha doce de enero del año dos mil ocho, se aprueba el proyecto y el acuerdo que contienen el dictamen, en sesión extraordinaria pública, por la que se resolvió no reelegir en el cargo a cuatro Magistrados propietarios integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, reeligiendo única y exclusivamente al Magistrado Ramón Rafael Rodríguez Mendoza.
"El quince de enero de dos mil ocho, el secretario parlamentario notificó el dictamen con proyecto de acuerdo de la comisión y el acuerdo aprobado por el Pleno en sesión extraordinaria del doce de enero de dos mil ocho, comunicando el referido secretario parlamentario que los Magistrados evaluados y no ratificados deberían permanecer en funciones hasta en tanto el honorable Congreso del Estado nombrara a quienes debían sustituirlos, sin que hasta el momento esto último se haya realizado."
TERCERO. Los conceptos de invalidez son en síntesis los siguientes:
Primer concepto de invalidez.
• Que el Congreso dictaminó la no ratificación de los Magistrados de plazo cumplido sin haber tomado en cuenta la honorabilidad, competencia y antecedentes de los mismos y, con ello, transgredió lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque los dictámenes emitidos por el Congreso demandado contienen una indebida fundamentación y motivación.
• Que los actos impugnados violentaron fundamentalmente lo previsto en los artículos 14, 16 y 116, fracción III, de la Constitución Federal, así como los numerales 84 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala y el 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del mismo Estado.
Segundo concepto de invalidez.
• Que en el acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil siete, en el que se aprobó el procedimiento por parte de las demandadas Comisión Evaluadora y Pleno del Congreso, para evaluar a los Magistrados, se transgredió lo dispuesto por los artículos 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y el 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, puesto que el procedimiento de evaluación debía estar establecido en la ley y no en un acuerdo emitido a capricho del Congreso, por lo que con lo anterior se pone de manifiesto la violación al debido proceso legal.
• Sin que sea obstáculo que las demandadas manifestaron que para la emisión del acuerdo se apoyaron en los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las controversias constitucionales 4/2005 y 107/2006, en tanto que si bien es cierto, éstas fueron promovidas por el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala en contra del Congreso Local por actos que atentaban contra la integración del Pleno de dicho Poder Judicial, también lo es que no tienen relación ni aplicación alguna para el efecto de la evaluación de los integrantes del Poder Judicial, señalados en esta controversia, porque en el presente caso se trata de la violación de los preceptos constitucionales señalados en esta demanda por un acto y por una situación diversa, distinta y distante a la de los Magistrados de plazo cumplido en dos mil cinco.
• Sostiene que con las controversias invocadas por el Congreso, se pone de manifiesto la falta de un dispositivo legal para el efecto de que el Congreso del Estado pueda evaluar a los Magistrados cuyo cargo inició en dos mil dos y concluye en dos mil ocho. Agregó, que en la controversia 4/2005 se puso de manifiesto que el Estado de Tlaxcala no había adecuado su norma constitucional con lo previsto en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal, lo que trajo como consecuencia que el Congreso Local reformara diversas disposiciones tales como el artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala y el 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del mismo Estado. Al respecto, señaló que ahora las demandadas pretenden eludir el cumplimiento a lo previsto en las normas citadas e invocaron en el procedimiento de ratificación lineamientos vertidos en asuntos considerados como cosa juzgada, lo que demuestra lo indebido e ilegal del procedimiento que pretenden aplicar para efectos de la ratificación de los Magistrados de plazo cumplido.
• En el aludido acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil siete se advierten una serie de lineamientos que resultan inconstitucionales por no encontrarse en una norma legal previamente establecida pues, como se afirmó, resulta sui géneris. Y concluye su concepto de invalidez la parte actora, reiterando que no existe norma legal para evaluar a los Magistrados propietarios, cuyo plazo concluye en el año dos mil ocho, y el acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil siete, que contiene el procedimiento de evaluación a los Magistrados, está indebidamente fundado y motivado.
Tercer concepto de invalidez.
• Aduce que se violan los artículos 14, 16 y 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su perjuicio, toda vez que con los proyectos de dictamen y su aprobación se afectaría la integración del Tribunal Superior de Justicia del Estado, toda vez que el Congreso Local incurrió en una serie de contradicciones con la intención de justificar su actuar inconstitucional.
• Al respecto, señala que la contradicción es clara puesto que, por un lado, sostiene la demandada que en el procedimiento de evaluación sobre la ratificación no son aplicables los artículos 84 de la Constitución Local y 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado ya que los Magistrados fueron nombrados con anterioridad al establecimiento de dichos procedimientos y que, en consecuencia, el procedimiento aplicable para su evaluación y ratificación debía ajustarse al artículo 116, fracción III, constitucional; pero, contrario a ello, en el procedimiento se aplicaron los numerales mencionados en primer lugar.
Cuarto concepto de invalidez.
• Aduce que en el considerando quinto del dictamen en el que se dijo que no se rindieron los informes que fueron solicitados, pone en entredicho la objetividad del razonamiento expuesto, toda vez que el diecisiete de diciembre de dos mil siete, los Magistrados sujetos a evaluación sí rindieron el informe solicitado haciendo mención que los datos requeridos se encontraban en los propios archivos del Congreso Local; de lo que se sigue que las demandadas no analizaron la documentación que obra en sus archivos y, por consecuencia, no debieron de arribar a la conclusión de que carecían de elementos para evaluar.
• Que es manifiesta la falta de un debido proceso legal porque al concluirse la evaluación correspondiente no se prevé el supuesto de que se pudiera combatir o desvirtuar el contenido de los dictámenes, lo que deja a los integrantes del Poder Judicial del Estado en estado de indefensión.
Quinto concepto de invalidez.
• Arguye el demandante que se viola lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a que no existió un seguimiento constante y permanente de la actuación de cada uno de los Magistrados en el lapso de permanencia en el cargo, ya que no se abrió un expediente al inicio de la gestión para cada uno de ellos; y aunado a ello, los Magistrados no ratificados emitieron sus informes anuales de actividades a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y a su vez, esta última, año con año, informó al Congreso del Estado sobre las actividades realizadas por los miembros del Poder Judicial, lo que implica que el Congreso Local sí contaba con suficientes elementos para dar un real seguimiento a la evaluación de los Magistrados en tal encargo desempeñado.
Sexto concepto de invalidez.
• Señala que es manifiesta la violación a los artículos 14, 16 y 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que las demandadas al calificar las actuaciones de los Magistrados en el dictamen y acuerdo que se combaten, omitieron cualquier valoración al respecto, esto es, simple y llanamente manifestaron que carecían de elementos para valorar la actuación de dichos Magistrados en el cargo que desempeñan como Magistrados propietarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado, como se advierte del contenido de los considerandos "sexto, séptimo, octavo, décimo primero, décimo segundo" y resolutivo "Primero" del dictamen y acuerdo de doce de enero del año dos mil ocho.
• Agrega que la interpretación que ha dado la Suprema Corte de Justicia a la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los Magistrados de los tribunales de los Estados, pueden o no ser ratificados, previa evaluación realizada cuando concluyan su encargo, emitiendo un dictamen debidamente fundado y motivado, implica que para los efectos de calificar el desempeño del cargo, el Congreso demandado tuvo que realizar un examen minucioso de la actuación y seguimiento constante y permanente desde el momento en que fueron designados a ocupar los cargos de Magistrados, por lo que para el efecto de que las responsables se pronunciaran en el sentido de no reelegirlos, debieron haber manifestado que carecían de los requisitos exigidos para la designación, tales como buena reputación y buena fama en el concepto público, y haber apoyado su dicho en pruebas idóneas que acreditaran debidamente esos hechos, lo que no aconteció en la especie.
• También sostiene la accionante que el Congreso del Estado no respetó los preceptos constitucionales antes citados y también omitió cumplir con sus propias disposiciones, pues se advierte del acuerdo por el cual se estableció el procedimiento de evaluación, que entre los aspectos que consideraría para el efecto de llegar a una conclusión, serían los escritos que presentaran a favor o en contra, los litigantes, barras de abogados, las instituciones como la Comisión de Derechos Humanos del Estado, las procuradurías, tanto la local como la federal, a las cuales se emitieron sendos oficios para que informaran sobre si existía algún dato que acreditara la conducta negativa de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, instituciones que, en efecto, dieron respuesta al Congreso de marras, por lo que entonces, sí existían elementos para valorar la actuación de los Magistrados; sin embargo, el Congreso Local no fue objetivo en el dictamen y acuerdo que se combaten, en tanto que no realizó un examen minucioso de la actuación de los Magistrados, máxime que los informes que recibió el Congreso en nada afectan la buena fama y la buena reputación que han mantenido a lo largo del periodo de desempeño como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Asimismo, no consta en el dictamen que se combate la existencia de quejas en su contra, por parte de los litigantes o barras de abogados interesados y mucho menos que aquéllas estén debidamente probadas, tampoco existen elementos que acrediten alguna falta de capacidad, honorabilidad u honradez.
Séptimo concepto de invalidez.
• La accionante señala que se viola lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, al analizar el actuar del secretario parlamentario al notificar los escritos por los que se emplazó al procedimiento de evaluación y por el que se notificó el dictamen y acuerdo de doce de enero de dos mil ocho, a los Magistrados propietarios integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cuyo plazo concluye en dos mil ocho. Lo anterior, en virtud de que los escritos de veintisiete de noviembre de dos mil siete y de doce de enero de dos mil ocho, firmados por el secretario parlamentario carecen de la debida fundamentación y motivación, lo que se advierte del contenido de los mismos, porque el citado secretario carece de facultades para notificar los actos del Congreso en vía de notificación personal, ya que esa facultad le corresponde al auxiliar de apoyo parlamentario descrito en el artículo 97 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Octavo concepto de invalidez.
• Que es manifiesta la existencia de una violación al artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que por interpretación de este numeral realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha quedado debidamente establecido en jurisprudencia definida que la ratificación o no de los Magistrados de los Tribunales de los Estados, implica un interés hacia la sociedad para que ésta sea conocedora de la conducta de los administradores de justicia con que cuenta. En este contexto, se ha pronunciado en el sentido de que dichos dictámenes sean publicados para que la sociedad tenga conocimiento de ello. Al respecto, dice que la violación se hace manifiesta al considerar que el Congreso Local responsable tomó sus determinaciones mediante un acuerdo y no a través de un decreto como en derecho corresponde.
• Reitera que las violaciones constitucionales son:
a. El acuerdo de veintisiete de noviembre del año dos mil siete, expedido por el Congreso Local, violenta el artículo 16 de la Constitución Federal, ya que carece de fundamento legal para emitirlo.
b. El acuerdo, de manera retroactiva, tomó como base de su actuación el procedimiento instaurado para los Magistrados anteriores.
c. No da motivos para no reelegir a los Magistrados.
d. El Congreso continúa con su labor de desintegrar el Poder Judicial Estatal, violentando el artículo 116 constitucional.
e. Contraviene el derecho a la inamovilidad y permanencia en el cargo mientras no se demuestre falta de honradez.
f. No toma en consideración las pruebas a favor ni realiza una valoración objetiva con los medios de prueba aportados por los Magistrados.
g. No respeta el derecho de éstos de ser evaluados y caprichosamente elude ese derecho manifestando ausencia de elementos para tales efectos, siendo que la obtención de datos es una de las obligaciones del órgano evaluador.
h. De manera caprichosa determinó el tiempo de la permanencia de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, al señalar que durarían en su cargo hasta que el Congreso nombrara a sus sustitutos.
i. El Congreso no respetó lo consignado en los artículos 84 de la Constitución Local y 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y contraviene lo previsto por el artículo 116 de la Constitución Federal.
• Insiste en que el procedimiento de ratificación se debe encontrar establecido en la ley orgánica correspondiente, y en el caso no existe disposición alguna en el texto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni disposición legal afín alguna, por lo que, en todo caso, el procedimiento de evaluación y consiguiente ratificación o no en el cargo, se debe ajustar directamente a lo establecido en el artículo 116 de la Carta Magna.
Noveno concepto de invalidez.
• Sostiene la accionante que respecto a la Magistrada propietaria María Esther Juanita Munguía Herrera, mediante Decreto Número 149 de dieciséis de octubre del año dos mil siete, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el cinco de diciembre del año dos mil siete, se reformó el artículo 54, párrafo primero de la fracción XV; se derogó la fracción V del párrafo segundo del artículo 49 y el párrafo cuarto del artículo 82, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala; de dicha reforma se obtiene que se suprimió la Sala laboral-burocrática que venía funcionando en la estructura orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, y se creó un Tribunal de Conciliación y Arbitraje, de lo cual se deduce la desincorporación de la magistratura que venía ejerciendo la Magistrada referida, a partir del uno de enero de dos mil ocho.
Décimo concepto de invalidez.
• Aduce que de llevarse a cabo el acto de aplicación no sólo se afectaría la integración del Poder Judicial del Estado, sino que, si se toma en consideración la diversa controversia constitucional 86/2007, en la que se controvirtieron los procesos de otros Magistrados, también se acredita la desintegración absoluta del Poder Judicial Estatal.
Décimo primer concepto de invalidez.
• Sostiene que el Congreso demandado en ningún momento ha realizado notificación formal alguna al titular del Poder Judicial, respecto del procedimiento de evaluación seguido a los Magistrados propietarios integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, ni de los acuerdos y dictámenes de no ratificación de los Magistrados antes aludidos.
• Al respecto, agrega la actora que el hecho de que el Magistrado Ramón Rafael Rodríguez Mendoza, resultara reelecto, demuestra que el órgano evaluador mediante un estudio superficial y fuera de todo orden legal aprobó la reelección, a pesar de que los que no lo resultaron, tenían los mismos elementos de convicción para tales efectos.
CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora considera violados son los numerales 14, 16 y 116, fracción III.
QUINTO. Por acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil ocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 29/2008 y por razón de turno designó como instructor al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Mediante proveído de tres de marzo de dos mil ocho, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a la autoridad demandada Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala para que formulara su respectiva contestación, así como dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al contestar la demanda, en lo esencial, sostuvo:
• Que se debe decretar el sobreseimiento de la presente controversia, porque se plantean cuestiones personales e individuales de cada Magistrado, por lo que los actos impugnados debieron combatirse a través del amparo indirecto.
• Que el primer concepto de invalidez es infundado, ya que a través de los actos impugnados no se afecta la independencia y autonomía del Poder Judicial del Estado. Los actos impugnados están fundados por el órgano competente y que actuó en cumplimiento a lo establecido por las resoluciones de las controversias constitucionales 4/2005 y 107/2006, sin vulnerar el principio al que refirió el actor, es decir, el de inamovilidad de los Magistrados que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial.
• Sostuvo que no se ha vulnerado la honorabilidad, competencia y antecedentes de los Magistrados de plazo cumplido ya que, precisamente, en cada dictamen se estimó que carecían de los atributos necesarios para seguir en el cargo, además de que se expresaron los motivos y fundamentos por los cuales se arribó a tal conclusión.
• También se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, al notificárseles su radicación y haberles solicitado un informe con el objeto de recabar datos a fin de que se contara con elementos para realizar la evaluación; que se les dio vista con las actuaciones, y en resumen, fueron oídos y tuvieron derecho a defenderse en el procedimiento, cuyo objetivo principal era recabar datos para su evaluación. En la inteligencia, dijo, de que éste y sus distintas etapas ya fue revisado y validado, en lo conducente, por este Alto Tribunal.
• Además, señaló la parte demandada que en el procedimiento de evaluación se fijaron las bases y requisitos para la evaluación de los Magistrados que culminaban su encargo en dos mil ocho; sin embargo, ante la falta de importancia que manifestaron los Magistrados al no entregar los informes requeridos por la comisión evaluadora o al entregarlos incompletos, no tuvo elementos suficientes para valorar el desempeño en su encargo y estar en posibilidad de ratificarlos.
• Aduce también que, atendiendo al principio de definitividad, no era necesario acudir a este Alto Tribunal, en virtud de que la vía idónea para reclamar los actos impugnados por el actor, es el amparo, por tratarse de evaluaciones personales e individualizadas.
• Que el procedimiento de ratificación o no ratificación se ajusta a los artículos 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como a la Norma Fundam
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22122-20259575/magistrados-del-tribunal-superior-de-justicia-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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