CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE ANALIZAR EN ESTA VÍA LA LEGALIDAD DEL ACTO IMPUGNADO, POR VICIOS PROPIOS, CUANDO EL ACTOR CARECE DE INTERÉS LEGÍTIMO. TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS. LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO RELATIVO NO CONSTITUYE UNA ATRIBUCIÓN OTORGADA CONSTITUCIONALMENTE A LOS MUNICIPIOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 162/2008. MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, ESTADO DE NUEVO LEÓN.
MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.
SECRETARIO: DAVID RODRÍGUEZ MATHA.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día primero de julio de dos mil nueve.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio recibido el dos de diciembre de dos mil ocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Roberto Montemayor Gutiérrez y José Rosendo Galván Villarreal, quienes se ostentaron, respectivamente, como presidente municipal y síndico, ambos del Municipio de General Zuazua, Estado de Nuevo León, para promover controversia constitucional en representación de dicho Municipio, en la que demandaron la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:
Autoridades demandadas:
a) El Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León.
b) La Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público del Estado de Nuevo León.
Actos impugnados:
a) El retiro de la circulación de cuatro vehículos propiedad del Municipio actor, efectuado por el personal de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León.
b) El fincamiento de responsabilidad administrativa, por supuesta circulación vehicular sin concesión efectuado por el personal de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León.
c) La sanción administrativa consistente en multa, por supuesta circulación vehicular sin concesión, efectuada por el personal de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León.
SEGUNDO. Los antecedentes del caso, narrados en la demanda, son, en resumen, los siguientes:
a) En sesión de Ayuntamiento del tres de marzo de dos mil ocho, el Ayuntamiento de General Zuazua, Nuevo León, aprobó un Programa Municipal de Asistencia Social de Transporte en Beneficio de la Población del Municipio, el cual se encuentra debidamente fundado y motivado.
b) El veintidós de octubre de dos mil ocho, el Ejecutivo Estatal y su administración pública centralizada, por conducto de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León, retiró de la circulación cuatro unidades de transporte propiedad del Municipio actor, fincó responsabilidad administrativa por circular sin concesión y sancionó administrativamente con multa como se acredita con las boletas de infracción que anexa.
Con los anteriores actos se invade la esfera competencial autónoma del Municipio y se transgreden las garantías de inembargabilidad y seguridad en la posesión de los bienes del dominio público de patrimonio municipal.
TERCERO. Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente son, en síntesis, los siguientes:
a) Se invade la esfera de competencia municipal en materia de transporte público, ya que el día veintidós de octubre de dos mil ocho la autoridad demandada sin fundamento ni motivo, retiró de la circulación cuatro unidades de transporte de pasajeros propiedad del Municipio de General Zuazua, Nuevo León, fincó responsabilidad administrativa e impuso sanción consistente en multa.
Con ello, se violan los artículos 115, fracción V, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 132, fracción II, inciso h), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en relación con los artículos 1, 3, 4, fracción IV, 6, fracción I, a contrario sensu, 18, fracción I, inciso d) y 54, a contrario sensu, de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León, 26, 111 a 113 y 117 de la Ley Orgánica para la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León y 1o., fracciones I y IV, 2o., 4o., fracciones I, II y IV, 5o., fracciones I y VII, 8o., fracción VIII, 10, 11, 26 y 27 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Nuevo León, que establecen como competencia del Municipio actor, formular y aplicar programas de transporte público de pasajeros, cuando éstos afecten su ámbito territorial.
Violación a las disposiciones constitucionales y legales que se configuran también, debido a que las unidades de transporte se han depositado en locales privados que pretenden cobrar una pensión rentaria, lo que afecta la esfera competencial y atributiva del Municipio, el bienestar social de la comunidad y su patrimonio, por lo que solicita la anulación de los actos reclamados y la condena a la autoridad demandada de pagar las pensiones rentarias que se generen.
b) Violación a las garantías de legalidad y debido proceso legal contenidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la autoridad demandada para emitir un acto administrativo de molestia, debe fundarlo y motivarlo; además, sin que existiera acuerdo previo también debidamente fundado y motivado, procedió a ejecutar los actos reclamados.
En efecto, no existe orden de autoridad competente, ni se expresan las circunstancias especiales, las razones particulares y las causas inmediatas tomadas en cuenta para la detención y retiro de los vehículos que prestan el servicio público de transporte y remolcados con destino desconocido, ya que únicamente se hizo entrega de una boleta de infracción, por lo que se viola la garantía de legalidad en la parte relativa a la fundamentación y motivación.
c) Violación a las garantías de legalidad y debido proceso legal contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León procedió a retirar de circulación los vehículos de transporte municipal, a fincar responsabilidades y a sancionar con multa, sin contar con competencia y en contravención a las reglas del procedimiento de inspección, vigilancia y saneamiento que impone la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León, por lo siguiente:
1. La autoridad demandada no siguió el procedimiento administrativo contenido en los artículos del 91 al 95 de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León, al omitir:
i) Emitir orden escrita fundada y motivada.
ii) Identificación de los inspectores y entregarles copia.
iii) Levantar acta circunstanciada y entregarles copia.
iv) Otorgar el derecho de audiencia.
v) Resolver de manera fundada y motivada.
2. La autoridad demandada carece de competencia para exigir al Municipio una concesión de transporte de pasajeros y emitir los actos impugnados, ya que solamente los particulares requieren de concesión para operar un sistema de transporte público de pasajeros.
d) Violación a la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se privó al Municipio actor de su derecho para ser escuchado y de probar, imposibilitándose su defensa.
Lo anterior es así, porque jamás se le notificó el inicio del procedimiento administrativo, no se le dio la oportunidad para ocurrir a defender sus derechos negándosele la posibilidad de ofrecer pruebas, desahogarlas y formular alegatos, con lo que resulta imposible la existencia de una resolución que sirva de fundamento para la emisión de los actos que se impugnan.
e) Violación a los artículos 14, 116 y 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al desposeer ilegalmente al Municipio actor, de bienes del dominio público que integran su patrimonio.
Con el retiro de circulación de los vehículos de transporte, se desposeyó al Municipio de dichos bienes, los cuales por disposición del artículo 143, fracción II y 144 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, son inembargables y no están sujetos a acciones de posesión provisional o definitiva, con lo que se vulneran las garantías de seguridad y certidumbre jurídica, así como las de inviolabilidad, inembargabilidad y seguridad patrimonial municipal.
Resultando que las autoridades demandadas carecen de facultades para desposeer al Municipio de las unidades de transporte por la fuerza, así como pretender garantizar con ellas, cualquier crédito.
CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que el actor considera violados son 14, 16, 17 y 115.
QUINTO. Por acuerdo de tres de diciembre de dos mil ocho, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 162/2008 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Sergio A. Valls Hernández.
Mediante proveído de cinco de diciembre siguiente, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo como demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, y no así a la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público, toda vez que se trata de un órgano dependiente del Poder Ejecutivo Estatal, siendo éste el que, en su caso, tendrá que instruir a aquélla para el cumplimiento de las resoluciones que se dicten en la presente controversia; así, ordenó emplazar a la autoridad demandada para que formulara su contestación y ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. El Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, al contestar la demanda, manifestó, en esencia, lo siguiente:
a) Se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se agotó la vía legalmente prevista para la solución del conflicto.
En el caso a estudio, en contra de los actos cuya invalidez se solicita, existe un medio de defensa ordinario ante la justicia local, como lo es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, órgano ante el cual los afectados tendrán la opción de recurrir el acto o bien, interponer el recurso de inconformidad que señala la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León, en sus artículos 115 y 121, con lo que pueden ser confirmados, modificados o revocados.
De lo anterior se tiene que la controversia constitucional es improcedente al existir un recurso ordinario para combatir los actos y que debe ser agotado previamente.
Por tanto, en atención a lo previsto en el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la controversia constitucional promovida por el Municipio de General Zuazua, Estado de Nuevo León, deberá sobreseerse, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 19, fracción IV, del propio ordenamiento legal.
b) Se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la demanda se presentó fuera del plazo previsto en el artículo 21 de la referida ley.
Los actos cuya invalidez se reclaman, consisten en la invasión de esferas del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, al Municipio actor, a través del retiro de la circulación de cuatro unidades de transporte, el fincamiento de responsabilidades y la imposición de multas.
Sin embargo, mediante oficio AET/0530/2008, emitido por el director general de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León, del diecinueve de agosto de dos mil ocho, la parte actora tuvo conocimiento de que el servicio de transporte público de pasajeros no lo podía prestar y se le exhortó para que lo suspendiera inmediatamente.
Por lo que entre la fecha anteriormente señalada y la de presentación de la demanda, excedió el plazo a que se refiere el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
c) Es infundado el primer concepto de invalidez, toda vez que con el retiro de las cuatro unidades de transporte, no se vulneran los dispositivos legales a que se refiere la parte actora en su demanda y tampoco se invadió su esfera de competencia.
De las disposiciones señaladas por la actora, contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León, Ley de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León, Ley de Desarrollo Social para el Estado de Nuevo León, Ley General de Desarrollo Social para el Gobierno del Estado, Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, Reglamento Orgánico para la Administración Pública Municipal de General Zuazua, Nuevo León, se desprende la falta de razón a la parte actora en el sentido de que puede prestar el servicio público de transporte sin concesión, pues carece de facultades para prestar dicho servicio.
Además, si bien es cierto que existen dispositivos legales que facultan a la actora para intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial, también lo es que dichas facultades se acotan solamente para intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquéllos afecten su ámbito territorial, sin que implique que pueden prestar y otorgar el servicio público de transporte de pasajeros como erróneamente lo manifiesta el Municipio, ya que de ser así, el legislador lo hubiera incluido en la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, en la fracción I del artículo 132 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León.
Destacándose que lo establecido en los artículos 1, 3 y 18 de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León, en el sentido de que el servicio de transporte público de pasajeros puede ser ofrecido por el Estado, no es cierto que dicho concepto comprenda a los Municipios, ya que se refiere a Estado en una concepción de entidad federativa, cuyas facultades son las que no están reservadas a la Federación ni a los Municipios, dentro de las que se encuentran el prestar el servicio público de transporte de pasajeros atento a lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley Fundamental.
Así las cosas, se puede concluir que:
1. El servicio público de transporte de pasajeros no es de aquellos que conforme a la Constitución Federal o Local, le sea exclusivo al Municipio.
2. La prestación de dicho servicio es objeto de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León y sólo el Estado puede prestarlo.
3. El Congreso Local tampoco le ha permitido al Municipio ni le ha delegado la prestación del servicio aludido.
4. Para que una persona física o moral pueda operar y prestar dicho servicio requiere concesión.
5. El Municipio actor, sin contar con la concesión, presta el servicio público de pasajeros.
d) Es infundado el segundo concepto de invalidez, ya que de las constancias de los actos reclamados, se observa que se encuentran debidamente fundados y motivados.
De las boletas de infracción se desprende que el retiro de las unidades de transporte propiedad del Municipio, se realizó con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León y el diverso artículo 4 del Reglamento de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León.
Por lo que se refiere a la motivación, ésta se desprende de las boletas, ya que se estableció el nombre del conductor, la hora en que se verificó, la identificación plena del vehículo y cuántos pasajeros se encontraban arriba de las unidades.
También se motivó que se cobraban seis pesos por cada pasajero, se mencionó la ruta que cursaba el vehículo, así como el lote al que fue trasladado.
Dichas boletas fueron entregadas a los choferes de las unidades y el destino de los vehículos se plasmó en ellas.
Es infundado lo alegado por la actora en el sentido de que la autoridad carece de competencia para realizar los actos impugnados, ya que ésta se encuentra prevista en el título sexto de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León y en el capítulo primero de la Ley de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León.
e) Es infundado el tercer argumento de la actora en donde señala que no se siguió el procedimiento administrativo de ley para inspeccionar y fincar responsabilidades.
Lo anterior, ya que en el caso estamos ante una acción correctiva prevista en el capítulo III del título sexto de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León, y no de una visita de inspección y vigilancia, prevista en el capítulo I del título sexto de la ley citada, por lo que los preceptos legales que la actora invoca como violados, no son aplicables al presente caso, de donde resulta infundado su argumento.
f) El cuarto concepto de invalidez resulta infundado, ya que contrario a lo argumentado por el Municipio, se puede observar de los actos impugnados, que no se le privó del derecho a ser escuchado y ejercer su defensa.
En efecto, de las boletas de infracción que obran en autos, se aprecia que el infractor tiene derecho a interponer el recurso de inconformidad dentro del término de quince días hábiles siguientes a la elaboración de la boleta, por lo cual, tiene la posibilidad de ofrecer las pruebas que a su derecho conviniere.
De lo anterior se acredita que la actuación de la autoridad demandada no contraviene el derecho de audiencia consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se otorga al Municipio la oportunidad de defensa, además no se trata de un acto de privación, sino de molestia y, por tanto, no hay necesidad de conceder audiencia previa, por lo que resulta infundado su argumento.
g) Es infundado el quinto concepto de invalidez que formula la actora, ya que los actos impugnados no son de aquellos cuya finalidad sea desincorporar en forma definitiva algún derecho de su esfera jurídica; por tanto, es infundado que mediante los mismos se desposeyera ilegalmente al Municipio de bienes del dominio público que integran su patrimonio como lo son las cuatro unidades de transporte de pasajeros.
SÉPTIMO. El procurador general de la República, al formular su opinión, manifestó sustancialmente lo siguiente:
a) Se actualiza la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para sustanciar y resolver la presente controversia constitucional.
b) El presidente municipal y el síndico del Municipio de General Zuazua del Estado de Nuevo León, acreditaron su personalidad, por lo que gozan de la legitimación procesal activa para promover el medio de control constitucional.
c) El escrito de demanda fue presentado en tiempo.
d) En cuanto a las causales de improcedencia y sobreseimiento argumentadas por la autoridad demandada, se considera lo siguiente:
1. Sobre la extemporaneidad en la presentación de la demanda, es infundada.
2. Sobre la falta de definitividad de los actos impugnados, es fundada, ya que los actos combatidos en la presente controversia constitucional pueden ser confirmados, modificados o revocados a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 115 de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León.
e) Por lo que se refiere al argumento consistente en la violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, por falta de fundamentación y motivación de los actos impugnados, lo considera infundado por lo siguiente:
La debida fundamentación y motivación se cumple, por una parte, con la existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar en determinado sentido y, asimismo, mediante el despliegue de la actuación de esa misma autoridad en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley; y por otra, con la existencia constatada de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado sentido y no en otro.
La fundamentación se encuentra dada por los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 59, 90 y 108 de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León.
La motivación se cumple cuando el Municipio actor se encuadró en la hipótesis normativa de prestar el servicio público de transporte sin tener facultades para ello y sin la debida concesión, por lo que la autoridad demandada desplegó sus atribuciones.
Por otra parte, sí existe orden de autoridad competente y, en la constancia del acto, se expresó las circunstancias especiales, los razonamientos particulares y las causas inmediatas que se tomaron en consideración para retirar de la circulación los vehículos del Municipio actor.
f) En cuanto a la falta de observancia del procedimiento administrativo de ley para inspeccionar y fincar responsabilidades y sancionar con multa al Municipio, tal aseveración es falsa porque los actos combatidos tratan sobre una corrección y no se trata de una visita de inspección.
g) Es infundado el argumento relativo a que se vulnera la garantía de audiencia del Municipio actor, ya que se le privó del derecho de ser escuchado así como de probar y con ello, se le impidió ejercer su derecho de defensa.
Se dice lo anterior, porque en las boletas de infracción se estableció que la parte actora tiene el derecho de interponer el recurso de inconformidad dentro del término de quince días hábiles siguientes a la elaboración de la infracción, en el cual tiene la posibilidad de ofrecer las pruebas que considere pertinentes
h) En cuanto a la violación al artículo 115, fracción V, inciso h), de la Constitución Federal por invasión de esferas competenciales, en la formulación y aplicación de programas en materia de transporte público de pasajeros cuando éstos afecten su ámbito territorial, es infundado.
Ello debido a que en el presente caso, no estamos en presencia de actos relacionados con la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros, por lo que de ninguna manera se violenta su esfera de competencia en tal materia, sino del retiro de vehículos propiedad del actor por no tener las facultades para prestar el servicio de transporte; además de que no contaba con la concesión para hacerlo.
De ahí que no le asiste razón al Municipio actor, en el sentido de que puede prestar el servicio de transporte público de pasajeros sin concesión, por tanto, con los actos impugnados no se invade la esfera de competencia autónoma del Municipio.
i) Es infundado lo esgrimido por la actora relativo a que se le desposeyó ilegalmente de bienes del dominio público que integran su patrimonio, como lo son las cuatro unidades de transporte de pasajeros, ya que los artículos 143, fracción II y 144 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, establecen que dichos bienes son inembargables y no están sujetos a acciones de posesión provisional o definitiva.
Lo anterior es así, debido a que con los actos combatidos únicamente se aplicó una corrección disciplinaria que establece la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León y el reglamento de la ley citada, pues el Municipio prestaba el servicio público de transporte de pasajeros sin contar con la concesión correspondiente y, en consecuencia, quebranta los dispositivos de la ley de la materia, sin que con los actos controvertidos se estén embargando los vehículos.
OCTAVO. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
NOVENO. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente al Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Primera Sala de este Alto Tribunal, para su radicación y resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con la fracción I del punto tercero del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno, el veintiuno de junio de dos mil uno, reformada mediante Acuerdo General 3/2008 de dicho tribunal, de diez de marzo de dos mil ocho, así como punto cuarto del mismo Acuerdo 5/2001, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Estado de Nuevo León y el Municipio de General Zuazua de dicho Estado, en el que no se considera necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO. Dadas las particularidades de este asunto, especialmente en cuanto a la materia objeto de la impugnación, resulta indispensable que previo a realizar cualquier consideración en el presente juicio se concrete y precise qué es lo que constituye la materia impugnada.
El Municipio actor en su escrito inicial relativo a la controversia constitucional expresamente señala que solicita la declaración de invalidez de lo siguiente:
a) El retiro de la circulación de cuatro vehículos propiedad del Municipio actor, efectuada por el personal de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León.
b) El fincamiento de responsabilidad administrativa, por supuesta circulación vehicular sin concesión efectuada por el personal de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León.
c) La sanción administrativa consistente en multa por supuestamente prestar el servicio de transporte de pasajeros sin concesión, efectuada por el personal de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León.
No obstante lo anterior, del análisis integral de la demanda y de conformidad con el artículo 39 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene que la cuestión efectivamente planteada en esta controversia constitucional lo es la impugnación de las boletas de infracción con números de folios C 51922, C 54514, C 54515 y C 54559, todas de fecha veintidós de octubre de dos mil ocho, emitidas por personal de la agencia antes indicada, en atención a que en ellas se contiene tanto la retención de los vehículos propiedad del actor y la imposición de la sanción de los cuales se duele y, por otro lado, el fincamiento de responsabilidades administrativas.
Precisado lo anterior, con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, es conveniente determinar la existencia o inexistencia de los actos impugnados en esta controversia constitucional.
Se encuentra probada la existencia de las boletas de infracción con números de folios C 51922, C 54514, C 54515 y C 54559, todas de fecha veintidós de octubre de dos mil ocho, emitidas por personal de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León, tal como se advierte de los originales de las propias boletas. Documentos que obran en los autos del presente expediente de la foja veintisiete a la foja treinta, exhibidos por la parte actora.
Boletas de las que además, se advierte que efectivamente las multas que contienen corresponden al Municipio actor al identificarse los números de las placas de los vehículos, con los datos de las placas contenidos en las tarjetas de circulación exhibidas como pruebas por la parte actora, respecto de los vehículos de su propiedad.
Lo anterior como se observa del siguiente cuadro:
Ver cuadro
Por otro lado, en lo que se refiere al fincamiento de responsabilidad administrativa, ninguna de las partes exhibió alguna prueba en la que conste la emisión de dicho acto y, de los elementos que obran en el expediente, no se advierte la determinación de una responsabilidad administrativa diversa a las boletas de infracción que sólo aluden a una multa económica y la retención de vehículos.
Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 20 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de sobreseerse en la presente controversia constitucional respecto del fincamiento de responsabilidad administrativa cuya existencia no se encuentra probada en el juicio.
TERCERO. A continuación, se procede a analizar la oportunidad de la demanda respecto de los actos existentes.
En la presente controversia constitucional se impugna:
a) Las boletas de infracción con números de folios C 51922, C 54514, C 54515 y C 54559, todas de fecha veintidós de octubre de dos mil ocho, emitidas por personal de la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21778-364c4725/controversia-constitucional-es-improcedente-analizar-en-esta-via · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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