AUDITORÍAS. LAS "RECOMENDACIONES" IMPERATIVAS QUE SE RELACIONAN CON LA FORMA O LA MATERIA EN LA QUE DEBEN APLICARSE LOS RECURSOS PÚBLICOS, SON INCONSTITUCIONALES. AUDITORÍAS. LOS ÓRGANOS FEDERAL Y ESTATALES RESPONSABLES DE ELLAS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE SUPERIORES DE LOS ENTES FISCALIZADOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 31/2009. MUNICIPIO DE ZACATECAS, ESTADO DE ZACATECAS.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintitrés de septiembre de dos mil nueve.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda, poderes y órganos demandados, así como actos impugnados. Por oficio presentado el veinte de marzo de dos mil nueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Omar Sánchez Ramírez, en su carácter de síndico del Municipio de Zacatecas, Estado de Zacatecas, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos emanados de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas dentro de la revisión número ASE-IAGF-58/2008, respecto de las acciones a promover identificadas con los números OP-08/58-001, OP-08/58-002, OP-08/58-003 y OP-08/58-004.
SEGUNDO. Antecedentes. Los antecedentes del caso narrados en la demanda, en síntesis, son:
1. Al inicio del mes de enero de dos mil ocho, el Municipio de Zacatecas solicitó a la empresa Target un diagnóstico mediante el cual informara las arrendadoras financieras que pudieran formalizar con el Municipio de Zacatecas un contrato de arrendamiento puro de luminarias de bajo consumo energético, resultando que la única institución auxiliar de crédito que accedió a celebrar un contrato de arrendamiento puro respecto de luminarias fue Arrendadora Mifel, S.A. de C.V.
2. El 28 de enero de 2008, el Municipio de Zacatecas celebró el acta de Cabildo número 09, en la que por unanimidad de votos fue aprobado el dictamen de la comisión edilicia de hacienda, relativo a la propuesta para la celebración de contratos de arrendamiento respecto de vehículos para la prestación del servicio público de limpia, recolección y traslado de residuos, camiones de volteo para la ejecución de obra pública, luminarias de bajo consumo para alumbrado público y para diversas labores, el punto de acuerdo quedó registrado bajo el número 72 y en él también quedó establecida la autorización expresa para que el presidente municipal y el síndico signaran los contratos de arrendamiento, sin que éstos pudieran exceder del mes de agosto del 2010.
3. El 7 de febrero de 2008, en cumplimiento del punto de acuerdo 72 y conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción IX (sic) y ante la ausencia documentada de que sólo una institución auxiliar de crédito se interesó en contratar arrendamiento puro para la renta de luminarias, se procedió a formalizar contrato con la Arrendadora Financiera Mifel, S.A. de C.V.
4. El 15 de febrero de 2008, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obras Públicas así como los cuatro regidores que integran las fracciones partidistas en el Ayuntamiento acordaron por unanimidad celebrar contrato de arrendamiento puro con la organización auxiliar de crédito denominada Arrendadora Financiera Mifel, S.A. de C.V.
5. El 20 de febrero de 2008, el Municipio de Zacatecas firmó convenio de suministro con la empresa Promotora JR, S.A. de C.V., para que ésta realizara el suministro de los bienes al indicado Municipio y así dar cumplimiento a lo dispuesto por la cláusula décima primera y décima segunda del contrato de arrendamiento celebrado con la Arrendadora Financiera Mifel, S.A. de C.V.
6. El 4 de marzo de 2008 se realizó el primer pago por concepto de arrendamiento mensual con Arrendadora Financiera Mifel, S.A. de C.V, por la cantidad de $1'207,740.10 (un millón doscientos siete mil setecientos cuarenta 10/100 M.N.).
7. El 9 de septiembre de 2008, mediante oficio PL-02-04-2057/2008, se comunica al presidente municipal de Zacatecas, el inicio de los trabajos correspondientes a la gestión financiera del ejercicio presupuestal 2008.
8. El 25 de febrero de 2009, el auditor superior del Estado emitió información complementaria del avance a la gestión financiera relativa al primer semestre de 2008, en la cual refiere que en relación con el contrato de arrendamiento puro para la renta de luminarias, existían tres opciones más viables para conseguir el mismo resultado vía adquisición y no vía arrendamiento, éstas son:
Opción 1. Suministro.
Contemplando únicamente la adquisición de acuerdo a la cotización más conveniente de una empresa, se pudieron haber adquirido en propiedad 94% de la totalidad de las luminarias arrendadas, aclarando que la mano de obra sería por parte de la administración municipal. Con esa tendencia y según los pagos que se estaban realizando, con la misma proyección, con el pago de la renta del mes de octubre de 2008, se hubieran adquirido 8,639 con solamente un importe de $9'138,852.50 (nueve millones ciento treinta y ocho mil ochocientos cincuenta y dos pesos 50/100 M.N.) y no los $33'801,071.10 (treinta y tres millones ochocientos un mil setenta y un pesos 10/100 M.N.), que es la cantidad a cubrir en tres años por el arrendamiento.
Opción 2. Suministro con colocación subcontratada.
Contemplando la adquisición por parte del Municipio y solamente la colocación subcontratada, de acuerdo a la cotización más conveniente, se pudieron haber adquirido y colocado el 76% de la totalidad de las luminarias arrendadas. Con esa tendencia y según los pagos que se estaban realizando, con la misma proyección, se concluye que al mes de diciembre de 2008, se hubieran adquirido y colocado 8,639 piezas con un importe de $11'298,602.54 (once millones doscientos noventa y ocho mil seiscientos dos pesos 54/100 M.N.), y no de $33'801,071.10 (treinta y tres millones ochocientos un mil setenta y un pesos 10/100 M.N.), que es la cantidad a cubrir en tres años por el arrendamiento.
Opción 3. Suministro y colocación por contrato.
Contemplando la adquisición y la colocación a contrato, de acuerdo a la cotización más conveniente, se pudieron haber adquirido y colocado el 61% de la totalidad de las luminarias arrendadas. Con esa tendencia y según los pagos que se estaban realizando, con la misma proyección, se concluye que al mes de marzo de 2009, se hubieran adquirido y colocado 8,639 piezas con un importe de $14'123,296.37 (catorce millones ciento veintitrés mil doscientos noventa y seis pesos 37/100 M.N.), y no de $33'801,071.10 (treinta y tres millones ochocientos un mil setenta y un pesos 10/100 M.N.), que es la cantidad a cubrir en tres años por el arrendamiento.
9. Luego de varias aclaraciones y justificaciones en cuanto al posicionamiento incorrecto de la Auditoría Superior del Estado respecto a la determinación de que se debieron adquirir y no arrendar las 8,639 luminarias, el 25 de febrero de 2009, mediante oficio número PL-02-04-559/2008, se citó al síndico municipal, al secretario general del gobierno municipal, al tesorero municipal y al secretario de Obras Públicas del Municipio de Zacatecas, a efecto de que comparecieran a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado el 26 de febrero de 2009 a fin de recibir la notificación de resultados de solventación de la revisión número ASE-IAGF-58/2008.
10. El 26 de febrero de 2009, se llevó a cabo el acta de notificación de resultados de solventación con número de código: PR-PF-FE-01-F37, la cual tuvo por objeto dejar constancia de que el Municipio de Zacatecas quedaba enterado de los resultados de solventación de los trabajos de revisión al avance de gestión financiera realizados mediante la revisión número ASE-IAGF-58/2008, informando además el estado final que guardan los resultados de dicha revisión y advertir al Municipio de Zacatecas que las observaciones que no quedaron solventadas en el proceso de auditoría seguirían el trámite legal conducente en términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, determinando como acción a promover OP-08/58-01, la siguiente:
"Se recomienda a la administración municipal que adopte las medidas o ejerza las acciones que procedan para que se busque la opción que mejor convenga al Municipio (negociación, adendum, cancelación, donación, etc.) respecto del contrato de arrendamiento puro suscrito con la Arrendadora Mifel, S.A. de C.V., que garantice al Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, tiempo, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, y basados en criterios de economía, eficacia, eficiencia e imparcialidad, ya que no respetaron la normatividad vigente y el acuerdo de Cabildo de la sesión extraordinaria número 09 del 28 de enero de 2008."
Asimismo, el órgano demandado sostiene que de continuar con el arrendamiento de 8,639 luminarias, considerando el precio unitario que el ente fiscalizador obtuvo para la adquisición de éstas en la tercera opción que analizó, sostiene que da un importe de $14'123,296.37, por lo que de seguirse pagando (cumpliendo con el contrato de arrendamiento celebrado con Arrendadora Financiera Mifel, S.A. de C.V.), el importe que se erogue después de esa cantidad será considerado como daño a la hacienda pública municipal. Con lo cual se estima que se está invadiendo el ámbito de competencia del Municipio promovente, porque en respeto a su autonomía sólo se propusieron una serie de opciones, sin embargo, ahora el ente fiscalizador pretende imponer su voluntad respecto de la libre administración de la cuenta pública municipal.
TERCERO. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hace valer el Municipio actor, son los siguientes:
"Único. Dispone el artículo 115, fracción IV, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que las Legislaturas Estatales están facultadas para revisar y fiscalizar la cuenta pública municipal, razón por la cual las disposiciones encaminadas a normar su realización encuentran como soporte de su constitucionalidad el propio artículo 115; sin embargo, dicha tarea de fiscalización tiene como naturaleza o fines la de ser precautorios o punitivos, sin que puedan llegar al extremo de vulnerar la esfera de atribuciones de que constitucionalmente goza el Municipio fiscalizado, particularmente la de administrar libremente su hacienda pública. Así es, la esfera de atribuciones que tiene el Municipio, constituye el extremo y límite de las facultades de revisión y fiscalización que tiene atribuidas la legislatura o el ente fiscalizador y, en consecuencia, si derivado de dicha función fiscalizadora se dicta una restricción, modificación o limitante a la libre administración de la hacienda municipal, como la contenida en el Acuerdo 72 del máximo órgano de gobierno municipal que fue aprobada por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento, tal determinación del ente fiscalizador resulta contraria a lo dispuesto por las fracciones I, II y IV del artículo 115 constitucional. En efecto, el máximo órgano de gobierno municipal que aquí represento, en fecha 28 de enero de 2008 celebró el acta de Cabildo No. 09, donde por unanimidad de votos fue aprobado el dictamen de la comisión edilicia de hacienda, relativo a la propuesta para la celebración de contratos de arrendamiento respecto de vehículos para la prestación del servicio público de limpia, recolección y traslado de residuos, camiones de volteo para la ejecución de obra pública, luminarias de bajo consumo para alumbrado público y diversos vehículos para las labores que se realizan en el Municipio de Zacatecas, hasta por un monto de $50'000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), autorizando el arrendamiento de forma plurianual para ser ejecutado en los ejercicios fiscales 2008, 2009 y 2010, respectivamente, con la única salvedad de que dichos contratos de arrendamiento no superaran en su vigencia el mes de agosto de 2010; dicho punto de acuerdo quedó registrado bajo el número 72 y, en él, también quedó establecida la autorización expresa para que el ejecutor de los acuerdos del Ayuntamiento y el síndico municipal signaran dichos contratos de arrendamiento; por lo tanto, si dicha determinación fue tomada por el máximo órgano de gobierno municipal del Municipio de Zacatecas en ejercicio de la facultad conferida por los artículos 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 119, último párrafo, de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, tiene plena validez y fuerza legal, sin que pueda quedar supeditada o condicionada a la determinación del ente fiscalizador. Bajo ese contexto, puede considerarse que la libre administración hacendaria pública municipal debe entenderse como el régimen que estableció el Poder Reformador de la Constitución a efecto de fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios, con el fin de que éstos puedan tener libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfacer su necesidades para el cumplimiento de sus fines públicos. Por lo tanto, la determinación con la que la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas concluye en la revisión número ASE-IAGF-58/2008, respecto de las acciones a promover identificadas con los números OP-08/58-001, OP-08/58-002, OP-08/58-003 y OP-08/58-004, invade el ámbito de competencia exclusiva de este Ayuntamiento al señalar en estos actos la forma en la cual el Ayuntamiento debió administrar su hacienda municipal respecto la contratación de arrendamiento de luminarias para el alumbrado público, pues al determinar que esta municipalidad debió adquirir los bienes arrendados, excediendo sus facultades fiscalizadoras al tratar de supeditar las decisiones de libre administración a la voluntad revisora. La anterior hipótesis en que se acusa la violación constitucional de las facultades exclusivas reconocidas al Ayuntamiento de Zacatecas para administrar su hacienda pública, es más evidente ante la determinación que la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas señala de que resultaba más conveniente haber adquirido que arrendado 8,639 luminarias; sin embargo, tal determinación implica decidir respecto de la forma en la cual debió administrarse la hacienda municipal de Zacatecas, cuestión que excede en mucho el ámbito de competencia y facultades del ente fiscalizador y que tiene eco en cuestiones de competencia exclusiva de este Ayuntamiento; de ahí que se pida la invalidez del resultado de las acciones a promover identificadas con los números OP-08/58-001, OP-08/58-002, OP-08/58-003 y OP-08/58-004 de la revisión número ASE-IAGF-58/2008, ya que éstas derivan de la invasión de facultades y competencias de administración libre de la hacienda municipal efectuada por la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas. Ahora bien, las decisiones que son tomadas por el máximo órgano del gobierno municipal con base en la facultad constitucional de administrar libremente su hacienda pública, no pueden ser coartadas por un ente fiscalizador, ya que tal situación implica una violación grave a la autonomía municipal decretada por el Poder Reformador de la Constitución el pasado 23 de diciembre de 1999, pues si bien el orden jurídico estatal comprende relaciones entre los entes del Estado de Zacatecas y sus Municipios, ello no implica que la autoridad fiscalizadora del Estado pueda invadir el ámbito de competencia exclusiva del Ayuntamiento para determinar en exceso la forma en la cual se debieron aplicar los recursos públicos en la contratación del arrendamiento de las luminarias, pues eso implica un acto de administración de los recursos públicos municipales que queda fuera de la competencia del ente fiscalizador estatal. Asimismo, no debe escapar al análisis de ese Alto Tribunal que la limitante decretada por la Auditoría Superior del Estado en las acciones a promover números OP-08/58-001, resultado de la revisión número ASE-IAGF-58/2008, al señalar que mi representada no puede excederse del monto de $14'123,296.37 (catorce millones ciento veintitrés mil doscientos noventa y seis pesos 37/100 M.N.), porque de seguirse pagando el importe del arrendamiento ya contratado, la cantidad que se erogue después de esa, será considerada como daño a la hacienda pública municipal, limitando la libre administración, amén de que implica el incumplimiento del contrato de arrendamiento con las consecuentes penalizaciones para mi representada, lo que deja en evidencia que el actuar del ente demandado invade y transgrede las facultades exclusivas del Ayuntamiento al repercutir en la administración directa de las obligaciones contraídas por este Municipio, por lo que se solicita a su Señoría decrete la invalidez de las acciones a promover identificadas con los números OP-08/58-001, OP-08/58-002, OP-08/58-003 y OP-08/58-004 de la revisión número ASE-IAGF-58/2008, a este respecto resulta aplicable la jurisprudencia emitida por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible bajo el registro electrónico número 192,331."(1)
CUARTO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El Municipio actor señala que en el caso se transgredieron en su contra los artículos 41, 79, 115, 124, 128, 133 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Trámite de la controversia. Por acuerdo de veinte de marzo de dos mil nueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 31/2009, y por razón de turno designó como instructor al Ministro Mariano Azuela Güitrón.
Mediante acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil nueve, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, reconociendo la personalidad del síndico para actuar en representación del Municipio actor; tuvo con el carácter de demandados a la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas y al Congreso Estatal, a los que ordenó emplazar, y dio vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación social corresponde.
SEXTO. Las partes que intervinieron en el juicio manifestaron, en esencia, lo siguiente:
1. El Congreso Local de Zacatecas:
a) En relación con la procedencia de la controversia.
1.1. Procede se decrete el sobreseimiento en el juicio, de conformidad con los artículos 19, fracción VI y 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la parte actora interpuso ante la Auditoría Superior del Estado el recurso de revocación previsto en el artículo 50 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas, en contra de los actos motivo de la presente controversia constitucional, medio de defensa que actualmente se encuentra en trámite.
b) Acerca del fondo de la cuestión planteada.
1.2. Debe declararse la validez del acto impugnado, en virtud de que la contratación de arrendamiento de luminarias se llevó a cabo en contravención con el punto de acuerdo 72, resolutivo tercero, del acta de Cabildo del propio Ayuntamiento actor de veintiocho de enero de dos mil ocho, pues en ella se indicó que debería de celebrarse dicho acto jurídico en las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, funcionamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes basados en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguraran las mejores condiciones de contratación, situación que no se cumplió en el caso, lo cual fue motivo de recomendación por parte de la Auditoría Superior del Estado, sin que se invadiera la competencia del Municipio actor, porque no se crea, modifica o extingue una situación jurídica concreta al quedar al arbitrio del recomendado aceptar o no las exhortaciones respectivas.
2. La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas:
a) Acerca de la procedencia de la controversia.
2.1. Procede se decrete el sobreseimiento en el juicio, de conformidad con los artículos 19, fracción III y 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la parte actora interpuso ante la Auditoría Superior del Estado el recurso de revocación previsto en el artículo 50 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas, en contra de los actos motivo de la presente controversia constitucional, medio de defensa que actualmente se encuentra en trámite.
2.2. Procede decretar el sobreseimiento en el presente asunto por lo que se refiere a las recomendaciones OP-08/58-001, OP-08/58-002 y OP-08/58-004, derivadas de la revisión ASE-IAGF-58/2008, porque con ninguna de ellas se afecta la esfera jurídica del Municipio actor, toda vez que por sí mismas no crean, modifican o extinguen una situación jurídica concreta en beneficio o perjuicio del Ayuntamiento de Zacatecas, al quedar su aceptación o cumplimiento al arbitrio del Municipio al que van dirigidas, en respeto a su autonomía y la facultad para administrar libremente su hacienda.
2.3. Debe sobreseerse en el juicio por lo que se refiere a la recomendación OP-08/58-003 derivada de la revisión número ASE-IAGF-58/2008, porque constituye un acto consumado de un modo irreparable, al haberse presentado desde el veintiséis de febrero de dos mil nueve, ante las instancias correspondientes las promociones respectivas para proceder al fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de diversos servidores públicos del Municipio de Zacatecas.
b) Acerca del fondo de la cuestión planteada.
2.4. Debe declararse la validez del acto impugnado, en razón de que el Ayuntamiento actor dejó de acatar lo establecido en el artículo 159 de la Ley Orgánica del Municipio para el Estado de Zacatecas, que establece que los arrendamientos de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obras que realicen los Municipios, se adjudicarán o llevarán a cabo mediante licitaciones públicas, lo cual no sucedió en el caso, porque supuestamente el diagnóstico de las arrendadoras financieras para llevar a cabo la celebración de un contrato de arrendamiento fue del catorce al veinticinco de enero de dos mil ocho, cuando precisamente este último día, al amparo de la factura número 084, Arrendadora Mifel, S.A. de C.V., adquirió las 8,639 luminarias que iban a ser arrendadas al Municipio actor, a pesar de que en esta fecha todavía no existía autorización alguna por parte del Cabildo de Zacatecas para llevar a cabo un arrendamiento puro con la indicada arrendadora.
2.5. Debe declararse la validez del acto impugnado, toda vez que están acreditadas las irregularidades cometidas por el Municipio actor en el contrato de luminarias, pues se comprobó que la empresa Promotora JR, S.A. de C.V., que vendió las luminarias a Arrendadora Mifel, S.A. de C.V., no se encontraba instalada en su domicilio fiscal, además de que se enteró un primer pago por arrendamiento de las indicadas luminarias que resultó más gravoso que haberlas adquirido y sin que en los tres meses posteriores al pago se iniciara algún trabajo para su colocación.
2.6. La revisión llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado es correcta y se llevó a cabo sin invadir la competencia del Municipio actor, pues de conformidad con lo dispuesto por los artículos 65, fracción XXXI y 71 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, así como los numerales 1, 3, 15, 17 y 18 de la Ley de Fiscalización del indicado Estado, el ente fiscalizador en comento cuenta con facultades para revisar las cuentas públicas municipales y hacer las recomendaciones pertinentes.
2.7. El análisis de mercado llevado a cabo por la Auditoría Superior del Estado para arribar a las recomendaciones emitidas en la revisión impugnada, solamente es de referencia y apoyo para demostrar que existían empresas que ofertaban las mismas luminarias motivo del arrendamiento a un costo mucho menor, siendo que el estudio de mercado presentado por el Municipio actor es de fecha posterior a la celebración del contrato de arrendamiento irregular con el cual se comprometió la hacienda pública del indicado Municipio.
2.8. Debe declararse la validez del acto impugnado, en virtud de que la contratación de arrendamiento de luminarias se llevó a cabo en contravención con el punto de acuerdo 72, resolutivo tercero, del acta de Cabildo del propio Ayuntamiento actor de veintiocho de enero de dos mil ocho, pues en ella se indicó que debería celebrarse dicho acto jurídico en las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, funcionamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes basados en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguraran las mejores condiciones de contratación, situación que no se cumplió en el caso, lo cual fue motivo de recomendación por parte de la Auditoría Superior del Estado, sin que se invadiera la competencia del Municipio actor, porque queda al arbitrio del recomendado aceptar o no las exhortaciones respectivas.
3. Finalmente, el procurador general de la República al formular su opinión manifestó, en esencia, lo siguiente:
a) En relación con la procedencia de la controversia.
4.1. No se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque los actos que se impugnan no son materia de otra controversia constitucional como lo exige el numeral en comento para la inejercitabilidad de este medio de control constitucional.
4.2. Se considera fundada la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que los actos impugnados en esta instancia son motivo de análisis de un recurso de revocación interpuesto ante la Auditoría Superior del Estado, por parte del síndico municipal.
b) En relación con el fondo del asunto.
4.3. De conformidad con el artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal y el numeral 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas, si bien los Municipios tienen la facultad de administrar libremente su hacienda, así como de aprobar sus presupuestos de egresos, las Legislaturas Locales están facultadas para revisar y fiscalizar las cuentas públicas municipales, situación que no implica invasión de esferas competenciales, pues es acorde con la intención del Constituyente de revelar el estado de las finanzas públicas municipales, así como asegurar la realización transparente de los planes de desarrollo y programas por medio de la verificación de la asignación adecuada de los recursos disponibles, el control, vigilancia y fincamiento de responsabilidades.
4.4. La conclusión a la que se arribó en la revisión ASE-IAGF-58/2008, no es contraria a la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal, porque no se restringió o limitó la facultad del Municipio de arrendar las luminarias respectivas, al quedar a su libre arbitrio aceptar o no las recomendaciones emitidas, máxime que se demostró la mala forma en que se llevó a cabo la contratación para arrendar luminarias sin que se haya llevado a cabo en forma correcta una licitación para tal efecto.
4.4. Los actos que se reclaman forman parte del proceso de revisión de la cuenta pública municipal, cuya facultad está conferida a la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, en la que se incluye la potestad de emitir recomendaciones y observaciones, pues de no ser así se desnaturalizaría la razón de su existencia.
SÉPTIMO. Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el diecisiete de junio de dos mil nueve, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
OCTAVO. Radicación. Atendiendo a la solicitud formulada por el Ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo 5/2001 del Tribunal Pleno, toda vez que se trata de una controversia constitucional suscitada entre el Municipio de Zacatecas del Estado del mismo nombre, y el Poder Legislativo y la Auditoría Superior de dicha entidad federativa, en cuyos conceptos de invalidez no se cuestiona una norma general, asunto del cual puede conocer esta Sala en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 151/2007.(2)
SEGUNDO. Determinación de la cuestión efectivamente planteada y su certeza. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a fijar el acto objeto de la presente controversia, por lo que atendiendo al análisis integral de la demanda y tomando en consideración las constancias de autos, se advierte que el acto cuya invalidez se reclama es el informe de resultados de la conclusión de la revisión ASE-IAGF-58/2008, llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado, en la cual se emitieron las acciones a promover identificadas con los números OP-08/58-001, OP-08/58-002, OP-08/58-003 y OP-08/58-004.
Es cierto el indicado acto, pues además de que así lo aceptan las autoridades demandadas, su certeza se corrobora con la lectura de los documentos respectivos que se encuentran agregados a l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21832-ee34b0ed/auditorias-las-recomendaciones-imperativas-que-se-relacionan-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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