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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACUERDO EMITIDO POR LA LIX LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2010, POR EL CUAL SE RESUELVE QUE CORRESPONDE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA LOCAL PAGAR UNA INDEMNIZACIÓN A UNA EX MAGISTRADA CON CARGO AL ERARIO PÚBLICO DE LA TESORERÍA DE ESE ÓRGANO JURISDICCIONAL, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y DE DIVISIÓN DE PODERES.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 85/2010. · Registro digital (IUS): 22841
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Abril de 2011, , Pág. 1051.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 85/2010. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: GUADALUPE M. ORTIZ BLANCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintitrés de marzo de dos mil once.

VISTOS; y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio recibido el veinticuatro de noviembre de dos mil diez, José Amado Justino Hernández Hernández, quien se ostentó como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, promovió controversia constitucional en representación del Poder Judicial de dicha entidad, en la que demandó la invalidez del acto que más adelante se precisa, emitido por la autoridad que a continuación se señala:

Autoridad demandada:

El Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.

Acto cuya invalidez se reclama: "El acuerdo emitido por la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, específicamente por la comisión de diputados encargada de evaluar y dictaminar sobre la relación o no de los Magistrados propietarios que integran el Tribunal Superior de Justicia del Estado, el veintitrés de septiembre de dos mil diez, del que tuve conocimiento el ocho de octubre del año en curso, debido a que en el juicio de amparo 1488/2007, se me requirió el cumplimiento del fallo protector."

SEGUNDO. Preceptos constitucionales violados. El actor considera que se viola en su perjuicio, lo estatuido en los artículos 16, 17, 49 y 116, fracción III, de la Constitución Política Federal, 54, 55 y 56, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

TERCERO. Antecedentes. La parte actora narró los siguientes antecedentes del caso (fojas 3 a 6 del expediente principal):

"1. En el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, se tramitó el juicio de amparo número 1488/2007, promovido por Verónica Alma Yolanda Camarillo López, contra actos del Congreso del Estado de Tlaxcala, de la Comisión Especial de Diputados del Congreso del Estado del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y del Tribunal Superior de Justicia, a través de la Comisión de Gobierno Interno y Administración del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala; pronunciándose sentencia concesoria del amparo, el trece de febrero del año dos mil nueve, contra la que se interpuso recurso de revisión, el que fue resuelto por ejecutoria de uno de julio del presente año; en la que se concedió el amparo solicitado para el efecto de que:

"‘... la comisión especial y el Congreso única y exclusivamente dejen insubsistente el punto segundo del proyecto de acuerdo y el punto segundo del acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil siete, emitido en el expediente CE/CEEM/07/2006, publicado en el Periódico Oficial local, el treinta de octubre posterior, del tenor siguiente: «Segundo. Conforme a la ley laboral aplicable se ordena pagarle a la ciudadana licenciada Verónica Alma Yolanda Camarillo López, el cien por ciento de su indemnización constitucional, con cargo al erario público ...», con la aclaración de que las demás consideraciones del proyecto de acuerdo y acuerdo aludidos, quedan intocados y surtiendo sus consecuencias legales, y en su lugar se pronuncien nuevamente sobre tal tema bajo los lineamientos establecidos en este considerando ...’

"2. En cumplimiento a dicha ejecutoria, el Juez de Distrito, mediante acuerdo de trece de julio de este año, requirió a las autoridades responsables, Comisión Especial de Diputados y Congreso del Estado de Tlaxcala, el cumplimiento del fallo protector; quienes para tal efecto remitieron el acuerdo de fecha veinticinco de junio de dos mil diez, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el treinta de ese mismo mes y año.

"3. Mediante proveído del seis de septiembre del año en curso, el Juez determinó tener por no cumplido el fallo protector, argumentando que de las constancias se advertía que no se habían declarado insubsistentes el punto segundo del proyecto de acuerdo y el punto segundo del acuerdo referido y no se habían pronunciado nuevamente sobre el tema bajo los lineamientos establecidos en el considerando undécimo de la ejecutoria.

"Consecuentemente, se requirió nuevamente a la Comisión Especial de Diputados y al Congreso del Estado de Tlaxcala, el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, quienes por oficios de fechas veintidós y veinticuatro de septiembre pasado, acompañaron las constancias con las que manifestaron dar cumplimiento a la ejecutoria en cuestión; consistentes en la copia certificada del dictamen con proyecto de decreto, emitido el veintitrés de septiembre de este año, por la Comisión Especial de Diputados encargada de evaluar, así como del Decreto Número 158 que contiene el acuerdo correspondiente, documentales con las que se ordenó dar vista a la quejosa, misma que se tuvo por desahogada y se ordenó agregar a los autos.

"4. Dentro del amparo de referencia y en ejecución de sentencia, se dictó el auto de fecha siete de octubre del año en curso, notificando al poder que represento el ocho del presente mes y año; mediante el cual el Juez de los autos, declara que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida por parte del Congreso del Estado de Tlaxcala y la Comisión Especial de Diputados; y tomando en consideración que es al poder que presido a través de la Comisión de Gobierno Interno y Administración del Poder Judicial, con cargo al erario público que maneja la tesorería del propio tribunal, a quien le corresponde realizar el pago de las prestaciones legales y contractuales que se le deben cubrir a la quejosa, requiera a la entidad pública que legalmente represento, con el carácter de autoridad responsable sustituta, para que dentro del improrrogable término de veinticuatro horas se cumpla con la ejecutoria de amparo.

"6. Ahora bien, la Comisión Especial de Diputados con fecha veintitrés de septiembre del año en curso, emitió el dictamen en el expediente número CE/CEEM/07/2006, formado con motivo de la evaluación personal de la Magistrada de plazo cumplido Verónica Alma Yolanda Camarillo López, en cuya exposición de motivos hacen una relación de los términos de la concesión del fallo protector y en cumplimiento a los lineamientos establecidos en el mismo, determinan respecto a que la autoridad específica que debe pagar es el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en virtud de que la quejosa Verónica Alma Yolanda Camarillo López, trabajó veintiséis años, un mes y un día para el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, que la prestación de sus servicios fue ininterrumpida, hizo carrera judicial hasta llegar a ser presidenta; por tanto, es la tesorería de ese poder quien debe pagar, por que el erario público se debe identificar por órgano de gobierno o por nivel de gobierno y en el caso concreto, corresponde al erario público del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

"Asimismo, determinó que respecto a la procedencia de las prestaciones reclamadas por la quejosa, éstas derivan de la ley laboral burocrática del Estado y del contrato colectivo de trabajo, por tanto, se le debe pagar lo correspondiente a la indemnización constitucional, prima de antigüedad y fondo de retiro; cuantificando el monto de dichas prestaciones a la cantidad de un millón ciento treinta mil, ciento veinte pesos, cincuenta y ocho centavos."

CUARTO. Conceptos de invalidez. La parte actora formuló los siguientes conceptos de invalidez (fojas 6 a 15 del expediente principal):

"I. El acuerdo emitido por la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, el veintitrés de septiembre del año en curso, mediante el cual determina que:

"‘Artículo tercero.’ (se transcribe).

"Vulnera en perjuicio del Poder Judicial que represento el principio de división de poderes, así como las garantías de independencia y autonomía judiciales, como se pasa a demostrar:

"II. Respecto al principio de división de poderes, el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

‘Artículo 49.’ (se transcribe).

"Como es de verse, dicho dispositivo constitucional establece la prohibición de que se reúnan dos o más poderes de los Estados de la Federación en una sola persona o corporación, es decir, obliga a los destinatarios al respeto del principio de división de poderes, de modo tal, que ninguno pueda ejercer todo el poder estatal en su propio interés.

"II. (sic) Por otra parte, las garantías de independencia y autonomía de los Poderes Judiciales, se encuentran tuteladas en la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política Federal, que a la letra dice:

"‘Artículo 116.’ (se transcribe).

"De manera específica, la fracción III del citado precepto dispone que los Poderes Judiciales de las entidades federativas gozarán de autonomía e independencia en cuanto a su conformación y ejercicio de sus funciones.

"Consecuentemente, la violación de los principios de autonomía e independencia judiciales implica necesariamente la violación del principio de división de poderes, ya que aquellos principios quedan inmersos en éste; es decir, no puede hablarse de una auténtica división de poderes cuando uno de ellos, en este caso el judicial, no es autónomo o independiente.

"Nuestro Máximo Tribunal ha considerando que la violación a los principios de independencia y autonomía no es una cuestión que pueda analizarse con un parámetro bivalente gracias al cual pueda determinarse si la violación se acreditó o no, sino que se trata de una cuestión gradual, por ser valores que admiten niveles de completitud y, por ende, de afectación; considerando, por tanto, que son tres las prohibiciones dirigidas a los poderes públicos de las entidades federativas, a fin de que respeten el principio de división de poderes y que son la no intromisión, la no dependencia y la no subordinación.

"Sirve de apoyo a lo anterior los criterios jurisprudenciales cuyos textos y rubros son del tenor siguiente:

"‘DIVISIÓN DE PODERES, PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS." y "PODERES JUDICIALES LOCALES. LA VULNERACIÓN A SU AUTONOMÍA O A SU INDEPENDENCIA IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES.’ (se transcribe).

"III. Ahora bien, debe decirse que el principio de división de poderes, con referencia a los Poderes Judiciales de los Estados se violenta, según criterios jurisprudenciales, cuando se cumplen las siguientes condiciones:

"A. Que en cumplimiento de una norma jurídica, o bien, de manera libre, se actualice una conducta imputable a alguno de los Poderes Legislativo o Ejecutivo.

"B. Que dicha conducta implique la intromisión, en los términos antes definidos, de uno de esos poderes en la esfera de competencia del Poder Judicial, o bien, que uno de esos poderes realice actos que coloquen al Poder Judicial en un estado de dependencia o de subordinación con respecto a él.

"C. Que la intromisión, dependencia o subordinación de otro poder verse sobre cualquiera de los siguientes aspectos:

"1. Nombramiento, promoción e indebida remoción de los miembros del Poder Judicial.

"2. Inmutabilidad salarial (remuneración adecuada y no disminuible).

"3. Carrera judicial.

"4. Autonomía en la gestión presupuestal.

"Con apoyo de lo anterior se cita la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:

"‘PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS.’ (se transcribe).

"IV. De conformidad con las anteriores precisiones, la autonomía de la gestión presupuestal, tiene el carácter de principio fundamental de la independencia del Poder Judicial, por ser una condición necesaria para que pueda ejercer sus funciones jurisdiccionales con plena independencia, por tanto, no puede quedar sujeta a limitaciones impuestas por otro poder.

"No pasa inadvertido para el poder que represento, que en el fallo protector concedido a la ex Magistrada Verónica Alma Yolanda Camarillo López, fue para el efecto de que el Congreso Local determinara qué prestaciones correspondía cubrir a la citada quejosa y qué autoridad debía pagar; sin embargo, si bien es cierto que la ex Magistrada prestó sus servicios para el Poder Judicial y que atendiendo a ello la Legislatura del Estado ordenó que el poder que represento realizara el pago; también lo es que el Congreso debió proporcionar los recursos económicos para realizar ese pago, destinando una partida presupuestal para la indemnización de los Magistrados de plazo cumplido, que determinó no ratificar; tomando en consideración que si dicho poder emitió el acuerdo en el que determinó no ratificar a la licenciada Verónica Alma Yolanda Camarillo López, como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado y ordena que se le debe pagar su indemnización constitucional, también debe proveer al Poder Judicial del Estado de los recursos económicos necesarios para afrontar esos pagos, que se generaron como consecuencia de la determinación del propio Congreso Local de no ratificar a los Magistrados de plazo cumplido, determinación que afecta directamente el manejo y ejercicio autónomo del presupuesto, al obligarnos a realizar modificaciones al mismo, derivadas de la disminución del presupuesto, subordinado de esta manera al órgano que represento, al no tener otra opción más que atacar el acuerdo emitido por el Congreso Local para cumplimentar el fallo protector de mérito, al ser requeridos por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, como autoridad sustituta para realizar el pago de la cantidad que por concepto de indemnización, prima de antigüedad y fondo de retiro le correspondían a la quejosa.

"Como es de verse, resulta procedente este medio de defensa de la Constitución, para que se declare la invalidez del acuerdo impugnado, al vulnerar la autonomía en la gestión presupuestal del Poder Judicial y, con ello, el principio de división de poderes, al ordenar, que se realizara el pago de un millón ciento treinta mil, ciento veinte pesos, cincuenta y ocho centavos, sin haber proporcionado previamente al órgano que represento ese recurso económico, a sabiendas que debido a lo limitado de nuestro presupuesto el erogar una cantidad así, implica, necesariamente, una afectación a la autonomía presupuestal."

QUINTO. Trámite. Mediante proveído de presidencia de veintiséis de noviembre de dos mil diez (foja 58 del expediente principal) se ordenó formar y registrar el asunto bajo el número 85/2010 y se designó a la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para que fungiera como instructora en el procedimiento, quien por auto de veintinueve de noviembre siguiente, tuvo por presentado al Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y admitió a trámite la controversia constitucional, al que ordenó emplazar para que contestara la demanda (fojas 61 y 62 del expediente principal).

SEXTO. Contestación de la demanda. La Legislatura del Estado de Tlaxcala, al formular su contestación, medularmente, señaló: (fojas 140 a 153 del expediente principal).

"I. Por cuanto se hace el primer concepto de invalidez que hace valer el poder actor en el asunto que nos ocupa, he de manifestar a su señoría que es parcialmente fundado, en virtud de que efectivamente mediante sesión pública ordinaria de fecha veintitrés de septiembre de dos mil diez, esta soberanía aprobó el contenido del acuerdo que establece:

"‘Artículo primero, artículo segundo, artículo tercero.’ (se transcriben).

"Ahora bien, debo manifestar a su señoría que la emisión del decreto que hoy impugna el actor, en la presente controversia constitucional, se emitió con la finalidad de dar cumplimiento a la ejecutoria emitida dentro de las actuaciones del recurso de revisión número 136/2009, radicado (sic) del índice del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en el Estado de Tlaxcala, pues en la resolución se manifestó que mi representado debía de fundar y motivar sobre las prestaciones laborales que habían de cubrirse a la quejosa, la ciudadana Verónica Alma Yolanda Camarillo López, pues precisamente en su artículo tercero, se estableció la autoridad competente para realizar el pago relativo a las prestaciones laborales o bien su indemnización constitucional a que tenía derecho, en virtud de la carrera judicial que desempeñó en su estancia en el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, cabe precisar que con la emisión del decreto, no fue el de precisamente afectar la esfera competencial del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, como lo hace valer a través de este medio de control constitucional, pues en ningún momento se ha vulnerado el contenido del artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, que con el actuar de mi representado haya vulnerado el contenido del principio de la división de poderes, pues con la emisión del acuerdo que hoy se impugna se respetó de forma íntegra la independencia y autonomía del Poder Judicial actor.

"He de manifestar a su señoría que mi representado emitió el decreto que tilda de inconstitucional el poder actor, en fecha veintitrés de septiembre del año dos mil diez, de conformidad con lo establecido en los artículos 14, 16, 107, 116, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105, 113 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; 45, 54, fracción LIX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 2, 5, 7, 9, fracción II y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 1, 2, 12, 13, 89 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala.

"En este sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los requisitos de fundamentación y motivación de una ley se satisfacen cuando es expedida por el Congreso constitucionalmente facultado para ello, y se refiere a las relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas por esta soberanía.

"Por lo que resulta aplicable en el caso que nos ocupa, la siguiente tesis P. C/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo V, junio de 1997, página 162, cuyos texto y rubro establecen: ‘PROMULGACIÓN DE LEYES. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESTE ACTO.’ (se transcribe).

"II. Por cuanto hace al segundo concepto de invalidez, he de manifestar que esta soberanía no ha vulnerado el principio de división de poderes, contemplado en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que si bien es cierto que el marco jurídico constitucional del Estado de derecho, ha establecido que se encuentra dividido en Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, y que dichos poderes no están supeditados a uno de ellos, pues tiene la característica de que cada uno de ellos goza de autonomía e independencia, y que dentro de los poderes no debe existir la subordinación de cualquiera de ellos; es decir, ninguno de los poderes debe estar por encima de los demás, lo que implica que debe prevalecer en todo Estado de derecho una auténtica división de poderes para el funcionamiento de las actividades de cada uno de los entes que integran el régimen jurídico de la entidad; se determine de una manera práctica y efectiva que conlleve a un verdadero clima de entendimiento entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

"La división de poderes debe estar apoyada en el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo determinado en el artículo 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que establece:

"‘Artículo 30.’ (se transcribe).

"De la interpretación sistemática del numeral transcrito, se desprende que la Constitución Política de la entidad, busca a través del contenido del artículo invocado, un equilibrio armónico entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado de Tlaxcala, y no precisamente el de someter alguno de ellos a otro, pues debe prevalecer el principio de colaboración que existe entre esta división tripartita del poder público y que ello sea la base para alcanzar el cumplimiento de las diversas actividades que se le han encomendado para satisfacer los fines del Estado.

"De esta forma debe manifestarse que con la emisión del decreto que hoy tilda de inconstitucional el poder actor, debe señalarse que se emitió en cumplimiento al principio de colaboración estatuido en nuestra Carta Magna estadual, y no precisamente el de someter al Poder Judicial del Estado a esta soberanía, como lo pretende hacer valer el actor, a través de su escrito inicial de controversia constitucional, ante tales circunstancias, mi representado sólo realizó los actos tendientes a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en el Estado de Tlaxcala.

"III. Por cuanto hace al tercer concepto de invalidez, que hace valer el actor en la presente controversia resulta ser infundado, en virtud de que el decreto de fecha veintitrés de septiembre de dos mil diez, no vulnera el principio de división de poderes, pues en ningún momento se ha vulnerado la autonomía e independencia del Poder Judicial, en virtud de que este Máximo Tribunal ha emitido diversos criterios jurisprudenciales, en los que se han establecido las características básicas para demostrar la afectación de alguno de los poderes, y que debe necesariamente existir una intromisión, dependencia y subordinación para que se configure la afectación al principio de división de poderes, pues debe manifestarse que en el presente asunto no se actualiza alguna de estas hipótesis; como se ha manifestado, este Poder Legislativo no se ha entrometido en las actividades propias que desempeña el Poder Judicial; tales como son la de administrar justicia a los gobernados, tampoco se ha impuesto a que realice una determinada conducta y que éste la lleve a cabo, porque el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala es autónomo y no requiere de la injerencia de terceros para que deje de cumplir con sus obligaciones legales que la propia Constitución particular del Estado le otorga.

"Finalmente por lo que hace a la subordinación, en este asunto no se actualiza la hipótesis, en virtud de que mi representado no ha sometido al Poder Judicial, pues hasta este momento el actor ha desempeñado sus actividades de forma autónoma e independiente, sin la intervención de terceros para cumplir con lo encomendado por el propio marco normativo y desarrollar la función constitucional encomendada, tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

"IV. Por cuanto hace al concepto de invalidez que se contesta debe manifestarse a su señoría que mi representado no ha vulnerado la autonomía presupuestal del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, tal como lo precisa el actor, en su escrito inicial, pues hasta este momento no se ha afectado alguna partida presupuestal del Poder Judicial del Estado y, en consecuencia, con las actividades encomendadas por el artículo 17 constitucional, es decir, la función de impartición de justicia a los justiciables no se ve vulnerada y transgredida, pues en el supuesto sin conceder, el Poder Judicial deberá tomar en cuenta las circunstancias a efecto de que lo haga valer en la vía y forma legal, prevista en el marco normativo del Estado.

"Es aplicable al presente asunto, el criterio jurisprudencial P./J. 83/2004, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto establecen: ‘PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES.’ (se transcribe).

"V. En relación con el quinto concepto de invalidez, que formula el poder actor, debe manifestarse que mi representado en el momento en que emitió el decreto de fecha veintitrés de septiembre de dos mil diez, los actos tendientes al proceso legislativo que dio origen al multicitado decreto se encuentran apegados a derecho; aunado a lo anterior he de señalar que el principio de legalidad contemplado en el versus 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la garantía de legalidad en la que faculta a las autoridades del Estado actuar cuando la ley se los permite en la forma y términos determinados en la misma, luego, de acuerdo con el precepto en comento las autoridades únicamente pueden ejercer las facultades y atribuciones previstas en la ley que regula sus actos y, en consecuencia, el ámbito especial de validez se ve reflejado en el marco legal en que se encuentra, es decir, las facultades conferidas a mi representado las concibe la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.

"Son aplicables los siguientes criterios jurisprudenciales:

"‘AUTORIDADES, FACULTADES DE LAS.’ (se transcribe).

"‘AUTORIDADES.’ (se transcribe).

"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, A LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.’ (se transcribe).

"Finalmente, debe manifestarse que el actuar de mi representado no ha trasgredido el numeral 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que esta soberanía no ha invadido la esfera de competencia del Poder Judicial Local, pues el actuar de esta soberanía se encuentra apegado al principio de legalidad contemplado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues su actuar no violenta la esfera jurídica del poder actor, máxime que se debe tomar en consideración que no viola el contenido del artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no vulnera los principios de autonomía o independencia del Poder Judicial del Estado, comprendidos necesariamente en el principio de división de poderes, de manera que puede hablarse de una auténtica división de poderes en virtud de que el Poder Judicial de la entidad es autónomo e independiente y no se encuentra subordinado al resto de los Poderes (Poderes Ejecutivo y Legislativo)."

Mediante escrito de fecha ocho de marzo de dos mil once, el poder demandado solicitó el sobreseimiento en la controversia, e hizo valer la actualización de una causal de improcedencia, derivada del hecho de que el actor cumplió el requerimiento que le hizo el Juez de Distrito y procedió a realizar el pago de la indemnización a la ex Magistrada, con lo que consintió el acto que aquí combate.

SÉPTIMO. Opinión del procurador. El procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, el siete de marzo de este año, presentó su opinión en la que expuso las razones que le llevan al convencimiento de que el acto impugnado debe declararse inválido.

OCTAVO. Cierre de instrucción. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

NOVENO. Auto de radicación. Previo dictamen de la Ministra ponente, el presente asunto quedó radicado en esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el punto único del Acuerdo General del Tribunal Pleno 3/2008, de diez de marzo de dos mil ocho, que reforma la fracción I y adiciona una fracción II al punto tercero del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, por tratarse de un conflicto entre los Poderes Legislativo y Judicial del Estado de Tlaxcala, con motivo de actos.

SEGUNDO. Oportunidad. Es oportuna la promoción de la controversia, pues se hizo dentro del plazo dispuesto por la fracción I del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, dentro de los treinta días, contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que se haya tenido conocimiento de él o de su ejecución, o al en que el actor se ostente sabedor del mismo.

El acto impugnado en el presente juicio es el decreto emitido por la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, el veintitrés de septiembre de dos mil diez; del que tuvo conocimiento el actor el ocho de octubre siguiente, en que -afirma- fue requerido para cumplir con la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 1488/2007.

Del análisis integral de la demanda y las constancias de autos se advierte que el ocho de octubre de dos mil diez, el Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala recibió el oficio número 44079, mediante el cual se le remite el acuerdo de fecha siete de octubre del mismo año, emitido por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en los autos del juicio de amparo número 1488/2007, a través del cual se le informa que el Poder Legislativo de ese Est

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22841-e558e6ad/controversia-constitucional-el-acuerdo-emitido-por-la-lix · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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