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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS, DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2007, POR LA CUAL SE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE CONTRALOR MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ, DE ESA ENTIDAD, NO ESTÁ SUJETA A PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL, AL HABERSE EMITIDO EN UN JUICIO SEGUIDO POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS, DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2007, POR LA CUAL SE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE CONTRALOR MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ, DE ESA ENTIDAD, NO VIOLA EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, A LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 1/2008. · Registro digital (IUS): 21072
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE JEREZ, ESTADO DE ZACATECAS.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Julio de 2008, , Pág. 1485.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 1/2008. MUNICIPIO DE JEREZ, ESTADO DE ZACATECAS.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de junio de dos mil ocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el dieciocho de diciembre de dos mil siete, a través del Servicio Postal Mexicano, Carlos Sánchez Ávila en su calidad de síndico municipal del Ayuntamiento del Municipio de Jerez, Zacatecas y en representación del Ayuntamiento en la ciudad de Jerez, Estado de Zacatecas, demandó la invalidez de los actos que a continuación se señalan, emitidos por las autoridades que se mencionan en seguida:

"II. La entidad, poder o poderes demandados. Demando a la LIX Legislatura del Estado de Zacatecas ... IV. La norma general, actos cuya invalidez se demanda. El íntegro de la resolución que se impugna por inconstitucional materia de la presente controversia, literalmente ordena: ‘... Primero. El Ayuntamiento municipal de Jerez, Zacatecas, deberá reponer el procedimiento de elección de contralor municipal, tomando en consideración únicamente la propuesta hecha en tiempo y forma por los regidores integrantes de la primera minoría al interior del citado Ayuntamiento, remitiendo a esta Soberanía constancia fehaciente de que se ha dado cumplimiento a la presente resolución. Segundo. Notifíquese y cúmplase. Dado en la Sala de sesiones de la honorable Quincuagésima Novena Legislatura del Estado a los seis días del mes de noviembre del año dos mil siete ...’."

SEGUNDO. La parte actora narró los antecedentes de los actos reclamados; señaló como violados los artículos 1o., 14, 16, 40, 41, primer párrafo, 108, último párrafo, 115 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los siguientes conceptos de invalidez;

a) El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la libertad del Municipio, la cual debe ser entendida como la autonomía en su organización frente a la organización central de la entidad federativa a la que pertenece.

b) Los órganos de representación del Municipio están constituidos por el Ayuntamiento de elección popular directa, es por eso que el Ayuntamiento constituye un cuerpo colegiado, deliberante con facultades no sólo de carácter consultivo, sino principalmente de decisión en forma colegiada como lo es el nombramiento de contralor municipal;

c) La Constitución Federal ubica a cada órgano de representación primaria: Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, en sus respectivas órbitas y les demarca su competencia, es decir, su ámbito de potestades y atribuciones a fin de mantener un equilibrio armónico entre todos ellos;

d) El acto de la legislatura cuya invalidez se demanda viola en perjuicio del Municipio actor las disposiciones constitucionales que se invocan en la demanda y tales vulneraciones se producen directamente a las normas primarias; o, indirectamente, pero vinculadas de manera fundamental al acto impugnado;

e) La resolución impugnada carece de fundamentación y motivación al arrogarse facultades para injerir o intervenir en la esfera de autonomía del Ayuntamiento al pretender obligarlo a reponer el procedimiento de designación de contralor municipal nulificando la decisión de la mayoría de los integrantes del Cabildo;

f) Contrariamente a lo estimado por la Legislatura Estatal, y según deriva de la sesión registrada en el contenido del acta número tres, la terna de la primera minoría sí fue tomada en cuenta y puesta en el conocimiento del Cabildo, el que una vez que la examinó determinó, en ejercicio de su autonomía, que era insuficiente en términos de la Ley Orgánica del Municipio;

g) El artículo 103 de la Ley Orgánica Municipal establece un balance en el ejercicio del poder público, al ponderar que el contralor municipal deberá provenir de la oposición, siendo la primera minoría la que tendrá que proponer una terna, como aconteció en el caso concreto;

h) Debe tomarse en cuenta que los regidores de la primera minoría votaron en esa sesión, con lo que decidieron la terna de la cual debería salir designado el contralor municipal;

i) La resolución impugnada trae como consecuencia que cese en sus funciones el contralor interno electo y, por consecuencia, su liquidación en términos laborales previa rendición de las cuentas del ejercicio de su cargo;

j) La legislatura en el acto que se combate ordena la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio del Ayuntamiento, lo que no se puede permitir en razón de que la demandada omite valorar legalmente que el funcionario municipal de la Contraloría Municipal es fundamentalmente vital e importante para cumplir con los objetivos sociales y generales de la buena administración;

k) La naturaleza de la resolución cuya invalidez se demanda no es clara, de tal forma que no se puede saber si se trata de un decreto o de un acuerdo económico o administrativo pero independientemente de su naturaleza, lo cierto es que la legislatura referida carece de competencia constitucional y legal para haberla expedido, pues implica una indebida injerencia con la concomitante violación a la autonomía del Municipio garantizada primordialmente por los artículos constitucionales 14, 16 y 115, párrafo primero, y fracciones I y II, de la Norma Fundamental;

l) La resolución impugnada no se publicó en el Periódico Oficial. Ante la falta de publicación, el Ayuntamiento no está obligado a obedecer a la legislatura, aun suponiendo, sin admitir, que ésta tuviera la facultad constitucional para ordenarle la revocación de una determinación autónomamente asumida al designar a un servidor público de la administración municipal, como es el contralor; para obligar al cuerpo edilicio a fin de reponer el procedimiento para la designación de contralor municipal y aun para imponerle sanciones derivadas de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos referida, en la hipótesis de que el último no acatara la orden anticonstitucional;

m) En virtud de lo anterior, la resolución impugnada tiene vicios de carácter formal que trascienden fundamentalmente a su integridad como norma y, específicamente, a su carácter obligatorio;

n) Si se analizan el artículo 116 de la Constitución General de la República, la Constitución Política del Estado de Zacatecas, específicamente su artículo 65, que enumera las facultades de la Legislatura del Estado, no se encontrará disposición ninguna que faculte a ésta para emitir resoluciones como la que se impugna mediante este juicio;

ñ) Es cierto que el artículo 150 de la Constitución Local faculta a la legislatura para que expida la ley de responsabilidades en la que, conforme al diseño de la Constitución Política de la República, concretamente el previsto en los artículos 108 a 114, se sienten las bases para los distintos tipos de responsabilidad en que pueden incurrir los servidores públicos, pero también es cierto que la legislatura no debe rebasar el diseño de la norma primaria y suprema;

o) En la resolución reclamada no se cita disposición constitucional o legal que pudiera servir de fundamento a su pretendida atribución para ordenar al Ayuntamiento la reposición del procedimiento de nombrar al contralor municipal siendo que ya es un hecho su nombramiento y actualmente se encuentra en funciones;

p) La resolución impugnada viola en perjuicio del Municipio actor la fracción II, párrafo último, del artículo 115 de la propia Carta Magna, así como la fracción XIX del artículo 65 de la Constitución Política Local, las cuales constituyen el fundamento de la Ley del Servicio Civil existente en Zacatecas y cuyo artículo 146 instituye el tribunal competente para conocer del conflicto jurídico relacionado con la destitución eventual del contralor municipal.

TERCERO. Por acuerdo de ocho de enero de dos mil ocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por presentada la demanda de mérito, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional, correspondiéndole el número 1/2008 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro José Fernando Franco González Salas.

Por auto del día nueve de enero de dos mil ocho, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a las autoridades demandadas y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación corresponde.

CUARTO. Por oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el veintisiete de febrero de dos mil ocho, el diputado presidente de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Zacatecas, dio contestación a la demanda de controversia constitucional en los términos que se sintetizan a continuación:

a) Del oficio de demanda se desprende y acredita la ilegalidad del procedimiento administrativo instaurado con motivo del nombramiento de funcionarios municipales, concretamente en la designación del contralor municipal del Ayuntamiento;

b) El Poder Legislativo al observar una serie de alteraciones en el procedimiento administrativo y previa denuncia de las irregularidades cometidas, se pronunció en el sentido de que el Ayuntamiento de Jerez había realizado un acto o nombramiento de contralor municipal contrario a lo previsto por el artículo 103 de la Ley Orgánica del Municipio, dado que no atendió el procedimiento de designación, esto es, nombrar al contralor municipal de una terna que le haya sido presentada por la primera minoría representada en el Cabildo;

c) No se violenta la libertad municipal entendida como autonomía de organización municipal frente a la autoridad central; sin embargo, los conceptos de invalidez son confusos en cuanto no se señala con precisión cuál es el agravio o lesión fundada;

d) La determinación impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada, toda vez que la legislatura actuó dentro de la esfera de sus atribuciones competenciales al ordenar reponer un procedimiento de designación de contralor municipal; la resolución de que se trata se encuentra fundada en lo previsto por los artículos 147, 150, fracción III, de la Constitución Política del Estado, 10, párrafo primero, inciso c), 2o., 4o. y 67 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios en correlación con lo previsto por los artículos 45 y 103 de la Ley Orgánica del Municipio, mismo que previene el mecanismo para la designación de contralor municipal;

e) Respecto de la naturaleza de la resolución impugnada señala que la resolución cuestionada no es ley ni decreto sino un acuerdo del Pleno de diputados que culminó en un procedimiento sumario para enjuiciar administrativamente a la actora de la controversia constitucional, por infringir disposiciones de orden público, por tal motivo no se ordenó su publicación en el Periódico Oficial de la entidad, sino que ordenó notificar al Ayuntamiento de Jerez, Zacatecas.

En cuanto al fondo, se manifiesta:

a) Se plantea la excepción de falta de contrariedad entre los preceptos constitucionales que la actora aduce violentados en su perjuicio y la resolución materia de la controversia;

b) Los conceptos de invalidez son deficientes en la causa de pedir; sin embargo, resulta que en el caso se violó lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Zacatecas, que establece una disposición de orden público de carácter procedimental para los pronunciamientos en la designación de la figura del contralor municipal, dado que el Ayuntamiento actor, sin seguir el procedimiento legal, sometió a la discusión y aprobación del cuerpo edilicio las ternas referidas, habiendo resultado electo un integrante de la terna presentada por el partido político con representación en el Cabildo y no por la primera minoría de regidores integrantes del mismo;

c) Por medio de la resolución impugnada no se crean derechos ni se imponen obligaciones a determinadas personas físicas o morales, sino que se resuelve una denuncia de actos imputados al Ayuntamiento, para lo cual cuenta con atribuciones el órgano legislativo, en términos de la fracción XIV del artículo 22 de la Ley Orgánica del Congreso Local, consecuentemente, no hay invasión a la esfera de atribuciones del Municipio;

d) Por ello, resultan inatendibles las argumentaciones del Municipio actor tendientes a demostrar los vicios en el procedimiento legislativo;

e) Si bien el Ayuntamiento cuenta con autonomía para manejar su patrimonio y organizar la administración pública municipal y que dentro de esta atribución podría considerarse que es menester que éste sea quien libremente nombre a sus servidores públicos, también lo es que su actuación debe ceñirse al marco constitucional y legal;

f) La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas otorga facultades al Congreso Local para investigar ese tipo de irregularidades y resolver lo conducente, por lo que es inexacto que se invada la autonomía municipal, ya que ésta no llega al extremo de considerar a los Municipios como un orden independiente del Estado, sino que guarda vínculos jurídicos indisolubles con los poderes locales.

QUINTO. El procurador general de la República rindió su informe correspondiente, mediante oficio presentado el nueve de abril de dos mil ocho, en el que básicamente argumenta lo siguiente:

1. Este tribunal es competente para conocer del asunto.

2. Las partes que intervienen se encuentran legitimadas activa y pasivamente.

3. Los conceptos de invalidez son infundados.

SEXTO. Con fecha nueve de abril de dos mil ocho, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.

SÉPTIMO. Previo dictamen del señor Ministro ponente el asunto quedó radicado en esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 105, fracción I, inciso i)(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I,(2) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de conformidad con el artículo 7o., fracción I, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, por virtud de que se plantea una controversia constitucional suscitada entre el Municipio de Jerez, Zacatecas y el Poder Legislativo de la propia entidad federativa, en la cual no se cuestiona la constitucionalidad de una norma general, por lo que se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

Sirve de apoyo la tesis número 2a./J. 151/2007, cuyo rubro es: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENEN COMPETENCIA PARA RESOLVERLAS AUN RESPECTO DEL FONDO, CUANDO EN ELLAS INTERVENGA UN MUNICIPIO Y NO SUBSISTA PROBLEMA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL (INTERPRETACIÓN DEL ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/2001)."(3)

SEGUNDO. Certeza de actos impugnados. Previo al estudio de la oportunidad, con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, el cual establece que las sentencias deberán contener la fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados, esta Sala considera necesario corroborar la existencia de cada uno de los actos que se impugnaron, en virtud de que el gobernador sostiene, al contestar la demanda, que el Municipio actor no acredita de manera alguna los hechos y actos del planteamiento de su demanda.

La parte actora señaló como acto impugnado la siguiente resolución:

"... La honorable Quincuagésima Novena Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Resultando primero. Con fecha 28 de septiembre de 2007, se recibió en la Secretaría General, escrito firmado por los CC. Eva Verónica Hernández Márquez, Dagoberto Lozano Colón, Francisco Javier López Magallanes, Rosa Nydía Ortiz Gutiérrez, Ismael Torres González, Juan Manuel Solís Correa y Elizet Saldivar Gómez, todos regidores del Ayuntamiento de Jerez, Zacatecas, por el que solicitan la anulación del acuerdo de Cabildo mediante el cual se elige al contralor del municipal del Ayuntamiento de Jerez. Resultando segundo. Mediante memorandum número 029, de fecha 2 de octubre de 2007, luego de su primera lectura en sesión del Pleno del mismo día, el asunto fue turnado a la Comisión Legislativa de Gobernación, dejando a su disposición el expediente relativo, para su análisis y dictamen. Resultando tercero. Una vez recibidos los documentos, la comisión acordó, enviar al Ayuntamiento municipal de Jerez, copia de la denuncia y sus anexos, solicitando a su vez la rendición del informe correspondiente, a fin de que aportaran las pruebas que consideraran convenientes, en relación a los hechos y omisiones que se le imputan. En fecha 9 de octubre de 2007, se recibió el informe solicitado, suscrito por la C. Alma Araceli Ávila Cortez, presidenta municipal, al que se anexa copia certificada del acta de Cabildo número 3 de fecha 21 de septiembre y que contiene el acuerdo por el que se nombra contralor municipal. Considerando Primero. Que de conformidad con lo establecido por los artículos 147, 150 fracción III, de la Constitución Política del Estado; 10, párrafos 1, inciso c), 2o. y 4o. de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, la Legislatura del Estado es competente para conocer de los hechos materia de la denuncia, por la vía del procedimiento de responsabilidad administrativa, por el presunto incumplimiento de la ley. Considerando Segundo. Los denunciantes, le atribuyen al Ayuntamiento municipal de Jerez, Zacatecas, la violación al artículo 103 de la Ley Orgánica del Municipio, que en esencia consiste en los hechos y omisiones siguientes: Que en fecha de 21 de septiembre del año 2007, se convocó a sesión extraordinaria de Cabildo a efecto de elegir contralor municipal. Que en la sesión se dieron a conocer dos propuestas de terna para realizar la designación de contralor municipal y se informó que una propuesta fue hecha por el presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional y la otra propuesta fue suscrita por los regidores que integran la primera minoría en el Cabildo; que los denunciantes le hicieron saber al secretario de Gobierno de la violación al artículo 103 de la Ley Orgánica del Municipio, por haber recibido y dado trámite a una terna presentada por un instituto político. Asimismo le solicitaron a la presidenta municipal que respetara el contenido del artículo 103, de la precitada ley y que se hizo caso omiso a su petición. Por lo que fue sometida a votación la terna presentada por el presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional, resultando electo el C. Arturo Ortiz Sánchez, presidente del Comité Municipal del citado partido político. Considerando tercero. Al respecto, el Pleno considera que el contenido del artículo 103 de la Ley Orgánica del Municipio, tiene como fin integrar los órganos de la administración pública de manera plural y democrática, reconociendo la representatividad de la primera minoría. Esta disposición nos detalla el procedimiento de elección. Por tanto, si el contralor no ha sido designado de una terna propuesta por los regidores representantes de la primer minoría, tal como se demuestra con la copia certificada del acta de Cabildo del día 21 de septiembre de 2007, que fue agregada al informe, luego entonces, se concluye que tal designación no se ha hecho con apego a la ley por lo anterior el Pleno resuelve declarando que el Ayuntamiento no ha procedido en términos del artículo 103 de la Ley Orgánica del Municipio, para la elección del contralor en base a una terna propuesta por los regidores integrantes de la primera minoría que integren el Cabildo y con fundamento en los dispuesto por el artículo 45 de la Ley Orgánica del Municipio, se ordena reponer el procedimiento de designación tomando en consideración la propuesta que le fue presentada en tiempo y forma por los regidores de la primera minoría que integran ese Cabildo, haciendo llegar a esta soberanía popular constancia fehaciente de que se ha dado cabal cumplimiento a las disposiciones de ley en lo que respecta a la elección de contralor municipal. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 94 y 97 y relativo del Reglamento General del Poder Legislativo, es de resolverse y se resuelve: Primero. El Ayuntamiento municipal de Jerez, Zacatecas, deberá reponer el procedimiento de elección de contralor municipal, tomando en consideración únicamente la propuesta hecha en tiempo y forma por los regidores integrantes de la primera minoría al interior del citado Ayuntamiento, remitiendo a esta soberanía constancia fehaciente de que se ha dado cumplimiento a la presente resolución. Segundo. Notifíquese y cúmplase. Dado en la Sala de Sesiones de la honorable Quincuagésima Novena Legislatura del Estado a los seis días del mes de noviembre del año dos mil siete ..."

Con respecto al referido acto impugnado, esta Sala advierte que no obra en el expediente de la controversia en estudio constancia de publicación en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas; circunstancia en la que coinciden la promovente y el poder demandado; sin embargo, su existencia es reconocida por los que intervienen en el presente juicio de control constitucional, por tanto, queda probada su existencia.

TERCERO. Oportunidad. A continuación procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente.

La fracción I del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) establece que tratándose de actos, el plazo para la promoción de la demanda de controversia constitucional será de treinta días contados a partir del día siguiente al que conforme a la ley del propio acto surta sus efectos la notificación de la resolución o acto que se reclame; al día en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al día en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

En este orden, considerando que la resolución impugnada fue notificada mediante oficio número DAP/161, con fecha trece de noviembre de dos mil siete, ésta es la fecha que debe tomarse en cuenta para el inicio del cómputo del plazo para presentar la demanda.

En tal virtud, el plazo de treinta días previsto en la fracción I del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia, transcurrió del catorce de noviembre de dos mil siete al catorce de enero de dos mil ocho.(5)

Por tanto, si la demanda de controversia constitucional se depositó en el Servicio Postal Mexicano el día dieciocho de diciembre de dos mil siete, según se advierte de los sellos estampados en el anverso de la foja uno de autos, es indudable que su presentación resulta oportuna, en términos del artículo 8o. de la ley reglamentaria de la materia.(6)

CUARTO. Legitimación activa. Enseguida se estudiará la legitimación de quien promueve la controversia constitucional.

De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(7) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.

En el presente asunto, suscribe la demanda Carlos Sánchez Ávila, quien se ostenta como síndico municipal, en representación del Municipio de Jerez, Estado de Zacatecas, personalidad que acredita con la copia certificada de la constancia de mayoría de diecinueve de septiembre de dos mil siete, expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en la que consta que dicho funcionario fue electo para ocupar el cargo que ostenta.

Por otra parte, la Ley Orgánica del Municipio,(8) confiere al síndico municipal la representación jurídica del Ayuntamiento.

Consecuentemente, quien suscribe la demanda, cuenta con legitimación activa en la presente vía.

QUINTO. Legitimación pasiva. Resulta necesario analizar la legitimación de las demandadas, en atención a que es una condición indispensable para la procedencia de la acción, consistente en que dicha parte sea la obligada por la ley para satisfacer la pretensión de la demanda, en caso de que resulte fundada.

De conformidad con el artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia,(9) tiene el carácter de autoridad demandada en esta controversia, el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas.

Por el Congreso Local, compareció el presidente de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Zacatecas, personalidad que acredita mediante copia certificada del Periódico Oficial del Estado, de fecha veintidós de septiembre de dos mil siete, en que se publicó el Decreto 1 que contiene la integración de dicha legislatura, en la que consta que el que suscribe la contestación de demanda es diputado integrante; así como copia certificada del Periódico Oficial de diecinueve de septiembre de dos mil siete, en la que consta la integración de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Por otra parte, el artículo 58, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Zacatecas,(10) confiere facultades a la Comisión de Puntos Constitucionales y, en concreto, a su presidente, la representación jurídica de los intereses de la legislatura.

En estas condiciones, con fundamento en el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, se considera que el diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales tiene la representación legal de la Legislatura Local y, por tanto, cuenta con legitimación procesal para comparecer en el presente asunto.

SEXTO. Causales de improcedencia. El poder demandado plantea la falta de contrariedad entre los preceptos constitucionales que la actora aduce violentados en su perjuicio y la resolución materia de la controversia.

Dicho planteamiento resulta inatendible porque involucra cuestiones de fondo.

En efecto, esta Segunda Sala considera que debe desestimarse tal argumento por involucrar cuestiones ligadas al estudio de constitucionalidad de la resolución impugnada, de tal manera que no constituye un obstáculo procesal que conduzca al sobreseimiento del juicio. Resulta aplicable el criterio contenido en la tesis P./J. 92/99, cuyo rubro es el siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."(11)

SÉPTIMO. Estudio de fondo. Fundamentación y motivación. No habiendo otra causa de improcedencia pendiente de analizar, argumentada por las partes o alguna que esta Segunda Sala advierta de oficio, resulta procedente el estudio de los conceptos de invalidez.

El Ayuntamiento actor aduce la supuesta violación a los artículos 1o., 14, 16, 40, 41, primer párrafo, 108, último párrafo, 115 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, en torno a los artículos 1o., 40, 41 y 108 de la Ley Fundamental, la parte actora no formula concepto de invalidez tendente a demostrar su vulneración.

Precisado lo anterior, es menester puntualizar que atendiendo a los conceptos de invalidez previamente sintetizados, el presente estudio tendrá por objeto determinar si la Legislatura de Zacatecas cuenta con facultades para emitir la resolución que se combate por la que se ordena al Ayuntamiento municipal de Jerez, Zacatecas, reponer el procedimiento de elección de contralor municipal, tomando en consideración únicamente la propuesta hecha en tiempo y forma por los regidores integrantes de la primera minoría al interior del citado Ayuntamiento, en tanto que consideró que en el caso se vulneró el procedimiento previsto en el artículo 103 de la Ley Orgánica Municipal.

Para analizar la violación que se propone debe tenerse presente la existencia de los diferentes órdenes jurídicos que conforman el Estado mexicano previstos en la propia Constitución Federal, cuya interrelación normativa se encuentra establecida, principalmente, en los artículos 1o., 2o., 40, 41, primer párrafo, 43, 44, 49, 105, fracción I, 115, fracción I, 116, primer y segundo párrafos, 122, primer y segundo párrafos, 124 y 133 de la propia Ley Fundamental.

De dichos preceptos deriva el sistema de distribución de competencias en el régimen constitucional mexicano que organiza al Estado mexicano como república democrática, representativa y federal.

Así, la Norma Fundamental establece el marco de actuación de los órganos del Estado, al contener el principio de legalidad que rige para actos de los órganos públicos. Este criterio se encuentra plasmado en diversas tesis sustentadas por este tribunal desde la Quinta Época.(12)

En este contexto, el orden jurídico constitucional, en su aspecto orgánico, establece el sistema de competencias al que deberán ceñirse la Federación, las entidades federativas, los Municipios, el Distrito Federal (y, en su caso, los órganos constitucionales autónomos), con el propósito de preservar la regularidad en el ejercicio de esas atribuciones.

Por tanto, las autoridades deben acatar los principios rectores que prevé la Norma Fundamental y, en concreto, por ser la ma

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21072-2332406e/controversia-constitucional-la-resolucion-dictada-por-la-quincuagesima · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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